El fracaso en la aprobación de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) o “zonas azules” y finalmente la suspensión a través de la resolución 530 de septiembre de 2017, han creado en el imaginario de los bumangueses una falta de cultura vial frente al parqueo en los espacios públicos y el uso indebido de andenes para peatones.
A eso se suman las sanciones y la instalación de cepos por parte de la Dirección de Tránsito, medidas que, si bien han intentado controlar a los infractores, aún carecen de acompañamiento pedagógico, especialmente.
El despeje vial hace parte de un mecanismo para llevar a cabo la recuperación del espacio público, una de las proyecciones del mandatario local, Rodolfo Hernández Suárez, pero no se puede desconocer que dicha política choca con un proceso de urbanización acelerada e insostenible que presenta problemas de planificación, densificación de la población, infraestructura y transporte.
El mandatario califica lo anterior como la consecuencia del desarrollo de los últimos 30 años de un diseño urbanístico predio a predio y la estructuración del servicio de transporte. “Esto hace imposible tratar de enderezar una estructura totalmente destruida”, expresa el también empresario del sector de la construcción.
Las cifras de la Dirección de Tránsito muestran que, en enero de 2018, las comunas 12 (Cabecera del Llano), 15 (Centro) y 6 (Concordia) presentaron 1.750, 791 y 321 comparendos, respectivamente, que representan un 66 % más con respecto al año 2017. Según el informe de la entidad, en enero de 2018 hubo 1.110 infracciones por estacionar en sitio prohibido.
Desde septiembre de 2017, Tránsito ha implementado los cepos, contralados por la Unidad de Bloqueo a Infractores (UBI). El contrato fue adjudicado a la empresa Industrias Inmek S.A.S. por un valor que supera los 236 millones de pesos, para la adquisición de 200 cepos, 150 para carros y 50 para motos. A diciembre del año anterior, se instalaron 2.894, de los cuales 1.230 fueron a automó- viles, 1.185 a motocicletas y 479 a otro tipo de vehículos (buses, camiones, camionetas). El costo del comparendo es de $412.642.
Hernández asegura que “la gente no tiene la cultura de usar los parqueaderos, mucho menos la educación para analizar lo que vale tener una ciudad realmente diseñada urbanamente”.
Sin crear nuevos modelos y de la mano del desarrollo urbano europeo, su administración ha buscado solucionar los problemas urbanísticos adaptando las necesidades y circunstancias propias de Bucaramanga a lo aplicado en ciudades como Barcelona, España, pero esto tampoco ha funcionado.
“¿Por qué no aplicar toda la normativa que hay en Europa o los nuevos desarrollos en China?, porque es prácticamente imposible, más cuando se le ha metido politiquería y corrupción”, sostuvo el alcalde.
Como en otros temas, el mandatario menciona que le es imposible ejecutar sus planes de desarrollo cuando el Concejo Municipal todo le niega. “Nosotros no podemos modificar la estructura administrativa de Tránsito sin que la autorice el Concejo y allá no aprueban nada, porque creen que oponerse a las acciones que benefician a la comunidad es dañarme una calificación de opinión”.
¿Quién es el responsable? Lo cierto es que dos años después de dicho gobierno, ciudadanos como Catalina Lozada Martínez, residente de Cabecera del Llano, expresa: “Me molesta ver en las noticias ese tire y afloje entre la Alcaldía y el Concejo con el tema de los parqueos en los espacios públicos, parece que no se dan cuenta que sus conflictos internos están perjudicando la ciudadanía”.
¿Qué ocurrió con las zonas azules?
El alcalde dijo a Periódico 15 que la aprobación del proyecto de Acuerdo 044 de 2017, para poner en funcionamiento las ZER o “zonas azules” no fue posible porque el Concejo solo tuvo en cuenta errores de forma y no consideró los beneficios; no obstante, piensa insistir en su implementación.
“El honorable Concejo nunca lo aprobó, no quiso, por cosas de forma, nada de fondo. Si hubo algún error, que seguramente lo cometimos, pues se debió sentar con cualquiera de las entidades y corregirlo, pero es que lo corregía y le sacaban otro, no había voluntad, la voluntad que había era paralizar todo”, argumentó.
El malestar por parte del Concejo municipal se generó a partir del establecimiento de las ZER en vías urbanas sin antes tener su aval, omitiendo según el concejal del partido Opción Ciudadana, Pedro Nilson Amaya Martínez la totalidad del proceso técnico y legal ordenado por el Acuerdo Municipal 065 de 2006.
“Las zonas azules son ilegales, los únicos que están facultados para modificar el uso del suelo en Colombia son los concejos, y este señor (el alcalde) tuvo un pequeño olvido, montó las zonas azules y no nos pidió autorización, se extralimitó de sus facultades, además sin tener en cuenta los requisitos técnicos como el de no tener a cierta distancia de las zonas azules un parqueadero público y en ‘cuadra picha’ hay tres parqueaderos públicos, él no planificó”, expresó Amaya Martínez.
Y agregó que algunos proyectos sin los principios de planeación no han funcionado, como el carril de ‘solo motos’ por la carrera 27. “Todo ha sido un fracaso, el vivo ejemplo está en que se pagaron unos análisis de fondo para ver cómo cambiar los sentidos de las vías y hoy la mayoría de la gente está descontenta, de pronto los únicos que pueden estar contentos son los de la Unab (Universidad Autónoma de Bucaramanga)”, comentó el concejal.
Pero la comunidad sigue inconforme. Cecilia Aguilar Rojas, residente del barrio El Prado, los gobernantes también deben tomar conciencia sobre la situación.
“En esta ciudad nadie vela por el bienestar de las personas, todo se lo roba la política y a los del tránsito cualquiera los compra, actúan sin conciencia, se culpan los unos con los otros, por eso no evolucionamos, hablan de anhelos de ver un país civilizado y ¿cómo lo van a lograr si en cada paso que dan engañan al pueblo?”, dijo Aguilar.
La guerra del centavo, la otra cara
En el sector de Cabecera del Llano, por ejemplo, es posible encontrar parqueaderos que cobran la tarifa para carros desde $2.000 hasta $3.500 la hora y desde $800 hasta $1.500 para motocicletas; esto sin dejar de lado a los ‘cuidadores informales’, quienes aún mantienen activos esos espacios ilegales de estacionamiento público y cobran lo que ‘a voluntad’ les den los conductores.
“Llevo 20 años trabajando en esta zona, cuido las casas, pero algunos me piden que les cuide los carros y me botan $500 o $1.000 y como me conocen entonces a veces me dejan las llaves del carro, entonces les doy la vuelta o los meto a los garajes de las casas”, comentó Álvaro Vargas Galván, trabajador informal en la carrera 34 con calle 46.
Por Ximena Herrera Monge
xherrera380@unab.edu.co
