La interminable historia de un ‘falso positivo’ ocurrido en Santander

Por Luis Álvaro Rodríguez Barrera / lrodriguez669@unab.edu.co

Jhon Edison Cardozo Quiñónez (34 años) no olvida ese viernes 19 de octubre de 2007 en que unidades del Ejército mataron a su hermano Julio César y a su socio José del Carmen Barbosa Patiño, en zona rural de Piedecuesta.

Del lugar pudieron escapar él y Edison Montañez Ferrer: dos sobrevivientes de un caso de ‘falsos positivos’, una práctica de asesinato de civiles presentados como guerrilleros o delincuentes muertos en combate por parte de miembros del Ejército Nacional.

Según el informe ‘Colombia, deuda con la humanidad 2: 23 años de falsos positivos (1988-2011)’ del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), desde 2002 hasta 2010, años de gobierno del expresidente –y hoy senador por el partido Centro Democrático– Álvaro Uribe Vélez, hubo 1.211 víctimas de las 1.741 registradas en ese documento.

Después de los hechos, tuvieron que pasar once años y nueve meses para que la Corte Suprema de Justicia condenara a 48 años de prisión a cada uno de los ocho militares implicados en el caso: el sargento viceprimero Gustavo Adolfo Osorio Giraldo, al cabo segundo –hoy sargento viceprimero– Manuel Cruz Yule Mensa, y a los soldados profesionales Pedro Jesús Torres Wilches, José Antonio Hernández Ríos, Luis Modesto Barrios Argüello, Wilson Gómez Alvarado, Edison Santamaría Figueroa y José Marcemiliano García Bernal.

Todos ellos pertenecían al escuadrón Grupo Localizador de Cabecillas (Gruloc) de la Compañía A del batallón de Ingenieros Francisco José de Caldas, adscrito al batallón de la Quinta Brigada de Bucaramanga. Según los militares los hechos ocurrieron en el desarrollo de la misión táctica ‘Ozono’, realizada entre las veredas Chucurí y San Isidro -ambas pertenecientes a Piedecuesta- para contrarrestar el robo de vehículos en la vía Bucaramanga- Málaga.

Según el fallo de primera instancia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, ante las constantes quejas de la comunidad, se realizó un consejo de seguridad en el que se abordó el tema. Allí el Ejército fue avisado de los casos y la alcaldesa de Santa Bárbara (2004-2007), Carmen Rosa Jaimes Jerez, solicitó mediante oficio el acompañamiento de esa institución, elemento que no tiene responsabilidad jurídica alguna con el proceso.

El periódico ‘Nuestro diario’ –hoy Q’hubo– fue el único medio que registró lo ocurrido. A tres columnas y sin fuentes citadas presentó a los fallecidos como delincuentes y N.N. que se enfrentaron al Ejército. Jhon Edison aún guarda en su maletín el recorte con la noticia escueta, desdobla con cuidado la página 4 y clava sus ojos en las fotos que los militares le suministraron al diario. Tirado en medio del pastizal, así aparece en la imagen el cuerpo de su hermano y mejor amigo: Julio César. Según ese medio, dos granadas de mano y dos revólveres, de calibres 32 y 38, fueron hallados junto a los fallecidos.

La Corte señaló que si bien Julio César Cardozo Quiñonez portaba un revólver ‘Smith Wesson’ calibre 38, lo hacía con su respectivo salvoconducto, otorgado por la Quinta Brigada, pues los hermanos Cardozo Quiñonez prestaban servicio de escolta al abogado William Cristancho Duarte, a la postre defensor de las víctimas en ese proceso.“Salió en la prensa como subversivo, los nombraron como N.N….Nunca nos llamaron para confirmar si era él, se quedaron con lo que les dijo el Ejército”, dice Jhon Edison.

Aunque haya tenido que cambiar cinco veces de ciudad y no pueda pasar tiempo con su familia por las constantes amenazas que recibe, Jhon Edison solo tiene una obsesión: limpiar el nombre de su hermano muerto. Sentado en la mesa de una cafetería donde relata su historia, recuerda que su mamá le pedía explicaciones; ese día prefirió no llamar a sus padres, quienes insistían y le pedían razón de su hermano; aún no asimilaba lo ocurrido.

