El milenario Corredor del Jaguar es un vasto pasadizo por el que transitan los jaguares en el continente americano. Entre México hasta Argentina, esta zona protegida, de aproximadamente seis millones de kilómetros cuadrados de extensión, interconecta a 13 países logrando que desde el Norte hasta el Sur de América puedan tener un territorio especial como hábitat.
Un jaguar puede recorrer hasta 50 kilómetros de selva diariamente, llega a consumir hasta 30 kilos de carne en cuatro días y es considerado como un depredador de gran talla, al que para subsistir le son necesarios aproximadamente 17 mil kilómetros cuadrados de bosque sano para transitar libremente, razón que hizo indispensable que su entorno, cada vez más intervenido por la mano del hombre, se convirtiera en una zona restringida y exclusiva para ellos.
La desaparición del medio natural de los jaguares la propició la actividad humana, que con la deforestación, la ganadería expansiva y la explotación de los recursos naturales, fue dejándolos sin hogar. Por esto se vieron obligados a cambiar sus presas habituales (armadillos, venados y chigüiros, entre otros) por vacas, gallinas y ovejas, hecho que ocasionó que los campesinos comenzaran a matarlos y extinguirlos como especie.
Fue entonces cuando surgió la preocupación por el futuro de los jaguares en esta zona del mundo, pues su papel ecológico es fundamental, especialmente porque su exterminio alteraría todo un ecosistema, y el principal efecto de su desaparición sería la reducción de fuentes de agua.
La ecuación que comenzó a perder equilibrio tras su extinción indica que sin jaguares, los animales que hacen parte de su dieta, y que a la vez se alimentan de plantas, proliferarían, y con más de estos consumiendo especies de flora, el agua que es retenida por la vegetación y que luego surte los humedales, ríos y quebradas, desaparecería.
Aunque no existe una cifra exacta de cuántos jaguares quedan en América, y específicamente en Colombia, se calcula que en la Amazonía hay 4,5 por cada 100 kilómetros cuadrados en zonas protegidas, y 2,5 en las que no tienen protección. Este es un número que alarma a los activistas ambientales, porque además de preocupante, tiende a reducirse aceleradamente.
Por esto fue que en 2010 Colombia se convirtió en el primer país en reconocer la necesidad de aportar a la implementación de este Corredor. Tanto así, que en 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cabeza del entonces ministro Gabriel Vallejo López, ratificó su compromiso con la consolidación de este pasaje. Hecho que convirtió a la nación, que cedió cerca cuatro millones de hectáreas, en un conector estratégico para ligar las zonas del Corredor pertenecientes a los extremos del continente americano.
“Desde México hasta Argentina los jaguares tendrán la oportunidad de entrar en contacto y abrir la posibilidad de realizar intercambios genéticos, garantizar su salud, reproducción y supervivencia”, aseguró Vallejo en ese entonces en un comunicado.
Sin embargo, de forma paralela a este espaldarazo que se le dio al Corredor, se realizó, en la vereda Patio Bonito, en zona rural de Barrancabermeja, Santander, la construcción de dos basureros que fueron ubicados en un lugar desde todo punto de vista nocivo para el medio ambiente.
En el corazón de una zona protegida, a pocos kilómetros de la Ciénaga San Silvestre, sobre humedales subterráneos, y aledaño a fuentes de captación de agua, estos botaderos de basura, licenciados ilegalmente, se convirtieron en la amenaza de muerte que aqueja a los jaguares del Magdalena Medio.
¿Qué ocurre con los basureros? El comienzo de un proceder ilegal
En el corregimiento La Fortuna, sobre el kilómetro 21 de la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, se encuentra la vereda Patio Bonito, un caserío en el que residen alrededor de 100 familias que hace más dos años dejaron de disfrutar del ambiente puro que les proporcionaba el campo.
La vida de estos habitantes, quienes acostumbraban a consumir el agua potable que les suministraba el caño El Moncholo, se ha transformado en una batalla jurídica a raíz de la construcción de dos vertederos de basura, licenciados por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), y que pusieron en riesgo su salud, tranquilidad y derechos fundamentales, a la vez que perjudicaron la preservación de especies endémicas de la zona, tales como el jaguar y el manatí antillano.
Para los pobladores de esta vereda, el deterioro de su entorno comenzó en septiembre de 2013 cuando la CAS, autoridad ambiental del departamento, le concedió a la empresa Sociedad Futuro Rsti, el permiso para la construcción de Anchicayá, el primero de dos basureros que se hicieron en el sector.
Excusados en una emergencia sanitaria que dio cierre a La Esmeralda, antiguo relleno del puerto petrolero, y argumentando que lo que se pretendía era utilizar el suelo para usos agropecuarios, los funcionarios de la compañía procedieron construir el botadero.
“Las acciones que se llevaron a cabo para esta realizar este vertedero fueron muy por debajo de la mesa. Ellos solicitaron el uso de suelos para actividades agropecuarias, y ya después la Alcaldía vino a saber que eso iba a ser un basurero”, explicó Heyner Mancera Rincón, exsecretario de Medioambiente de Barrancabermeja, quien además aseveró que la CAS nunca dio aviso a la Alcaldía, para ese entonces en cabeza de Elkin Bueno Altahona (condenado por parapolítica en 2016), acerca de la aprobación de esta licencia.
El desconocimiento por parte del gobierno municipal se puede evidenciar en un concepto que se emitió en 2013, mediante el cual esa administración esclarece que este terreno se encontraba dentro de la categoría de usos agropecuarios, por lo que “se puede conceptuar que la actividad que se pretende desarrollar es de uso compatible con el sector donde se localiza el consultado predio”.
No obstante, el paso del tiempo corroboró que lo que presumía ser para “actividades de agricultura”, terminó convertido en un depósito de basura.
La primera de muchas irregularidades en el licenciamiento que la CAS le dio a esta empresa para proceder a la construcción de Anchicayá, evidencia que el permiso otorgado por la entidad se saltó lo establecido en el Decreto 838 de 2005, el cual establece las directrices de dónde no hacer un basurero.
Según lo denunció el médico y activista ambiental Yesid Blanco Calvete, la ubicación de este botadero en dicha área es una clara violación al citado decreto, pues de acuerdo con la norma, estos “no pueden estar en una zona de protección, segundo no puede haber población urbana o suburbana a menos de mil metros (Patio Bonito está justo en frente); tercero, no debe estar dentro de un lugar donde haya pozos de agua potable, o aguas arriba de cualquier sitio de captación del recurso hídrico para consumo humano”.
Para Blanco, una de las grandes preocupaciones de la comunidad es que el principal vaso de lixiviados (líquido tóxico presente en las basuras) está a 180 metros de los caños que desembocan en la Ciénaga de San Silvestre, algo que, además de ilegal, es altamente nocivo para la salud humana.
“El problema es que los lixiviados arrastran tóxicos como el mercurio, zinc y otros que son dañinos para la salud y ponen en riesgo inmediato a la población”, añadió este médico, quien indicó que la presencia de estos metales en las fuentes hídricas fue comprobada en un estudio realizado en 2015 por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).
Aunque su licenciamiento fue abiertamente ilegal, y contra todo pronóstico, el funcionamiento de este relleno se hizo una realidad, razón por la cual la Alcaldía procedió a entablar una demanda contra esta empresa por considerar que nunca fueron debidamente especificadas sus intenciones sobre lo que pretendía construir en esa zona.
Pero, aunque la denuncia se puso en marcha, no fue sino gracias a una acción popular adelantada por el Comité Pro Defensa de la Cuenca Hídrica Humedal San Silvestre, que se ordenó, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una medida cautelar que decretó el cierre de obras de Anchicayá argumentando que este estaba “incumpliendo el Plan de Manejo Ambiental” a la vez que afectaba los recursos naturales de la región.
En medio de esta situación, para la comunidad quedó en entredicho el papel que jugó la CAS, quien dio el aval para que comenzara a operar este vertedero, y que posteriormente daría luz verde a la construcción de un segundo basurero.
“Si tuviéramos que hablar de culpables, los culpables son los señores de la CAS, que vinieron y dieron la licencia, nos dejaron el problema y luego se lavaron las manos”, dijo Leonardo Granados, abogado defensor de los residentes afectados de Patio Bonito.
De manera alterna a estos hechos, y tal como lo denunció Oswaldo López, ex presidente de Junta de Acción Comunal de esa vereda, la empresa Rediba S.A.
E.S.P. realizaba, sin el debido permiso, labores para la construcción del relleno Yerbabuena en una zona especial de reserva que, según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), fue declarada, el 14 de diciembre de 2012, como Distrito Regional de Manejo Ambiental (Drmi). Hecho que, a todas luces, impedía la ejecución de este proyecto.
La persona tras la empresa Rediba S.A. E.S.P. es el contratista Reinaldo Bohórquez, también dueño de Construvicol, firma que ha recibido fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad del municipio de Los Santos, Santander, pues alegan que la compañía incumplió con el contrato que prometía la restructuración de la malla vial de esa zona.
El licenciamiento de Yerbabuena, al igual que el de Anchicayá, no se quedó atrás en irregularidades.
En primer lugar, cuando Rediba solicitó el uso de suelos para la construcción de Yerbabuena, un concepto emitido por la CAS en el Memorando 522 del 2013, advirtió que sobre esa zona Drmi no se podía llevar a cabo la construcción de un basurero, entre otras cosas, porque lo que señala la norma (Decreto 838 de 2005) es que la ubicación de un depósito de residuos sólidos está prohibida en “áreas donde habiten especies endémicas en peligro de extinción”, tal como el jaguar o el manatí antillano, este último caracterizado por su presencia en el espejo de agua de la San Silvestre.
A pesar de esto, la Corporación, que antes le había negado la licencia a Rediba, aprobó ilegal y arbitrariamente, por orden de la entonces directora de la entidad, Flor María Rangel, condenada en enero de este año por corrupción, el permiso para que este segundo relleno comenzara a funcionar.
“La directora expide esa licencia y prevarica, con el visto bueno de otros ingenieros de la entidad y abogados que entraron a aprobar ese permiso dentro de un área protegida”, indicó Leonardo Granados.
Entonces, a prueba de toda resistencia y ante la mirada impotente de la comunidad de Patio Bonito, este vertedero se comenzó a operar el 2 de enero de 2015. Y tras su ejecución comenzó a oscurecerse el panorama para los habitantes de la región, quienes observaron cómo la aparición de malos olores y la proliferación de insectos, empezaron a hacer parte del día a día en esta vereda. Y con el surgimiento de este hedor, los residentes de la zona aseguran que también se destapó, lo que consideraron un engaño.
“Los señores de Rediba vinieron a decir que iban a construir un casino, unas oficinas y una planta de reciclaje, entonces, nadie se opuso a que viniera el desarrollo y las oportunidades de trabajo.
Las mujeres pensábamos trabajar en el casino, y con esta situación del campo, cualquiera se le mide a trabajar ahí”, expresó Graciela Rojas, residente de Patio Bonito.
La mujer añadió que es poco lo que puede hacer la comunidad al respecto, pues durante la socialización del proyecto la empresa recogió firmas de los habitantes del lugar (que creyeron que se haría una planta de reciclaje) y estas fueron utilizadas más adelante por Rediba para justificar un aparente apoyo de la gente frente a la construcción del botadero.
Ante esta situación, en la que injustificadamente se perjudicó a la comunidad, y que desencadenó un lío jurídico, la única solución aparente llegó por parte de un fallo emitido por la Corte Constitucional que, en respuesta a las tutelas interpuestas por la población de la zona, ordenó al municipio y a Rediba solucionar el revés que sufrieron las familias de Patio Bonito con el abastecimiento del líquido. En consecuencia, el agua (7.000 galones semanales) está siendo suministrada a estos pobladores a través de carrotanques desde el 14 de mayo de 2016.
Sobre el basurero Yerbabuena actualmente recaen dos medidas preventivas ordenadas por la CAS, que luego de avalar su construcción, y ante la presión jurídica ejercida por la comunidad, decretó, el 25 de noviembre de 2015, la suspensión inmediata de la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario “por generar impactos ambientales negativos y afectación de los recursos suelo, aire, agua, flora, fauna y paisajístico”.
Sin embargo, el 17 de diciembre de 2015 la Alcaldía de Elkin Bueno, mediante decreto 314 declaró la existencia de “situación de riesgo de calamidad pública que dio lugar al estado de emergencia sanitaria en este municipio, y con ella se determinó dar uso de la capacidad instalada del relleno sanitario (Yerbabuena) nuevamente”, justificó la Corporación.
Es decir, que lo que parecía ser la única alternativa para el cierre del botadero, se reversó por causa de un decreto que en la actualidad mantiene en vigencia su funcionamiento.
La entidad añadió que, a través del Auto 116 del 8 de abril de 2016, se dispuso mantener la medida preventiva impuesta, además de formular cargos contra Rediba por el incumplimiento al plan de manejo ambiental. Sin embargo, nada de esto logró que el basurero dejara de operar.
“Las sanciones de la CAS son una cuestión más bien operativa, ahí no hay nada que se haya solucionado. Lo que necesitamos con urgencia es que la Corte Constitucional ordene la suspensión definitiva de la licencia que esa corporación le dio a Rediba, porque es algo que está violando los derechos fundamentales de toda la población”, indicó el abogado Granados.
En el alto tribunal se encuentran en estudio dos acciones de tutela, una de ellas interpuesta por Oswaldo López y la otra por Leonardo Granados. Con todo y esto, han pasado casi dos años en los que el silencio de ese tribunal mantiene en vilo a la gente de Patio Bonito, que ve con preocupación e impotencia el imparable deterioro de los recursos naturales de su territorio.
“Un basurero en zona protegida es una contradicción”
Si bien es cierto que lo anterior es preocupante, lo más grave es que, como asegura Esteban Payán, director de la ONG Panthera en Colombia, en el país no se cumple con la zonificación, que especifica el tipo de actividades que se pueden realizar en los territorios y eso es lo que está degradando nuestros ecosistemas. “Hay áreas en las que se permite el uso de suelo para pequeña agricultura, otras que son para actividad industrial, pero el uso para crear un relleno tiene unas implicaciones delicadísimas para el ecosistema”, indicó al respecto.
En vista de la situación en la que se encuentra esa zona de Barrancabermeja, especialmente valorada por ser un tramo fundamental en la conservación del Corredor del Jaguar en el continente, las voces de activistas ambientales y de fundaciones que luchan por la preservación del territorio de estos felinos, no han callado ante las arbitrariedades que se han cometido contra esta especie en esa región.
Un estudio realizado por el norteamericano Joe J. Figel de la Universidad de Florida Central, explica que algunas uniones de la cadena que conforma el corredor en el continente están en grave peligro de ser afectadas, y una de ellas es la región del Magdalena Medio, que “es el lugar con la más alta importancia en conservación en cualquier parte del cinturón del jaguar”.
Payán, quien por años ha trabajado por la conservación de esta especie en el continente, no esconde el desconcierto que le produce la situación que amenaza la existencia del Corredor en el municipio de Barrancabermeja. Añade que “la conexión en Colombia es tenue y ese hilo conector atraviesa Santander».
La unión pasa por Nariño, bajo Cauca, llega hasta Darién (Valle del Cauca), cruza la Serranía de San Lucas, atraviesa el Magdalena Medio, Catatumbo y llega a los Llanos. Siendo el Magdalena Medio la parte más importante del Corredor norte”, explica este miembro de Panthera en Colombia.
El experto agregó que usar un suelo protegido “para un basurero es toda una contradicción. La Gobernación y la CAS debieron tener en cuenta que si por ahí pasa el Corredor de Jaguar, pues no se puede licenciar, y menos con los alcances tan serios que supone un relleno (…) Ellos no pueden decir que no existe la información a la hora de dar o no una licencia, son múltiples ONG las que trabajamos de la mano del Gobierno para dar esa información, que decidan ignorarla es otra cosa. Entonces uno se hace la pregunta ¿Por qué no respetan la zonificación?”, concluyó Payán.
En medio de la batalla jurídica que se ha desatado por causa de este tema, también han aparecido quienes defienden la potabilidad del aire y del agua que toman los casi 300 mil habitantes del puerto petrolero.
Uno de ellos ha sido el secretario de Ambiente del municipio, Alejandro Bohórquez, quien expresó que sería un error aseverar que el líquido está contaminado por causa de los rellenos sanitarios.
“No podemos asegurar que el aire y el agua se contaminaron. Primero tengo que saber qué hay en el agua, y después de eso sí puedo decir si hay o no una afectación, para así tomar acciones al respecto”, aseguró Bohórquez, quien además explicó que la Alcaldía está realizando los monitoreos para proceder a implementar las respectivas soluciones.
“O luchamos o nos morimos”
Cada vez que los activistas de Patio Bonito recuerdan, los reveces que “esta batalla de David contra Goliat” les ha dejado, el panorama parece pasar de castaño a oscuro.
“Nosotros estamos luchando por una causa que es justa, peleamos por el agua potable, por un aire puro y un ambiente digno”, dice Graciela Rojas, quien junto a su esposo, Oswaldo López, son las únicas voces que no han hecho silencio ante lo que le ha ocurrido a esta población. Los demás, por miedo a las represalias que tome Rediba, han preferido callar.
Por eso, ante la pregunta de ¿por qué seguir luchando? Yesid Blanco, responde que “esto ya dejó de ser una cuestión opcional, porque pasó a ser un tema de supervivencia. Aquí, o luchamos o nos morimos, así de sencillo. Porque si nos dañan la Ciénega y el territorio ¿Qué opción nos queda sino irnos?
Antes del cierre de esta edición, 15 se comunicó en reiteradas ocasiones con Liliana Forero, gerente de la empresa Rediba S.A E.S.P. quien aseguró que “dentro de las políticas de la empresa no está dar declaraciones”.
Por Karol Fernanda Barragán
Kbarragan724@unab.edu.co
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