Según el Ministerio de Salud, Santander es uno de los diez departamentos más afectados por el cáncer, según expresa Anyul Milena Vera Rey, subdirectora del sector de enfermedades no trasmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, un estudio territorial permitió identificar que la principal causa de mortalidad en la región es producto de las enfermedades cardiovasculares seguida de los tumores malignos.
Asimismo, otra investigación realizada a finales del 2016 por el Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud, liderada por la Unab, logró detectar un alza en la detección y números de casos: Se registró un total de 16.864 casos de los cuales 8.500 son relacionados con el cáncer de piel.
Si bien los pacientes deben luchar contra la enfermedad, uno de los principales obstáculos que tienen que enfrentar son las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). De acuerdo con Yaneth Rocío Díaz Cadena, trabajadora social de la Liga Santandereana Contra el Cáncer (Lscc), a pesar de que la instituciones como estas se encarguen de detectar la enfermedad y remitir a los pacientes a su respectiva EPS, dichas instituciones terminan retrasando el tratamiento hasta el punto que la situación de la enfermedad ya es crítica, por lo cual, a la hora de intervenir ya es tarde.
“Realmente los tratamientos sí los hacen las EPS, pero cuando ya se convierten en pacientes de alto costo, de manera que la efectividad de los tratamientos no es tan óptima como se espera”, recalca Díaz Cadena.
La organización Amigos del Cáncer de la Fundación Oftalmológica de Santander – Clínica Carlos Ardila Lülle (Foscal), es una de las instituciones que más personas con cáncer atiende en la región oriente del país. Con cerca de 850 pacientes tratados desde su creación en 2008, ha atendido denuncias que van dirigidas a las distintas EPS por parte de los pacientes.
Lyda Olarte Ortega, trabajadora social del lugar, asegura que los habitantes del campo son los más afectados por la negligencia de las entidades prestadoras de salud, pues en algunos casos la difícil situación económica, su lejanía a los centros de salud especializados e incluso el analfabetismo ocasionan que la desatención sea aún mayor.
En varios casos las EPS pueden autorizar la medicación, sin embargo, por ser de costos tan elevados, estas entidades solo autorizan mas no garantizan la realización del tratamiento. Esto genera que muchos pacientes acudan a fundaciones que además les facilitan el transporte, alojamiento y alimentación, que son además las mayores demandas.
Héctor Emilio Jurado Patiño, paciente de 50 años diagnosticado con cáncer de garganta, vio su tratamiento truncado justo al ser detectado con la enfermedad, pues la Nueva EPS negó inicialmente en más de una oportunidad la orden de tratamiento hasta el punto que su estado es muy avanzado. Junto a su madre María Olivia Patiño, llegó a la mencionada fundación para encontrar una pronta solución a su problema.
“Afortunadamente hay muchas fundaciones que ‘meten la ficha’ por uno en las EPS, personas como nosotros que vivimos en el campo, sin recursos, y con la falta de atención de estas entidades se hace muy difícil llevar esta enfermedad”, afirma la madre del paciente.
La tutela, una tabla de salvación
Según la Defensoría del Pueblo, 615 mil acciones de tutela fueron interpuestas en 2016, de las 152 mil (24 %) fueron por incumplimiento en materia de salud. Santander ocupó el quinto lugar en el ámbito nacional como uno de los departamentos que más concentró dichas acciones jurídicas.
Es por esto que algunos pacientes aseguran que el mecanismo es una especie de “ángel guardián”, y que sin él no habrían logrado sus tratamientos.
Tal es el caso de Claribeth Rangel Saldaña, madre de José Joya Rangel, de 12 años, quien fue diagnosticado con un tumor en su ojo izquierdo a los 6 años. Rangel Saldaña asegura que a pesar de que su hijo ha logrado salir adelante con la enfermedad, fueron necesarias cuatro acciones de tutela para que la EPS HumanaVivir (liquidada en 2013) hubiera podido colaborarles con el servicio de medicamentos, asignación de citas, prótesis y el trasporte a Medellín, ciudad donde se le practicó el tratamiento. “Todo con las EPS es con presión, es un tire y afloje, son mañanas y noches esperando su consideración, por eso hay que presionarlas con uso de herramientas como la tutela para llamar la atención de dichas entidades”, afirmó la madre.
Natalia Espinosa Cáceres, de 26 años, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, manifestó que a pesar de no lle gar a presentar inconvenientes con su EPS, tuvo la necesidad de instaurar una tutela para acelerar su tratamiento, el cual vio negado inicialmente por inconsistencias en el convenio entre las instituciones promotoras de salud (IPS) y su EPS. “Últimamente las EPS se encargan de retrasar las autorizaciones y los tratamientos, por lo que son los mismos afectados los que deben buscar sus propias rutas y métodos de poder acceder al servicio”, comentó la paciente.
La representante de los padres de familia de niños con cáncer en Santander, Jakeline Lizcano Medina, afirma ser una de las personas que más ha enfrentado a las EPS a nivel departamental por la falta de atención a pacientes.
“Quienes hacen parte de EPS como Sura y Sanitas tienen pocas quejas, son entidades muy eficientes y brindan un servicio completo; sin embargo, entidades como Cafesalud, Asmet Salud, Comparta y SaludVida son un verdadero viacrucis, pues solo juegan con la vida de los pacientes, sin importar su situación económica no brindan garantías para un buen servicio”, enfatiza Lizcano Medina.
Agrega que aunque la ley en Colombia expresa que los niños con cáncer no deberían tener ningún gasto, los padres han denunciado que las entidades solo se encargan de asignar y aprobar el tratamiento, y que deben cubrir los gastos de medicamentos y transporte. Además, recalca que muchos de estos niños reciben el aval de su EPS hasta cuatro meses después de ser diagnosticados, lo cual es de gran dificultad para los padres, ya que a la hora de ser tenidos en cuenta por las entidades el costo del tratamiento es elevado y la esperanza de vida se reduce a la más mínima.
“Los padres de familia estamos cansados que el Estado obligue a las fundaciones a ser las encargadas de lidiar con nosotros cuando los verdaderos responsables de la salud no solo de nuestros hijos sino de los pacientes en general son las EPS”, concluyó Lizcano Medina.
Una ‘rápida solución’
Desde agosto de 2016 se han efectuado en Santander distintosllamados de atención desde el Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabú), el Hospital Universitario de Santander (HUS) y otras instituciones de la red hospitalaria de Bucaramanga, en los cuales los pacientes han protestado por los 178 mil millones de pesos que las EPS les adeudan a los hospitales.
Es por esto que la Secretaría de Salud Municipal recomienda a los usuarios del sistema que tengan en cuenta el escalafón publicado en diciembre del año pasado, el cual se encarga de exponer las EPS que prestan mejor servicio de salud en Bucaramanga.
Según el profesional de apoyo en la coordinación y aseguramiento de la Secretaría de Salud de Bucaramanga Álvaro Gómez Mantilla, se llevó a cabo una inspección con formato de auditoría de las EPS y teniendo en cuenta componentes como las afiliaciones, sistema de Información y atención al usuario, discapacidad, farmacia, oportunidad, mejora continua, factor financiero, y promoción y prevención; se consiguió formular la lista final de EPS tanto de régimen subsidiado como contributivo.
Sumando los componentes con los que se evaluó en la auditoría se logró promediar un puntaje sobre cien puntos con los que se calificó cada una de las EPS participantes en la inspección.
El resultado de las encuestas puede ser consultado de forma virtual por el público por medio de la página oficial de la Alcaldía de Bucaramanga.
Por Sebastián Lesmes Patiño
Slesmes299@unab.edu.co
