Bajo la figura de terceros intervinientes, la administración de Rodolfo Hernández Suárez busca recolectar 500 mil firmas de los ciudadanos para que estos hagan parte del proceso previo a la posible entrega de la licencia ambiental a la minera árabe Minesa, en inmediaciones del páramo de Santurbán.
La figura del tercer interviniente amparada en la Constitución busca garantizar la participación de la comunidad dentro de un proceso. Son cinco los puntos que componen el formato diseñado por la Alcaldía.
El primero se expone la intención del firmante de ser reconocido como tercero interviniente en el trámite de la licencia ambiental; es decir, su interés por ser parte secundaria dentro del proceso. Esto implica que se le notificarían los avances del mismo.
El segundo expresa la oposición de cada persona a “la intervención y afectación” de los recursos naturales renovables y pide que se niegue la aprobación del proyecto: «Manifestar mi posición personal de NO estar de acuerdo con la
intervención y afectación a los recursos naturales renovables, ni con la
contaminación del agua; en este sentido, solicito se niegue la Licencia Ambiental
dentro del proyecto en mención. Prima la Vida Humana, sobre otro interés
particular», según afirma el documento.
Con el tercero, se solicita la realización de una audiencia pública, antes de que se dé la decisión sobre la licencia. “Lo que queremos con este mecanismo de participación ciudadana es que la Anla no vaya a sacar una licencia ambiental a la carrera, sino que escuche los argumentos técnicos, jurídicos, ambientales y sociales”, explicó Ludwing Mantilla Castro, subsecretario del Interior de Bucaramanga.
El cuarto señala que, de ser necesario, se implementen medidas preventivas y sancionatorias, como el decomiso de la maquinaria y la suspensión de las obras de Minesa, si se encuentra que estas afectan ambientalmente la región.
Con el último, se solicita a la Anla que indique si hay certeza científica y técnica de que el proyecto no afectará el agua subterránea ni superficial de la zona.
“Si nos quedamos con la marcha, no pasará nada. Pero estos ya son mecanismos jurídicos con los que podemos manifestar nuestra voz, y nos deben escuchar”, afirmó Mantilla Castro, quien añadió que esta es la primera de diez herramientas con las que la Administración Municipal pretende detener el proyecto de Minesa.
En el despacho del alcalde y en la Subsecretaría del Interior de Bucaramanga se recibirán los documentos impresos, y desde allí serán radicados semanalmente en la sede principal de la Anla, que se ubica en Bogotá. La iniciativa continuará hasta el 15 de diciembre.
Voces de los participantes en la marcha del 6 de octubre:
Jaime Andrés Beltrán, presidente del Concejo de Bucaramanga:
Manuel Francisco Azuero Figueroa, asesor del despacho de la Alcaldía:
https://www.youtube.com/watch?v=TtfwIe8Mi2Yhttps://www.youtube.com/watch?v=TtfwIe8Mi2Y
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Por Jonathan Méndez Espíndola
Jmendez171@unab.edu.co
Los ciudadanos deben entender que Minesa es un buen proyecto y que busca un bien para las comunidades, porque desde propuestas como esta es que se combate la ilegalidad de las regiones.
Bueno pero es que a demás de todo eso existen unos claros intereses que buscan hacer campaña política justificando que es un proyecto malo y nocivo para la gente
Y lo que no entiendo es cómo la mayoría de la gente sigue creyéndole al alcalde en su campaña política
Los mecanismos que se han usado para atacar a Minesa y a los alcaldes que están de acuerdo con el proyecto han sido elementos que conllevan a la violencia.
[…] Con acciones jurídicas, Alcaldía busca que la ciudadanía sea escuchada ante posible explotación … […]