Por Laura Nathalia Quintero Ariza

lquintero103@unab.edu.co

El páramo de Santurbán tiene una tradición minera de más de 450 años. Desde el hallazgo del oro en 1529 al 1610, se empiezan a ver los resultados del impacto ambiental en el ecosistema por el aumento de agricultura en las poblaciones indígenas y coloniales en estas fechas.

Según la línea del tiempo del Instituto Alexander von Humbolt, del 1500 al 1900 empiezan a aparecer erosiones en el ecosistema. Desde el siglo XX, los proyectos de megaminería empezaron a llegar, pero fue hasta el año 2000 en el que se contrapuso una tensión al discurso del desarrollo minero con el cuestionamiento de los movimientos sociales a los proyectos extractivos a gran escala.

El discurso de la conservación y protección de lo páramos se vio reflejado en el 2009 cuando la empresa de megaminería canadiense Greystar Resources (hoy llamada ECO ORO) presentó un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Angosturas” para explotar oro a cielo abierto en los municipios de Vetas y California, Santander. En este proyecto se utilizarían 230 toneladas de explosivos ANFO y 40 toneladas de Cianuro.

Un ejemplo de la minería a cielo abierto es El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, ha traído consecuencias a más de 100 comunidades y ecosistemas de La Guajira, 17 fuentes hídricas se han secado. En esta mina se extraen alrededor de cien toneladas de carbón y desde que empezó a operar en 1986 ha explotado 13.000 hectáreas.

La inconformidad con el proyecto de la Greystar, que pretendía extraer 11,5 millones de onzas de oro y al menos 40 millones de onzas de plata durante los próximos 15 años, se hizo sentir en las calles el 25 de febrero del 2011. Santurbán es la fuente hídrica más importante de la región con 293 especies de fauna, 457 variedades de flora y un complejo hídrico de 26 lagunas. Proteger la condición del agua, los suelos y generar planes para estas áreas es necesario. Por ello 30.000 ciudadanos marcharon en contra del proyecto de la multinacional canadiense.

A consecuencia de esto se le negó la licencia ambiental a la Greystar y en ese año, el Ministerio de Ambiente empezó la delimitación del Páramo de Santurbán, la que se expidió el 19 de diciembre con la Resolución 2090 de 2014.

Zona de exploración de la empresa Eco Oro. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS

“El agua es nuestro oro”

Una ola de manifestaciones por la protección del agua y el páramo se desató. Mayerly López, ambientalista y defensora del páramo, apunta que el proyecto de la multinacional canadiense “se iba a comer la montaña». Cuando se presentó el proyecto empezó todo el debate de las consecuencias y de la importancia del agua. ¿Qué prima más: el derecho fundamental al agua potable o el derecho de estas empresas? Empresas extranjeras, que se llevan toda la riqueza y nos dejan todos los pasivos ambientales”. 

En el 2012, en la Marcha Comunera del 16 de marzo, 20.000 ciudadanos se tomaron las calles. El 15 de marzo de 2013, se convocó la marcha ‘Cien mil voces por el agua’, una de las movilizaciones más grandes convocadas por el Comité del Páramo. Luego de que saliera la resolución 2090 que delimitaba el páramo, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y el Comité por la Defensa del Agua del páramo de Santurbán pusieron una tutela por la vulneración de los derechos de participación, que se convierte en la Sentencia T – 361 en 2017, en la que se pide rehacer la delimitación. A este año, 2022, aún siguen en las concertaciones con los municipios afectados por esta delimitación.

Antes de que la Corte Constitucional levantara la delimitación del 2014, se dio la “Gran Marcha por el Agua en Bucaramanga” por la conservación del páramo y en contra de la minería a gran escala. Ese 6 de octubre del 2017 se reunieron cerca de 65 mil ciudadanos. Cuarenta y un días después se levantó la resolución.

Movilización de octubre de 2017, una de las más concurridas, que convocó a santandereanos de las zonas de influencia del proyecto minero, Bucaramanga y el área metropolitana. / FOTO ARCHIVO PERIÓDICO 15

Megaminería y sus consecuencias ambientales a futuro

A pesar de la movilización social y las acciones legales que se han tomado, la minería sigue siendo el problema más grave en la agenda de Santurbán. Carlos Sotomonte dice que Santurbán es el ecosistema fundamental para el sustento de la vida y agua de esta región, en particular el área metropolitana de Bucaramanga que consume agua del río Surata, un río que está en riesgo frente a los proyectos megamineros como el proyecto Soto Norte de Minesa. 

Sobre esto también menciona que “los proyectos de gran minería tienen una enorme gravedad porque implican un altísimo impacto en un tiempo muy corto con daños a perpetuidad, como es el caso de la exposición de metales pesados como el mercurio, arsénico y en algunos casos hasta de uranio”. 

Actualmente en la zona hacen presencia 7 empresas de megaminería: Bodega Ventana Baja BVB S.A.S, CVS Explorations Limitada, Eco Oro Minerals Corp, LEO SOM, LEYHAT COLOMBIA SUCURSAL, SOCIEDAD MINERA CALVISTA COLOMBIA. Sin embargo, la que ha tenido mayor trascendencia ha sido Minesa – Sociedad Minera de Santander- que llegó al oído público en 2017 con su proyecto, de lo que sería la mina más grande en Colombia, “Soto Norte” y hasta la fecha no se ha ido.

La multinacional, bajo el respaldo del grupo empresarial Mubadala, ha presentado dos veces el estudio ambiental del proyecto. La primera vez en 2017 (desistió) y en 2019. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó definitivamente el proyecto en enero del 2021, esto quiere decir que la información entregada no era suficiente y da posibilidad a que se reformule o repita el trámite.

Minesa piensa explotar 9 millones de onzas de oro durante 23 años en una zona que no está dentro de la delimitación hecha en 2014, sino a 460 metros -sobre el nivel del mar- por debajo del límite actual del páramo. Esta zona está distribuida en seis municipios: California, Vetas, Suratá, Charta, Tona y Matanza en el departamento de Santander -Solo los dos primeros tienen tradición minera-.

Con esta operación se pretenden generar más de 4000 empleos directos e indirectos, 70 % serán de la región de Soto Norte. Juan Tavera, representante del Comité del Páramo dice que “empleos a costas de destruir el agua de 2.5 millones de personas, son los empleos más costosos del mundo. No podemos dejar que se afecte negativamente a la estrella hídrica de nuestra región. Esta delimitación lo único que hace es justificar y permitir que se pueda establecer la megaminería.  La bocamina está precisamente pocos metros abajo de la línea que establecieron”. 

Zona conocida como Angostura. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS

Ardila, ingeniero y consultor ambiental, describe las consecuencias de explotar zonas de páramo: “Ocasionaría daños en los ecosistemas, problemas de salud pública, mortandad por el agua contaminante, erosión, concentraciones de mercurio y arsénico en los cuerpos de la fauna y flora, especies como el frailejón no podrá cumplir con sus funciones y poco a poco el ecosistema se deteriora y se pierde”. 

Explica que al afectar zonas con contaminantes generados por distintos agentes químicos y explosivos que se usan al momento de la minera, generalmente mercurio y arsénico, se drenarían a los acuíferos y, finalmente, los contaminantes terminan en las cuencas de ríos importantes.

Añade que “la contaminación con metales pesados lleva años en recuperarse. Además, necesita esfuerzos químicos muy costosos para realizar procesos que atrapen esos metales, hablando de precipitación química, separación de sólidos, etc. El páramo no solo va a afectarse como ecosistema sino a nosotros como sociedad”. 

Él pone en perspectiva las ventajas que tiene Santander y sus alrededores por recibir el agua en la primera fase, pues se capta del Rio Suarez, una cuenca alimentada de nacimientos donde el agua no tiene altas concentraciones de contaminación: “Las comunidades que no cuentan con servicios de acueductos heredan agua de muy buena calidad por esto. Ahora recibimos el agua limpia, pero que después nos tendrán que subir al recibo del agua porque resulta que se debe agregar una nueva etapa de potabilidad del agua por la remoción de metales pesados”.

Protección y prevención: proyectos por el agua

En marzo del 2022, la Alcaldía de Bucaramanga dio inicio al proyecto de diagnóstico y restauración del ecosistema del Páramo de Santurbán en las 400 hectáreas compradas por el ente municipal en noviembre del año 2021. Estas hectáreas están ubicadas en la Vereda Monsalve, en el municipio de Suratá, donde nace el río Surata. 

Este año se empezaron a realizar recorridos de reconocimiento de las especies de fauna y flora que habitan estos predios y las situaciones que ponen en peligro al ecosistema y su recurso hídrico. A futuro, la subsecretaría de Ambiente y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) planean implementar estrategias de conservación del recurso hídrico y el ecosistema de Santurbán, para esto se está analizando la condición y calidad del agua, de los suelos, fauna y flora. Los predios adquiridos estaban sometidos a un uso intenso de actividades agropecuarias y mineras produciendo una degradación de estas tierras, sin embargo, aún tienen capacidad de recarga hídrica. 

Juan Tavera y Alice Mancilla, integrantes del Comité del Páramo de Santurbán, opinan que es bueno que este tipo de proyectos se realice, en especial, porque por algo se debe iniciar. Además, como dice Mancilla, “estos proyectos de compra de predios y estrategias se debían hacer desde hace años. Estaba en mora porque,  según la Ley 99 de 1993, las gobernaciones deben invertir no menos del 1% a la protección y renovación de los recursos hídricos”. Incluye que, de igual forma, el AMB tiene la obligación de invertir el 20% de sus ganancias para la protección del páramo desde el 2020, es decir, 8.000 millones se deben invertir en proyectos productivos de esta zona. 

Tavera añade que comprar estas hectáreas ayudan, pero no es suficiente. Se está pensando en proyectos cuando ya hay consecuencias graves, él dice que “no apuntan al problema inicial: la megaminería y pobreza de las comunidades, que son vulnerables para que lleguen estos proyectos que dañan el ecosistema. La dignidad pasa por el estómago, por eso se necesita ayuda institucional. Se necesita llegar con proyectos productivos que estén dentro del marco del desarrollo sostenible y le permitan a la gente vivir de eso, tener ganancias, pero que no agredan el medio ambiente”.

Universidad Autónoma de Bucaramanga