El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, firmó el 14 de marzo el decreto 440 de 2016. Este les permite a los campesinos que compraron predios, en proceso de restitución, de forma legal, obtener asesorías jurídicas e indemnizaciones por parte del Estado. Fabio Andrés Camargo Gualdrón, director general de la Unidad de Restitución de Tierras de Magdalena Medio, sostiene que “este es un proceso mixto de dos entidades para que haya alguien experto en recoger las pruebas. Las personas pueden hacer la reclamación en cualquier parte de país, de manera gratuita”.
¿Cómo será el proceso?
El proceso restitutivo tiene dos etapas. La primera es de trámite administrativo, que está a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras, URT. En esta fase, el asesor, contratado por la Defensoría del Pueblo, reúne información relacionada al terreno (si está microfocalizada, es decir, si fue objeto de desplazamiento) y la situación de las víctimas. Estos datos servirán como pruebas para que el juez dictamine la restitución o el pago de las compensaciones. También, es responsabilidad de la URT inscribir los predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El abogado será el encargado de asesorar el proceso correspondiente a la restitución del predio o, en dado caso, la indemnización. El director nacional de la URT, Ricardo Sabogal Urrego, sostiene que “ahora tenemos todo el soporte legal para poder atenderlos, esperamos solamente que el juez nos de las órdenes”. Gracias a esta nueva orden, el segundo ocupante pasa a tener un rol más visible, puesto que antes del decreto, pasaba desapercibido.
La segunda etapa es de ámbito judicial, ya que en este punto los jueces y magistrados toman la decisión definitiva de la restitución de predios y compensación a los segundos ocupantes. El proceso puede durar entre dos hasta cuatro meses para dar un veredicto final. Si el segundo ocupante tiene que ceder el predio a la URT, el Estado le pagará al campesino según el avalúo comercial. “Hay dos posibilidades, el reconocimiento por la compensación, que equivale al valor comercial del predio. La segunda es que se le entregue otro predio, un subsidio de vivienda y un proyecto productivo”, finaliza el director general de la Unidad.
Lo que va del proceso
La URT del Magdalena Medio, que involucra algunos municipios de Santander, Antioquia, Cesar y Bolívar, ha tramitado el 60% (600 solicitudes de 1.000) de las reclamaciones recibidas. Camargo Gualdrón aclara que el total de peticiones puede variar todos los días.
El director nacional de la Unidad afirma que hasta ahora ha habido compensación a favor de las personas que obraron bien al comprar legalmente predios, caracterizados como despojos forzosos por grupos al margen de la ley. “Hemos girado más de 1.800 millones de pesos (que equivale a seis segundos ocupantes en el Magdalena Medio) y en otros casos hemos reubicado la población. La restitución de tierras debe ser un gana-gana para todos”, enfatiza el funcionario.
Hasta ahora, cerca de dos mil hectáreas de tierra han sido devueltas y siete mil están a la espera de la decisión judicial. Sabogal Urrego aclara que tienen un componente fuerte en seguridad, ya que la Policía y el Ejército Nacional hacen presencia en las zonas donde se ubican los campesinos víctimas, para así salvaguardarlos. Por este motivo las personas que retornaron a sus hogares, no han vuelto a salir por cuenta de la violencia. En caso de que no quieran retornar, estas personas pueden vender su predio luego de dos años, como lo establece la ley.
Hasta el 2021 será el plazo máximo para que la URT adjudique los territorios a víctimas del conflicto armado y segundos ocupantes. De no ser así el Congreso de la República tendrá que estudiar la ley y determinar un nuevo plazo de entrega.
Por María Cecilia Badillo Rueda
mbadillo178@unab.edu.co
