Un grupo de 32 niños graduados de quinto primaria del IPA esperan acceder a los estudios de secundaría en dicha institución, pero la Secretaría de Educación asegura que no abrirá ese curso y que deben buscar otros colegios.
La Institución Promotora del Aprendizaje (IPA) se creó en 1972 con el objetivo de ofrecer un espacio pedagógico y terapéutico a niños con dificultades de aprendizaje para que pudieran alcanzar un desarrollo escolar e integral adecuado. El colegio actualmente cuenta con 21 aulas dispuestas para 15 niños en cada salón con jornadas en la mañana y en la tarde. Además, brinda educación desde los grados de transición hasta quinto primaria. Para ingresar a la institución, algunos de los requisitos son: ser mayor a 5 años, presentar una valoración neuropediátrica, garantía de control de esfínteres y suscripción como compromiso de adherencia al tratamiento farmacológico. Actualmente, la mayoría son niños con diagnóstico de hiperactividad, déficit cognitivo, dificultades de lectoescritura, y carencias socio-emocionales. Para atender estas necesidades, la Institución ofrece áreas de servicio terapéutico como psicología, fonoaudiología, terapia física y ocupacional. “Bucaramanga tiene 1.700 niños que perfilan algún trastorno o nivel de discapacidad, yo tengo un promedio de 450 niños con estos perfiles”, afirma Esperanza Vera Arias, directora del IPA, quién desde 2018 solicitó a la Secretaría de Educación de Bucaramanga la aprobación de la apertura del grado sexto en esta institución, debido a las dificultades que presentaban los padres de familia para acceder a la educación secundaria en otras instituciones educativas. Entre sus actividades administrativas, Vera debía llamar y pasar cartas a los colegios para conversar con los rectores y así facilitarles el acceso a la secundaria, aunque en varios casos los cupos eran negados; por esta razón, la solución que propuso fue abrir un sexto grado en el IPA.
La inclusión escolar, un decreto indiscutible
El tema esencial es la percepción que se tiene acerca de la inclusión escolar. En 2017, el Ministerio de Educación estableció el decreto 1421, en el que se reglamenta dentro del marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Este garantiza el pleno ejercicio de los derechos y ordena a las entidades públicas efectuar una inclusión real y efectiva de esta población a la sociedad. Vera afirma que la administración pública “piensa que los niños están acá segregados y que deben ser incluidos en otros colegios, y esto suena muy bonito, pero hay una confusión en el tema porque un niño puede estar cinco años haciendo el mismo grado, entonces no hay un avance. Eso no es a rajatabla, deben llevar un proceso”. De este modo, la negación de la apertura del grado sexto representa una desventaja para aquellos niños que salen del IPA y se someten a procesos complejos para poder completar su ciclo escolar. La directora manifestó que la Secretaría de Educación de Bucaramanga no tiene ningún fundamento para impedir que se abra el grado sexto ya que ella además de ser rectora de la institución, es supervisora de educación secundaria y asegura que el plan diseñado cumple con los requisitos exigidos para hacerlo y que no existe argumento administrativo, pedagógico, jurídico o técnico para impedirlo.
¿Qué dice la Alcaldía?
La secretaria de educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, habló con Periódico 15 sobre el caso y afirmó que el grado sexto no pudo abrirse en el IPA porque “estaría violando lo que el Ministerio de Educación dice: tiene que incluir y no segregar. Yo no tengo herramientas legales así quisiera permitirlo y eso lo conoce la directora del IPA”. Bajo el argumento de regirse por la ley 1421 de 2017, Rueda Vivas manifiesta que el problema fue que, aun conociendo la posición del Ministerio sobre el asunto, la directora hizo “promesas” a los padres de familia y eso ha provocado marchas y tutelas con la conclusión de que su derecho a la educación está siendo violentado. Dentro de las funciones que debe cumplir la Secretaría de Educación, se encuentran dirigir y controlar el mejoramiento continuo de los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales en las entidades educativas de la ciudad. Ana Leonor Rueda asegura que los padres de familia confunden la discapacidad con un problema médico y quieren que la Secretaría se encargue también de las terapias cuando es la IPS contratada para cada niño la que debe hacerse cargo. Afirmó además que el Estado debe velar por la preservación de los derechos de los niños. De este modo, todas las instituciones deben abrir las puertas para atender las personas con discapacidad por mandato constitucional y por el decreto de inclusión. Los rectores que manifiesten alguna acción discriminatoria a la población con discapacidad podrían entrar en un proceso disciplinario y si no es atendido causaría la destitución del cargo
La perspectiva de los padres de familia
Johana Amparo Carvajal Pineda tiene 41 años y 3 hijos. Uno de ellos, Paola Andrea Lagos Carvajal, de 12 años, es uno de los 32 niños que se graduaron de quinto primaria en el IPA y no ha podido ser aceptada en ninguna otra institución educativa. Paola Lagos comenzó a presentar problemas psicológicos desde segundo grado, cuando su hermana menor murió, seguido de eso su padre se accidentó y en el colegio donde estudiaba la profesora la gritaba y trataba mal. Debido a estos hechos la niña cayó en depresión. La enfermedad ocasionó en ella un bloqueo mental que no le permitía recordar todos los conocimientos adquiridos hasta ese momento. Después de dos años, su madre, Johana Carvajal, con desesperación por no encontrar un colegio adecuado y a la vez que pudiera costear, decidió entrar al IPA, institución que hasta ese momento no conocía. “El colegio es excelente. La niña avanzó mucho y los profesores les dan mucho amor. Cuando me dijeron que iban a abrir sexto desde el año pasado yo me puse contenta y dije la voy a meter ahí”.
Paola Lagos estudió los grados cuarto y quinto en el IPA, ahora está recuperada y su depresión ha disminuido en gran manera. Las calificaciones son de tipo altas y superiores en todas sus asignaturas y afirma querer seguir estudiando en el IPA porque se sentía aceptada. Johana Carvajal ha intentado ingresar a su hija a dos instituciones aledañas al barrio Porvenir, donde viven, pero en ellos las matrículas les han sido negadas. Buscó ayuda en la Secretaría de Educación, pero según ella la entidad no le puede asegurar cupos a todos.
Por Camila Andrea García R
cgarcia541@unab.edu.co
