Luego de ocho meses de gestión, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, declaró que las deudas del municipio alcanzan una suma que la ciudad, con sus ingresos actuales, no está en capacidad de asumir.
La cifra se dio a conocer en el último estudio de análisis de finanzas, hecho por el economista Mauricio Cabrera, en el cual se registra un déficit de $304 mil millones, saldo en rojo que Hernández atribuye a los huecos fiscales que dejó la administración de Luis Francisco Bohórquez y que a la fecha no se han podido saldar.
Ante el panorama que se presentó en el balance, Rodolfo Hernández no ha parado de denunciar que la capital santandereana “está en quiebra” por causa del despilfarro de dinero que se hizo en el cuatrienio anterior y que dejó como saldo la suma de $150 mil millones en deudas.
La primera cifra que subraya el estudio son los $181 mil millones de cuentas por pagar en tesorería, que son las que se deben saldar al finalizar el año, renglón seguido hay $18 mil millones que se adeudan desde 2014, y un pasivo pensional de $7 mil millones.
Finalmente, dentro del monto de deberes monetarios a corto plazo que tiene la ciudad, hay $75 mil millones correspondientes al recaudo de valorización, crédito y convenios que nunca se recaudaron. Esta cifra deberá ser asumida con dinero propio del municipio.
A falta de plata llegaron los embargos
Debido a que el déficit deben cancelarse antes del 31 de diciembre de 2016 y que los $220 mil millones de ingresos anuales con los que cuenta la Alcaldía, resultaron insuficientes para asumir esta diferencia, los acreedores comenzaron a hacer llegar sus demandas y embargos al despacho por facturas que tienen hasta un año de vencimiento.
Según la secretaria de Hacienda, Olga Patricia Chacón Arias, la Alcaldía se ha dedicado durante estos ocho meses a pagar “cuanto se ha podido”, y aseguró que se han cancelado un total de $104 mil 500 millones que no estaban contempladas dentro del déficit, pero que por tener vigencia de pago hasta diciembre de 2016, debían ser canceladas. A este monto le sumó $36 mil millones cancelados por concepto de las denominadas “megaobras” que se iniciaron en la administración anterior.
Pese a que Rodolfo Hernández dijo que en esta gestión se está trabajando con un 37 % menos de personal que en la anterior, y que se han reducido los costos en viáticos y pasajes aéreos innecesarios, el ahorro no se ve significativamente representado, por lo que según él, es necesario acogerse a la Ley de Reestructuración de Pasivos, para evitar más demandas y embargos.
Ley 550 o ‘ley de quiebra’
Al conocer las cifras ya mencionadas, el alcalde Hernández Suárez aseguró que Bucaramanga se acogería a la ley 550 de 1999, coloquialmente conocida como ‘ley de quiebra’, con el fin de dar solución a las deudas con vigencia ya expirada.
Lo que lograría el municipio, una vez cobijado por esta norma, es alcanzar un acuerdo adscrito entre el ente territorial y sus acreedores con el fin de reorganizar los montos por pagar y cancelarlas en un tiempo definido. Según Chacón Arias, una de las ventajas que se obtendrían sería la reorientación de rentas que tienen destinos específicos, pero que por no estar comprometidas se pueden redestinar para pagar saldos pendientes.
La solicitud de la Alcaldía no tardó en despertar comentarios en los concejales. Por parte de la bancada liberal, el concejal René Garzón expresó que Hernández “no quiere pagar” y que son necesarios más argumentos para que el Concejo pueda aprobar. De otro lado, Edison Oviedo, del partido Cambio Radical, aseguró que el Alcalde tiene razón y esta “es la única manera de evitar los embargos”.
Para ser cobijados bajo esta ley, el Alcalde de la ciudad debe solicitar al Ministerio de Hacienda su intervención para que las cuentan pendientes sean blindadas y así se congelen los embargos en tanto que se generan acuerdos de pago. Olga Chacón fue enfática en afirmar que Bucaramanga “no pierde autonomía en su gobierno, porque lo que hace el Ministerio es acompañar el proceso desde que se firma el acuerdo”.
La funcionaria también aseveró que el déficit de tesorería que se tiene a la fecha no le ha permitido a esta administración operar con normalidad, por lo que añade que de no recurrir a esta medida, “así no se invierta en nada, es imposible que se pague la deuda”.
Uno de los cuestionamientos que han surgido por las declaraciones de Rodolfo Hernández es haber creado lo que en el sector privado se denomina “pánico financiero”, al afirmar que el municipio entraba en quiebra por su incapacidad de pago. El concepto fue aclarado por la secretaria de Hacienda quien explicó que técnicamente “a diferencia de una empresa, un ente territorial no se cierra ni se acaba, por lo tanto, no puede quebrar”.
Ante las declaraciones de Hernández, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aclaró que «no se le puede dar la sensación al país de que la ciudad está en quiebra porque Bucaramanga lo que tiene es prosperidad». El mandatario también afirmó que no ha recibido la solicitud oficial del Alcalde para incluir al municipio en la ley 550.
En caso de que el Ministerio apruebe la solicitud de la Alcaldía para acogerse a esta ley, el siguiente paso será la autorización del Concejo, desde donde se le otorgarían las facultades al Alcalde para hacer los movimientos financieros pertinentes. Una vez se cuente con el aval de dicha corporación, la cartera de Hacienda cuenta con tres días para dar vía libre a la iniciación de los acuerdos de pago.
Puesto en marcha el proceso de reestructuración, será el Ministerio de Hacienda quien vigile dichos acuerdos que se harán con los acreedores y así mismo el que fiscalice los movimientos financieros con el fin de que no se invierta en proyectos que la ciudad no esté en condición de pagar.
Ante el hecho de que Bucaramanga pase de estar en categoría especial, para descender a primera categoría, Chacón Arias aseveró que “un ente territorial no pierde su categoría por estar en ley 550, sino porque sus gastos de funcionamiento, sumado al saldo de su déficit, superan el 50 % de sus ingresos de libre destinación”, como es el caso de la capital santandereana.
Por: Karol Fernanda Barragán Meneses
