En el 2017, la sentencia T-361 dejó sin efecto la resolución 2090 de 2014 que delimitaba el páramo de Santurbán. Este fallo de la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hacer una nueva delimitación para noviembre de 2018, que tuviera en cuenta a las comunidades aledañas al ecosistema y que propusiera labores que sustituyan las actividades agropecuarias, de exploración y explotación de los recursos naturales. El proyecto se llevaría a cabo a través de siete fases.
No obstante, son muchas las incertidumbres que generó la delimitación realizada por el Minambiente en 2014 a este territorio. Por ejemplo, la familia Gamboa Villamizar tiene dos predios dentro de las 98.954 hectáreas que se encuentran en las 135.000 del ecosistema que el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt señaló como área de conservación, en la jurisdicción Santurbán- Berlín.
Estos poseen desde hace más 30 años dos fincas en el sector dedicadas a la ganadería doble propósito (producción de carne o leche) y agricultura. “Recibimos una visita de las autoridades quienes nos pidieron que cercaran los nacimientos de agua y que los frailejones no podían tocarse”, aseguró Gisela Gamboa. Sin embargo, los rumores y la preocupación crecieron entre los habitantes de la zona al enterarse que existía una sentencia (la C-035 de 2016) que prohibía las actividades de minería y agricultura en las zonas de páramo.
Esta familia se empezó a preguntar qué pasaría con la delimitación, qué sustento tendrían ahora que conocieron la sentencia y qué sucedería con sus propiedades. Estas personas no tenían conocimiento que desde el gobierno se estaba replanteando una delimitación que tendría en cuenta a las comunidades y que abarcaría más territorio del páramo.
En la misma situación se encuentra Luis Alberto Mantilla, propietario de una finca cerca de Lagunas Verdes, en el municipio de Santo Domingo de Silos en Norte de Santander, quien manifiesta que tiene dudas acerca de la delimitación del páramo. Expresa que nunca ha ido alguien a hablarle respecto a esto y que así están los vecinos del sector. Además, cuenta que “no sabía que se estaba llevando a cabo una nueva”.
Nueva delimitación
Tras realizarse en diciembre de 2014 la delimitación con la resolución 2090, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y el Comité por la Defensa del Agua del Páramo de Santurbán interpusieron una acción de tutela contra el Minambiente por “vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, la igualdad y la petición de información, e incurrir en omisiones en el proceso de delimitación”.
Entre los problemas que representaba tal decisión se encontraba, por un lado, que el procedimiento de la definición del páramo no era participativa, no tenía en cuenta a las comunidades. Como es el caso de los 2475 habitantes de Vetas, ya que el 76% del territorio quedó cobijado en la delimitación y su principal actividad económica es la minería, por lo tanto, la perspectiva de sus habitantes por “la desinformación y la falta de socialización de la resolución 2090, era que no podrían realizar ningún tipo de actividad productiva en el territorio y que tendrían que desplazarse del municipio”, según el séptimo Informe sobre el sector extractivo en Colombia de la Fundación Foro Nacional por Colombia del 2017.
Por otro lado, las zonas de transicionalidad definidas en esta resolución, permitían realizar proyectos mineros en el área de páramo que pondrían en peligro el abastecimiento hídrico de más de 2 millones 200 mil habitantes de 24 municipios. Además, en esta delimitación, el páramo pasó de tener 129.743 hectáreas protegidas a solo 98.954, una reducción del 24%. Es decir, que en las casi 30 mil hectáreas donde se había eliminado la protección se podría hacer minería.
Ante eso, en noviembre de 2017, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-361 en la cual se plantea rehacer la delimitación para garantizar la participación de los habitantes de Bucaramanga y de los municipios de la provincia de Soto Norte. Para esto, la Corte indicó al Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible seguir siete fases.
Incertidumbre
Lino Mosquera Quiroga, representante de la asociación de las Juntas de Acción Comunal de Bucaramanga, quien ha estado en contacto con habitantes de distintos municipios de Soto Norte, afirma que se sienten abandonados por el gobierno. Expresa que hay una polarización entre los habitantes de California, Vetas y Suratá, quienes defienden la minería, ya que ha sido su actividad económica tradicional; y los habitantes de Bucaramanga que protegen el ecosistema y ven en esta práctica una amenaza a la disponibilidad de agua en la ciudad.
Así mismo, el nuevo ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano Picón, expresó la necesidad de prologar la entrega de la nueva delimitación que se había acordado para el 16 de noviembre de 2018.
Por su parte, el Colectivo de Abogados manifiesta que desde el 30 de mayo del presente año no tienen conocimiento sobre el proceso implementado por el Ministerio. Afirman que la información ha sido insuficiente debido a “herramientas virtuales poco acertadas al público al que se dirigían, con lenguaje técnico incomprensible que obstaculizó la interpretación y análisis de la ciudadanía”.
Añaden que en esa fecha, el jefe de dicha cartera en ese momento, Luis Gilberto Murillo, dio a conocer en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, la nueva ruta metodológica para la nueva delimitación, la cual ya no estaría dividida en nueve nodos, sino en los más de 24 municipios de Santander y Norte de Santander. También, se estarían socializando con las comunidades la resolución 2090 de 2014 a través de un paquete que contiene un cd con la información que está en la página del Ministerio.
Estado de la nueva delimitación
Dentro de las siete fases planteadas para la nueva delimitación, se encuentra, en primera instancia, una convocatoria amplia, pública y abierta en la que debían participar los actores relevantes como el colectivo, las asociaciones y cooperativas mineras, y las autoridades locales de las alcaldías de los municipios implicados. Sin embargo, el proceso se dio por medios de comunicación y por internet. El Colectivo expresa que no fueron llamados a una construcción conjunta, sino que fue un proceso netamente informativo y esto va en contra de lo planteado por la Corte Constitucional.
La segunda fase de información pública sobre el procedimiento, se realizó en nueve nodos definidos entre autoridades regionales y locales en los cuales se pretendía socializar las fases y metodologías. Sin embargo, en Bucaramanga la reunión no se realizó porque el entonces ministro, Luis Gilberto Murillo, fue abucheado y se levantó del escenario. Esta finalizó el 30 de mayo del presente año.
La tercera fase, en donde actualmente se encuentra la delimitación, la autoridad ambiental debe abrir un estadio de consulta donde los actores participantes emiten su opinión a través de sesiones o audiencias. No obstante, no hay información al respecto. Falta por concertarse las últimas cuatro fases del procedimiento que según lo estipulado por la Corte Constitucional, debe presentarse el 16 de noviembre de este año.
Por Laura F. Bohórquez
lbohorquez197@unab.edu.co
