La zona rural y la cabecera municipal de Simacota, Santander, (provincia Comunera) fueron epicentros del conflicto armado en el Magdalena Medio, escenario de la violación sistemática de Derechos Humanos y de ataques a la población civil por parte de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y militares.
Hoy, esta región empieza a reconfigurarse de la mano de los que un día fueron sus pobladores, como parte del proceso de restitución de tierras. Algunos buscan regresar al lugar que los vio nacer, que los convirtió en campesinos y trabajadores de la tierra. La mayoría recuerda y confirma que fueron directa o indirectamente víctimas de la violencia subversiva y del Estado, que impactó en la organización social, las juntas de acción comunal y la lucha sindical, cuyas consignas pedían trabajo digno, desmilitarización de los territorios y respeto por la vida.
Todo se enmarcó en la disputa por la tierra, lo que los llevó a soportar castigos como el reclutamiento forzado de menores por las guerrillas de las Farc y el Eln. Algunos relatos de los afectados revelan que no tenían más opción que ‘casarse’ con estos bandos para evitar la muerte de familias enteras, pero en ocasiones esto no era prenda de garantía, ya que algunos padres desesperados por sus hijos, iban en su búsqueda y resultaban señalados y juzgados por paramilitares.
Los homicidios selectivos y el destierro operaban bajo la lógica de “traidores a la causa”: los campesinos que no querían pertenecer a ningún grupo terminaban señalados, incluso, cuando paramilitares y militares se enfrentaban con los guerrilleros en las fincas. Dependiendo de cómo le iba a cada uno en los combates, los propietarios quedaban ‘marcados’ por los actores armados.
Las investigaciones adelantadas por la Unidad de Restitución de Tierras de Santander y el Magdalena Medio como parte del proceso de revisión de las solicitudes, muestran que la alianza de militares con frentes como el ‘Isidro Carreño’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Ciro Antonio Díaz Amado, alias ‘Nicolás’, para combatir y acabar con las guerrillas, también estaban al servicio de los carteles del narcotráfico y de venta de gasolina, y pretendieron ocultar el destierro y la venta de propiedades bajo presión durante la década de los años 90, época en la que se sitúa el principal número de reclamaciones en la entidad.
La creación de este frente tiene como antesala el ingreso a las AUC de los jefes paramilitares Carlos Castaño Gil, alias ‘El Comandante’ y Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’, en el 2000. Además, su nombre rinde homenaje al inspector de policía de la vereda San Juan Bosco Laverde (Santa Helena del Opón), identificado como el pionero de los grupos de autodefensa en esta zona de Santander, cuyos integrantes recibieron entrenamiento por parte de militares durante los primeros años de la década de los 80.
El asesinato de líderes sociales y de activistas políticos eran prioridad para los paramilitares como forma de atemorizar a la ciudadanía. Según el relato de una víctima, “los paramilitares llegaban a las casas amenazando, nos decían que todas las personas que tuvieran más de 10 años viviendo en la región, que si la guerrilla no los había matado era porque eran cómplices o hacían parte de ese grupo”.
De vuelta a sus dueños
De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre los años 1961 y 1986 se dio el mayor número de adjudicaciones de predios a los campesinos de Simacota, durante la Reforma Agraria, como estrategia económica y social para favorecer a las comunidades campesinas que reclamaban terrenos baldíos y latifundios, entregados además por el desaparecido Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora).
Esto contrasta además con el conflicto y la violencia que se generó por parte de terratenientes, quienes, motivados por la falta de expropiación de los terrenos comprados por el Incora para la titulación de baldíos, regresaban a las fincas y ejercían presión, lo que finalmente llevaba a las comunidades a desplazarse y abandonar las tierras.
Llama la atención que extensiones de tierra que gozaban de protección especial por la riqueza hídrica, de biodiversidad y de calidad para la producción agropecuaria, amparadas por la Ley Segunda de 1959 como Zonas Forestales Protectoras y Bosques de Interés General, pasaron a manos de los labriegos y terratenientes antes de que el conflicto armado estallara. Cuando este recrudeció, llegaron a manos de los paramilitares de los bloques de las AUC por medio del despojo, y a terceros por compras que no alcanzaban ni el 30 % de su valor real en el mercado.
