Inicio Educación Descontento por resolución que fusiona al IPA

Descontento por resolución que fusiona al IPA

Padres de familia y sindicato de educadores rechazan unión entre la Institución Promotora del Aprendizaje, IPA, y el Instituto Politécnico como medida implementada por la Secretaría de Educación de Bucaramanga.

Los niños que terminan el grado quinto continuarán sus estudios en El Instituto Politécnico que está ubicado en la calle 64 #10 – 40 del barrio Real de Minas. /FOTO CAMILA ANDREA GARCÍA RIVERA

En 2018 la directora del IPA Esperanza Vera Arias, solicitó la aprobación de la apertura del grado sexto en las instalaciones para evitar problemas de acceso a otros colegios cuando los estudiantes terminaban quinto primaria.

Como respuesta, la secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda Vivas, negó la solicitud ya que no era posible realizarla por el decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, el cual exigía la inclusión de personas con discapacidad en todas las entidades públicas para garantizar sus derechos en la sociedad.

A raíz del rechazo manifestado por los padres de familia, se estableció la resolución 1169 de 21 de marzo de 2019 en la cual la Alcaldía de Bucaramanga ordena clausurar el IPA, después de llevar 46 años funcionando, y lo integra con el Instituto Politécnico pasando a ser la sede E del colegio.

La secretaria de Educación aseguró que “la sede ya está reportada en el Ministerio de Educación de manera oficial. La motivación fue que nos exigían la existencia de un grado sexto y al fusionarse pues los padres de familia ganan ya que sus hijos se gradúan y continúan ahí mismo su bachillerato, no tendrán que salir a pedir cupos porque su continuidad está garantizada”.

Para implementar correctamente la integración, se estimó un tiempo de dos meses para el empalme con el centro educativo IPA. Además, los estudiantes y profesores que hasta el momento asistían y laboraban en el lugar, continúan sin ninguna modificación pero Esperanza Vera, deja de ser la encargada del IPA y pasa a ser la rectora del colegio Jorge Eliécer Gaitán de Bucaramanga. Actualmente, los 400 alumnos matriculados en la institución no se reunirán con otras poblaciones porque pertenecen a esa sede y no hay capacidad para aceptar a más estudiantes.

La sede E (antes IPA) posee 21 aulas, las cuales solo tienen capacidad para 15 niños. /FOTO CAMILA ANDREA GARCÍA RIVERA

La ley 715 de 2001 como argumento de la fusión

El artículo nueve de la ley 715, define la institución educativa como un conjunto de personas y bienes que tienen como fin prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo.

De esta manera, aquellos que no ofrecen estos servicios son denominados como ‘centros educativos’ y deberán asociarse con otras instituciones para ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes. Debido a que el IPA solo brindaba servicios educativos hasta quinto primaria, entró en una reestructuración que consistió en asociarla al Instituto Politécnico.

Según Ana Leonor Rueda se escogió este colegio “porque tiene una orientación técnica y esto es muy importante para esta población que requiere de una inclusión. Estamos convencidos de que la mejor educación que pueden tener los niños se debe dar en las aulas regulares y esto ayuda a su proyecto de vida”.

Un centro educativo irreemplazable para los niños

Una de las características del IPA más apreciadas por los padres de familia, es el espacio terapéutico donde recibían asistencia de psicología, fonoaudiología, terapia física y ocupacional; que trataban diversos diagnósticos de hiperactividad, déficit cognitivo, dificultades de lectoescritura, y carencias socio-emocionales.

El Sindicato de Educadores de Santander, SES, es uno de los detractores de la integración que denuncia la indiferencia que muestra la administración respecto a la población discapacitada, sobre todo después de la expresión del alcalde Rodolfo Hernández quién llamó “bobitos” a los niños del IPA.

Su presidenta Sandra Yaneth Jaimes manifestó al respecto: “Es una decisión arbitraria que no compartimos, los estudiantes del IPA eran niños que ya llevaban un proceso pedagógico, tenían la atención y el espacio acondicionado que requerían. Todo se hizo sin un estudio previo o análisis del procedimiento. La inclusión lleva muchos aspectos que se tienen que garantizar, nosotros rechazamos ese proceso y estamos de lado de los niños”.

El IPA ha sido un soporte para Lizeth Gómez pues su hijo Cristian mejoró el rendimiento académico y además, se ha sentido aceptado y valorado como en ningún otro colegio. /FOTO CAMILA ANDREA GARCÍA RIVERA

Jaimes argumentó además que las maestras reconocían a los niños con discapacidad como problemáticos al llegar a otro colegio, y la opción más fácil por la que los padres optaban era la medicación, sin embargo esto provocaba la limitación de sus derechos y capacidades.

Lizeth Gómez es una de las madres perjudicadas por la resolución, su hijo Cristian Cáceres de 7 años sufre de atención dispersa e hiperactividad y cursa el grado segundo en la actual sede E. Antes de entrar al IPA estudió en dos colegios pero experimentó rechazo, “siempre me decían que era muy inquieto y no dejaba dictar clase, así que lo empecé a medicar pero le causó arritmia o sea casi le da un paro cardíaco y tuve que suspender los medicamentos”, menciona la madre de Cristian quien asegura que su preocupación está en la ausencia de las terapias que semanalmente le ofrecían a su hijo y que lo hicieron tener un buen rendimiento académico.

La lucha continúa

El viernes 12 de abril se reunieron 36 padres de familia y educadores junto con la dirección del SES, quienes adelantan acciones para defender el derecho a una educación de calidad para los niños. Su herramienta principal es la tutela, cada familiar afectado por el fin del funcionamiento del IPA elaboró dicha herramienta y esperan respuesta de la administración a la problemática.

John Paul Rodríguez es el abogado que está apoyando los procesos jurídicos y administrativos de los afectados. “Hay que mantener el IPA como sea. Nuestra esperanza es la tutela, no hay recurso de reposición como vía gubernativa pero si está en un punto de revocatoria directa. La fusión soluciona un punto: el seguimiento del bachillerato, pero hay que adicionar y aclarar unos puntos, como asegurar su formación integral”.

Por otra parte, Ligia Mateus secretaria general de la Central Unitaria de Trabajadores en Santander, CUT, manifestó que “es necesario proteger y mantener la institución. Nos preocupa que los niños sean llevados a salones donde habrá 40 o más estudiantes sin los profesionales que se requieren y sin un servicio completo que los beneficie”.

Estas organizaciones sindicales se han comprometido con la defensa del IPA. El proceso para que se pueda aceptar la fusión es bajo unas condiciones: asegurar el desarrollo de los niños con los apoyos terapéuticos y educativos necesarios. La discriminación y el matoneo escolar son aspectos a los que la población ha estado expuesta y un problema que no están dispuestos a repetir.

Por Camila Andrea García Rivera

[email protected]

Universidad Autónoma de Bucaramanga