Por Édgar Fabián Ortiz Oliveros
eortiz781@unab.edu.co
Los 204.541 afectados que el conflicto armado ha dejado en Santander (según la Unidad de Víctimas) pueden asistir desde el 14 de febrero a la oficina territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bucaramanga, la cual se ubicada en la calle 35 #19-65, en el décimo piso del edificio Banco Popular, al frente del parque Santander.
Este despacho será el cuarto de la JEP fuera de Bogotá. Los otros están en Pasto (Nariño), Corozal (Sucre) y Cúcuta (Norte de Santander). Su función será reforzar su presencia territorial en el país y desde la capital santandereana atenderá 109 municipios (de este departamento, sur de Bolívar, Cesar y del Magdalena Medio antioqueño); además, brindará a las víctimas acompañamiento sicosocial y atención en materia jurídica.
El fiscal Hernando Villamizar González, encargado de la oficina territorial en Bucaramanga, ratificó a su equipo de trabajo y explicó como estará conformado este nuevo despacho de la JEP: “Se cuenta con un asistente administrativo, un auxiliar de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y con tres funcionarios investigadores los cuales son: Roger Alfonso Arenas Quintero, Jairo Esteban Silva y Cristian Rincón”.
«POR FIN TENEMOS UN SITIO DIGNO DONDE ATENDER A LAS VÍCTIMAS, ANTES NOS TOCABA TRATAR ASUNTOS DE ABUSO SEXUAL EN CAFETERÍAS»
“Santander está entre los diez lugares que tenemos establecidos como más afectados por el conflicto armado, por eso la importancia de tener una sede aquí está en poner todo a disposición y al servicio de cada una de las víctimas que en el pasado no tenían a dónde acudir”, afirmó la secretaria ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón Falla.
Historia del dolor
Según el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo, se escogió Bucaramanga por su ubicación ante todo el panorama de violencia que ha soportado esta región en los más de cincuenta años de conflicto armado: “Lo que se analizó en la Jurisdicción para decidir la ubicación de las sedes fueron aquellos lugares estratégicos para poder cumplirles a las víctimas, de manera que se tuvo en cuenta que la zona fuera bastante afectada por el conflicto y que hubiese una gran cantidad de afectados que tuvieran la posibilidad de llegar a esta sede o que se nos facilitara a nosotros llegar a ellas”.
La estrategia de la JEP al tomar a Bucaramanga como centro de operaciones cobra sentido cuando se comienza a revisar las siete provincias en las que se divide Santander, las cuales han sido azotadas a lo largo del tiempo por los grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la región de Simacota, desde donde se dio a conocer, así como la presencia de las Farc con el Bloque Magdalena Medio, cuyas operaciones fueron lideradas por Rodrigo Londoño Echeverri, conocido con el alias de “Timochenko”. Asimismo, por las operaciones paramilitares del Bloque Central Bolívar y de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.
De acuerdo con el balance presentado durante la apertura de esta oficina, en 2019 se firmaron 37 actas de sometimiento a la Jurisdicción por parte de comparecientes de esta región. También se realizaron 34 eventos de carácter pedagógico y se hicieron encuentros con comunidades étnicas como consultas previas.
Reivindicación
Para los representantes de los damnificados de la guerra tener un sitio físico es la clave para atender a los afectados de la región, ya que personas de diferentes lugares ahora tendrán donde llegar a exponer su caso.
La representante de víctimas de violencia sexual en Santander, Yinérida Hernández Morales, expone la importancia de poseer una planta física en Bucaramanga: “Gracias a Dios por fin tenemos un sitio digno donde atender a las víctimas, antes nos tocaba tratar asuntos de abuso sexual en cafeterías y era horrible. Ya tenemos el lugar para escucharlas y para darles asistencia psicológica”.
Pilar Rueda Jiménez, asesora en género para la UIA, se refiere a la necesidad de la JEP en Santander: “La verdadera importancia de Bucaramanga en todo esto es por el tipo de violaciones a los derechos humanos que aquí y en las zonas que va a cubrir la sede han ocurrido, entonces poder contar con una oficina va a hacer mucho más fácil la interacción con la gente y el trabajar por ellos para que la historia no se vuelva a repetir”.
No es suficiente
Uno de los casos vividos en esta provincia es el de la docente Jazmín Amaris, ciudadana de Barrancabermeja, quien es víctima de la violencia por el asesinato de su pareja: “En el año 2003 las autodefensas asesinaron a mi esposo, en el 2005 el caso de mi marido fue aprobado para la reparación de víctimas y me lo pagaron con 13 millones de pesos. Es muy duro saber que ni con todo el dinero del mundo me lo van a regresar”.
