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Condenado a nueve años de prisión el exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo

En un nuevo capítulo del interminable escándalo de la ‘Parapolítica’, la Corte Suprema determinó la responsabilidad del coronel (r) de la Policía en el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, imponiéndole una multa de más de 6.000 millones de pesos e inhabilidad por el mismo periodo.

De nada sirvieron los reiterados editoriales en los que el periódico El Frente –de propiedad del excongresista conservador Rafael Serrano Prada– alegaba la inocencia del coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, cuestionando de paso la idoneidad de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia y diciendo que todo es producto de la envidia, conjuras y trapisondas.

Tampoco la marcha de 2007 en la que con carro de bomberos abriendo camino y encima de él el entonces senador de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto Gil Castillo –condenado en 2011 a 90 meses de prisión por el escándalo de la ‘Parapolítica’–, cientos de personas caminaron por la carrera 27 y la calle 36 alzando pancartas que rezaban: “Por la verdad del complot en contra del presidente Álvaro Uribe” y “Por la verdad del montaje en contra del gobernador Hugo Aguilar”.

Ni la otra marcha del 8 de julio de 2011 en la que sus hijos Richard Alfonso Aguilar Villa –entonces candidato y hoy gobernador de Santander– y Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado –senador de la República por el partido PIN (antiguo Convergencia Ciudadana)–, con las manos pintadas de blanco y acompañados por el hoy secretario de Planeación de Bucaramanga, Mauricio Mejía Abello, y el hoy diputado Iván Fernando Aguilar Zambrano, así como por miles de sus seguidores, recorrieron desde el parque Turbay hasta la catedral de la Sagrada Familia y allí se arrodillaron durante un minuto en la vía pública para orar por su padre, capturado en el hotel Dann de Bucaramanga el 2 de julio de 2011 por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que lo trasladaron al búnker de la Fiscalía General de la Nación, para luego ser recluido en el patio R-3 de la cárcel La Picota, de Bogotá –donde hoy permanece–.

Como tampoco sirvieron los gritos de un Aguilar Naranjo visiblemente irritado, que el día de su detención vociferó: “Viva Colombia y abajo la corrupción. Los que hemos trabajado por este país y por Santander nos llevan a la cárcel; los bandidos y los corruptos siguen libres. Yo soy un hombre inocente, yo le serví a mi país y a mi departamento. Eso tiene un nombre: Horacio Serpa Uribe, es uno de los criminales más grandes que tiene este país, que está detrás de eso porque le vamos ganando las elecciones en Santander. Yo nunca me reúno con bandidos, delincuentes, porque he sido un hombre de justicia, soy un hombre padre de ocho hijos”.

Y es que a pesar de todos esos esfuerzos y que algunos testigos se retractaron, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 108 meses de prisión –nueve años– al coronel (r) de la Policía que asegura haber disparado la bala que acabó con la vida del capo medellinense Pablo Emilio Escobar Gaviria en diciembre de 1993.

Aguilar Naranjo, nacido en Chitaraque (Boyacá) –así está consignado en el acta 263 emitida el pasado 14 de agosto por la Corte Suprema– el 4 de enero de 1955 e identificado con cédula de ciudadanía 19.320.312 expedida en Bogotá, es considerado un “héroe” por sus conmilitones y le atribuyen obras como el Parque Nacional del Chicamocha, gerenciado desde el comienzo por su amigo Carlos Fernando de Jesús Sánchez Aguirre –ratificado en ese cargo en 2011 por el entonces gobernador Horacio Serpa Uribe–.

Sin embargo, decidió condenar a Aguilar Naranjo “como responsable en calidad de autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley”, imponiéndole una multa de 10.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de 108 meses, advirtiendo que no autoriza su reclusión domiciliaria, aunque sí le reconoce como parte cumplida de la pena los dos años que lleva tras las rejas.

