El diagnóstico de Jairo Aní- bal Perea Díaz, según el médico cirujano Santiago Cabarcas Pájaro, quien lo visitó el jueves 25 de enero, indica que si “continúa con la inanición el riesgo de descompensación metabólica y muerte es inminente, por lo que se le recomienda ya levantar su huelga de hambre”. Pero Perea Díaz, nacido hace 61 años en Girardot, Cundinamarca, insiste en que no se va a mover de ahí hasta que le solucionen el problema o hasta que se muera. Sin embargo, contrario al dictamen médico, por su apariencia no parece estar delicado de salud.
Cuando lo visitan habla bastante, aunque le hayan recomendado no hacerlo, expone sus opiniones, crítica a los que no lo han ayudado, agradece a los que sí, y también se ríe con los otros conductores que lo acompañan en el ‘cambuche’ que armaron.
Es el único que recurrió a la huelga de hambre y que ha estado durmiendo ahí desde la madrugada del 25 de enero que invadieron un costado de las instalaciones del Área Metropolitana de Bucaramanga, ubicada en la Calle 56 con Carrera 14. Se la ha pasado tomando suero oral, agua y tinto. De vez en cuando, dice, ha comido pan para bajar los niveles de sal del organismo.
Los carros de origen rumano marca Dacia, entre ellos el de Perea Díaz, la mayoría modelo 1995, catalogados como taxi camionetas por sus características físicas entre las que se encuentran el color amarillo, representativo de los taxis tradicionales, el platón para el transporte de carga y la capacidad de traslado de máximo cinco pasajeros a la vez, prestaban un servicio mixto para los habitantes de los municipios de Girón, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga.
Fueron integrados al sistema de transportes de la Empresa Santandereana de Transporte Especial (Satraes S.A.) el 29 de diciembre de 1987 mediante la Resolución 1108, y estaban exentas de rutas y horarios. La razón por la cual las tarjetas de operación de los 48 conductores no fueron renovadas es porque a sus carros “ya se les venció la vida útil”, según afirma la ex directora del AMB, Consuelo Ordóñez Pérez.
Aparte del problema de la vida útil de los vehículos, establecer rutas y horarios específicos tal y como lo propone el AMB significaría el cambio de un servicio de transporte mixto a uno de transporte colectivo de pasajeros.
Los transportadores, quienes insisten en “seguir firmes con la huelga hasta las últimas consecuencias”, esperan que, por medio de una tutela, un juez obligue a los directivos del AMB a renovar sus permisos de operación. Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, defensor del Pueblo de Santander, le explicó a 15 que “se convocó a una mesa de trabajo en la que las partes (los conductores y la ex directora del AMB, Consuelo Ordóñez) expusieron sus puntos para solucionar el problema pero no se llegó a un acuerdo”.
La razón por la cual no se llegó a dicho acuerdo es que, desde la parte jurídica y según el AMB, “no es viable la renovación de las tarjetas de operación bajo las condiciones que exigen los transportadores”, como afirma Pilonieta Díaz.
Sin embargo, el defensor del Pueblo dice que “si el juez decide que no se le pueden renovar las licencias a los conductores, ya no se puede hacer nada”. A pesar de ello, los transportadores aseguran que van a apelar en caso de una respuesta negativa. Sobre todo porque “guardan la esperanza de que el juez falle a favor de ellos”, según afirma Perea Díaz.
La opción de vender los carros a precio de chatarra les parece absurda a los dueños, no solo porque ganarían poco dinero sino porque se quedarían sin ningún vehículo para trabajar.
El hecho es que ateniéndose a la normatividad vigente esas camionetas de color amarillo no podrían circular por la ciudad como vehículos de uso mixto; tampoco podrían circular libremente por el Área Metropolitana porque tendrían que atenerse a unas rutas y horarios; y además, considerando el modelo de los automóviles y los requerimientos técnicos para transitar por las calles, no estarían en las condiciones adecuadas para hacerlo.
Los afectados
Aunque son 48 los propietarios de los vehículos que desde hace siete meses no pueden trabajar, “son aproximadamente 200 personas las que están afectadas y aun así deben pagar comida y servicios pero no tienen cómo”, según afirma Víctor Manuel Díaz, conductor afectado.
Los transportadores, que tienen un rango de edad entre los 50 y 80 años, no cuentan con un nivel bá- sico de estudio ni tienen experiencia en otras áreas de trabajo razón por la cual, “las empresas no los contratan ni los ayudan”, como sugiere Ernesto Castro Anaya, propietario de una Dacia. Dice que aunque “algunos cuentan con los ingresos econó- micos de los otros miembros de la familia, hay otros que están muy enfermos y no tienen quién les ayude”.
También explica que “hay muchas personas que no tienen ni siquiera para el transporte y que se están haciendo rifas para ayudarles con lo de la comida”.
Por esto, los conductores se vieron obligados a pedir la colaboración de la ciudadanía, con la instalación de unas cajas de cartón en el lugar donde se lleva a cabo la manifestación para que, quienes quieran y puedan, depositen alimentos o dinero. “La gente lo ayuda a uno pero es muy feo porque el primer día dan, al segundo dan, pero al tercer día no puede uno pretender que la gente le siga ayudando”, como explica Castro Anaya.
Otro de los conductores afectados es Luis Enrique Sanabria Niño, quien dice que “la empresa Satraes S.A. no los ha apoyado y que siempre ha estado en contra ellos”. Por su parte, la empresa de transportes se ha mantenido al margen de la situación ateniéndose a la normatividad y según los conductores, aún les llegan las cuentas de cobro de la administración.
