Dos momentos importantes componen este punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. El primero de ellos es el cese bilateral y definitivo del fuego y hostilidades, así como la dejación de armas por parte de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc – EP). El segundo, que se desarrollará durante varios años, se relaciona con la reincorporación a la vida civil de al menos 17 mil combatientes, según información proporcionada por el presidente Juan Manuel Santos Calderón.
El Gobierno y las Farc han expresado el compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que elimine la utilización de las armas en el ejercicio de la política, así mismo, trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional entre todos los sectores políticos, económicos y sociales. Dicho compromiso afronta grandes retos, en especial, confiar en que la guerrilla, después de cinco décadas, sí dejará de atacar a las Fuerzas Militares y a la población civil, y el Estado también dejará de perseguirlos y condenarlos.
Cese al fuego
Busca terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las Farc. Se establece un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), el cual garantiza que se cumpla con el cese al fuego y posteriormente la dejación de armas.
Este mecanismo es tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (mil 500 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y 2 mil 500 de la Policía Nacional), de las Farc, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, al igual que representantes de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
El grupo es el encargado de solucionar controversias, presentar recomendaciones, generar reportes, con el objetivo de garantizar y brindar imparcialidad y transparencia.
Dejación de armas
Las zonas de concentración no tienen más de ocho kilómetros. Alrededor estarán miembros del Ejército y la Policía Nacional, junto al mecanismo de monitoreo y verificación. Sus límites pueden ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo.
Se trata de entender de dónde vienen las personas de las Farc y sus perfiles, sicosocial y educativo. La guerrilla entregará un listado de ellos.

60 miembros de las Farc podrán moverse por todo el país para realizar labores de la implementación de los acuerdos.
A nivel regional, 10 guerrilleros de cada zona veredal podrán moverse bajo las mismas pautas.

Reinserción
Será política y económica. Las Farc pasan a ser un movimiento político registrado ante el Consejo Nacional Electoral, con acta de constitución, estatutos, código de ética, plataforma ideológica y designación de sus directivos. El partido estará financiado por el Estado durante diez años, con el 10 % del total del presupuesto que el Gobierno Nacional asigna a los movimientos políticos.
En cuanto a la reinserción económica, las Farc constituirán una organización de economía social y solidaria, denominada “Economías Sociales del Común” (Ecomún). El Gobierno financiará la asesoría jurídica y técnica.
Cada excombatiente, si lo desea, recibirá 8 millones de pesos para invertir en un proyecto individual o colectivo. Este dinero será facilitado sólo en el momento en el que dicho proyecto se apruebe. Así mismo, una asignación del 90% de un salario mínimo. Estarán afiliados a la seguridad social del Estado.
Seguridad
Estará conformada por agentes del Estado, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, UNP, enlaces de la Policía Nacional y por personas de confianza de las Farc previamente seleccionadas y entrenadas por el Estado.
Hay medidas de no estigmatización. Se crea una sección especial de la Fiscalía contra las organizaciones que amenacen desde el mundo criminal la implementación de los acuerdos.
Por Carlos Wilfrido Neme M.
cneme@unab.edu.co
María Camila Bahamón P.
mbahamon@unab.edu.co
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