La informalidad laboral en Colombia sigue siendo uno de los temas sobre la mesa cuando se habla de los principales problemas del país. Y es que desde 2012 hasta 2018 la cifra ha disminuido solo un 4 % según la Medición de Empleo Informal y Seguridad Social realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) en 23 ciudades y áreas metropolitanas.
El último boletín emitido, el cual evaluaba los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, reveló que las ciudades que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta (70,6 %), Sincelejo (65,7 %) y Santa Marta (65,1 %). Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales (38,3 %), Bogotá D.C. (42,1 %) y Medellín (42,9 %). Bucaramanga se posicionó en la mitad con un 55,4 %.
Son muchos los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga que han salido adelante con empleos informales, por ejemplo, Lorainy Navarro López, de 33 años de edad, de los cuales dos los ha dedicado a trabajar en un puesto de empanadas llamado “Los herederos”, ubicado en el barrio La Cumbre, en Floridablanca.
Las razones por las cuales trabaja de manera informal las define como “la necesidad de mantenerme, pagar arriendo, hacer mercado, pagar el colegio de mi hijo y servicios. Cosas que no me alcanzaría ganando un salario mínimo como ganaba antes trabajando con un contrato laboral”.
En 2009 validó bachillerato en el Colegio Técnico Vicente Azuero y luego entró a estudiar Mercadeo y Ventas en Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), sin embargo, no culminó sus estudios por cuestiones laborales. Su objetivo para 2020 es montar su propio negocio de comida o bebidas que inicialmente será informal, por temas económicos, pero su intención es formalizarlo.
En cuanto a la medida de sanción del Código Nacional de Policía a los vendedores que invaden el espacio público, Navarro aseguró que no es la solución “porque dicha persona deja el trabajo unos días y luego lo retoma, porque no tienen más opciones”.
Pero ella no es la única. Bajo unas gafas oscuras y un uniforme de vigilancia se esconde “El Paisa” o raramente conocido como Serafín Medina. Tiene 40 años y gran parte de su vida (17 años) la vivió en Antioquia. Seguramente por eso su acento y a la vez su apodo.
“El Paisa” vive en el norte de Bucaramanga desde 2012, y hace seis años su entrada económica estable es ejercer la seguridad independiente: “En Medellín tuve un trabajo en ganadería con la empresa Colanta, estuve trabajando dos años y luego me echaron por lo que tuve que rebuscármela de una u otra manera”.

En la capital santandereana cuida carros, motos y demás vehículos que se parquean frente a la carrera 31 #32-45. Allí fue donde Medina encontró la salida y el sustento diario que le ha servido para tener casa propia, moto, cumplir con responsabilidades del hogar y dar estudios a sus tres hijos. Cursó hasta primaria y tampoco cuenta con un curso de seguridad, sin embargo, le gustaría hacerlo y trabajar más adelante con maquinaria pesada o en construcción.
Haciendo referencia a la sanción, Medina opina que estas restricciones no son justas y tampoco la solución, ya que son seres humanos que trabajan por necesidad y tienen que “pagar una multa cuando uno no tiene ni siquiera para darle un bocado de comida a sus hijos”. Asimismo, asegura que gracias a su actual trabajo fue que en diciembre pudo dar empleo a tres personas más.
Tintos, aromáticas, café y chocolate

Cuando de sobrevivir se trata, la edad es lo de menos, un ejemplo de ello es Edilia Ruiz González, de 54 años, quien todas las noches se viste con un delantal blanco y lleva a unas cuadras de su casa un carro de mercado en donde deposita los termos de tinto, aromáticas, café con leche, gomas de mascar y cigarrillos que vende en una esquina a taxistas y demás personas.
En esta labor Ruiz lleva 17 años y las razones de esto son que “nunca me ha gustado ser empleada y siempre he trabajado de independiente. Una vez estuve dos años empacando harina para la empresa Molinos el Águila y ahí sí tenía contrato”.
Este no es su primer empleo de manera informal, antes lo había hecho vendiendo chance y limonada en Cartagena. Asegura que no hace esto (vender tintos) porque le gusta o porque sea su pasión, sino que la necesidad la obligó. Estudió hasta séptimo grado y considera que no le ha hecho falta terminarlos. Su actual labor le ha ayudado a costear los servicios, mercado, pagar pensión y, además, recalca que “con la venta independiente con eso fue que levanté a mis hijos”.
A la hora de hablar de la penalidad del Código de Policía considera que no es justo porque el salario mínimo vigente no alcanza para nada y que las personas tienen derecho al trabajo.
¿Qué pasa con la economía?
Anteriormente se había hablado del último boletín emitido por el Dane sobre las cifras de informalidad en el país, siendo Manizales, Bogotá y Medellín las ciudades con los índices más bajos, pero, ¿por qué?
Para Jhon Alexis Díaz Contreras, director del programa de economía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), es porque Bogotá y Medellín concentran gran parte de la industria nacional por lo tanto hay más oportunidades de que se generen mayores contratos laborales formales.
Asimismo, a las empresas también les resulta fácil caer en la informalidad. “A las empresas un empleado les equivale aproximadamente a 1,5 veces el salario mínimo porque no es únicamente este pago sino todas las provisiones que representa, lo cual vendría siendo otro salario mínimo.
Entonces, en lugar de esos cuatro millones para un solo empleado mejor pago tres de un millón trecientos mil pesos mensuales cada uno. Y pues la empresa yo creo que se hace esa pregunta y hay algunas que terminan tomando la decisión. ¿Está mal? Por supuesto, pero las empresas hacen esas cuentas”, aseguró Díaz.
También alegó que el mercado laboral y la dinámica de la economía colombiana se prestan para que cada vez sean más personas las que se ven obligadas a trabajar en la informalidad y de una u otra manera ganarse el sustento diario. “No creo que sea una decisión de la persona volverse informal, a todos les gustaría tener un empleo con unas muy buenas condiciones: primas, cesantías, aportes a salud. Cuando no lo tienen, es la misma persona quien termina asumiendo estos gastos”, añadió.
A largo plazo esta modalidad afecta a la economía del país en la medida que las pensiones futuras se sostienen con el aporte de los empleados formales. Entonces, si son en menor cantidad los que están aportando, en el futuro no se va a poder sostener a los que se vayan pensionando y es por esto que se cae en las discusiones de la edad de pensión, el aumento de impuestos, etcétera.
A la hora de plantear soluciones, Díaz Contreras acudió a la posibilidad de, por un lado, la simplificación del sistema tributario principalmente a las empresas. Es decir, bajando impuestos y haciéndole más fácil y barato el proceso de formalización, o por otro lado, sanciones más contundentes a la informalidad.
Por Lina Matilde Horta Bernal
lhorta@unab.edu.co