Como los niños que se esfuerzan por aprender a escribir sus primeras letras, como los que repasan una y otra vez las tablas de multiplicar para el examen de matemáticas, o como los que logran aprender geografía ubicándose en un mapa, se armaron de argumentos y consiguieron ‘graduarse’ frente al Ministerio de Educación y la Gobernación de Santander. No les dieron un diploma y menos una medalla, consiguieron que les enviaran una educadora.
Dos años antes del cierre, el establecimiento contaba con ocho alumnos, pero el número siguió disminuyendo hasta que quedó solo uno. Algunos terminaron quinto grado y se fueron a cursar bachillerato, otros sin haber finalizado el curso se marcharon de las fincas y solo dos pudieron trasladarse a nuevas sedes. Por esta razón, y con el argumento de que no era viable mantener una maestra por un solo estudiante, las clases se suspendieron.
De esta forma, los habitantes de dicha zona de Mogotes perdieron la posibilidad de que sus hijos, aunque en ese momento no estaban en edad escolar, pero pronto lo estarían, tuvieran acceso a la formación, esa que ellos mismos recibieron y que desde hace más de 40 años se impartía en los dos salones del plantel.
La realidad para estos papás no era nada sencilla: el colegio más cercano a la vereda estaba en el corregimiento de Pitigüao, a más de tres horas de recorrido a pie y no contaban con el servicio de transporte escolar ya que la carretera está en mal estado.
La tutela falló a favor de los padres y la cartera de Educación se vio en la obligación de asignar la profesora.
“Cuando cerraron el centro educativo la rectora de la Institución Educativa Pitigüao dijo que si volvían a salir estudiantes se abriría, luego de unos meses nos dijeron que con los tres que habían ya se podía dictar clases pero no hicieron nada. Si no es por la tutela de Sonia, no la abren nunca”, expresó Benicio Becerra López, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector.
Antes de 2003, la Escuela Miraflores dependía directamente de la Secretaría de Educación, luego de ese año se fusionaron los 11 planteles de las veredas y formaron una sola institución que emite las directrices y responde por todas las sedes.
Laura Herminia Aceros Orozco, rectora de dicha institución, aclaró que “el Ministerio había dicho que con menos de cinco alumnos no asignaban maestros en ningún lado así que hasta que no los tuvimos no pudimos hacer nada, con fortuna entramos raspando”.
También agregó que “aunque parece poco, el hecho de que estos menores entren a la cobertura educativa es importante ya que realmente viven muy retirados. Si les queda lejos venir a esta sede, sería imposible si les tocara ir a otra que queda detrás de la montaña”.
En los dos años que las puertas estuvieron con candados, los pocos niños que ya estaban en edad escolar tuvieron que quedarse en las casas porque ni sus papás tenían la forma de llevarlos a otro lugar, ni las autoridades locales y departamentales les daban una solución. En consecuencia, leer, escribir, aprender a sumar y restar, dibujar en un programa de computador o simplemente jugar a la pelota con sus compañeros, eran logros que cada vez parecían más lejanos para ellos.
Se abren las puertas
En la escuela de la vereda Calichana la bandera de Colombia anunciaba que algo poco común estaba por suceder. Los residentes de la zona habían logrado su propósito: después de dos años, las instalaciones, que en ese tiempo solo habían servido como refugio de murciélagos, volvían a abrir sus puertas.
Tras varias jornadas de aseo a los cuatro cuartos de tapia pisada, dos que habían sido adecuados como salones, uno que pretendía funcionar como cocina y otro que había servido de pieza para la tutora antigua, los campesinos tenían listo el establecimiento para recibir a la nueva docente y a los delegados de la Alcaldía de Mogotes y de la Gobernación.
El pasado 30 de marzo, en horas de la mañana, la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona García, acatando el fallo de la tutela, hizo oficial la apertura. “Abrir nuevamente un espacio educativo parece fácil, pero no lo es y menos en este caso en el que ya iba tanto tiempo de cierre. En el sistema del Ministerio de Educación aparece la escuela como inactiva y para volverla a abrir teníamos que buscar una plaza de otro lado para poder trasladar a la maestra. Lo hicimos y ya hoy todas estas personas tienen una profesora nombrada en propiedad, es decir, no es provisional”, manifestó Tarazona García.
