Por Santiago Humberto Gómez Mejía* / [email protected]

Carlos Felipe Córdoba Larrarte fue elegido como Contralor General de la República el 21 de agosto de 2018 con el 80% de votos posibles y el apoyo del Partido Liberal, el Conservador, Cambio Radical, la “U” y el Centro Democrático. Pereirano, profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, se vinculó a la política de la mano de las Juventudes Uribistas, consideró lanzarse a la alcaldía de su ciudad y fue secretario privado de Germán Vargas Lleras.

Usted ha sido Auditor General, Vicecontralor, Contralor General, tiene 39 años. ¿Usted se imaginaba siendo tan joven estar sentado en este despacho?

No, no me lo imaginaba ni de lejos. Acá estoy gracias a Dios y a la ayuda de los buenos amigos que siempre han sido muy especiales conmigo. Hay que tener también mucha disciplina, muchas ganas de salir adelante, pero a la vez muchas ganas de construir y eso es la herencia más linda que yo he tenido de mis papás. Por eso desde que estaba en la universidad siempre estaba pendiente de estar mirando qué podía hacer para aprender cosas. Así fue como entré a la Presidencia de la República con 21 años, luego fui Secretario de Gobierno de Pereira, mi ciudad natal, a los 25. A los 28 años fui secretario privado del gobernador de Risaralda, un año después Contralor delegado, a los 32 Vicecontralor General, tres años después Auditor General de la República, a los 38 años fui Director de la Federación Nacional de Departamentos y luego Contralor General.

¿Qué dificultades ha tenido que enfrentar en esa vertiginosa carrera?

Siempre las restricciones las tiene uno en la mente. Cuando empecé la campaña para la Auditoría General nunca había hecho nada parecido. Terminé de último en la terna y luego salí elegido. Lo mismo en el propósito de la Contraloría General, siempre son temas delicados y en esta elección que cambiaron la forma, requiriendo un examen de conocimientos y luego todo el tema del Congreso para poder ver cómo lo elegían a uno. Yo creo que eso es gracias a Dios y a los amigos.

Su principal tema ha sido la transformación del modelo de control y vigilancia apoyado en el uso de tecnología de punta. ¿Qué logros ha tenido en ese aspecto particular desde su posesión?

Hace un año prometimos cosas en la carrera hacia la Contraloría. Uno, más tecnología y dos, más ciudadanía. ¿Por qué mayor tecnología? Porque evidentemente en el siglo XXI ya deberíamos ver en línea y en tiempo real qué pasa con los recursos públicos. Y eso es ya hoy una realidad. Hoy ya usted puede ver la Cuenta Maestra del Estado colombiano en el día a día, como si fuera su cuenta de ahorros. Y puede ver las
alertas permanentes que le dicen a qué cuentas se está enviando cuánto dinero y por qué concepto. Eso pasó a los tres meses de haberme posesionado. A los seis meses construimos lo que llaman los técnicos el gran big data de la contratación pública. Ya podemos consultar las últimas cuatro vigencias fiscales y los 709 billones de pesos de contratación del país concentrados territorial y nacionalmente, eso nos muestra cosas imposibles de detectar con anterioridad de manera tan oportuna: por ejemplo, que hay empresas que venden gallinas ponedoras y terminan haciendo vías, o empresas artísticas de papayeras que terminan haciendo andenes en Montería, o temas como 19 departamentos en los que existen empresas de carrocerías que ejecutan recursos de la salud, o en el Amazonas farmacias que terminan haciendo viviendas. La tecnología nos permite actuar más rápido para salvaguardar los recursos de los colombianos. Nuestra meta es llegar a un modelo predictivo con inteligencia artificial, en eso estamos trabajando. El Plan de Desarrollo nos ayudó a crear la Dirección de Análisis y Reacción Inmediata, ya con esta plataforma que se denominó Océano que tiene las salas Suricato, que podrán concentrar analistas por sectores para verificar permanentemente el uso de los recursos públicos. Podremos tener apoyo permanente de la Procuraduría y la Fiscalía, tendremos dos jueces especializados apoyándonos para hacer mejor control, de manera articulada y sin ninguna excusa.

Otra de sus prioridades ha sido fortalecer la capacidad de recolección de pruebas de la Contraloría, para lo que ha mencionado la necesidad de contar con laboratorios especializados. ¿Hay plata para eso?

Nosotros estamos pidiendo en este proyecto de acto legislativo que se nos suba el 0,5% nuestro presupuesto. Hoy tenemos a duras penas 570 mil milloncitos de pesos anuales, eso es menor que el de la Contraloría de Pereira, estamos 400 mil millones de pesos por debajo de la Procuraduría General y tres billones de pesos por debajo de la Fiscalía General de la Nación. Ahí me han criticado y me han dicho que si estamos desfinanciados y mi respuesta es que hoy no tenemos médicos para vigilar los recursos de la salud de los colombianos en la Contraloría, entonces cómo piensan que podremos regular y vigilar ese sector. Solo tenemos 26 ingenieros civiles en la planta normal y 40 en la de regalías. Necesitamos analistas, documentólogos, ingenieros ambientales. Depende de lo que invirtamos como país en la vigilancia y el control vamos a recibir un mejor resultado.

A su llegada el 0,04% de los recursos comprometidos en acciones derivadas de vigilancia y control eran recuperados. ¿Hoy esa cifra ha cambiado?

Hoy estamos en el 0.05%. Pero ese es un problema del modelo de control fiscal, no de las administraciones Córdoba, ni Maya, ni Morelli, ni Turbay. Tenemos un área de jurisdicción coactiva que es solo una persona la que se dedica a revisar efectivamente cuáles son los bienes de las personas para poder evidentemente recuperar los recursos, no hay software ni capacidad tecnológica. Eso esperamos recuperarlo con estas nuevas facultades que nos han dado desde el Plan de Desarrollo. Hay un tema que es lo más delicado: hoy el presupuesto es de 260 billones de pesos y solo llegamos al 17% de la verificación. La reforma que estamos pidiendo nos permitirá hacer control preventivo, concomitante y posterior. No queremos tener solo un control previo ni vinculante como se hacía antes, sino todo lo contrario como hoy lo hace la Procuraduría General. Eso nos ayuda a poder acompañar procesos estratégicos. Hoy el costo social y económico es muy alto en procesos donde tenemos la lupa hoy como las aulas escolares, la salud, la Ruta del Sol y en los que ya los efectos del desvío de recursos son evidentes.

¿Cuáles son los grandes logros de su primer año frente a la Contraloría?

Grandes logros: tener el Observatorio de Gasto Público, poder tener el gran big data de la contratación y la plataforma Océano, son temas neurálgicos de gran importancia. Que tengamos hoy la Dirección de Análisis y Reacción Inmediata hecha una realidad, poder emprender la tarea de fortalecer la Contraloría con facultades que le permitirán evolucionar. Podremos ser más eficientes y rápidos y salir adelante con control en línea y tiempo real.

La plataforma Océano

La Plataforma Océano es un proyecto estratégico de la Contraloría General de la Nación a través del cual, a partir del uso de tecnología de punta y constituyéndose en una central de información, se depuran y analizan datos sobre la gestión contractual del Estado, con el fin de generar insumos para identificar riesgos y posibles nichos de corrupción.

Océano unifica las fuentes de información sobre contratación (SIRECI, SECOP, SIA, SIVICOF) con otras bases de datos complementarias en una sola y realiza los cruces que le permitan identificar concentraciones contractuales y otros comportamientos atípicos, con el fin de realizar alertas tempranas y así promover la vigilancia preventiva del uso de recursos públicos.

De manera oportuna, Océano ha encontrado registros de 19 personas fallecidas o personas inhabilitadas por la Procuraduría contratando con el Estado (como Alonso Enrique Cuello o Alexander Mena Reina), así como concentraciones sospechosas en favor de unos pocos contratistas, gracias a la revisión de más de 7,2 millones de contratos públicos celebrados entre 2014 y 2019 por un valor total de 702 billones de pesos.

Según los datos más recientes de Océano entre 2016 y 2019, la mitad de la contratación estatal fue directa. De la misma manera, existen contratistas multipropósito como Ómar Gómez Carreño con 120 contratos públicos por casi 67 mil millones de pesos, para atender objetos tan disímiles como el Reinado del Cacao en Arauca y adquisición de maquinaria en la Alcaldía de Puerto Escondido en el departamento de Córdoba, o como Carolina Tamayo Palacio que contrató en Ibagué para instalar sistemas sépticos y en Flandes para proveer alimentación escolar.

Así mismo, Océano detectó preocupantes casos de colusión, es decir empresas con el mismo representante legal: 54.155 casos del mismo representante legal para varias empresas y 3.001 casos de el mismo revisor fiscal para varias empresas, así como detectó casos preocupantes como dos casos en los que 13 empresas de diferentes razones sociales compartían el mismo número telefónico.

Desde hace un par de meses la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría han venido trabajando conjuntamente analizando los datos de Océano, lo que les permite realizar seguimientos que antes tomaban hasta un año, en tan poco como 38 minutos.

En una frase

Un sueño
Que llegue la plata para la gente que más lo necesita.

Una pesadilla recurrente
Que los bárbaros puedan seguir robándose la plata de los colombianos.
Un hobby
Soy muy madrugador para poder ir a correr.
Una ciudad
Pereira
Un recuerdo de la universidad
Los buenos amigos
Una virtud
El cariño hacia quienes me rodean.
Un defecto.
La irascibilidad. Cuando estoy bravo soy muy bravo.
Una serie de Netflix.
La casa de papel
Un lugar por conocer
Tailandia.

*Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, y director del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.

Universidad Autónoma de Bucaramanga