Los internos transitorios que se encuentran en la Estación Norte soportan a diario los malos olores, la humedad y la suciedad del lugar, que solo tiene capacidad para 30 personas. Al hacinamiento se suma que solo cuentan con tres baterías sanitarias y un caño para sus necesidades fisiológicas. La situación es dramática, ya que de los 416 detenidos en las estaciones de Policía del área metropolitana el 50 % está en dicha estación.
Los reclusos están distribuidos en grupos de 32, en tres celdas de 4 por 3 metros, las cuales solo tienen capacidad para 10 personas. El resto se encuentra en una bodega de 400 metros habilitada por la Policía para que duerman en colchonetas o en hamacas, casi unos encima de otros, lo que empeora la convivencia.
Ante esta situación, el defensor del pueblo, Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, asegura que se están vulnerando derechos fundamentales como la salud, la dignidad humana y la libertad de expresión. Asevera que el sistema está totalmente desdibujado del propósito general que es “el restablecimiento de los seres humanos a la sociedad, el recuperarlos, y que esta resocialización por ningún lado se ve, al contrario lo que se ve es la privación de sus derechos y la carencia de las garantías humanas”.
Esto llevó a que la Defensoría del Pueblo interpusiera, hace dos años, una acción extraordinaria contra el municipio de Bucaramanga, la Gobernación de Santander, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que las autoridades judiciales procedieran, ya que el defensor asegura que vienen trabajando, desde hace dos años el escenario judicial y que actualmente esperan el fallo de la Corte Constitucional.
Con las alarmas encendidas
Debido al hacinamiento la Estación Norte ha sido escenario de distintos hechos que han puesto en alerta a las autoridades locales.
Una de esas situaciones se presentó el pasado 24 de febrero. Los internos se amotinaron e intentaron fugarse de las instalaciones prendiendo fuego a las colchonetas y lanzando objetos a los policías, argumentando no soportar más la situación en la que viven. Finalmente, la asonada se pudo controlar; sin embargo, dos de los reclusos sufrieron heridas leves.
Otro de los casos se registró en mayo. El interno Javier Celis Niño, quien era portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), contrajo una infección en los pulmones y por la falta de atención médica, falleció.
Omar Alfonso Ochoa Maldonado, personero de Bucaramanga, afirmó que junto a la Defensoría del Pueblo revisarán cada uno de los casos porque “muchas veces estas personas tiene derecho a detención domiciliaria, que también es una medida que ayudaría a descongestionar estas instalaciones”. El personero aclara que la Policía “asume una competencia que no le corresponde que es mantener a estas personas detenidas”. Esto conllevaría a que el personal policial no cumpla con las labores que le corresponden, sin embargo, su vocera Dolly Aristizábal Sierra de la Policía Metropolitana de Bucaramanga argumenta que no están autorizados para entregar declaraciones sobre el tema del hacinamiento ya que es el Inpec el responsable de la situación y que es ésta institución la que debería tomar la vocería de esta realidad, pero la comunicación con el director regional de la institución, Henry Mayorga Meléndez no se pudo realizar, debido a que no atiende las llamadas realizadas.
Condiciones sanitarias y de salud
Es precisamente la muerte de Celis la que pone en el foco la situación sanitaria y de salud en la Estación Norte. El coordinador de Saneamiento Básico de la Secretaría de Salud de Bucaramanga, Luis Antonio Niño Valenzuela, asegura que por ahora “se instauró una programación de atención que tiene que ver con prestar el servicio de promoción y prevención a las personas que se encuentran hacinadas”, pero que de igual forma, el servicio de salud de los reclusos está en manos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y que la entidad “está fallando en la prestación de sus servicios, tanto de salud, como en la entrega de recursos destinados a las cárceles”.
En un informe sobre las condiciones higiénico-sanitarias de las estaciones de Policía presentado por la Secretaría de Salud del municipio, se recomienda adecuar baterías sanitarias, que corresponderían a un baño para 15 personas; eliminar olores ofensivos; adecuar recipientes para la recolección de residuos; realizar control de plagas, y adecuar camas y colchones para cada uno de los internos.
El procurador de Santander, Carlos Ramírez Hincapié, interpuso una acción de tutela en julio de este año, bajo el argumento de que se están violando los derechos de dignidad humana e integridad física de la comunidad carcelaria.
Dicha acción judicial fue respondida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, que ordenó al Inpec, establecer un plan de acción en 30 días para el traslado de los detenidos de las estaciones y en tres meses más, desarrollar dicho plan.
Ante este nuevo fallo el defensor del pueblo afirma que éste se unirá con el suyo que ya está en la Corte Constitucional y espera que estas iniciativas se unan para salvaguardar los derechos de los internos, argumentando que la Procuraduría, la Defensoría y la Personería
Son entes hermanas y que “entre las tres entidades grandes del sistema de la defensa de los derechos humanos en Santander hayan acciones contundentes de cara a la dignificación de la condición humana de estas personas”, aclaró el Defensor.
Medidas a tomar
La Personería de Bucaramanga y la Defensoría del Pueblo se unen al declarar que las soluciones a corto plazo sería el traslado a un establecimiento carcelario como lo establece la ley y que el procedimiento a largo plazo es la construcción de nuevas cárceles.
A estas medidas se le suma la del secretario del Interior de Santander, Manuel Ricardo Sorzano Romero, quien visitó las estaciones el pasado 4 de agosto, junto con la Personería, y afirmó que la idea es sentarse a hacer una mesa de trabajo para tomar las medidas conformes, pero que “el Inpec es la autoridad competente para dar solución directa y también el municipio de Bucaramanga. Nosotros estamos en una instancia de colaboración de gestores, pero no nos divorciamos de esta problemática”.
Por Wendy Paola Pinto F.
wpinto68@unab.edu.co