Adicionalmente –y esta es una novedad que no puede pasar desapercibida–, la Corte Suprema le pidió a la Dirección Nacional de Fiscalías “que investigue a fondo el falso testimonio en que hayan podido incurrir Juan Fernando Morales Ballesteros, Jesús Enrique Guerrero Garavito y Alexander Gutiérrez, lo mismo que las rendidas en esta actuación por Arnubio Triana Mahecha –alias ‘Botalón–, Orlando Caro Patiño –alias ‘HK’–, Iván Roberto Duque Gaviria –alias ‘Ernesto Báez– y Rodrigo Pérez Alzate –alias ‘Julián Bolívar’–; lo mismo que ante la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, o al Tribunal Superior que corresponda, a fin de que se determine si debe ser excluidos del proceso que allí se adelante contra los ya mencionados, a excepción de Guerrero Garavito”.

El Periódico 15 conoció las 150 páginas del fallo, que tiene como fundamento los cargos elevados en contra de Aguilar Naranjo “por haberse aliado con miembros de las autodefensas que operaban en el Departamento para la época de las elecciones de 2003 con miras a ser elegido gobernador de Santander –como en efecto lo fue–, posición desde la cual nombró a Bonel Patiño Noreña como secretario de Educación para cumplir compromisos adquiridos con esa organización”.

“En aquel entonces –afirma la Corte– militaban en Santander, entre otros, los frentes ‘Isidro Carreño’, ‘Cacique Guanentá’ y ‘Lanceros de Vélez’ que hicieron parte del Bloque Central Bolívar –BCB– y/o de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá –APCB-, que se dividieron el territorio departamental para desarrollar su proyecto político cuya finalidad era posicionar aliados en todos los niveles de la administración, incluidos los cargos de elección popular, con el ánimo de expandir su área de influencia y tener voceros en los altos cargos con poder de decisión a nivel regional y nacional”.

Ya la Procuraduría General de la Nación el 31 de enero de 2011 había destituido e inhabilitado a Aguilar Naranjo para ejercer cargos públicos por el término de 20 años por sus nexos con los paramilitares.

Paso a paso

Una lista de testimonios es lo que se encuentra a lo largo del documento. En el proceso –cuya investigación previa fue abierta por la Fiscalía General el 2 de agosto de 2007, iniciando instrucción formal el 24 de noviembre de 2008–, la Fiscalía empezó destacando “las declaraciones de José Agustín Quecho Angarita, Leonel Uribe Hernández, Robinson Rueda Vargas, Tiberio Villarreal Ramos, Rogelio Adolfo Scarpeta, Morgan Egea Sánchez y David Hernández López –alias ‘Diego Rivera’–, quienes relatan el dominio que las autodefensas tenían en la zona, las reuniones a las que convocaban, la presencia del procesado en algunas de ellas, así como las amenazas y coacción que hicieron para que se votara a favor de los candidatos del partido Convergencia Ciudadana”.

El exparamilitar Juan Fernando Morales Ballesteros señaló que “a finales de 2002 el acusado le pidió permiso al comandante alias ‘Nicolás’ para hacer proselitismo político en su zona de injerencia; observándolo luego, en la época de ferias de Santa Helena del Opón, en una reunión celebrada en el corregimiento San Juan Bosco Laverde con Óscar Josué Reyes Cárdenas, Alfonso Riaño Castillo y Orlando Caro Patiño, entre otros, y que ‘Nicolás’ lo presentó como aspirante a la Gobernación, además de manifestar que también se reunieron en la finca ‘Los Olivos’ donde ‘Nicolás’ permanecía”.

Otro desmovilizado, Orlando Morales Murillo, aseguró que conoció a Aguilar Naranjo en 2001 en Cerro Burgos –sur de Bolívar–, “cuando llegó hasta allí manifestando que iba a hablar con ‘Gustavo Alarcón’ y que lo llevó hasta ‘Casa Verde’ en San Blas, donde reunió con aquél y ‘Julián Bolívar’”.