Pero este no es el único valor que cancelan pues deben pagar el seguro contractual y extracontractual. “El año pasado a nosotros ese seguro nos costaba $345.000, hoy en día sale a 800.000 pesos, lo cual me parece un abuso porque no nos dejan manejar nuestros transportes para poder pagar”, como se lamenta Sanabria Niño, quien es consciente de que los vehículos, que llevan meses sin ser usados, al estar parqueados se están deteriorando por la falta de uso y mantenimiento.
¿Hasta cuándo?
Los directivos del AMB insisten en que los conductores se tienen que someter a las normas establecidas por ellos. Consuelo Ordóñez Pérez estuvo a cargo de esa entidad hasta finales de febrero de este año.
Jorge Ernesto Merchán Herrera, quien se venía desempeñando como subdirector administrativo y financiero, asumió temporalmen – te la dirección mientras la Junta Metropolitana elige al nuevo director de la terna presentada, elección que debía hacerse el 4 de marzo pero que quedó aplazada por falta de quórum.
Aunque la huelga de los 48 conductores haya empezado al finalizar el periodo de Consuelo Ordóñez, será uno de los principales problemas que tendrá que solucionar rá- pidamente el nuevo director. Hay dos mujeres y un hombre aspirando a la dirección del Área Metropolitana de Bucaramanga: la exdirectora de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Santander, María Isabel Acevedo Serrano, la arquitecta Carolina María Galeano Rodríguez, y el ingeniero civil Víctor Julio Azuero Díaz.
Alguno de los tres tendrá que enfrentarse al problema pero hasta el momento ninguno de ellos conoce la situación. Desconocen por igual los días que ha durado la huelga como el estado de salud de Jairo Aníbal Perea Díaz, aunque afirman que de llegar al AMB no se lavarán las manos otorgando la responsabilidad a la anterior directora. Azuero Díaz dice que llegaría a dialogar y que no haría eso porque cree que “la doctora Consuelo Ordóñez hizo una muy buena labor en el Área Metropolitana”. Así mismo, Galeano Rodríguez y Acevedo Serrano, para no decir sí o no respecto a la chatarrización, aseguran que de ser elegidas llegarían a evaluar las condiciones de los vehículos. “Sería un caso para mirar con tranquilidad”, como explica la exdirectora de Camacol.
La situación de los conductores también es de conocimiento de algunos concejales del área, sin embargo en el Concejo de Bucaramanga tampoco le han dado prioridad y no ha habido ningún debate al respecto. René Rodrigo Garzón Martínez es concejal del Partido Liberal. Fue secretario de Gobierno durante la administración del también liberal Luis Francisco Bohórquez Pedraza y también tuvo que lidiar con algunos problemas relacionados con la informalidad en la ciudad.
Sugiere que “el hecho de que un proceso de exigencia de algunos derechos dure tanto en una institución quiere decir que no hay liderazgo en la persona que está allí”, y que además no son responsables con el manejo del tema. Según el concejal, “debe haber mayor responsabilidad por parte de las personas que vienen manejándolo”; aunque le extraña que Consuelo Ordóñez, “una mujer de decisiones muy fuertes y trascendentes”, esté implicada en la dilatación de un tema como este que es “tan neurálgico, tan especial porque se está jugando con la vida de un ser humano”.
El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez cuando se reunió con ellos se limitó a explicarles cómo funciona el legalismo y les dijo que a medida que evoluciona la sociedad “el derecho va cambiando y forma la costumbre una jurisprudencia”.
En pocas palabras, como él mismo lo resumió, prefiere decirles la verdad que “verdades a medias que son las peores mentiras”. ¿Cuál es la verdad a la que se refiere Hernández? Que se tienen que someter a la nueva normatividad del AMB que los descalifica para trabajar como vehículos de transporte mixto porque ya cumplieron su vida útil.
Al final de este episodio, ganen o pierdan, los conductores, encabezados por Jairo Aníbal, tienen claro que demandarán al Estado por haberlos llevado hasta estos extremos. Él, por lo pronto, seguirá durmiendo sobre las estibas de madera que le sirven de cama y esperando que suceda una de dos cosas; uno, que le solucionen el problema y que el 1 de mayo pueda celebrar su cumpleaños y que tienen trabajo; o dos, que quizá ese mismo día ya no se levante más y el problema pase a otras instancias judiciales.
La historia de Bobby Sands
Robert Gerard Sands, más conocido como Bobby Sands, fue militante del Ejército Republicano Irlandés Provisional, PIRA (por sus siglas en inglés) y murió el 6 de mayo de 1981 durante una de las huelgas de hambre que se realizaron en la prisión de Maze (Irlanda del Norte) para protestar en contra de la primera ministra, Margaret Thatcher, y de las políticas neoliberales que se estaban imponiendo en el Reino Unido.
Bobby Sands despertó el interés de la opinión pública mundial porque murió a los 27 años de edad, al igual que otros nueve prisioneros, luego de haber estado encerrado y sin comer durante 66 días. Jairo Aníbal Perea Díaz en algún momento de su vida leyó sobre la historia de Sands y le pareció más interesante que la de Mahatma Gandhi (1869-1948) porque a diferencia del político indio, el preso irlandés sí murió durante esta.
Por Valesca Alvarado Ríos
galvarado163@unab.edu.co
Por Jesús David Carrillo A.
jcarrillo356@unab.edu.co
