Los primeros pobladores que se asentaron en Los Acacios lo hicieron por cuestiones económicas aprovechando la oportunidad con la extracción petróleo y más tarde la actividad económica que se presentaba con el cultivo de la palma.
Producto del crecimiento considerable de la población en los últimos seis años y después de que se construyó la represa Hidrosogamoso, se han hecho latentes los problemas con la legalización de terrenos, sin contar con los obstáculos que deben atender diariamente como la falta de recursos para invertir en la educación y la salud, y superar la pobreza.
En 67 hectáreas están ubicados 638 predios, de los cuales 425 son casas con fines de vivienda. Actualmente el lugar cuenta con una cantidad de 1.239 pobladores distribuidos en 316 las familias donde los menores de edad representan un 40 % de la comunidad. Es aquí donde radica el mayor problema para estas personas, pues ellas están establecidas en terrenos ilegales. Según Diego Andrés Tapias Escuderos, arquitecto de planeación de la Alcaldía de San Vicente, el asentamiento ocupa siete predios. “Los dos predios que mayor extensión comprometen, uno pertenece al Colegio Agropecuario La Fortuna (50 hectáreas) y el otro es privado (17 hectáreas).
El resto son cinco predios con extensiones que abarcan desde los 700 hasta los 6.000 metros cuadrados y son propiedad de otros particulares”, explicó el funcionario. Además, dijo que el 74 % de la población está sobre el predio del colegio y un 26 % sobre predios privados, lo que dificulta aún más la situación legal de las personas que están establecidas fuera del bien fiscal.
Esta situación ha impedido que la Alcaldía, la Gobernación de Santander, el rector Juan Bautista Urrego del colegio de la sede Pozo Nutrias 2, ubicado dentro de Los Acacios, e inclusive, entidades públicas presten sus servicios para mejorar la calidad de vida en el sector. “El municipio actualmente tiene un convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro y la idea es poder aprovechar esas vinculaciones, teniendo en cuenta que también hay un acuerdo que se firmó con Barrancabermeja y obviamente con la Gobernación para legalizar el asentamiento”, aseguró Tapias Escuderos quien además explicó que se está contemplando la posibilidad de que Barrancabermeja entre al proceso de titulación solo del predio que corresponde al colegio.
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Entre la solución y los obstáculos |
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| Basados en el proyecto adelantado por Diego Andrés Tapias Escuderos, arquitecto de planeación del municipio, titulado “Procedimiento para la titulación y aporte técnico para la legalización de un asentamiento humano: Los Acacios, San Vicente”, estas son las siete determinantes o normas que debe cumplir la Alcaldía para la legalización del terreno: | |
| 1. Según el Art. 2 de ley 1001 de 2005 menciona que el terreno debe ser un bien fiscal. “Diríamos que, las 50 hectáreas del colegio son un bien fiscal, entonces esa parte cumpliría para esa zona”, dijo Tapias. | Cumple |
| 2. La ocupación ilegal debe ser con fines de interés social. | Cumple |
| 3. Con base en el decreto 1077 de 2015, Tapias explica que el asentamiento deber haber ocurrido con anterioridad al 30 de noviembre de 2001. “La mayoría de invasores fueron a partir de la construcción de la represa Hidrosogamoso aproximadamente hace seis años. Entonces jurídicamente no se puede”. | No cumple |
| 4. El bien fiscal debe ser de carácter urbano. | No cumple |
| 5. Realizar un estudio de títulos para que el predio no se encuentre embargado. “el predio tiene una limitación al dominio, pero eso no impide nada”, argumentó el funcionario de Planeación Municipal. | Cumple |
| 6. El terreno no debe ser de uso público ni estar destinados afines institucionales de educación y salud. “El predio se compró con fines de educación, aquí si no cumple”, añadió Tapias. | No cumple |
| 7. El bien fiscal no se encuentre en áreas insalubres. | Cumple |
La falta de servicios públicos
A causa de la ilegalidad, no existe organización que preste el servicio público de agua potable en esta comunidad. Por esto, los habitantes beben el líquido que recogen de las cisternas y las lluvias. A esto se suma que el agua almacenada en los aljibes contiene residuos de aguas servidas o pozos sépticos que los mismos habitantes construyeron para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Héctor Amado, presidente de la junta de acción comunal, cuenta que “en esas lagunas al tratar el agua botan un sedimento y eso es como una baba que se separa del agua y por lo tanto al consumirla no es favorable para el ser humano”. El terreno ya tiene más de
nueve años habitado. En lo que respecta al consumo de gas, están conectados ilegalmente a la tubería perteneciente a la petrolera. Martha María Blanco fue una de las primeras personas en llegar al lugar. Cuenta que buscar una solución a la falta de luz fue la primera tarea que emprendieron. “Nos tocó pagar los materiales, arriarnos alambres, cables, postes, a donde fuera, para traernos la luz de zonas apartadas”. Hace tres meses la Essa decidió hacer un convenio con la comunidad y ahora cuentan con electricidad legal, pero el servicio es recargable. Esto conlleva a que cada habitante paga dependiendo de la cantidad de energía que necesite. El precio que normalmente pagan por tal servicio está en 40.000 pesos mensuales dependiendo del consumo.
