Legalización de barrios de ‘Lucho’ Bohórquez: una jugada no tan bien hecha

El exalcalde de la ciudad, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, junto con el entonces secretario de Planeación, Mauricio Mejía Abello (hoy secretario de Infraestructura del departamento), lideraron la legalización de un total de 32 asentamientos precarios entre enero de 2013 y julio de 2015.

Actualmente, la mayoría de estos barrios, que al convertirse en parte del municipio pueden recibir inversión estatal, no tienen alcantarillado formal, acueducto, espacio público ni cuentan con equipamientos comunitarios.

Para poder llevar a cabo dicha legalización, que es un proceso mediante el cual la administración municipal reconoce la existencia de un asentamiento humano y regulariza sus usos y espacios públicos, la Alcaldía contrató en 2014 dos estudios de riesgo: uno para la zona norte y otro para la zona sur.

En el sur (sector de Provenza) todos los asentamientos revisados se encontraban en alto riesgo e incluso algunos de ellos estaban totalmente en riesgo, pero aun así, la administración decidió formalizar todo el sector y las obras de mitigación que recomendaron los Estudios Detallados de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Fenómenos de Remoción de masa e Inundación (Edarfri) para que no entraran en proceso de reubicación, siguen en el ‘papel’, ya que como lo afirmó el actual secretario de Planeación municipal, Claudio Fabián Mantilla Correa, “no hay dinero para dichas obras”. “Estamos estudiando las actuaciones de mitigación de riesgo porque la nueva Administración no cuenta con rubros para cubrir esos gastos, las regalías de Bucaramanga no alcanzan a ser dos millones de pesos, son millón quinientos mil pesos”, agregó.

Lo cierto es que de acuerdo con el documento oficial de barrios legalizados y costos de obras de mitigación conocido por 15, entregado por la misma Alcaldía, 20 asentamientos se formalizaron los días 21 y 22 de julio de 2015, fechas que encajan con el inicio de las campañas electorales del año pasado.

Legalizar a todo costo

Para abril de 2015 existían 236 invasiones en estado precario ilegales y el 7,8 % de la población vivía en urbanizaciones ilegales repartidas: 114 en Bucaramanga, 63 en Girón, 43 en Floridablanca y 16 en Piedecuesta.

Según el arquitecto de proyectos urbanos de la organización Citu Experiencia Local, Alejandro Murillo Salguero, existe una paradoja en estos procesos la cual ha hecho que haya una inercia institucional: entre más se legaliza, menos se otorga calidad de vida.

“La legalización es una cosa y luego está el protocolo de la escritura casa por casa para que, por ejemplo, puedan llegar los servicios públicos básicos. Ahora el municipio valida más el hecho del patrimonio de la gente en el que su casa ‘vale’, pero se quedan con el tema fiscal y administrativo de las posibilidades que les da esta política y la condición de vivienda y amenazas persisten, entonces se convierte en un juego”, explicó el arquitecto.

Para poder formalizar un asentamiento precario básicamente se necesitan dos cosas: que no haya sido constituido antes de 2003 y que no se encuentre en zonas de alto riesgo no mitigable, es decir, que ni siquiera haciendo muros, obras o pantallas, las personas ubicadas en estas zonas pueden continuar allí, por lo que obligatoriamente deben ser reubicados. Ese procedimiento es el que la Alcaldía considera “más costoso”.

Cabe aclarar que esta reubicación la hace el Estado con proyectos nuevos de viviendas gratuitas como el actual “Plan 20.000 Hogares” propuesto en el Programa de Gobierno del alcalde Rodolfo Hernández Suárez.

Contrario a lo que popularmente se piensa, los asentamientos precarios tienen dos orígenes: la invasión de predios y la urbanización pirata. La diferencia entre estos dos es que el primero surge cuando de manera espontánea se toma posesión de una propiedad (privada o pública) y con el tiempo se posesionan de la misma.

La piratería –que no solo se da en la movilidad de la ciudad– funciona cuando se consolidan escenarios al margen de la normativa de las autoridades municipales y ambientales en lotes ajenos o que están en amenaza.

“La piratería ha sido la protagonista en los últimos años. Es gente que coge lotes (sean de ellos o no), los parten y venden para que la gente autoconstruya a precios muy bajos”, afirmó Murillo Salguero.