En el fallo, de 94 páginas, la Corte consideró como consistentes los testimonios entregados por los dos sobrevivientes, voces que habían sido aminoradas en primera y segunda instancia. “No es indispensable exigirles mayor precisión o exactitud en cada uno sus narraciones (sic) dada la magnitud del episodio así como la angustia y zozobra que debieron asumir ante las lesiones causadas”, añade la Corte.

Los hechos

Los cuatro campesinos salieron a eso de las tres y cincuenta de la mañana del casco urbano de Piedecuesta para visitar la finca La Primavera en la vereda Chucurí, ubicada a un costado de la vía Bucaramanga-Málaga. Viajaban en un Fiat gris de placas BUI-410, en el que transportaban insumos para los cultivos de mora
y pitahaya que tenían en sociedad. Como la trocha se ponía dura, pues había llovido la noche anterior,
y el barro no iba perdonar la falta de una camioneta 4×4, estacionaron el automóvil en la entrada de la escuela La Vega sede Chucurí.

Jhon Edison recuerda lo tranquila que transcurría la conversación mientras caminaban al borde de la carretera llena de charcos; iba lamentándose de haber llevado tenis en lugar de botas.

Metros antes de tomar el desvío para subir a la finca, el ruido de ráfagas de fusil los aturdió y acabó de tajo la charla. En medio del desconcierto y sin saber de dónde provenían los disparos, intentaron correr.

“¿Qué pasó, hermanito?”, fueron las últimas palabras que Jhon Edison escuchó decir a Julio César en medio de las balas. Jhon Edison corría agazapado: dos proyectiles alcanzaron a rozarlo, uno en la pierna derecha
y otro en el brazo izquierdo. En medio de la adrenalina, trepó a un muro de piedra que queda al lado de una cascada, aún no entiende cómo llegó allá, pero lo hizo y pudo esconderse durante dos horas de los militares. En medio de matorrales y del rastrojo, intentaba pasar desapercibido; lo buscaban con insistencia.

Llegadas las 11 de la mañana, calcula él, siguió caminando; manaba sangre de ambas heridas e insistentemente llamaba desde su celular a las autoridades, pues en su calidad de desmovilizado del Eln y exinformante del Gaula del Ejército, recordaba la línea 147, perteneciente a esa última institución y que memorizó desde sus tiempos de colaborador. De allí le respondieron y dice que le pedían una ubicación exacta. Como no sabía dónde había terminado, no tuvo más remedio que continuar a pie hasta recibir una mano amiga.

Fue entonces cuando algunos campesinos de la vereda lo encontraron tirado en el piso, con las heridas descubiertas. Desesperado le contó a la comunidad lo que vio: unos hombres de camuflado les dispararon; había perdido el rastro de sus otros tres compañeros. Con cierto temor, la gente le dijo que los únicos que estaban por ahí eran los del Ejército. Luego de atenderlo, decidieron subirlo a una moto para dejarlo en la vía principal y así pudiera salir de la zona.

‘¡¿Cuáles camuflados?!’

Esa misma noche, mientras lo atendían en la Clínica Chicamocha sede González Valencia de Bucaramanga, un miembro del CTI de la Fiscalía, que adelantaba los trámites de los hechos, se acercó y le comentó sobre lo ocurrido en la mañana: el Ejército reportó unas bajas en ese sector. Jhon Edison se negaba rotundamente a creer en la versión oficial.

— ¡¿Cuáles camuflados, cuáles combates, cuáles bajas?! Si yo iba ahí — dijo Jhon Edison alzando la voz, con rabia, antes de estallar en llanto. A ese mismo agente le preguntó por las descripciones físicas de los fallecidos, aún guardaba la esperanza remota de que fuesen otros los muertos.

— Un señor de bigote y otro de brackets, respondió el agente
— Es él, el de brackets — asintió Jhon Edison.

En los hechos, fueron asesinados su hermano Julio César y su socio José del Carmen Barbosa Patiño.

El papeleo

El 18 de noviembre de 2010, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Piedecuesta legalizó la captura del sargento viceprimero Osorio Giraldo y de los soldados profesionales Barrios Argüello y Gómez Alvarado.
Tres meses después, el Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga legalizó las órdenes de captura contra el cabo segundo Yule Mensa y los soldados profesionales Santamaría Figueroa, García Bernal, Torres Wilches y Hernández Ríos.

El 23 de agosto de 2012, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga absolvió a los militares y aclaró que este no era un caso de ‘falsos positivos’. “Para la época de los hechos se descubren verdaderos falsos positivos que conmovieron y siguen conmoviendo al país, no podemos generalizar ni adecuar los actos de los militares a ejecuciones extrajudiciales, mas (sic) cuando existe un interés económico de por medio, donde aquí desde un comienzo se ha querido tener este beneficio”, puntualizó
el juzgado en el documento de 87 páginas, firmado por la jueza Floreddy González Sánchez.

Ese despacho sostuvo que la operación fue desplegada de manera idónea. “Ellos simplemente cumplieron con un deber funcional cumpliendo una misión táctica legalmente legítima y creada con las formalidades legales, donde no se avizora un obedecimiento arbitrario”, sostiene la sentencia absolutoria de ese juzgado; decisión confirmada el 30 de junio de 2015 por el Tribunal Superior de Bucaramanga.

Luego de esa decisión, el sargento viceprimero Osorio Giraldo dio declaraciones al periódico Vanguardia Liberal sobre los hechos. Periódico 15 replica el testimonio del militar entregado a ese medio. “‘El 19
de octubre de 2007, mientras mis subordinados y yo realizábamos operaciones tácticas en zona rural
del municipio de Piedecuesta, nos encontramos con dos subversivos y les dimos de baja, sin embargo, la Fiscalía nos incluyó dentro (sic) de la investigación por una aparente ejecución extrajudicial de dos personas’, dijo el suboficial”.

En esa misma nota, el comandante del batallón de apoyo número 5, coronel Luis Gutiérrez dijo: “El Juzgado tomó la decisión de absolver de los cargos que se le imputaban a los ocho militares, que presuntamente habían asesinado a dos campesinos, en la vereda Chucurí de Piedecuesta en octubre de 2007”.

En una nueva instancia, el 14 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia admitió el caso y el 29 de mayo de 2019 emitió la sentencia en donde condenó a cada uno de los ocho militares a 48 años y tres meses de prisión. Frente a esta sentencia quedaba la posibilidad de la impugnación especial, es decir, una nueva instancia.

En este último pronunciamiento del 26 de junio de 2019, la Corte decidió remitir el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que sea este ente quien decida sobre el caso. A pesar de esto, hizo la salvedad de no pronunciarse sobre la condena emitida en mayo de este año. “De otra parte, la sentencia con la cual esta Sala revocó la absolución de los acusados, dispuso librarles orden de captura, la cual, a la fecha, se encuentra vigente”, puntualiza el documento.

Pese a la sentencia de la Corte, según Jhon Edison Cardozo, los responsables de la muerte de su hermano están libres, lo que le impide estar tranquilo. Por su parte, el abogado de los militares, Yecid Leonel Pérez Sánchez, responde que sus defendidos están esperando la respuesta de la JEP, pues los ocho uniformados presentaron solicitud formal de sometimiento a esa justicia especial. Según confirmó Pérez Sánchez a Periódico 15, los dos de mayor rango permanecen en la institución, mientras que los otros seis soldados
profesionales se encuentran en sus casas pues fueron retirados de sus cargos.

¿Una o dos granadas?

Uno de los primeros elementos que la Corte Suprema de Justicia destaca en sus consideraciones, es el reporte entregado por Osorio Giraldo cuatro horas antes de que llegara el CTI de la Fiscalía para realizar el levantamiento. En esa diligencia, uno de los explosivistas halló una granada al interior del pantalón de Julio César Cardozo Quiñónez, hecho que llamó poderosamente la atención de la Corte, pues en el informe
inicial militar reportaron dos granadas. A interpretación de la Corte este escenario tenía dos explicaciones: alguien introdujo la granada en uno de los bolsillos del pantalón de Julio César o negaron haber manipulado el cadáver.

Líneas abajo, el máximo tribunal sostuvo que la versión más cercana a la realidad era la primera. “Para la Sala, la teoría que mejor se ajusta al contexto de lo sucedido es la primera ya que con añadidura del citado
elemento, la historia de una respuesta ponderada a un ataque violento procedente de un grupo delincuencial se vería robustecida y admisible; de igual forma, la comprobación de estos dispositivos hacía más probable
la vinculación de las víctimas a una organización al margen de la ley”, reza el documento en su página 17.

Según Osorio Giraldo ninguno de los militares tocó los cadáveres. Parte de la solicitud del mecanismo de impugnación especial, entregada por el defensor de los militares, Pérez Sánchez, sostiene que es un error de apreciación pues, según él, la copia del libro de Centro de Operaciones Tácticas (COT) es clara en decir que los militares sólo reportaron el hallazgo de una granada.

¿José del Carmen disparó o no?

El informe de la químico forense María Constanza Moya Jiménez, tuvo como resultado negativo sobre la presencia de residuos de disparo en el cuerpo de José del Carmen Barbosa Patiño. Aunque para la Corte este elemento no es concluyente, sí permite contextualizar la situación, teniendo en cuenta que sirve para probar o no, la existencia de un combate propiciado por los civiles contra los militares. En ese sentido, la Sala dice que, ante la ausencia de restos de la detonación de disparos en las manos de Barbosa Patiño permite ver que la tesis de la Fiscalía cobra sentido: la inexistencia de un ataque de los civiles a los militares.

Sumado a esto, la Corte agrega los resultados de los informes sobre las vainillas de bala encontradas en el lugar de los hechos: 25 municiones de los militares, 4 de un revólver calibre 38. No obstante, ninguna coincide con el arma que supuestamente accionó Barbosa Patiño.

Lo que se logró aclarar

Tres situaciones claves en los fallos y que en su momento fueron utilizadas en contra de las víctimas y de los sobrevivientes, finalmente fueron aclaradas. Una de ellas se relaciona con la finca La Primavera. En el fallo de primera instancia, el Juzgado no le confiere mayor credibilidad a la versión de la existencia de los cultivos de mora y pitahaya en la finca de los padres de Edison Montañez Ferrer, en su lugar prefirió considerar “que posiblemente para la época de los hechos estos no existían”, reza ese fallo.

Frente a este argumento, la Corte consideró que hay razones de peso para afirmar que, en efecto, esa parcela pertenece a la familia Montañez Ferrer desde 1995, doce años antes de los hechos. “También se confirmó la presencia de plantación de mora y pitahaya”, agrega la Corte.

Durante los doce años del proceso judicial, también se dijo que las víctimas eran delincuentes. Para ello, en primera instancia se presentaron testigos que aseguraron haber sido víctimas de robos por parte de los muertos. Para la Corte, esas versiones carecían de argumentación pues no había denuncias previas contra los fallecidos por el delito de hurto.

Asimismo, los testimonios de los militares, en los que se señalaba el número de municiones utilizadas durante el supuesto enfrentamiento, no correspondían con la cifra entregada por el informe de gasto de munición presentado como prueba, ya que, si bien se afirmó que el soldado Hernández Ríos disparó cinco cartuchos de los 25 de fusil reunidos por el CTI, el informe comprobó que en realidad el fusil de este uniformado disparó nueve balas más de lo reportado previamente.

Sí fue un ‘falso positivo’

La Corte reconoció que la presencia de los militares en las veredas Chucurí y San Isidro estaba vinculada con la operación ‘Ozono’, que tenía como objetivo contrarrestar actividades delincuenciales. Sin embargo, aclara que esa justificación no les permitía actuar como lo hicieron: “…tal marco legal no los facultaba para arremeter contra la población civil que si bien podía suscitar alguna desconfianza por la cantidad de personas y hora en la que transitaban, no constituía razón suficiente para acometer contra sus vidas y mucho menos pretender hacerlos pasar por miembros de bandas criminales”, dice la Corte.

Jhon Edison destaca que la noticia del fallo condenatorio significó un alivio, pero abrió un nuevo capítulo en su vida y en la de su familia, pues también se fueron otras cosas en medio de los ires y venires del proceso judicial. «Quería tener una finca, tener cultivos, ser alguien en la vida, ya tengo un hijo. Pero todoesto cambia bastante, un día estoy aquí y otro día estoy en otra parte «, cuenta Jhon Edison, mientras guarda el recorte de periódico en su maleta negra.

Sobre perdonar a los militares prefiere no hablar; dice que no solo le arrebataron a su hermano, sino la armonía de toda su familia, pues se siente amenazado.

«Cuando voy caminando y me encuentro un camuflado militar, inmediatamente el recuerdo se me viene a la mente, como cuando uno se pincha con una aguja», cierra Jhon Edison.

Doce años tuvieron que pasar para que la justicia fallará a favor de las víctimas y se reconociera que todo se trato de un caso más de ‘falsos positivos’. Ahora, el expediente del proceso reposa en la JEP, por lo que la historia se extiende.