Pero quizás uno de las voces más claves en toda esta historia es la del coronel Julio César Prieto Rivera, de cuya declaración se establece “que el acusado solicitó su traslado o relevo del batallón Luciano D’elhuyar (acontonado en San Vicente de Chucurí) para proteger a sus colaboradores armados ilegales, dada la efectiva labor que aquél cumplía en contra de la organización, según lo confirman Orlando Caro Patiño, Jesús Enrique Guerrero Garavito y las transcripciones de las comunicaciones interceptadas a personas allegadas al grupo armado ilegal y miembros de la Fuerza Pública que dejan ver el rechazo contra el oficial, así como las versiones rendidas ante la Fiscalía de Justicia y Paz por los postulados Heidelbergth Mendoza Angarita y Alexánder Gutiérrez, en las que vinculan al procesado con algunos comandantes de las autodefensas por reuniones que se hicieron en Santa Helena del Opón, entre otras, lo cual ratificó valerosamente en la audiencia pública el primero, correspondiendo ello al resultado electoral de dicho municipio en donde el acusado obtuvo 1.263 votos, mientras que la segunda votación fue de 247, constituyéndose en el más claro aval de lo aducido por Mendoza Angarita”.

El coronel Prieto Rivera –quien después se desempeñó como comandante de la Sexta Brigada del Ejército–, aseguró que combatió de lleno a los paramilitares y que por esa razón, apoyados en supuestas denuncias de maltratos formuladas por la población, en un consejo de seguridad realizado en octubre de 2004 en presencia del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, varios políticos le pidieron al mandatario que lo trasladara a otra guarnición. “En esa reunión estuvieron Hugo Aguilar, Luis Alberto Gil, Luis José Arenas Prada, Miguel de Jesús Arenas Prada, Carlos Higuera Escalante y Óscar Josué Reyes Cárdenas. Yo interpreto que mis acciones operativas les resultan incómodas”, aseveró.

Según la Fiscalía, quedó demostrado “tanto la existencia del punible –dada la vinculación material del acusado con grupos al margen de la Ley que apoyaron su campaña electoral–, como su responsabilidad, puesto que su integración con las autodefensas fue dolosa, exenta de circunstancias eximentes de antijuricidad o culpabilidad y enmarcada en el propósito de lograr su elección como gobernador, lo cual se reflejó en los resultados de la votación, pese a que no contaba con experiencia ni prestigio político y que se enfrentó a los partidos tradicionales que tenían toda la maquinaria, siendo despojados de su caudal político, como lo denunció el excongresista Tiberio Villarreal Ramos, al haber ganado las elecciones en los municipios de asiento y permanencia de las autodefensas”.

Sobre el rol que cumplió el grupo armado ilegal en los resultados electorales del orden municipal, departamental y nacional, la Fiscalía citó las sentencias proferidas por la Sala Penal en los radicados 32.764 y 27.408 contra los excongresistas Luis Alberto Gil Castillo, Alfonso Riaño Castillo y Óscar Josué Reyes Cárdenas, por las alianzas que como integrantes del movimiento Convergencia Ciudadana tuvieron con las autodefensas, destacando que Aguilar Naranjo admitió haber sido elegido como gobernador por el mismo movimiento; y adujo que la razón por la cual Bonel Patiño Noreña fue nombrado como secretario de Educación del Departamento por el acusado, una vez posesionado como gobernador, se circunscribe al cumplimiento de los pactos que hizo con alias ‘Ernesto Báez’, como lo señaló el excomandante del bloque ‘Cacique Pipintá’, “lo cual implica promover un grupo ilegal según lo ha manifestado la Corte”.

La Fiscalía resaltó la especial condición personal de Aguilar Naranjo como oficial retirado de la Policía, “con amplia trayectoria que descarta la posibilidad de un comportamiento signado en la ingenuidad o el engaño, o por ignorar las características socio-políticas del medio en el cual se desenvolvía, comprometiendo aún más su responsabilidad”.

En conclusión, para la Fiscalía las elecciones de 2003 en Santander contaron con la injerencia definitiva de los grupos de autodefensas según lo reflejan las cifras electorales y los testimonios de cargo que constituyen prueba directa y fehaciente de la vinculación de Aguilar Naranjo y las autodefensas al mando de alias ‘Botalón’, con el comisario político Orlando Caro Patiño; con alias ‘Nicolás’ y alias ‘Ernesto Báez’.

Señaló la Fiscalía que el aporte de miembros de la Fuerza Pública, gobernantes del orden local, departamental y nacional “ha sido lo que históricamente ha permitido a los grupos al margen de la ley ampliar su accionar y poderío, y que la corrupción de las autoridades conlleva la multiplicación del crimen, siendo una manifestación de ello el tipo de alianzas” analizado en el proceso.

El turno del Ministerio Público

La Procuradora Cuarta Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal también solicitó dictar condena en contra de Hugo Heliodoro Aguilar, afirmando que las pruebas practicadas por la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte “derrumbaron la presunción de inocencia del mismo”.

Pese a aceptar, como lo señalara Aguilar Naranjo, “su buena reputación y sus logros profesionales al servicio de la Policía Nacional”, consideró que “no era un personaje político reconocido en la región, ya que solamente había fungido como diputado a la Asamblea y, sin embargo, arrasó con años de dominio liberal en el Departamento y obtuvo mayorías electorales en municipios con alta influencia paramilitar, acorde con la prueba testimonial y principalmente con la información de seguridad pública de Santander brindada por el coronel del Ejército, Julio César Prieto Rivera, lo cual se refleja en los resultados de la votación para Gobernador del año 2003 allegada, como es el caso de Cimitarra, Gámbita, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Santa Helena del Opón y Barrancabermeja, lo cual constituye un indicio grave en su contra, puesto que las reuniones, los acuerdos y el proselitismo que adelantó en la zona de operación de las autodefensas, lo catapultaron como gobernador, situación que configura de forma inequívoca un acuerdo de naturaleza delictiva entre un grupo armado ilegal y el hoy enjuiciado”.

Con la declaración rendida por el coronel Prieto Rivera –dijo la Procuraduría–, se pudo establecer que desde finales de 2003 hasta 2006 se realizaron varias acciones para desmantelar los frentes ‘Ramón Danilo’ e ‘Isidro Carreño’ de las autodefensas del Magdalena Medio y el frente ‘Walter Sánchez’ del Bloque Central Bolívar, logrando la desmovilización de muchos militantes; “además de advertir que en 2004 un desmovilizado adujo relaciones del grupo armado ilegal con el excongresista Alfonso Raño –hoy condenado por la Sala Penal precisamente por esos hechos–, y que personalmente recibió un anónimo que señalaba la participación de las autodefensas en la elección del acusado como gobernador de Santander, el cual dio a conocer a la Fiscalía y al CTI, iniciándose en su contra una campaña de desprestigio a través del periódico regional El Frente, cuyo director había apoyado la campaña del acusado”.

De acuerdo con los testimonios tenidos en cuenta, alias ‘HK’ fue capturado en 2003 en posesión de armas, municiones, radioteléfonos y propaganda política de la campaña de Aguilar Naranjo a la Gobernación de Santander, “motivo por el cual fue enviado a recoger una certificación que lo acreditara como miembro de la misma”. Según el expediente, entraron a contar “la constancia suscrita por Alfonso Riaño en la que certifica que aquél pertenecía a la campaña del procesado; la versión rendida ante la Fiscalía de Justicia y Paz por Heidelberght Mendoza, desmovilizado de las autodefensas que estuvo militando en los frentes ‘Isidro Carreño’ y ‘Cacique Guanentá’, entre otros, quien aseguró que en 2003 había prestado seguridad al desplazamiento que hizo el acusado cuando era candidato a la Gobernación de Santander por la zona de influencia de las autodefensas y que con antelación había tenido contacto con el comandante alias ‘Nicolás’, quien le había ordenado a alias ‘El Puma’ brindarle seguridad al candidato en un desplazamiento que realizó hasta el corregimiento ‘El Guamo’, donde se hizo una reunión de campaña con presencia de ‘Nicolás’ –ya que allí tenía su base–, para luego llegar al corregimiento ‘La Aragua’, donde hubo otra reunión política con presencia de miembros de las autodefensas; lugar del cual salieron hacia el municipio de La Paz, en cuyos límites el candidato fue recibido por militantes del frente ‘Lanceros de Vélez’, quienes lo escoltaron a partir de ese lugar”.

La Procuraduría aseveró que el proceso no permite concluir que las enfermedades o el deseo de venganza condujeran a Bonel Patiño a declarar en contra de Aguilar Naranjo y que, por el contrario, “la solidez de los hechos vislumbra que su nombramiento fue consecuencia de un favor que el acusado le debía a las autodefensas en virtud de su apoyo electoral; además de que Patiño Noreña era un intelectual de capacidades superiores con vocación de servicio educativo, según lo acreditaron Iván Roberto Duque y Héctor López López –quien ratifica los lazos de amistad entre Duque y Patiño–, lo cual avala la credibilidad de su declaración y controvierte la tesis de que haya hecho parte de una conspiración orquestada por el exministro Horacio Serpa Uribe y el fallecido senador Hugo Serrano Gómez contra el acusado, y pese a que éste sostuviera, junto a otros declarantes, que conocía desde 1979 al testigo y que por ello lo designó en su gabinete, amén de la recomendación que del mismo hizo Héctor López, para el Ministerio Público ello no desvirtúa lo afirmado por Patiño Noreña, que termina por confirmarse con la declaración rendida por Pablo Hernán Sierra García, excomandante de las autodefensas de Caldas, quien aseguró haberle prestado seguridad a Duque Gaviria en una reunión que sostuvo con Patiño Noreña en la Merced (Caldas), donde escuchó que trataban el tema de la Secretaría de Educación en el Departamento de Santander”.

En cambio, la Procuraduría destaca las declaraciones de los paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, “quienes en forma precisa, coordinada y detallada refieren haber visto al acusado acompañado del exsenador Luis Alberto Gil Castillo –fundador del movimiento Convergencia Ciudadana–, en una finca de propiedad de alias ‘Macaco’ en jurisdicción del municipio de Piamonte (Antioquia) donde se encontraba la cúpula de las autodefensas, lo cual indica los vínculos entre ellos, además de que Mancuso adujo que Carlos Castaño le había señalado su relación con el acusado desde la persecución del narcotraficante Pablo Escobar, nexo entre la Fuerza Pública y bandas criminales que varias notas periodísticas y libros sobre dicho operativo reflejan”.

El Ministerio Público también consideró que no hay duda sobre la existencia de la conducta punible y la responsabilidad de Aguilar Naranjo, por lo que solicitó proferir sentencia condenatoria.

Consideraciones de la Corte

La defensa señaló que Hugo Heliodoro Aguilar pudo ser gobernador “por sus buenas propuestas, por el cambio que significaba y debido a su gran carrera militar que le daba un alto grado de reconocimiento, descontada la crisis de los partidos tradicionales en la región, lo cual generó un espacio para que el voto de opinión fuera determinante”.

Así mismo sostuvo que la diferencia de 27.153 votos entre el procesado y su contrincante Luis Francisco Bohórquez Pedraza (hoy alcalde de Bucaramanga), ‘representa un estrecho margen respecto del total de la votación, si se tienen en cuenta los resultados y diferencias de las anteriores elecciones a la Gobernación, lo cual indica lo reñidas que fueron aquellas; de los 87 municipios del Departamento el acusado ganó en 41 y en 14 con diferencia de menos de 200 votos, es decir, ganó en el 45% de los municipios, lo que representa una disputa electoral normal; siendo que si los paramilitares tenían un dominio claro y fuerte en la región, según la Fiscalía, el candidato que apoyaran habría tenido una victoria aplastante o más abultada’.

La defensa expuso que la mayor votación a favor de Aguilar Naranjo se dio en Bucaramanga y Barrancabermeja, ‘en donde obtuvo casi la totalidad de los votos con que ganó la elección, esto es, que con el voto de opinión libre depositado en el área metropolitana del departamento, que descarta la influencia paramilitar en el proceso electoral, ganó la Gobernación; y es que la sola presencia de los grupos armados en Santander, como en el resto del país, no significa el apoyo a la campaña de aquél y su victoria, puesto que en municipios donde existía dicha presencia la diferencia en votos entre el enjuiciado y su contendor –Bohórquez– fue escasa a su favor, con excepción de San Rafael de Lebrija, pero también hubo algunos en los que resultó aventajado éste último, lo cual no representa presión o intervención del grupo armado ilegal, sin prueba que lo demuestre’.

Pero la Corte Suprema de Justicia, en cambio, no solo evaluó y validó los testimonios ya citados y otros más, sino que dijo que “tampoco tiene éxito el argumento defensivo sustentado en que alias ‘Nicolás’ estaba interesado en una libre competencia política en su zona de influencia y que, por ello, ninguna coacción ni permiso de su parte fue necesario para ejercer proselitismo en esa región, lo cual se compadece con los resultados electorales que muestran votos para los candidatos a la Gobernación en aquella época, porque como se sabe, los paramilitares no solamente utilizaron como estrategia amainar la actividad proselitista de los candidatos opuestos a sus intereses para catapultar la votación de sus aliados, en veces sectorizaban la votación y en algunas ocasiones permitían el aparente desarrollo normal de la gesta electoral, adoptando mecanismos idóneos que garantizaran la elección de su adepto, que es precisamente como pueden entenderse los resultados que arrojan con evidencia que Aguilar Naranjo obtuvo mayor votación, así no se estime considerable, en municipios con influencia de autodefensas tales como Bucaramanga, Barrancabermeja, Santa Helena del Opón, Cimitarra, San Vicente de Chucurí, El Carmen, Puerto Wilches, Puerto Parra, Rionegro, Sabana de Torres y Gámbita, entre otros”.

La Sala Penal de la Corte Suprema subrayó “la gran diferencia de la votación de la votación obtenida por el procesado cuando salió elegido como diputado de la Asamblea Departamental de Santander en las elecciones de 2000, con los resultados que arrojaron los votos depositados a su favor en la elección a la Gobernación 2003, en municipios con injerencia paramilitar y donde la prueba destaca que se reunió con los paramilitares que allí dominaban así: en Santa Helena del Opón obtuvo en el 2000 un total de 5 votos, ocupando los últimos lugares entre los candidatos, pues la mayor votación fue de 286 votos, mientras en las elecciones de 2003 sacó 1.263, siendo el primero entre los aspirantes, seguido de 247 votos; en Rionegro –donde está ubicado el corregimiento ‘San Rafael de Lebrija’- en las elecciones del 2000 obtuvo 1.135 votos, ocupando el segundo lugar en relación con 4.812 sufragios depositados por el candidato ganador allí, y en 2003 obtuvo la mayor votación equivalente a 4.972, seguido de 4.343 votos que obtuvo el segundo candidato; en Puerto Wilches en el año 2000 obtuvo 17 votos contra los 1.203 que alcanzó el ganador y, en 2003 obtuvo 5.803 ocupando el primer lugar contra 2.709 del candidato que le siguió en votos; mientras en Gámbita –municipio al cual pertenece el corregimiento ‘La Palma’– en las elecciones de 2000 obtuvo 56 votos contra 255 del candidato ganador y, en 2003 sacó 855 votos siendo esa la mayor votación, seguida por una de 525 votos”.