Según la directora del programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, Yani Lizeth León Castañeda, en el año 2012 la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, pagó a Citu Experiencia Local un diagnóstico urbano de los asentamientos y barrios precarios que existían hasta la fecha en Bucaramanga y el Área Metropolitana.

En ellos, se revela que en el caso de los barrios precarios, que se diferencian de los asentamientos por su legitimación,
en la capital santandereana y Girón más de
 la mitad de ellos (un
57 %) ha sido por 
compra ilegal, en Floridablanca el 
porcentaje es de 
un 91,3 %, y en
 el caso de Piedecuesta, todos 
han sido producto de la piratería.

León Castañeda agregó que 
la solución no es
 legalizar todo sino
 crear políticas públicas 
que regulen y detengan el fenómeno. “Hay que mirar
 qué se puede mitigar y qué no porque el mensaje que están dando es que pueden urbanizar como sea y luego los van a legalizar, se les da licencia y el negocio sigue. Se volvió una cosa de palabra ‘legal’, pero las personas siguen en riesgo”, comentó la directora del Cómo Vamos.

Actualmente, el foco principal en el que se realiza esta actividad ilegal es en el sector sur, en Provenza. Paradójicamente fue en esta misma zona de la ciudad en donde ‘Lucho’ Bohórquez llevó a cabo más procesos de legalización. A su vez, es la zona de la ciudad en donde cuatro años atrás, el diagnóstico de Precariedad Urbana desarrollado por el Citu, advirtió acerca del peligro de habitar en barrios como lo son Luz de Salvación I y II, Villareal y Punta Paraíso.

“Si a mí, por ejemplo, me preguntan por Luz de Salvación II, ese barrio queda en el fondo de una cañada, desde el punto de vista de las normas geotécnicas ambientales, por lógica ahí no se puede localizar nadie nunca en ningún momento de la vida”, comentó el arquitecto de esta organización.

Oposición de la Cdmb

A pesar de que los procesos de legalización son responsabilidad única de los municipios mas no de las autoridades ambientales, “con la ley 1523 de 2012 la Corporación puede tener un papel de apoyo a las entidades territoriales en los estudios necesarios para la reducción del riesgo”, así lo afirmó el subdirector de Gestión y Riesgo de Seguridad Territorial de la Cdmb, Ronald Eduardo Rodríguez Mantilla.

También añadió que la entidad se opuso a la legalización de barrios en 2015 por falta de conocimiento de los estudios. “La oposición a la legalización de estos sectores fue porque no se conocían a fondo los estudios realizados por la Alcaldía de Bucaramanga y por eso no se pudo sentar una posición definitiva respecto a los riesgos de estos barrios”, dijo el funcionario.

El exsecretario de Planeación de la Alcaldía de Bohórquez Pedraza, Mauricio Mejía Abello, expresó que “antes la Corporación revisaba los Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo en Bucaramanga y el Área, pero hace más de seis años se acogió una norma nacional en la que se estipulaba que estas no eran las competentes para aprobar dichos análisis. Además, fue la Corporación quien metió a Bucaramanga en la amenaza”.

Esta afirmación tiene sus argumentos en que hasta el año 2010, toda la zona sur le pertenecía a la Cdmb, ya que era una reserva ambiental de 10.000 hectáreas. En ese mismo año, la Declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado, Drmi, hizo una actualización en la cual solo quedaron 4.984 hectáreas porque ya se encontraban habitadas y pasaron a ser del municipio.

Los estudios

Los dos estudios que se realizaron para legalizar, fueron entregados en abril de 2015. El del sur fue desarrollado por el ingeniero Julián Andrés Serrano Gómez, y el del norte lo hizo Camvhil S.A.S.

El Periódico 15, que solo pudo conocer los del sur porque la Alcaldía no quiso revelar los otros, constató que en ellos se realizó una categorización de la amenaza geotécnica y medidas de mitigación por asentamientos. Esto quiere decir que se miraron las amenazas de cada barrio, se propusieron unas medidas para aplacar el riesgo y fijaron el presupuesto de dichas medidas, que en este caso fueron de $103 mil millones de pesos, el doble de lo que costó una obra llamada “Cerro del Santísimo”.

De acuerdo con el análisis, el 82,63 % de los barrios legalizados actualmente se encuentran en zonas de alto riesgo. Esto representa un total de 519 mil 669 metros cuadrados, cifra que es equivalente a 74 veces el tamaño del estadio ‘Alfonso López’ de Bucaramanga.

Este es el resultado que se presenta antes de recategorizar la amenaza que, según muestran las imágenes (ver gráfico), cambiaría el riesgo en algunos de los barrios de la siguiente manera: tan solo la mitad de Luz de Salvación I alcanzaría a mitigarse, aun así, una tercera parte de la población (38,32 %) seguiría en amenaza alta. El resto continuaría en amenaza media; en Villareal solo un 55,60 % quedaría en amenaza baja, sin embargo, un todavía significativo 37,15 % de la población en estado de precariedad, seguiría, todavía con obras de mitigación cercanas al sector, en alto riesgo.

No obstante, la amenaza en barrios como Granjas de Provenza, Cristal Alto, y Brisas del Paraíso quedaría reducida en su mayoría (88,92 %, 77,38 %, 87,88 %, respectivamente).

Este porcentaje positivo solo llegaría a tener repercusión si las obras de mitigación se llevan a cabo. Para el área total del estudio, las zonas que quedarían con muros, pantallas y zonas hidráulicas, representarían, aproximadamente, la mitad de la población mientras que el 30,29 % del resto 
de los barrios, que suman alrededor de 11 mil metros cuadrados (el estadio Alfonso López tiene 7 mil) continuaría en ‘zona roja’.

La población
 afectada


El presidente de la 
junta de acción comunal del barrio Luz 
de Salvación II, Alirio Ramírez Martínez, expresó que la legalización se quedó en “proyectos”. “Todavía nos falta la nomenclatura, el alcantarillado, el acueducto con contadores domiciliarios y el gas natural, el único beneficio que hemos recibido es la posibilidad de tener derecho a ser un barrio”, dijo.

En cuanto al conocimiento que tienen los habitantes de este sector acerca del riesgo en el que actualmente se encuentran, Ramírez Martínez aclaró que están confiados en que con los estudios previamente realizados, la amenaza de la zona sur es “poca”

“Acá estuvo Planeación y nosotros salimos aptos para la legalización porque esta es una tierra firme, si esto no llega a ser así, el exalcalde ‘Lucho’ Bohórquez y Mauricio Mejía tienen una responsabilidad inmensa de lo que llegue a suceder”, concluyó.

Sin recibir contestación por parte de la actual alcaldía, Alirio Ramírez Martínez junto con el resto de los miembros de la junta, han presentado cartas a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas) y al mismo alcalde, datadas en enero y febrero de 2016, en las que solicitan la prestación del servicio de alcantarillado y otras obras, entre las ya nombradas, como escaleras para 20 peatonales, respectivamente.

La ‘cortina
 de humo’


Quien estaba encargado de la contratación de los estudios de mitigación de riesgo del proyecto de legalización de barrios en 2014 fue el arquitecto de la entonces Secretaría de Planeación, Luis Ernesto Ortega Martínez, quien fue cuota del actual concejal por el Partido Liberal, Henry Gamboa Meza. Al mismo tiempo, en las elecciones regionales del año pasado, su campaña política recibió el apoyo de Luis Francisco Bohórquez Pedraza.

En octubre de 2015, mes en el que se adelantaron los comicios, se habló acerca de la presencia constante de Gamboa Meza en los eventos en donde se formalizó la zona sur.

A su vez, este era el sector en el que el funcionario tenía más publicidad en comparación con el resto de la ciudad, ya que había conquistado su electorado, en su mayoría popular, gracias a la política de legalización. “El ponente de la legalización del barrio fue el ingeniero Henry Gamboa Meza”, así lo manifestó Alirio Ramírez Martínez.

Sobre si la legalización es o no un tema netamente político, el exsecretario de Planeación, Mauricio Mejía Abello dijo: “Esto es una política de gobierno y cada mandatario mirará si quiere acogerla o no”.

La única manera de poder contrastar la calidad y pertinencia de dichos estudios es, de acuerdo con Alejandro Murillo Salguero, “analizando con otros estudios que examinen lo mismo, si la investigación fue hecha a cabalidad o no”.

Por ahora y desde el punto de vista legal, la Alcaldía tiene el tema resuelto, aunque en el Con- cejo habrá un debate de control político para conocer en detalle los estudios. Hasta el momento la legalización de barrios de ‘Lucho’ Bohórquez dejó más interrogantes que respuestas, y más problemas que soluciones.