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El Plan Maestro de Espacio Público, batalla actual de los vendedores informales

A través de protestas, los comerciantes del Centro de Bucaramanga han manifestado inconformidades frente a la implementación del Plan Maestro de Espacio Público, Pmep, una estrategia aplicada por la Administración Municipal.

Los vendedores informales son característicos del centro de Bucaramanga, a pesar de que sus ventas no son permitidas, ellos prefieren ‘correr’ antes que perder su sustento de vida. /FOTO CAMILA ANDREA GARCÍA RIVERA

A través de protestas, los comerciantes del Centro de Bucaramanga han manifestado inconformidades frente a la implementación del Plan Maestro de Espacio Público, Pmep, una estrategia aplicada por la Administración Municipal.

En 2017 la Alcaldía de Bucaramanga y la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, elaboraron un instrumento de planificación que permite reestructurar el espacio público y brindar un ambiente de calidad para los ciudadanos. El plan cuenta con siete líneas estratégicas y cuatro programas transversales, uno de ellos recibe el nombre de “Ventas en el Espacio Público”, que pretende regular y normalizar las ventas ambulantes, semiestacionarias o estacionarias en las calles de la ciudad. La medida se comenzó a desarrollar en agosto de 2018 para los comerciantes informales que habitan las zonas del intercambiador de la avenida Quebradaseca con carrera 15, el Parque Centenario y el Parque Antonia Santos; pero las dificultades en la implementación se han concentrado en el centro de Bucaramanga debido a que los comerciantes afirman que las personas más antiguas en esta labor fueron desplazadas por aquellas que hace poco comienzan su vida comercial en esa zona de la ciudad. “Desde el principio nos dijeron mentiras, no todos quedaron en el mismo puesto, metieron a personas nuevas y dejaron a las antiguas por fuera. Es un plan maestro asesino para los vendedores”, afirmó Rafael Páez, presidente de la Corporación de Vendedores Informales, quien lleva trabajando 21 años en la zona. Páez realizó el proceso de inscripción al plan, pero la deuda de 10 comparendos, de los cuales 7 son por invasión al espacio público, no le permitió completar los requisitos. Para ser aprobado en el programa se deben cumplir siete pasos: jornadas de capacitación con el Instituto de Empleo de Bucaramanga, Imebu; entrevista psicológica, visita de personal de trabajo social a los hogares, fase de elección de mobiliario y ubicación, liquidación de retribución para el Municipio por la ocupación del espacio, suscripción de contrato y acta de iniciación del proceso.

Los vendedores, ¿víctimas o culpables?

En el transcurso del año se han realizado marchas y protestas, las principales razones de las discordias manifestadas por los negociantes fueron: la página para realizar la inscripción es abierta a todo el público, por lo tanto muchos que no eran vendedores pudieron acceder al proyecto. Esta circunstancia provocó que aquellos que llevaban décadas trabajando en el Centro no tuvieran prioridad sobre los que eran nuevos o llevaban pocos años. Otro factor ha sido el elevado costo del proceso, puesto que el mobiliario con el que deben trabajar cuesta entre 700 mil y un millón de pesos, más el impuesto por ocupar el espacio público. Sandra Sánchez fue una de las protagonistas de la protesta realizada el martes 26 de marzo en la carrera 16 entre calles 34 y 36. La discusión que se presentó fue a causa del trato de los comerciantes frente al mobiliario que ella utiliza para sus ventas. “Hace como un mes trabajo con el módulo del plan y eso me ha traído problemas con los compañeros. A mí y a mi familia nos han agredido de forma física y verbal. Me han hecho mucho daño”. Sánchez tiene 39 años y es de Barbosa (Santander), hace un año trabaja en la carrera 16 vendiendo ropa y durante la manifestación parte de su mercancía fue dañada. Una de las causas por las que ha sido foco de agresión es debido a la afirmación de que posee otros locales aledaños a su puesto informal, argumento que según ella es falso, puesto que los locales que ella visita pertenecen a su cuñado. La situación la ha llevado a seguir trabajando sin el ‘módulo’, nombre que le dan al carro donde almacenan y exhiben su mercancía, por miedo a que los demás vendedores la ataquen de nuevo. A pesar de los inconvenientes presentados, algunas personas que han accedido al programa consideran que tomaron la decisión correcta, Ana Belén Serrano, es una de ellas. “A mí me parece que esta medida nos beneficia mucho, yo me siento más segura y ya no le tengo que correr a ningún policía a diferencia de algunos compañeros. Además, es la primera vez que nos reubican en las calles”. Lleva 30 de sus 58 años vendiendo dulces, galletas y cigarrillos y pagó 750 mil pesos por su módulo.

“Tiene que haber más apoyo de la policía, el plan maestro solo será posible si ellos están para protegernos y apoyarnos”, Sandra Sánchez. /FOTO CAMILA ANDREA GARCÍA RIVERA

La respuesta frente a la discusión

Julián Constantino Carvajal, director y encargado del proyecto, manifestó que la oportunidad para acceder al programa está abierta para todos, de esta manera cualquier persona puede inscribirse y si aprueba todos los pasos queda dentro. Se abren 160 cupos cada mes y el Imebu se encarga de proporcionar los cursos, dos de 20 personas a la semana. Son aproximadamente 900 personas capacitadas que se encuentran desarrollando el proceso, sin embargo solo hay un cupo de 300 para trabajar en el centro con las ubicaciones asignadas por los encargados de la infraestructura. Respecto al total de vendedores ambulantes que habitan en la ciudad o en el Centro no hay un número concreto. Rafael Páez manifestó que había 3 mil según un censo que realizó sin contar venezolanos, desde la calle 12 hasta la 20 y desde la carrera 31 hasta la 37. Por otra parte, Constantino Carvajal mencionó que en 2016 se realizó una caracterización a esta población y se encontraron 1.500 negociantes informales contando varias zonas, y entre 800 y 900 solo en el centro. Esa base de datos fue utilizada como insumo del proceso pero no como regla para aceptar o eximir a alguna persona. “La asociación dice ser representante de alrededor de 1.050 vendedores, y eso no es totalmente cierto ya que en las manifestaciones que hubo nunca fueron más de 30 personas, entonces ¿dónde está el respaldo de todos los que supuestamente hay?”, expresó el director del Espacio Público. El Pmep tiene como objetivo la regulación y el orden del espacio público, sin embargo, las distintas razones que no permiten el ingreso de los antiguos comerciantes al plan, causarían la finalización de sus trabajos en el centro de Bucaramanga. El proyecto en totalidad tiene una duración de 20 años y la inversión del estudio fue de 1.200 millones para establecer diversas acciones que están consignadas en un documento de 580 páginas alojado en la dirección web: planespaciopublico.com.

Por Camila Andrea García R

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Universidad Autónoma de Bucaramanga