María Emilse Muñoz Meza, licenciada en Básica Primaria con énfasis en Tecnología e Informática, es la educadora designada. Esta mogotana viene de dar clases durante ocho meses en El Carmen de Chucurí y sostuvo que a pesar del mal estado de las vías de acceso se transportará todos los días en su moto desde el lugar de residencia en Mogotes hasta la escuela.
“Cuando supe que estaban buscando una profesional, hice la solicitud y me trasladaron. Para mi esta es una oportunidad muy buena porque podré trabajar en mi tierra y la gente de acá me conoce. Ya que empezamos tarde hay que aprovechar que son pocos los ni- ños para darle una formación casi personalizada. Me motiva saber que esta es una comunidad bien organizada porque si lograron esto es porque están unidos”, agregó la docente.
Los próximos alumnos también expresaron su alegría. Juan Sebastián Ruiz Torres, de siete años, cursará segundo grado y aseguró que está contento con la ‘profe’, que le hará caso para aprender mucho, poder colorear, jugar con sus compañeros, y que ya no tendrá que caminar mucho, pues su mamá podrá llevarlo y recogerlo.
Panorama actual
La Gobernación, por medio de la secretaria de Educación, afirmó que “en todos los casos similares a este se está haciendo el trámite para que en lugares donde hayan dos o tres profesores, alguno se desplace a cubrir estos vacíos. Pedimos paciencia porque solo llevamos tres meses de administración y estamos tratando de ajustar esas situaciones que encontramos”.
De igual forma, la funcionaria se comprometió con la entrega de pupitres, la pintura para los salones y la gestión para que en conjunto con la Alcaldía Municipal se logren traer programas adicionales.
El lunes 4 de abril es la fecha límite para que los cinco alumnos queden registrados en el Sistema Integrado de Matrícula, Simat, y retornen nuevamente a las aulas.
En Santander, otras madres también ganaron
El 22 de enero de 2016, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional emitió una sentencia frente a las acciones de tutela instauradas por tres madres de familia (Diosa Lizarazo García, Cenobia Ordúz Suárez y Robertina Mayorga Estupiñan) de las veredas Llanadas, El Carmen y Ganitiva de Onzaga, contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural, Idear.
Las mamás alegaron que los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de sus hijos fueron vulnerados ya que terminaron el grado quinto de primaria y no habían podido continuar sus estudios secundarios porque no tenían dónde hacerlo.
El único lugar en el que los niños podían continuar con su proceso de aprendizaje en bachillerato era el Colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el casco urbano, a cinco horas de recorrido a pie desde las fincas. En el caso expuesto, las madres no contaban con facilidades para movilizarse, ni con los recursos necesarios para pagar el hospedaje y la alimentación en el pueblo.
En estas veredas funciona un centro del Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT, que se presta a través del Idear, pero a esta modalidad de educación tampoco pudieron acceder ya que los estudiantes no cumplían con el requisito de tener 15 años.
La Gobernación manifestó que “el Departamento y la Secretaría de Educación han celebrado el convenio interadministrativo No. 673 del 12 de febrero de 2015 con el municipio de Onzaga, el cual tiene por objeto: prestar servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales reportadas dentro del proyecto llamado fortalecimiento de la permanencia escolar de los estudiantes en los municipios no certificados de Santander”.
Por su parte, la Alcaldía Municipal expresó que “a la fecha, no existe el servicio en ninguna de las tres veredas”.
En consecuencia, la sentencia concluyó que en este caso la cartera de Educación vulneró los derechos de los cuatro menores de edad, al omitir su obligación de proveer el transporte a los colegios. De igual manera, ordenó la matrícula inmediata de los niños en el centro educativo Nuestra Señora de Fátima y exigió que se garantice el traslado (ida y regreso) desde las residencias de ellos hasta la referida institución académica.
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