A corte del 31 de diciembre de 2015, las Entidades Prestadoras de Salud, EPS, registraron una deuda de 195 mil millones de pesos a la red pública hospitalaria de Santander. El asesor de salud de la Gobernación, Wilson Peña González, afirma que “hay una gran dificultad en materia de atención. Hay colapso en todos los hospitales públicos del departamento”.
Se suman otros 77 mil millones que la administración departamental también debe cumplir con el pago de atención de la población pobre no asegurada y que, según Claudia Amaya Ayala, secretaria de Salud de Santander, solo tienen 4.100 millones para saldarla. Estas deudas perjudican la prestación de un buen servicio a los usuarios, pues como lo expresa el defensor del Pueblo, Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, “si las EPS no tienen plata, pues van a estar siempre tacañeando los servicios de salud”.
El 3 de marzo se llevó a cabo la última mesa de saneamiento para llegar a un acuerdo en cuanto al pago de las deudas a las Instituciones Prestadoras de Servicio, IPS. Después de cinco días de reuniones se firmó un acuerdo, en el que los representantes de las EPS se comprometían a pagar solo 2 mil millones de pesos. Según la secretaria de Salud, esta cifra es mínima, respecto a las aspiraciones que tenía el Departamento. Además sostiene que desequilibra el sistema, pues se continúa con el círculo vicioso de la crisis hospitalaria.
Esta reunión se realizó gracias a la Circular 030, que es un mecanismo para encontrar dónde está el dinero, cuáles son las deudas y quiénes deben qué. Hicieron presencia la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo departamental. Asi como también funcionarios de las IPS y EPS como el presidente de Saludvida, Juan Carlos López Aguilar, una de las entidades que tiene problemas en los municipios de Vélez, Mogotes, San Joaquín y Barrancabermeja.
El procurador delegado, Carlos Arturo Meza, manifestó que la cartera, que es propiedad de la Gobernación, no debe ser solamente responsabilidad de los departamentos sino que también debe ser de la Nación. Para cumplirlo, “se está discutiendo el proyecto de ley 077, en el Senado de la República, que ordena a la Nación ayudar de forma obligatoria y solidaria a cubrir el pago del no POS”.
Salidas para solventar las deudas
La Secretaría de Salud se reunió el 4 de marzo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, para solicitar un financiamiento a nivel nacional. Se espera que “el 10 % -649 mil millones de pesos- de la venta de Isagen (comprada en un 57,6 % por el fondo canadiense Brookfield), que va al Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia, Fopep, y ver cómo están los pasivos pensionales, si están cubiertos o no, para que nos permitan un desahorro”, expresa la Amaya Ayala. Sin embargo, ve esta posibilidad como distante.
Otra ventana que se abre es el proyecto de ley 077, que busca establecer herramientas para el saneamiento de las finanzas del sector salud y también el flujo de recursos. Como tercera solución está “mirar saldos de vigencias anteriores que, inicialmente no se podrían utilizarse para pagar deudas, pero que el Ministerio de Hacienda podría avalarnos la utilización de esos recursos para cancelar”, finaliza la funcionaria.
Hasta el momento no hay claridad de dónde saldrán los recursos que se necesitan. Se descarta la posibilidad de que el Departamento solicite un préstamo para pagar, puesto que, según Claudia Amaya, se estaría abriendo un hueco mayor, incurriendo en unas tasas de interés de una deuda que va a tener que pagarse más adelante.
Las deudas perjudican el servicio a los usuarios
En la reunión que se realizó el 9 de marzo, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación junto con la Supersalud, los representantes de las EPS, IPS y los usuarios del sistema manifestaron sus inquietudes.
A Laura Isabel España Moreno, gerente de la ESE Nuestra Señora de las Nieves (Los Santos), le preocupan las liquidaciones de las EPS, ya que Solsalud quedó con cuentas pendientes a las IPS, al igual que Coomeva. “Se quedaron sin pagar dineros y eso afecta los riesgos en salud en Santander”, manifiesta.
La gerente del Centro de Salud de Páramo, Nelsy Rocío Vega, ha enviado varios oficios a los entes reguladores correspondientes, ya que tienen contratos desde 2009 sin liquidar. “Tenemos que seguir atendiendo a los pacientes, con o sin plata. Las ESE tenemos que seguir asumiendo la salud de los colombianos”, ratifica la administradora del centro médico.
La ESE Hospital San Pedro Claver de Mogotes también presenta inconvenientes. La gerente, Estrella Rodríguez, comenta que “tenemos la situación con Saludcoop que nos adeuda bastante (alrededor de 33 millones) y que, sencillamente, entró en liquidación”. El defensor del Pueblo le solicitó ayuda a la Procuraduría General de la Nación para que inyecte otros 500 mil millones de pesos. Aclaró que el dinero no se destinaría a las EPS, sino directamente a los hospitales. Lo anterior se debe a que la mayoría de las cuentas están embargadas.
Edwin Hernández Díaz, un bumangués de 33 años, diagnosticado con síndrome de devic, patología autoinmune que consiste en la inflamación secuencial y periódica del nervio óptico y la médula espinal, es uno de los pacientes afectados por esta situación. Esta enfermedad se considera como huérfana que, según la Ley 1392 de 2010, son aquellas “crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas”.
Coomeva, la EPS, no le ha suministrado varios medicamentos que necesita para las quimioterapias. Su esposa, Silvia Juliana León Barajas, completa 20 meses interponiendo acciones de tutela para que un juez dicte sentencia a su favor y su esposo pueda recibir el tratamiento. León Barajas resume su situación en la siguiente frase: “enfermarse en Colombia es un crimen”.
Por el momento, sus amigos iniciaron una campaña para recolectar fondos y que Hernández Díaz pueda viajar a Argentina para ser tratado en el Instituto de Inmuno Oncología Dr. Ernesto J. V. Crescenti. Según cuenta León Barajas, la institución emitió un diagnóstico y su esposo es apto para recibir tratamientos experimentales, los cuales tienen un costo aproximado de 25 mil dólares, que en pesos equivale a casi 76 millones.
Por María Cecilia Badillo R.
mbadillo178@unab.edu.co
