El presidente del Concejo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez se ha manifestado en contra de la propuesta, argumenta que sería otra carga para la ciudadanía y podría imposibilitar la adquisición de este tipo de servicios. FOTO/ KAREN JULIETH SÁNCHEZ DUARTE.

Hace una semana que la administración municipal anunció su propuesta de aplicar impuestos a la telefonía celular, lo que ha generado rechazo desde distintos sectores de la capital santandereana. 

Además de aclarar que la propuesta está dentro del proyecto para modificar el Estatuto Tributario, el alcalde Rodolfo Hernández Suárez ha argumentado que la estrategia incluye el cobro entre el 3 % y el 5 %, según el consumo en la telefonía celular, y que lo recaudado será invertido en proyectos relacionados con el deporte, la cultura y la recreación.  una estrategia para mejorar los ingresos de la ciudad.

La propuesta

Se basan en la Ley 97 de 1913 que otorga autorizaciones especiales a los concejos municipales para la creación de impuestos y contribuciones.

De acuerdo con el artículo 1 de dicha norma, además de impuestos existentes, se puede organizar su cobro y darles el destino que sea más conveniente para atender a los servicios municipales, entre esos está el “Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos”.

Aunque no se especifica la telefonía móvil, puesto que en esa época no se hacía uso del celular, la secretaria de Hacienda de Bucaramanga, Olga Lucía Chacón, dijo que la ley no habla de que tipo de telefonía y se puede adoptar de manera autónoma, así que la propuesta es “llevarla no solamente a la telefonía fija sino a la telefonía celular”, afirmó Chacón.

El impuesto sería un porcentaje grabado al valor del consumo. Lo recaudaría la empresa que presta el servicio, “lo recarga con la factura y posteriormente es enviado ese dinero al municipio”, aclaró la secretaria de Hacienda.

Sin embargo, como aseguró el ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, David Luna, el mandatario local no puede desconocer los argumentos legales que implica la propuesta, ya que un impuesto de este tipo no solo desincentiva a los contribuyentes, sino que amplía la brecha en el acceso a estos servicios.

Lea la carta enviada por el Ministro de las Tics al Alcalde de Bucaramanga:

El Ministro expresó en la comunicación que el servicio de telefonía móvil celular es de orden nacional y no local. Asimismo, aseguró que «un impuesto en este sentido va en contra de la competitividad, el empleo y la educación».

 

Vendedores afectados

Aunque la administración de Bucaramanga recogería un promedio de 11 mil millones de pesos al año con este impuesto, es un golpe a la economía de muchos bumangueses que venden minutos de celular para llevar el sustento a su hogar. Como es el caso de Emma Rodríguez, “no nos sirve eso, nos afecta mucho el bolsillo, y al cliente también”, exclamó. Además  planteó la posibilidad de trasladarse a otro municipio para evitar el cobro.

Rodríguez apoya sus ingresos con la venta de otros productos, pero hay personas que solo se dedican a dicha actividadad, como Martha Patricia Gallardo. Ella manifestó que de aplicarse esta medida se vería obligada a subir el costo de las llamadas, puesto que según lo planteado, debería pagar el porcentaje más alto del impuesto.“No, así ya a las personas les sale más barato tener minutos en sus celulares que comprarnos a nosotros”, aseguró la vendedora.

Vale la pena recalcar que aún no ha sido aprobado esta propuesta, está en revisión jurídica y el paso a seguir es radicarlo por tercera vez para que el Concejo de Bucaramanga lo apruebe y haga la reforma al Estatuto Tributario. Asimismo, vendedores y ciudadanos esperan la respuesta del órgano de control.

 

 

 

Karen Julieth Sánchez D.

ksanchez814@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga

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