La Institución Educativa Villas de San Ignacio fue inaugurada el 29 de septiembre del año 2010 por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade. Lo que parecía ser una buena iniciativa para que los menores de la Comuna 1 se motivaran a estudiar, por la cercanía del colegio a sus hogares, se convirtió en un problema que Freddy Edgar Raguá Casas, coordinador municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd), solucionó de forma transitoria con el cierre del lugar en 2013. La razón, año y siete meses después de su apertura, la infraestructura presentaba graves daños, como deslizamiento del terreno y agrietamiento en paredes y pisos.
Dos estudios se han adelantado en el terreno para conocer cuáles son sus condiciones. El primero, hecho hace dos años, concluyó que la institución se había construido sobre un terreno con fallas geológicas. El segundo, de 2015, reveló que existe acumulación de agua en el subsuelo de la vía nacional que conduce a la Costa Atlántica.
Los 1.200 estudiantes matriculados en la apertura de la institución fueron trasladados a otros colegios como Santander, Maiporé y Club Unión. La situación no solo ha generado deserción escolar –especialmente por la falta de dinero de las familias para pagar el transporte a sus hijos-, sino rechazo por parte del estudiantado de las instituciones que los recibieron debido a que excluyen a los niños y adolescentes, por ser habitantes del norte de la ciudad.
La administración de Rodolfo Hernández Suárez parece avivar las esperanzas de la comunidad aledaña al sector, ya que como lo hizo el exalcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza, les aseguró que lo reabriría, no sin antes realizar un nuevo estudio técnico para conocer, de nuevo, cuáles son las fallas que presenta la estructura.
15 visitó el sitio, dialogó con la comunidad y con los encargados de dar solución al problema. Esta es una radiografía sobre lo que ha acontecido con esta institución educativa desde su apertura y cierre que completa 33 meses y 28 días.
Así iniciaron las labores
En 2009, mediante un convenio entre la Alcaldía de Bucaramanga, el Ministerio de Educación y el Fonade, se construyó un ‘megacolegio’, que beneficiaría a 1.300 niños de los barrios Villas de San Ignacio, Bavaria I y II, bajo la administración de Fernando Vargas Mendoza, quien hoy está inhabilitado por 11 años.
Un lote abandonado fue la contribución del municipio para la construcción de esta obra. El Ministerio de Educación dio el diseño, la construcción y alrededor de tres mil millones de pesos. Fonade contribuyó con la interventoría y la Alcaldía de Bucaramanga dio el terreno.
En septiembre de 2010, Fonade entregó esta institución a la comunidad; sin embargo, hasta febrero del siguiente año las puertas de este sitio se abrieron. El lugar no contaba con agua, gas, alcantarillado ni luz. Además, no estaba encerrado, lo que generaba inseguridad para los alumnos, ya que la obra está situada junto a la vía nacional. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector, Darlid Frías Barrios, afirma que el colegio fue entregado sin cafetería ni canchas. “Nos entregaron solo la obra con los salones”, comenta.
La institución educativa contaba con tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. Cabe resaltar que también funcionaba como semestralizado para adolescentes y adultos, los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde, y domingos en la misma jornada matutina.
Pese a la falta de servicios públicos, los alumnos debían estudiar. Al inicio manejaban dos horarios. Para básica bachillerato era desde las 6:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, y la básica primaria de 1 a 5 de la tarde. Por la carencia de electricidad permanente en los 24 salones, y sus alrededores, los estudiantes de la jornada de la tarde no completaban las 25 horas de estudio semanales, como está reglamentado en el artículo 2 del Decreto 1850 de 2002.
Durante el tiempo que estuvo funcionando se construyó un cerramiento, en 2012, para así evitar que algún menor tuviera un accidente con los vehículos que transitan frecuentemente por la carretera. Esta inversión fue de alrededor 415 millones de pesos, que involucró también una red de acueducto. Las zonas de cafetería y canchas no se instalaron por falta de presupuesto. Hasta el año 2012, el agua la proporcionaban los Bomberos de Bucaramanga.
Según testimonios de la comunidad, la infraestructura presentaba pequeñas fisuras al poco tiempo de entrar en funcionamiento. En agosto de 2012, se presentó agrietamiento en las paredes y pisos. La líder de Villas de San Ignacio etapa siete afirma que un muro se cayó y lastimó a un niño en un brazo. Sin embargo, Pedro Díaz, arquitecto de la Secretaría de Planeación, sostiene que “eso no es cierto, porque si un muro se hubiera caído, no hubiera lastimado al niño sino que hubiera pasado algo más grave”.
Wilson Motta Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Planeación, justifica el cierre temporal por “problemas de deslizamiento en la vía nacional, que generó un efecto en el colegio de levantamiento de pisos y desplazamiento de algunos muros”. Esto fue motivo que llevó a la Oficina de Gestión de Riesgos del Municipio dio la orden de cesar las labores académicas por prevención del plantel educativo.
El 15 de mayo de 2013 este plantel se inhabilitó. Según Holger Alfredo Cruz Bueno, secretario de Educación de Bucaramanga, “los estudiantes de allí, que son alrededor de 700 (matriculados), se movilizaron a otras sedes, como los colegios Santander, Maiporé y Club Unión”. De igual forma sucedió con los educadores.
Transporte, inseguridad y matoneo escolar
Luego de que los estudiantes de Villas de San Ignacio fueran trasladados a los centros educativos mencionados, se generaron varios problemas, como la movilización de los niños desde sus casas hasta los colegios, la inseguridad de algunos barrios y el maltrato hacia los estudiantes nuevos.
Al cerrar el recinto los estudiantes debían caminar hasta el barrio Café Madrid para tomar un bus urbano y llegar a la institución asignada, situación por la cual la mayoría de padres de familia estaban inconformes, ya que no contaban con 5.000 pesos diarios para transporte y refrigerio, sin tener en cuenta que la mayoría de familias tiene más de dos hijos.
Uno de los alumnos afectados, Carlos Alberto Torres López, dice que “por el problema del transporte, me retiré del colegio, dejé de estudiar porque se me dificultaba ir”. Otro de los motivos sigue siendo la falta de seguridad en algunas zonas, pues “hay un muchacho que se desnuda y tiende a perseguir a las niñas que van pasando”, asegura Frías Barrios.
Una de las soluciones de algunos padres de familia fue transportar a sus hijos en vehículos ilegales. Como consecuencia, un conductor ‘pirata’, en una ruta, les ofreció dinero a cuatro menores de edad, para que se prostituyeran. Por su parte, María Nelly Pérez comenta que “al cerrar el colegio, nosotros los del ciclo semestral duramos como seis meses sin ir a estudiar y nuestros hijos como dos meses. Después nos solucionaron lo del transporte”. En lo que va corrido del año escolar, los estudiantes salen a tomar el bus en grupos, según la Alcaldía desde el 14 de marzo la situación será solucionada.
Los niños, que hacen parte de los tres colegios asignados, no han mostrado buen trato a los que pertenecen a las 12 etapas del barrio Villas de San Ignacio, puesto que a veces los excluyen de actividades tanto educativas como recreativas.
¿Las razones? Algunos padres mencionan que maltratan a sus hijos porque son del norte. “Todavía se presenta el tema de que los niños, por lo menos, del colegio Santander están jugando en las canchas, y cuando llegan los otros niños (los reubicados) no los dejan jugar”, asegura la madre y presidente de la JAC.
Estudios con pocos resultados
Estos análisis geotécnicos, los cuales se adelantaron en la administración de Luis Francisco Bohórquez Pedraza. Uno de ellos se realizó en 2014 en cabeza del ingeniero Joel Díaz Pedraza. Con ese estudio la administración pasada gestionó recursos para el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) por 1.800 millones de pesos, que se invertirían en la ejecución de una primera etapa, que consiste en estabilizar el terreno, por medio de una pantalla de concreto anclada. Sin embargo, actualmente la Secretaría de Infraestructura está revisando los resultados.
En 2015 “se determinó que la infraestructura de la sede educativa y los salones, no sufrió ningún daño nuevo”, sostuvo el secretario de Educación. En un comunicado de prensa de la anterior Alcaldía menciona que en una reunión realizada el 19 de julio de 2014, el entonces burgomaestre ratificó la prioridad de la recuperación de esta obra, en caso de que los estudios geotécnicos –financiados por el municipio- arrojaran resultados positivos.
Según Carolina Rojas Pabón, exsecretaria de Educación de la administración de Bohórquez Pedraza, se conoció que existe “una posibilidad para reparar las fallas estructurales, con un valor de más de dos mil millones de pesos”. A pesar del compromiso ante la comunidad, y recalcar que esta obra sería prioridad para su gobierno, la reparación nunca inició.
Esta información fue difundida dos meses después de que el grupo de reacción inmediata de la Contraloría Municipal de Bucaramanga (el 22 de mayo de 2014) inspeccionara las instalaciones del lugar. César Camilo Hernández Hernández, contralor auxiliar para la Participación Ciudadana, manifiesta que esa inspección “se trasladó para la Contraloría General de la República, porque los recursos que se invirtieron vienen del orden nacional. Hemos enviado varias comunicaciones para seguimiento, pero todavía se encuentra en investigación”. Para esta revisión los auditores deben examinar cuál es el trasfondo de la situación, para comprobar si hubo o no daño fiscal y determinar en qué área.
¿Para cuándo?
Más allá de las visitas técnicas y de las intenciones de reabrir el ‘megacolegio’, como lo dio a conocer el secretario de Educación, Holger Alfredo Cruz Bueno, hace dos semanas, la comunidad pide soluciones. Por ahora, en los dos primeros meses de la administración de Rodolfo Hernández Suárez se han adelantado tres visitas técnicas por parte de los ingenieros Adrián Otero y Felipe Ardila, junto con el secretario de Educación del municipio y representantes del barrio, entre estos Darlid Frías Barrios.
A pesar de los estudios existentes, la delegación de la Alcaldía insiste en revisar de nuevo el estado en el que se encuentra la estructura, para, una vez más, emitir un concepto técnico sobre si existe la posibilidad de que con algunas adecuaciones se habilite de nuevo el colegio. Cruz Bueno lo reitera: “Estamos esperando el informe de este estudio técnico para que nos diga de qué manera se afectó y cuáles serían los trabajos de adecuación”.
¿Cuánto demoraran los nuevos estudios? Al respecto, los funcionarios de la Alcaldía no dan una fecha definitiva. 15 conoció que la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) tiene planeado adelantar una jornada de limpieza en los alrededores de la institución y las áreas comunes, ya que como se aprecia en las fotografías, la maleza ha crecido en las grietas. Se espera que se adelante el 20 de abril; no obstante, la entidad no lo confirma.
Por María Cecilia Badillo R.
mbadillo178@unab.edu.co