Problemas para la escuela
La escuela Los Acacios, es una sede del colegio Pozo Nutrias 2. Allí asisten aproximadamente 120 niños desde las 7 de la mañana para recibir clases y jugar con sus compañeros. Sin importar las condiciones del plantel, elaborado en botellas, tablas y zinc, y suelo de cemento, los menores cuentan
con la ayuda de seis profesores (cinco profesoras y un profesor nombrados en 2015) encargados de un grado, y los almuerzos son entregados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), de la Gobernación. La falta de agua es otro de los problemas que enfrentan. Después de las 10 de la mañana la temperatura en el barrio aumenta a 40 grados centígrados y los estudiantes no soportan ese calor. Los baños no se pueden utilizar y tampoco están al alcance de los menores. Para Silvia Paola Luna Gómez, profesora que proviene de colegios privados, la experiencia de trabajar en Los Acacios es incomparable. “Los docentes buscan que los alumnos salgan del contexto en el que están. A la mayoría no les prestan atención, en la casa los viven regañando, entonces encuentran otro ambiente en el colegio. Son carentes de afecto”, contó la docente.
Luna Gómez también dice que la formación en la zona es todo un reto afectivo, pues deben brindar además de conocimientos, cariño y compañía a los estudiantes. “Ellos siempre nos dicen, “profe en qué le ayudo, venga abro la puerta, venga le limpio el escritorio, cómo le fue en viaje”. Esto no se puede desconocer, relató la profesora. Para dictar clases los profesores se apoyan de guías y materiales didácticos. Además, cuentan con un proyector de video. “Son contentos con lo que se les proporciona; nosotros lo que hacemos es que traemos juguetes, ropa y cosas así que ellos pueden recibir, eso es lo que se les da. Pero material no hay, no hay
dónde guardarlo y tampoco hay seguridad”, contó Luna Gómez. Los requisitos para acceder a las guarderías es otro de los problemas que la población infantil debe afrontar. En el asentamiento existen dos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), pero solo pueden acceder a este servicio los niños que están inscritos en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén), de San Vicente de Chucurí. “Los papás se niegan a cambiarse de Entidades Prestadores de Salud (EPS) por la distancia. Dicen que para una urgencia les queda complicado trasladarse a San Vicente cuando los servicios de salud los tienen a cuarenta minutos”, afirma Patricia Solórzano, encargada del jardín ‘Picardía’. En estos momentos los dos jardines cuentan con 24 niños. Se espera que con el convenio que se adelanta con la alcaldía se determine que no se requiera Sisbén para vincular a los menores en estos lugares.
La unión es el símbolo del progreso
Belkys Jazmín Reyes Guerrero es conocida como la “líder guía” en esta comunidad. Hace cuatro años está a la cabeza de las actividades en pro de la calidad de vida de los habitantes de la zona y ha tenido que atender situaciones que no puede resolver, pese a su voluntad y la ayuda de otros pobladores. Uno de los casos es el de William Sigifredo Ochoa Serrano, víctimas de la negligencia de la EPS que deben ofrecer un tratamiento
para tratar su epilepsia y problemas cardiacos. Ochoa no está inscrito en el Sisbén con su Eps, sino que figura en el Sisbén de Alianza Medellín Antioquia Eps. Hace pocas semanas tuvo convulsiones que lo llevaron a un estado crítico por lo que la líder y la Corporación Santander por Naturaleza radicarán una tutela para hacer el traslado a Bucaramanga. El problema está en que le niegan los servicios médicos por no estar en el Sisbén del departamento. Como una solución, Reyes Guerrero, en compañía de otros líderes comunales, realizaron una campaña para recolectar dinero y poder suministrar los medicamentos necesarios que Willian Ochoa necesitaba.
Por Linda Dayanna Sánchez Flórez
lsanchez348@unab.edu.co
