Mediante denuncias realizadas principalmente a través de redes sociales, ciudadanos llamaron la atención sobre el sistema de marcaje que en  2015  el  Área  Metropolitana de Bucaramanga (AMB) aplicó a 52.749 árboles ubicados en zonas urbanas de la ciudad, así como en Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Lo anterior teniendo en cuenta que este sistema funciona con una etiqueta de identificación sostenida por una guaya, o cable de acero, que se instaló cuando muchos árboles apenas estaban en su etapa de crecimiento.

Como consecuencia, la expansión natural de los tallos se ha limitado debido a que su ancho ya supera el de la guaya, presentando heridas y provocando también un efecto de estrangulamiento.

Las denuncias surgieron en febrero de este año por cuenta de Elkin René Briceño Lara, especialista en conservación de recursos naturales, quien a través de la red social Twitter manifestó que “la guaya les está generando un proceso de anillamiento del tallo  que  con  el  tiempo  impide que la savia circule por los tejidos del árbol. Esto causará su muerte y  sucede  en  toda  el  área metropolitana,  entonces  el  asunto  es bastante grave”.

Sin embargo, pasaron cerca de dos meses antes de que el AMB se pronunciara al respecto, pues solo hasta abril el director general de dicha entidad, Rodolfo Torres Puyana, anunció el retiro de las guayas. “Estamos buscando un sistema que garantice que no se afectarán los árboles, una propuesta es que la ficha esté en la base del árbol, eso lo analizaremos”, expresó el arquitecto.

Censo forestal 2015

A mediados de abril de 2015, el AMB, en ese entonces bajo la dirección   de   Consuelo   Ordóñez, contrató los servicios de la Unión   Temporal   SIG   Forestal para realizar el inventario georreferenciado y la caracterización de la población arbórea urbana de Bucaramanga y su área metropolitana.

El  contrato  para  este  censo   forestal,   que   superaba   los 468 millones de pesos, fue adjudicado a Juan Agustín Gualdrón Rueda, quien representaba a la Unión Temporal SIG Forestal, compuesta por la Corporación de Tecnologías Ambientales Sostenibles (Ctas) y N. T. C. Construcciones Ltda.

En enero de 2017, mientras fungía como representante legal de Ctas, Gualdrón Rueda fue capturado y condenado en Córdoba pues,  según  la  Fiscalía  General de la Nación, había ejercido un papel clave dentro de un sistema de corrupción en dicho departamento que utilizó la figura de la contratación directa por Ciencia y Tecnología para desviar al menos 60 mil millones de pesos.

El objetivo del censo era obtener datos detallados sobre el número de árboles existentes, así como sus características morfológicas y su estado fitosanitario. Además, este proceso demandaba instalar a los árboles una etiqueta que contara con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) así como un QR Code (Código de respuesta rápida) que funciona como código de barras y que facilita por medio de un celular acceder a dicha información alojada en el Sistema de Información Georreferenciado Forestal (SIG forestal) creado por el AMB.

Consuelo Ordóñez manifestó entonces que “la ventaja de los códigos de barras, frente a otros sistemas de seguridad, es la misma que se aplica para cualquier otro producto: no daña la especie, es menos propenso al fraude, lleva datos en vivo y nos permite tener un control para el cuidado y la conservación de las especies”. No obstante, tal y como lo indica Elkin Briceño, a pesar de ser una iniciativa que facilitaba a la comunidad el acceso a información como la especie y el estado de los árboles, no hubo un monitoreo por parte del AMB por lo que nadie intervino las guayas que sí eran ajustables.

“No hay cultura ciudadana”

Luego de diversas denuncias, el AMB habilitó sus redes sociales para recibir la información y ubicación de las especies afectadas por el sistema de marcaje. De este modo, desde el 16 de abril inició el retiro de las guayas de los árboles localizados en la avenida Quebrada Seca y los barrios La Salle y La Victoria.

Como alternativa se ubicaron cilindros de cemento que se clavaban en la pata del árbol y a los que se les pone la respectiva etiqueta.

No obstante, de acuerdo con el equipo de prensa de la entidad, allí se percibió la falta de cultura ciudadana pues la mayoría de etiquetas estaban dañadas o las habían cambiado de lugar, por lo que se perdió mucha información. Además, los cilindros también fueron destruidos.

Esto ha generado confusiones como la de Juan Carlos Gómez, quien  manifestó:  “uno  ve  árboles de Oití y al leer la placa dice Mango, lo que deja entrever que los que hicieron ese supuesto censo no distinguen una piedra de un pan».

Frente a esto, Óscar Armando Pisciotti, técnico operativo de la subdirección ambiental del AMB, manifestó que ya se están adelantando labores para la actualización de dicha información. “Hay placas que se partieron o la gente las quitó y las pusieron al lado, pero no las volvimos a poner ahí mismo porque no sabemos a ciencia cierta si corresponde o no al árbol. Ya estamos trabajando con una ingeniera forestal que hace las nuevas lecturas para actualizar esa información”, manifestó Pisciotti.

El nuevo sistema

Hasta el momento, 1080 árboles han sido liberados de las guayas que sostenían la señalética con el código QR, de acuerdo con el equipo de prensa del AMB. Además de retirar las guayas y reinstalar las etiquetas, la entidad adelanta también la actualización del SIG forestal para todos los 52 mil 749 árboles que fueron censados en 2015, y para los miles de árboles jóvenes sembrados durante los últimos tres años que no hicieron parte del primer inventario.

En la mayoría de los árboles se reinstalaron las etiquetas utilizando clavos de acero inoxidable de 3⁄4 de pulgada de largo. A pesar de que desde el AMB no desconocen que este método sigue ocasionando daño, opinan que comparado con la guaya representa un menor impacto. “Tuvimos que acudir a una alternativa para el menor impacto porque el mojón, que no intervenía directamente al árbol, fue destruido por la comunidad. La guaya ocasiona estrangulamiento mientras que el daño de la puntilla es inferior”, declaró Lizeth Mantilla, ingeniera forestal de la subdirección ambiental del AMB.

Por Sergio A. Rangel Valbuena

srangel661@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga