Aún en tiempos de pandemia, los adultos mayores enfrentan cada mes el reto de recibir el subsidio que el Gobierno nacional les aporta, aunque saben de las adversidades que deben afrontar para conseguir esta ayuda.

Por Jesús A. Núñez

jnunez701@unab.edu.co

Hacia finales de cada mes e inicios del siguiente, 1 millón 698 mil personas de la tercera edad en el país, asisten a las instalaciones de Matrix, Efectivo LTDA. y Red Empresarial de Servicios SA. (Supergiros) a recibir el pago del subsidio al adulto mayor, según información del Fondo de Solidaridad Pensional

Esta acción, a cargo del Programa de Protección Social “Colombia mayor” se da con el objetivo de brindar un apoyo a la población de edad avanzada que se encuentra en condiciones económicas desfavorables, al no tener una pensión, vivir en las calles o en condiciones de pobreza extrema, a través de un giro mensual de 80 mil pesos, que para muchos de ellos es la única “entrada fija”.

Este programa se desarrolla en 1.107 municipios y tres inspecciones departamentales; para el caso de las mujeres, mayores de 54 años; y para los hombres, a partir de los 59 años. Pero la realidad demuestra que este objetivo de brindar protección al adulto mayor no se ejecuta de una manera adecuada y pertinente. 

Para solicitar la inscripción, el adulto mayor se debe presentar con la cédula de ciudadanía original y la fotocopia de la misma ampliada (al 150 %), en la Oficina de Atención al Adulto Mayor ubicada en cada Alcaldía. / FOTO JESÚS ANDRÉS NÚÑEZ

Un proceso tormentoso

En Cúcuta, los beneficiarios deben afrontar una serie de inconvenientes y obstáculos que incluso amenazan su integridad. Algunos, a pesar de su avanzada edad y limitaciones físicas, deben hacer largos recorridos, salir solo con un tinto en el estómago, madrugar y exponerse a tantos peligros en su trayecto para llegar al punto de pago; después, deben someterse a hacer largas filas: “Uno tiene que hacer cola, comer sol y apartar el tiempo. Llego a las 7:00 a.m. para hacer la cola y salgo a las 11”, afirma Bertha Muñoz, de 76 años, quien desde hace cinco recibe el subsidio.

La señora Muñoz afirma que su trabajo como vendedora ambulante se ha visto afectado por las medidas de prevención de cara a la pandemia, por lo cual, esta “ayuda” del Gobierno se ha convertido en su único ingreso fijo, y a pesar de reconocer el riesgo al que se expone, asiste cada mes a su cita en Servientrega (punto de pago). “Le toca a uno por la necesidad, quiera o no, me toca para pagar recibos. Como uno recibe esto, así tiene que darlo”.

La edad avanzada trae consigo quebrantos y complicaciones en la salud, y para estas personas, que cada mes deben salir de sus casas y hacer largas filas, representa un riesgo, además de las molestias que genera para ellos. Según el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (Rlcpd), en Colombia el 45 % de la población con discapacidad es mayor de 59 años, situación que para Xiomara Calderón, beneficiaria de 55 años de edad, le causa preocupación.

Calderón, así como otros 804 mil beneficiarios, se desplazaron para recibir el subsidio el pasado 1 de septiembre, según cifras del Fondo de Solidaridad Pensional. Para ella, las largas filas, que generalmente inician desde las 4:00 am, son la mayor dificultad para aquellos ancianos que tienen quebrantos de salud: “Aquí llegan personas discapacitadas, con muletas y caminadores, y tienen que hacer filas de cuatro horas, que le dan la vuelta a la manzana”. Afirma que durante los dos años que lleva recibiendo el apoyo económico, la situación no ha sido diferente, y espera que en algún momento “tengan prioridad con los más abuelos y enfermos”.

Blanca Alicia Rozo Leal, de 70 años, afirma que hace seis años radicó la inscripción al programa y aún no ha recibido respuesta. / FOTO JESÚS ANDRÉS NÚÑEZ

Acompañantes solidarios

Un gesto destacable es la actitud de solidaridad de algunas personas que conocen la soledad y abandono a la que está expuesta esta población. Ellos han tomado la iniciativa de acompañarlos cada mes, en esta travesía del pago del aporte del Gobierno. Este es el caso de la señora Doris Boada, quien durante cinco años ha acompañado a su vecino, el señor Antonio Jaimes de 81 años. 

Ella afirma que desde las 5:00 a.m. sale de su casa, junto con su vecino, para hacer a pie un recorrido de aproximadamente una hora; hacen la fila, y entre las 10 y 11 de la mañana reciben el pago e inician nuevamente el trayecto de regreso a su casa. Sostiene que durante estos años, al menos, una facilidad sería “que en cada barrio donde hay abuelos que cobran, pongan puntos de pago”, pues por experiencia sabe que muchos “no tienen familia o si la tienen, no se ocupan de ellos”. 

Estos gestos solidarios también se reflejan en la señora Sara Pérez, presidenta de la “Asociación de abuelitos de San Pablo” (ubicada en el barrio San Luis de Cúcuta), que acoge alrededor de 80 personas en situación de abandono y pobreza. Su labor se orienta a gestionar los trámites ante el Departamento Administrativo de Bienestar Social, para que salgan favorecidos en el programa del adulto mayor y accedan al auxilio económico. Además, ella acompaña a aquellas personas que viven “abandonados por sus familiares”.

El no cobro de manera consecutiva de cuatro subsidios programados es causal de la pérdida del derecho al subsidio. / FOTO JESÚS ANDRÉS NÚÑEZ

Las molestias por las largas filas y la exposición a la que se someten los beneficiarios, es compartida por muchos de ellos. Víctor Raúl Guerrero, de 68 años, afirma que durante los cuatro años que lleva en este programa, ha sido frecuente ver personas que asisten a recibir “las ayudas en silla de ruedas o con discapacidades y sin nadie dispuesto a ayudarlos”; por esto, espera que en algún momento “el Gobierno sea un poquito más consciente” y busque métodos de pago que se adapten a las condiciones de estas personas: “Uno debería tener la tarjeta y se soluciona todo esto, se acaban los malos momentos para los adultos mayores”, Afirma Guerrero.

Mientras esta población continúa cada mes su desplazamiento, motivados por la necesidad de cubrir con dicho aporte los gastos para su sostenimiento, anhelan que el Estado tome conciencia de esta realidad y busque otros mecanismos que garanticen una verdadera protección al adulto mayor en Colombia. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga