En medio de la vulneración de derechos se da el proceso migratorio de la población lgbti venezolana que llega a Bucaramanga, Colombia. Preocupa a las organizaciones sociales y a expertos, cómo la xeonofibia y la homofobia abren la brecha frente al acceso a la justicia, la salud y la opción de encontrar empleos distintos al trabajo sexual y labores propias de la belleza. Al mismo tiempo esto crea escenarios que propician la violencia policial y la discriminación por parte de la sociedad civil.
Por Xiomara K. Montañez / xmontanez@unab.edu.co
Especial periodístico para Puentes de Comunicación
Por Xiomara K. Montañez
Especial periodístico para Puentes de Comunicación
Es ligero concluir que la llegada al territorio colombiano es el fin de la travesía de un migrante y que con ello se apaciguan miedos, se cumplen sueños y se inicia una nueva vida.
Para el caso de la población lgbti, la situación se torna más compleja, y sus crisis son aún más profundas debido a lo que deben afrontar a la hora de alquilar una vivienda, denunciar la violencia sexual, encontrar y permanecer en un empleo, transitar libremente por las calles, relacionarse con sus congéneres colombianos y ejercer libremente su identidad y expresión de género
Se conoce desde los discursos institucionales, la prensa y los expertos nacionales que los migrantes venezolanos salen de su país por la escasez de alimentos, la falta de trabajo y por no tener filiación política. Si bien es cierto que estas son algunas de las razones, en el caso de gais, lesbianas, hombres y mujeres trans, las motivaciones también tienen relación con la violación de derechos por su orientación sexual y expresiones de género, por la falta de acceso a la salud, la explotación sexual, la falta de antirretrovirales para sobrevivir al VIH/-Sida y terminar sus tratamientos de hormonas, en el caso de la población trans.
En los relatos que algunos migrantes han compartido a organizaciones como ConPácez, la Mesa de Santander y la fundación Entre Dos Tierras, en ámbito de Santander, se ha conocido que al pasar por trochas y llegar a Colombia, han sido expuestos la violencia sexual, grupos de trata de personas, robos, extorsiones y engaños. Dicha situación no termina cuando tocan el territorio de cualquier municipio santandereano, especialmente, Bucaramanga, pues al hecho de ser migrante se suma la segregación y discriminación por parte de las autoridades policiales, la comunidad, empleadores y el sistema judicial.
Barreras para acceder a la justicia
Según Diego Ruiz, director de la organización ConPázces, cuya labor se enmarca en poblaciones vulnerables e impacta en materia de derechos sexuales y reproductivos, reducción de violencia de género y de la población lgbti en el nororiente colombiano, la pandemia ha exacerbaron las fobias con relación a los migrantes.
A pesar de reconocerse la diversidad sexual en Colombia, no se reconoce la diversidad sexual de los migrantes, “o al menos en este caso es lo que menos le interesa a entes gubernamentales y autoridades”, y esto deja una brecha grande que termina afectando los derechos de esta población, como explica Ruiz.
La xenofobia y la homofobia impiden el acceso a la justicia. “Es más fácil meter a la cárcel a una persona venezolana por un crimen menor, a que se exija justicia o se abra un proceso por un delito cometido contra esta, lo cual es preocupante”, añade.
En Santander, a diferencia de otras regiones del país, no existen cifras, diagnósticos o un acercamiento real a esta población, como comenta Díaz. Los entes gubernamentales parecieran no tener el tema en agenda pese a que se denuncian los abusos policiales, la explotación laboral y la violencia de género, especialmente, en las que las víctimas son lesbianas, gais y mujeres trans, ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Lo anterior es respaldado por Vanessa Durán Sánchez, de Plataforma LGBTQ de Santander, que desde 2016 trabaja con un equipo de profesionales de distintas áreas. A través de una investigación que se desarrolla en conjunto con otras organizaciones en ciudades como Montería, Cúcuta, Bogotá y Bucaramanga, se ha revelado que el impedimento de acceder a la justicia también lo propician los funcionarios que desconocen las rutas de atención dispuestas para los migrantes. Durán Sánchez explica que esto irradia a otros ámbitos, como el laboral, el educativo, la obtención de una vivienda segura, y amplía la brecha de la desigualdad social.
“En Bucaramanga no existe un informe que nos diga qué está ocurriendo con esta población. No hay nada. Hay estudios en el ámbito nacional, pero en Santander no existen. Tanto las mujeres trans locales como las migrantes están sufriendo más violencia. Muchas deben dedicarse al trabajo sexual, y este es un foco de vulneración de derechos que pareciera no poder salir a la luz por la negligencia judicial”, explica este líder local.
la agresión física, verbal y sexual de los miembros de la policía, así como detenciones irregulares. Esto padece la población lgbti migrante.
Caribe Afirmativo
La población con PEP tampoco la tiene fácil. No saben cuáles son sus derechos, cuáles son las instituciones o entidades que pueden prestarles ayuda en caso de violencia de género o cómo inscribirlos en el sistema de seguridad en salud. Manifiesta, incluso, que no tienen claro qué y qué no es servicio de urgencias, lo cual es preocupante porque muchos viven con algún tipo de patología, como enfermedades respiratorias, cáncer, lupus o VIH.
Muchos se dan cuenta de sus derechos cuando se ven obligados a ir a lugares como el Hospital Universitario de Santander y, en algunos casos, cuando son víctimas de la violencia y encuentran atención humanitaria los atacan más.
La violencia policial
Que no exista un informe o reporte en Santander acerca de los flagelos que amenazan a esta población, no significa que lo que ocurre en la región sea distinto a lo que se vive en el ámbito nacional.
Al revisar el reciente informe de la organización Caribe Afirmativo, revelado en agosto de este año, Ruiz, Durán y algunos funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Bucaramanga explican que la mayoría de los casos documentados tienen relación con la agresión física, verbal y sexual de los miembros de la policía, así como las detenciones irregulares.
Esto se relaciona con otras formas de “violencias xenofóbicas”, como las cataloga la organización comunitaria Caribe Afirmativo (negación en el acceso a la justicia, discriminación sexual, detenciones y deportaciones irregular, amenazas y persecución), de las que son víctimas particularmente los gais y trans que tienen el estatus irregular, que ejercen trabajos sexuales en las calles, parques o las llamadas zonas de tolerancia, y los que lo realizan de forma virtual (webcam). Lo anterior los expone a redes de trata y prostitución.
En el ámbito local, de acuerdo con Diego Ruiz, los casos evidencian la sevicia con la que la autoridad policial trata a las mujeres trans migrantes. “Pareciera que en ellas encontraran un mayor deleite”, comenta este líder local.
La pandemia ha agrabado la situación en materia de derechos humanos. Si bien el gobierno nacional estableció el aislamiento preventivo obligatorio como medida de emergencia para contralar la covid-19, no se pensó en esta población cuyo trabajo sexual se ejerce particularmente en las calles. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo esto ha evidenciado nuevos casos de violencia policial, maltratos y abusos en Bucaramanga.
En Santander, la violencia sexual tampoco da tregua a las mujeres lesbianas, como lo ha registrado la organización Conpazes, y al igual que los casos denunciados en los que las víctimas ha sido mujeres trans, la respuesta de la Fiscalía ha sido prácticamente nula.
Ruiz relata que el personal de salud es una pieza importante a la hora de sacar a la luz estos casos, ya que informan a las organizaciones sociales y líderes sobre algunos casos; sin embargo, esto no es frecuente. En abril y junio de este año, en época de aislamiento, se conociero dos casos de violencia sexual en la zona centro de Bucaramanga. Las víctimas sobrevivieron, pero sus procesos judiciales no avanzaron y las opciones de ambas venezolanas fue abandonar la ciudad y retornar a su país.
la violencia sexual tampoco da tregua a las mujeres lesbianas como lo han registrado algunas organizaciones en Bucaramanga.
Organización ConPázces
¿Y el acceso a la salud?
La ley colombian contempla la atención en materia de salud a la población migrante y refugiada. La ley 100 de 1993 y la 1751 de 2015 así lo expresan en distintos artículos. Es decir, la población que proviene de Venezuela tiene derecho a la atención de urgencias así no cuente con un seguro o póliza que lo cubra. Como lo estipula la norma, los que migran, que cuentan con un empleo y con los documentos que demuestran su permanencia legal, pueden afiliarse o ser afiliados a una empresa promotora de prestación de servicios (EPS), cotizar en el sistema contributivo o afiliarse al Sisbén.
Pero, ¿qué ocurre con las personas que hacen parte del grupo de migrantes en situación irregular? De acuerdo con la organización ConPázces, la Plataforma LGBTQ de Santander, la fundación Entre Dos Tierras y la Cruz Roja Colombiana, ese es el caso de la mayoría de integrantes de la población migrante lgbti, en Santander.
Por la xenofobia y la discriminación que vive en el servicio de Urgencias de los hospitales, la población migrante no siempre es informada acerca de cómo solicitar exámenes, tratamientos e incluso, dónde buscar ayuda para continuar con la prestación del servicio.
La falta de exámenes diagnósticos y de monitoreo de enfermedadas de vigilancia epidemiológica impiden conocer historias como las que estas organizaciones han registrado. “En la Plataforma intervenimos actualmente en el caso de una mujer trans que tiene cataratas y está a punto de perder un ojo. Necesita con urgencia la cirugía y otra serie de intervenciones, y no hemos logrado que la atiendan porque su estatus migratorio es irregular”, explica Vanessa Durán.
Desde esta organización también se llevan casos de personas trans que llegaron al país con la ilusión de continuar su tratamiento hormonal, y por no tener acceso a programas de salud, lo están haciendo sin control. “Los daños que esto le produce al cuerpo a nivel químico y hormonal pueden llegar a ser irreversibles. Es una situación preocupante”, añade Durán.
Ser portador de VIH o llegar a Colombia en busca de tratamientos para contrarrestar esta enfermedad, enfrenta a esta población a un duro proceso en el que a veces se pierde la carrera por salvar sus vidas. Lo mismo ocurre con enfermedades como el lupus y el cáncer. Algunas logran recibir el tratamiento, por el sistema de salud colombiano, de antirretrovirales; sin embargo, como ocurre con las mujeres trans que son trabajadora sexuales, de no acercarse a organizaciones como la Cruz Roja y otros programas, no conocerían cuál es su estado.
No hay dolientes
Mientras las organizaciones lidian con brindar apoyo, hacen acompañamiento ante los estrados judiciales y buscan ayuda médica para los migrantes afectados por la violencia sexual, existe un escenario al que poco se le presta atención: ¿qué ocurre cuando la víctima fallece? ¿Quién puede reclamar su cuerpo si no tiene familiares en la ciudad?
En el ámbito local, las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos fungen como la “familia social”, y participan en el proceso de reconocimiento del cuerpo. Sin embargo, ante la Fiscalía, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal, alguien distinto a un familiar no está autorizado para retirar el cuerpo. Por ende, algunos terminan sepultados en el cementerio de no reconocidos (o de NN) o sus cuerpos permanecen en las morgues de los hospitales a la espera de ser reclamados.
“La persona no tiene familiares acá, nosotros somos las que cuidamos de estos migrantes, los protegemos, y considero que tenemos derecho a participar en sus exequias, enterrarlos. Ellos tienen derecho al duelo, que podamos decirles adiós, y eso muchas veces no se da”, comenta Ruiz de ConPázces.
Enfrentamiento entre congéneres
“Lo que le pasa a unas les pasa casi a todas, sean santandereanas, de otras zonas del país o venezolanas”. De esta manera Leidy Albarracín, activista desde hace una década, líder trans de la Mesa Lgbti de la Alcaldía de Bucaramanga y miembro fundador de este mismo organismo en la Gobernación de Santander, da una radiografía de la situación que se vive en las calles al ejercer el trabajo sexual.
Para ella, la población migrante transgénero es altamente discriminada en el ámbito local y desde ámbitos como el laboral, pues una mujer y hombre trans solo consigue empleo en peluquerías y barberías, y en el peor de los casos, se ejerce la prostitución.
“Vivimos en un ambiente hostil en el que se generan rivalidades, disputas y otras formas de explotación, como tener que pagar una ‘vacuna’ o impuesto para poder trabajar en determinadas calles o sectores. Esto en el caso de las mujeres trans que ejercen la prostitución”, asegura Albarracín.
Hay ausencia de reconocimiento de derechos, una negación por parte del Estado, de las administraciones locales y regionales en brindar apoyo y acompañamiento a esta población.
“El abandono que sufrimos todas en estos meses de la pandemia, no tiene cómo explicarse. Nadie nos prestó atención, la situación fue de precariedad y hasta ahora muchas lograron sobrevivir de la caridad, de los mercados que regalaban fundaciones y particulares”, comentó la líder.
Todas viven un proceso de adaptación distinto. Mientras algunas son protegidas por las llamadas “madres” o se emplean como webcam, otras trabajan solas.
“Las chicas trans locales se sienten incómodas con alguien nuevo, y para amistarse con una trans nueva, y más si es de origen venezolano, es un proceso complejo”, comenta Viviana Durán, quien además ha conocido la historia de algunas trans que llevan siendo discriminadas por años y permanecen aisladas. “Y aún así la discriminación sigue pasando y es bastante dura”, asegura esta líder.
La institucionalidad no favorece los procesos de inclusión dentro y fuera de estos grupos poblacionales, y aprueba programas de todo tipo desde dependencias que se encargan de trabajar por la mujer y la equidad de género, y esto crea una barrera para hombres y mujeres trans, lesbianas, gais o bisexuales que buscan apoyo desde lo emocional, lo social y lo laboral.
“Lo más difícil de comprender es que no existe un estimado de cuánta es la población migrante lgbti que se encuentra en Bucaramanga y Santander. Esa es la realidad que tenemos. No sabemos cuántos están en este territorio y tampoco en qué sectores se encuentran. Las organizaciones conocen sus historias porque son ellas las que se acercan a pedir ayuda o porque hacemos búsqueda activa. A veces llegan o llegamos demasiado tarde”, concluye Durán.