En concepto de la Corte Suprema, “las declaraciones ya examinadas de David Hernández López, Orlando Morales Murillo, Salvatore Mancuso Gómez, Edward Cobos Téllez, Heidelberght Mendoza Angarita, Morgan Egea Sánchez, Benildo Murcia Camacho, Constantino Cruz Ramírez y las primigenias de José Agustín Quecho Angarita, Jesús Enrique Guerrero Garavito, Juan Fernando Morales Ballesteros, Alexánder Gutiérrez y Pedro Sarabia Rojas, en las que advierten haber percibido al acusado reunido con miembros de las autodefensas en los lugares y circunstancias que cada uno comenta, son prueba directa de su vinculación con los mismos, y no prueba indiciaria de que el acusado apenas se reunió o contactó con miembros de las autodefensas, como la defensa material y técnica lo afirman en sus intervenciones en la audiencia”.

Aunque la defensa dijo que con lo afirmado por aquellos testigos de ninguna forma se acredita el acuerdo o alianza  requerido para efectos de tipificar el delito de concierto para delinquir agravado imputado a Hugo Aguilar Naranjo, la Corte Suprema enfatiza que “tal argumentación desconoce el contenido detallado de las afirmaciones concurrentes de los declarantes cuyo análisis individual y en conjunto, permiten advertir que desde antes de las elecciones asistía a las sedes de los jefes del BCB y a zonas dominadas por las autodefensas; que desde entonces tenía relación directa con jefes del BCB como alias ‘Gustavo Alarcón’, ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’, algunos de los cuales anunciaban que sería el gobernador de Santander, y que participó en actividades proselitistas desarrolladas en municipios de Santander no solamente con esos miembros de las autodefensas sino con otros que también ejercieron mando en la región, además de aquellos que por seguridad permanecían armados y uniformados en la zona”.

Suma de argumentos que les permitió concluir a los magistrados José Leonidas Bustos, José Luis Barceló, Fernando Alberto Castro, María del Rosario González, Gustavo Enrique Malo, Luis Guillermo Salazar y Javier Zapata, que: “Ninguna vacilación emerge sobre la real injerencia de las autodefensas del Bloque Central Bolívar, de Puerto Boyacá y del frente ‘Isidro Carreño’, entre otros grupos, en el Departamento de Santander durante los años 2001 a 2004 y, por tanto, resulta conclusivo que para desarrollar su proyecto político penetraron las esferas más representativas de la sociedad, entre las que sin duda se contaba la política, con el objetivo de incidir en el ámbito municipal, departamental y nacional, como lo dan a conocer los testimonios de sus exjefes paramilitares, demás miembros de esos grupos y habitantes de la región ya citados”.

El final

Calificado por su hijo Richard Alfonso como un “héroe de la Patria”, “un libertador” y “el mejor gobernador de la historia de Santander” –como lo manifestó el 5 de julio de 2011 al momento de inscribir su candidatura a la Gobernación–, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo pasará al menos un año y medio más encarcelado en La Picota debido a la rebaja de penas –según los penalistas consultados por el Periódico 15–, diciéndole adiós a su sueño de ser Presidente de Colombia, como algún día cuando estaba libre lo confesó.

Aguilar Naranjo se convierte de esta manera en el sexto gobernador elegido en 2003, después de los de Magdalena, Cesar, Casanare, Sucre y Bolívar, que es condenado por ‘Parapolítica’.

Epílogo de un turbión en el que según alias ‘Ernesto Báez’, había zonas de Santander donde “no se agitaba la hoja de un árbol sin la voluntad de las autodefensas”. Radiografía de un departamento en el que según la Corte Suprema, “era tan grande y estrecho el compromiso que tenía parte de la clase dirigente de Santander, en su momento, con el grupo ilegal, que no importó el sometimiento en que se tenía a la población civil ni los vejámenes que ésta sufría, sólo primaron sus propios intereses y el acuerdo establecido entre la dirigencia política y los irregulares para obtener los beneficios electorales con los cuales se veían e iban a ser favorecidos”.

Por Pastor Virviescas Gómez 
pavirgom@unab.edu.co 
Universidad Autónoma de Bucaramanga

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