Los habitantes del asentamiento Asomiflor, ubicado en la finca Suratoque por la Transversal Oriental del municipio de Floridablanca, llegaron a invadir este lugar hace 12 años, exactamente el 16 de septiembre de 2006. Así lo recuerda Noemit Orejuela Ramírez, madre cabeza de hogar, oriunda de la vereda Tres Bocas (San Pablo, Bolívar) y una de las primeras en habitar este asentamiento junto a sus seis hijos.
Esta mujer asegura ser víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que la desalojaron a ella y su familia de una finca en la que vivían, asegura que recordar los días en los que se tomaron este terreno levantado entre edificios y conjuntos residenciales modernos le remueve los sentimientos. Y esto se refleja en sus ojos color verde y su voz entrecortada: “Son cosas que a uno le dan mucha tristeza, venir desplazado por la violencia y luego ser desalojado con sus hijos y que el gobierno no lo apoye, duele”.
Todo comenzó el 6 de septiembre de 2006 cuando cien familias fueron desalojadas de otro asentamiento en La Cumbre. Orejuela cuenta que los echaron a la calle por fuerzas del Esmad, que, además, les quitaron y destruyeron las pocas pertenencias que tenían. Fueron momentos desoladores, comenta esta mujer, “destruyeron los ‘ranchitos’, pasamos hambre y frío”, añade.
El 16 de septiembre, a las 9:00 de la noche, llegaron a Asomiflor y levantaron los cambuches con lo que quedó del anterior asentamiento. Así se han establecido, en medio de la precariedad, ilegalidad y vulneración de derechos, como algunos aseguran. No cuenta con vías, servicios públicos, puestos de salud, zonas recreativas y deportivas para los niños.
Pedro Antonio Cleves Rubio, representante legal y habitante de ese barrio, explica que la mayoría han sido desplazados por la violencia, que conviven familias de Antioquia, Chocó y la costa Atlántica, incluso, de comunidades indígenas del Sinú. No obstante, las madres cabeza de familia son las que más preocupan.
Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2018 más de 30.517 personas fueron desplazadas de manera interna en Colombia, cifra que se suma a las 7,7 millones que fueron desplazados entre 1985 y 2002, cuando hubo mayor número de personas en situación de desplazamiento como consecuencia del conflicto armado.
Limitación en los servicios públicos
El acceso a los servicios públicos es precario. Cleves Rubio explica que las comunidades tienen horarios establecidos para bañarse y lavar la ropa: cada dos o tres días, dependiendo de la cantidad de agua que recojan, tienen media hora para asearse. “Le hemos pasado varias cartas al Acueducto de Bucaramanga, pero no nos dan respuesta y menos una solución”, dice Cleves.
Orejuela complementa que en 2007 les dieron un contador de agua, pero eran 180 familias. Ahora no da abasto: “Estamos coordinando con la Asociación de Población de Víctimas y Vulnerables Suratoque Unido, Apvivsur, que es una asociación que está conformada por los cinco asentamientos de esta finca Suratoque”.
Por medio de esta asociación fundada por los mismos miembros de la comunidad se espera gestionar, además, que la empresa Metrogas brinde el servicio de gas y que el Acueducto de Bucaramanga les proporcione un contador más para que logren abastecerse.
Pese a que cuentan con el servicio de luz prestado por la Electrificadora de Santander (Essa) a través de un contador recargable para cada familia, que consta de una tarjeta que contiene un número serial para realizar la recarga, que se puede efectuar en puntos como Baloto, juegos y apuestas La Perla o en los puntos autorizados por la Essa, después del pago les proporcionan un pin, el cual deben registrar en el medidor de cada contador. Este líder comenta que la comunidad no paga a tiempo, y casi siempre, terminan no usándolo.
Oportunidades laborales
La mayoría de los hombres se emplean como vendedores informales, auxiliares de carga en las plazas, también como obreros de construcción; a su vez, las mujeres laboran en el servicio doméstico en diferentes casas de familia, venden productos en las calles, realizan labores manuales y artísticas que son aprendidas en cursos ofertados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). El desempleo es un factor frecuente en la comunidad. La falta de educación restringe las capacitaciones que el Sena lleva debido a que solo mujeres cabeza de familia pueden postularse y según Cleves Rubio, el 20 % de los habitantes del asentamiento no tiene empleo, generando inestabilidad económica, social y familiar.
Legalización
“Como comunidad no nos cansamos de luchar para que se logre este proceso, se han hecho los respectivos trámites; sin embargo, siempre hay inconvenientes y dicen que no está en manos de ellos la solución”, comenta Cleves Rubio. Y afirma que “la ayuda por parte de los entes gubernamentales ha sido escasa y lo poco o mucho que tenemos en la comunidad, como vías de acceso y demás, han sido por cuenta de nosotros como habitantes del asentamiento”.
Diana Paredes, arquitecta encargada de la legalización de los asentamientos del municipio de Floridablanca, explicó a Periódico 15 que Asomiflor se encuentra en suelo de expansión urbana con tratamiento de desarrollo, por lo cual la figura de legalización no se emplea. “Solo aplica para los barrios en suelo urbano o rural que estén en tratamiento de mejoramiento integral en modalidad de reordenamiento. No se puede tratar debido a que es propiedad privada”, declaró Paredes.
También expuso los requerimientos para comenzar la legalización de un asentamiento y añadió que dicho proceso inicia ya sea por parte de la administración o por parte del urbanizador, los propietarios o un implicado dentro del asentamiento.
“Deben traer una carta donde se describa la intención de legalización a la oficina de la Secretaría de Planeación, junto con los certificados de libertad y tradición. Asimismo, la carta catastral, con los planos de topografía y la propuesta urbana, para la entrega de las áreas de sesión. A su vez se hará un estudio detallado de amenaza y riesgo, el cual nos sirve para saber cuáles viviendas pueden ser legalizadas y cuales no, de acuerdo a la vulnerabilidad, análisis de la amenaza y riesgo de las mismas”, concluyó la arquitecta.
Por Geraldine Rojas Pérez
grojas577@unab.edu.co
