Desde 2017, se ha presentado controversia en la ciudad debido a que los establecimientos que hoy conforman la Asociación Colombiana de Institutos de Inglés, Asoinglés, denunciaran los precios bajos y cursos rápidos que ofrecen algunas compañías.
El 14 de noviembre de 2017, el concejal de Bucaramanga Arturo Zambrano Avellaneda, perteneciente al partido Centro Democrático, expuso en un debate su preocupación por el bilingüismo en la capital santandereana, ya que, según él, al revisar lo que ocurre en el ámbito local, evidenciaron que menos del 3 % de la población nacional habla inglés en nuestro país y de ese porcentaje, el 75 % está ubicado en Bogotá. “Indagamos y nos dimos cuenta que casi el 50% de las compañías que están enseñando inglés en Bucaramanga no están legalmente constituidas”, explicó Zambrano.
Seis de las 16 instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que se encuentran habilitadas para ofrecer programas en idiomas, según la Secretaría de Educación Municipal, llegaron al acuerdo de asociarse en febrero del año anterior y crearon Asoinglés, que fue presentada oficialmente el 21 de marzo de 2018 en la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco.
A la firma de dicha alianza asistieron los representantes legales de ‘Best English’, ‘Corporación Inteb’, ‘Praxis Bucaramanga’, ‘Praxis Barrancabermeja’, ‘Heyes’, ‘Wall Street English’, ‘R&M Institute’ y el concejal Zambrano Avellaneda.
Frente a la controversia, la secretaría de educación de Bucaramanga publicó el listado de los 16 establecimientos en el diario Vanguardia Liberal. Por lo tanto, el presidente de Asoinglés, Jorge Pertuz Quitián, expresó que “el tema se ha convertido en un boom mediático, pero después no se hace nada”, refiriéndose a la publicación antes mencionada y a un programa realizado por Séptimo Día, del canal Caracol, emitido el 8 de octubre del 2017.
Requisitos para abrir un instituto de inglés
Según la circular normativa 063, la Secretaría de Educación Municipal debe tener en cuenta los siguientes requisitos a la hora de solicitar una licencia de funcionamiento a dichas entidades: En los meses de enero, febrero, junio y julio el representante legal de la entidad tiene que radicar una solicitud escrita, así como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en medio magnético, los programas a ofertar y los documentos legales como la hoja de vida del director con título profesional, certificado de libertad y tradición y concepto sanitario, entre otros.
Posteriormente, se lleva a cabo la verificación de los requisitos legales. Al igual que de los pedagógicos y de infraestructura, se hacen visitas de verificación para observar las condiciones físicas y se revisa el PEI.
Lo anterior da como resultado la elaboración de un informe técnico que expide el concepto de favorable o no favorable. Si es favorable, se procede a hacer la notificación a la institución y se lleva a cabo el registro en el Sistema de Información de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.
Además, los programas deberán estar diseñados bajo el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje – Enseñanza – Evaluación”, como se establece en la Ley 1651 de julio del 2013.
Sin embargo, el estadounidense Steve Setzer, uno de los propietarios de ‘Goll English Club’, argumentó a Periódico 15 que en distintas ocasiones han adelantado el proceso de certificación y que tienen un documento PEI que necesita entregar a la Secretaría de Educación. Desde hace seis años asiste a dicha dependencia y asegura “que ya tiene mala fama porque la última vez, fui y me dijeron: el proceso está congelado, entonces fui al Ministerio de Educación, esto fue tres años de lucha, no aceptan más documentos PEI, los que ya están son los únicos legales y los otros son ilegales. Hacen artículos en los medios locales, atacan los “ilegales” y aunque queramos hacer todos los pasos no podemos, pues no reciben la documentación”.
Frente al congelamiento que hay desde hace cinco años para la expedición de licencias de funcionamiento en la ciudad, Inés Prada Bueno, profesional universitario de la dependencia de la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación, dijo que el Ministerio hace unas exigencias a la hora de abrir una institución de inglés.
“Esta debe estar certificada en calidad” y añade que, desde esta cartera, los lineamientos tampoco son claros. “(..) Entonces es ilógico que a una institución la vayan a calificar si apenas está iniciando. Se supone que tiene que estar funcionando para que lo puedan certificar en calidad. Y uno dice, bueno, ¿y si lo damos y después viene el problema legal? Por eso es que en este momento los municipios no han podido legalizar instituciones de inglés”, explicó a 15 la funcionaria.
Frente a Asoinglés, Prada Bueno expresó que “la asociación solicita mayor control por parte de la Secretaría ante los cursos rápidos de inglés, porque le están quitando población a los formales”. Pero si los establecimientos a los que denuncia Asoinglés están registrados en la Cámara de Comercio y pagan sus impuestos, según lo establece la ley, no son considerados como ilegales, sino como centros de educación no formal.
Durante el lanzamiento de Asoinglés, Pertuz Quitián expresó: “vamos a trabajar fuertemente por mejorar la calidad de inglés en toda Colombia, al mismo tiempo que hacemos este trabajo, también podemos decir que le podemos dar una vuelta a este problema que hemos venido sufriendo durante tantos años con las empresas que trabajan la enseñanza del inglés de una forma ilegal”.
Por su parte, Setzer aseveró: “He estado en este país diez años, el texto no ha cambiado y dice que menos del 1% de los estudiantes cuando se gradúan tienen un nivel adecuado, si siguen los mismos programas que han seguido por siempre y nunca cambia, ¿por qué no hacen algo diferente? Porque es un monopolio, la secretaría de educación no permite otras voces. He estado leyendo el marco europeo y dice: estamos abiertos, no hay una fórmula para aprender, pero en este país hay una fórmula porque todos usan los mismos libros que no funcionan, los mismos programas y los estudiantes pierden, entonces en este lugar aunque es “ilegal” tenemos solo nativos, un ambiente adecuado, lo que queremos es celebrar conversación, ese es el programa y si somos ilegales, entonces ilegal es la mejor manera.”
Teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista, la persona que quiera tomar un curso para aprender el idioma extranjero está en la libertad de escoger la empresa que lo oferta, considerando que los sitios no oficiales emiten constancias de estudio y los oficiales certificados del nivel que cursaron (los últimos son válidos en universidades). Sin embargo, es el cliente quien decide, de acuerdo a las características en cuanto a intensidad horaria, método de enseñanza, clases personalizadas, entre otras.
Por Isabella Quintero Valencia
mquintero369@unab.edu.co