Como parte del proceso de restitución de tierras, los afectados han solicitado les sean regresadas. Esto llevó a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial entregara a Restitución de Tierras, vía proceso de sustracción, dichas zonas, que, según Fabio Andrés Camargo Gualdrón, director de la entidad territorial, permitirán a los campesinos restituidos no solo regresar al lugar que siempre les perteneció, sino adelantar todo tipo de proyectos productivos.
Sin embargo, Camargo Gualdrón recalca que hoy día una parte significativa del terreno sustraído, no presenta las condiciones de biodiversidad que los caracterizaba: “Lo que se debía proteger en materia medioambiental, ya no existe. Hemos encontrado expansión de la frontera agrícola y la deforestación”. A
unque es paradójico, los informes de microfocalización adelantados por la Unidad también han mostrado que con la influencia de los actores armados, algunos bosques aún permanecen resguardados de la mano del hombre. No obstante, lo que sí se puede constatar es que “lo que certifican las corporaciones autónomas regionales no es lo mismo que se ve en el terreno”.
La sustracción más grande de Colombia
Por medio de la resolución 1518 del 14 de septiembre de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial levantó la restricción que tenía como reserva forestal protegida 30.508 hectáreas del bajo Simacota, las cuales hacen parte de las 2’125.559 que comprenden la Reserva Forestal del río Magdalena.
Esta reserva, como seis más (ver recuadro), cuentan con la protección especial de la Ley Segunda de 1959, sancionada “para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre”.
de la Unidad de Restitución de Tierras de
Santander y el Magdalena Medio.
Para levantar la restricción a las hectáreas mencionadas, técnicamente se adelantó un proceso conocido como sustracción, identificado en el ámbito nacional como el más grande hasta ahora adelantado en el país. Su finalidad es permitir que allí se puedan adelantar procesos de restitución jurídica y material por parte de la Unidad de Restitución de Tierras de Santander y el Magdalena Medio, para reparar a las víctimas de la violencia y del despojo que dejó el conflicto armado.
Camargo Gualdrón afirma que no es común ni fácil avanzar en las sustracciones, ya que se requieren de estudios técnicos, conocer en detalle la biodiversidad. Además, reconocer que fueron regiones azotadas por el conflicto, y que de una u otra manera, estuvieron custodiadas por grupos al margen de la ley, y que pasaron a manos de particulares que las han explotado pese a las restricciones legales del gobierno.
En las 30.508 hectáreas sustraídas en el bajo Simacota, previamente se presentaron entre 2014 y 2016 un total de 141 reclamaciones. De estas, 38 están en etapa judicial (presentadas ante jueces de restitución); 22 más se encuentran en etapa administrativa (recepción y análisis de las mismas), y una ya cuenta con sentencia, es decir, una persona ya fue beneficiada, en diciembre de 2017.
Se trata de un expresidente de Junta de Acción Comunal, cuya propiedad restituida se encuentra en la vereda El Paso, quien tuvo que huir con su familia tras el hostigamiento de los paramilitares, en los años 80.
“Lo demás, 80 restantes, fueron descartadas del proceso de restitución. Los 38 predios que están en etapa judicial suman 1.725 hectáreas de las sustraídas. Las restantes las utilizaremos para atender otras reclamaciones y hacer entrega a reclamantes predio a predio en municipios como San Alberto, Aguachica, Cimitarra y Landázuri”, aseguró Camargo Gualdrón.
Asimismo, el funcionario menciona que las siete zonas de reserva forestal, ubicadas en el Parque Nacional Natural Cocuy, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de los Motilones, el Pacífico y la Amazonía, representan el 48 % del territorio nacional.
Añade que una extensión significativa de la Reserva Forestal del río Magdalena (cuya zonificación y ordenamiento está contemplado en la resolución 1924 del 30 de diciembre de 2013), cercana al Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, ha tenido una alta intervención por parte del hombre y su adjudicación no ha sido controlada por los entes que tienen la competencia de protegerlas.
“A pesar de que estas zonas han sido cobijadas por la Ley Segunda de 1959, han sido entregadas durante más de siete décadas por el Incoder, hoy Agencia de Tierras, a campesinos que las han explotado, y las han convertido en zonas para la ganadería y la agricultura, especialmente”, comenta el director de la Unidad.
Por Xiomara K. Montañez M.
xmontanez@unab.edu.co
