Cuarenta y un días después de la Gran Marcha por el Agua en Bucaramanga, la cual reunió a cerca de 65 mil ciudadanos quienes rechazaron la explotación minera a gran escala en Santander y reclamaron al Gobierno la conservación del agua y del páramo de Santurbán, se conoció que la Corte Constitucional levantó la delimitación que en 2014 había sido fijada en la zona.
Si bien la noticia avivó los ánimos entre pobladores de los municipios mineros, los ambientalistas, las multinacionales y la ciudadanía, y puso frente a los micrófinos al gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, quien hasta antes de la marcha no se había pronunciado al respecto, el presidente Juan Manuel Santos Calderón sorprendió al país con una reunión diplomática en los Emiratos Árabes, donde se anunció la futura donación de 45 millones de dólares al posconflicto y la intención de invertir mil millones de dólares en el proyecto minero cercano al páramo de Santurbán, de la multinacional Minesa.
Según Dayana Corzo Joya, activista del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, esta noticia “no fue sorpresa”, pero “sí es un acto de desfachatez y deslealtad por parte del Gobierno, que se saltó el debido proceso al asegurar que el plan de Minesa va, sin tener en cuenta el concepto que emita la Anla (Autoridad Nacional de Lincencias Ambientales)”, quien analiza el estudio de impacto ambiental entregado por la multinacional minera.
Al conocerse la decisión de la Corte, el peso recae sobre la Anla que tiene de tres a seis meses para evaluar el estudio y notificar si se otorga o no la licencia. No obstante, este año no se conocerá esta decisión, ya que, además, el alto tribunal también estableció la participación de las comunidades de las zonas de influencia, entre estas la de Bucaramanga (lo que no contempló Minesa en el estudio entregado a la Anla), y que la nueva delimitación no debe ser inferior a la que se tumbó.
Sobre las afirmaciones que hizo en la W Radio el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien señaló que “la Corte no tumbó exactamente la línea que delimita el páramo, lo que pidió fue una socialización con los mineros”, Corzo Joya aclaró que no se puede asegurar que se va a realizar una nueva delimitación, pues “la sentencia cita a que se elabore un proceso de participación donde la voz del pueblo se tiene en cuenta y si se hace de una manera correcta se movería los linderos de la delimitación del páramo, de lo contrario se mantendría la misma”. Además, añadió que “de efectuarse solo la socialización, sería en vano la orden de la Corte”.
Para Corzo Joya, la Anla puede prorrogar los seis meses correspondientes del trámite y suspender el proceso de licenciamiento para poder ampliar los estudios técnicos y establecer de una manera más detallada el área de influencia del proyecto.
En diálogo con Periódico 15, la Corporación Colectivo de Abogados ‘Luis Carlos Pérez’, que interpuso la acción de tutela en contra de la resolución 2090 de 2014 y sobre la que hace dos semanas la Corte falló, aseguró que “no han sido notificados por el alto tribunal”. Al cierre de esta edición, representantes del Colectivo aseguraron que se realizaría una rueda de prensa para dar a conocer su postura al respecto.
Audiencias públicas
Tras las manifestaciones frente a las instalaciones de la Anla en Bogotá el miércoles 15 de noviembre, un grupo de 50 integrantes del Comité para la Defensa del Páramo logró reunirse con Claudia Victoria Hernández, directora de la entidad, quien escuchó los argumentos técnicos, sociales y ambientales que se expusieron.
De dicha reunión se conoció que Bucaramanga, como los municipios mineros de California y Suratá, serían los seleccionados para las audiencias públicas que se deben adelantar como parte del proceso que se adelanta con Minesa, del fondo árabe Mubadala Investment, más conocido como Mubadala, que pretende explotar 9 millones de onzas de oro durante 23 años en la provincia Sotonorte.
Corzo Joya informó que con dicho plantón “se logró que la Anla entendiera la necesidad de realizar una audiencia pública en el municipio de Bucaramanga”, y que la Corte Constitucional en la sentenció que “la población de Bucaramanga sí se ve afectada por los procesos de extracción minera” en esta provincia.
Por Angélica María Gómez R.
agomez360@unab.edu.co
