La inclusión laboral de la población en condición de discapacidad, una lucha que persiste en Santander
A pesar de la creación de políticas a favor de esta población por parte del Gobierno Nacional, es para ellos todavía difícil acceder a un empleo. Limitaciones de contratación e infraestructura, entre las principales causas.
Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Justicia y del Derecho, viene trabajando en distintas acciones que buscan cambiar la mirada frente a las personas en condición de discapacidad. Lo que se busca, especialmente, es que se pueda garantizar el cumplimiento de sus derechos al igual que los demás.
Una de las iniciativas para favorecer a esta población es liderada por las universidades Externado de Colombia y Los Andes, que se basa en la formulación de un proyecto de ley sobre el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas en condición de discapacidad y el libre acceso a los organismos de asesoría jurídica, la cual tiene previsto presentar en 2017 ante el Senado de la República.
El Ministerio de Justicia y del Derecho también trabaja en la capacitación en lenguaje de señas a diferentes entes como las notarías, las procuradurías, las personerías y las defensorías del pueblo, con la intención de brindar las garantías necesarias para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder sin ningún problema a los servicios que brindan.
Es importante conocer que por medio de la ley estatutaria 1618 del 27 de febrero del 2013, el Senado de la República sancionó que se establecieran las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y que las universidades, especialmente las facultades de Derecho, juegan un papel importante no solo en la formación de los futuros abogados, sino en los procesos de acceso a la justicia y de asesoría jurídica a la personas con discapacidad logrado convocar a 43 de estas facultades en 15 municipios del país, entre los que se encuentra Bucaramanga, con el fin de adelantar este trabajo conjunto.
Una de estas iniciativas fue el Foro Regional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, organizado por el Ministerio de Justicia y el Derecho, la Red Universitaria de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Rundis) y el Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
María Graciela Iglesias, juez de familia de Argentina, quien compartió la experiencia en su país en cuanto a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Aseguró que su deseo por trabajar con esta población nació al momento de defenderlas y darse cuenta que el ordenamiento jurídico interno del país argentino no daba las herramientas necesarias para ejercer esa defensa.
Fue cuando acudió a las herramientas que la Constitución que su país le otorgaba para crear un cambio en el tema de inclusión.
“Abrí las puertas de mi juzgado, para mantener un contacto cercano y directo con la gente, y de esta manera ir construyendo actos para luego crear sentencias acordes con la población discapacitada”, contó la juez.
Inclusión laboral a discapacitados A pesar de que el Gobierno Nacional dibuja una situación favorable frente a las personas en condición de discapacidad, la realidad es otra.
Actualmente, el promedio de traductores de lenguaje de señas en Colombia es de 5 profesionales por ciudad. /FOTO ADRIÁN JOSÉ JAIMES TORRADO
El Periódico 15 habló con el coordinador de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad, Henry Murillo Salazar, quien expresó que “en Santander no es un ejercicio fácil encontrar un trabajo siendo discapacitado”.
Entre los obstáculos que existen para esta población está el desconocimiento de los empresarios frente a las excepciones tributarias para sus empresas a la hora de emplear a una persona con discapacidad.
“Ellos le tienen miedo contratar a discapacitados porque somos vistos como personas enfermas. Son pocas las instituciones públicas que están dando ejemplo con la vinculación laboral de personas en esta situación”, comentó Murillo Salazar.
El representante también asegura que existen otro tipo de limitaciones, especialmente las relacionadas con los sitios de trabajo, como son las de carácter arquitectónico, ya que no existe en todos los lugares los accesos correspondientes para ellos, y en muchas partes donde se encuentran no responde a lo dicho por la norma, donde estipula que las rampas deben tener de ancho un mínimo de 0.90 milímetros y con una pendiente máxima de 12.5 grados.
También se enfrentan a las barreras de tipo cultural, ya que la mayoría de ciudadanos no los ven como personas con una discapacidad, sino como discapacitados.
Por último, la actitudinal, siendo la más fuerte y arraigada de todas las barreras, ya que no existen garantías de inclusión, porque los jueces, notarios y demás trabajadores públicos no tienen los conocimientos de cómo abordar a una persona con discapacidad, provocando muchas veces que sea la misma persona la que no haga efectivos sus derechos. Actualmente no existen políticas públicas a favor de esta minoría, ya que existen ejemplos como el caso del Palacio de Justicia de Bucaramanga que posee los baños para discapacitados en el segundo piso, teniendo en el primer piso baños diseñados para personas que no tienen discapacidad.
Martha Yaneth Torres Gómez, de la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad (Amdis) de Barrancabermeja, dijo que hasta el momento no se está generando inclusión de manera adecuada. “El empleador tiene temores al contratarnos porque piensa que debe hacer ajustes razonables en el lugar donde nos vallamos a desempeñar.
Para Torres otro de los problemas es el imaginario popular, al pensar que esta población no está preparada profesionalmente para desempeñarse en el campo laboral, creando de esta manera limitaciones inminentes en ellos a la hora de conseguir empleo.
“A pesar de las limitaciones existentes, entramos en la dinámica de concertar la adecuación de los espacios existentes a un diseño universal donde todas las personas puedan acceder en las mismas condiciones, en un principio de equidad e igualdad en los espacios tanto de infraestructura física como de inclusión social”, concluyó la representante de Amdis.
