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“Los presos políticos son perseguidos en el país por su pensamiento, se les niega la salud y son estigmatizados”

Los días 19 y 20 de octubre en Pelaya, Cesar, se realizó un encuentro en torno a los presos politicos y los derechos humanos que reunió a excarcelarios, familiares y organizaciones sociales.

Al final del evento los participantes exigieron por la liberación de los presos politicos y asumieron compromisos para ayudarlos. / FOTO LAURA FERNANDA BOHÓRQUEZ

La situación de los presos políticos en Colombia y la defensa de sus derechos fueron el eje central de la reunión en la que conjuntamente y durante dos días, organizaciones sociales, sindicatos y defensores de Derechos Humanos trataron en el municipio de Pelaya, Cesar.

El evento que se realiza desde hace ocho años, organizado por Equipo Jurídico Pueblos (EJP), fue por primera vez en un pueblo que, como relatan los participantes, históricamente ha sido golpeado por la violencia guerrillera, paramilitar y estatal. Además, el hecho de mover la edición del evento a un contexto rural y alejarlo de la urbe cumple con el propósito de acercarlo a las verdaderas víctimas.

La expectativa de asistentes fue de 300 personas entre exdetenidos, familiares de estos, académicos invitados, integrantes de organizaciones de Bucaramanga y organizaciones de obreros y campesinos acompañados por la Guardia Campesina del Norte.

Todos trabajaron conjuntamente durante dos días -19 y 20 de octubre- a través de la creación de grupos para plantear soluciones a diferentes y posibles situaciones que podrían poner en peligro la integridad de un líder social, basados en la experiencia de quienes fueron víctimas de montajes judiciales o vivieron la vulneración de sus derechos en la cárcel.

Las diferentes ponencias fueron presentadas por Germán Roncancio, director de la revista Cepa (Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo), fundada por Orlando Fals Borda, quien presentó un análisis mundial y local de la situación socioeconómica actual y los movimientos sociales en Colombia.

Otro invitado fue Carlos Alberto Ruiz Socha, asesor jurídico en diálogos de paz de la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (Eln) quien también, respecto a su campo, dio un análisis del estado de esos diálogos y las posiciones políticas por parte del gobierno y la insurgencia para la solución del conflicto. Este proceso de paz es de importancia para la región y sus comunidades, ya que este grupo opera en el departamento del Cesar, según la Primera División del Ejército Nacional.

Seguido a las charlas, en tres grupos de trabajo los participantes discutieron sobre tres ejes que eran: ¿Qué hacer frente a una captura?, ¿qué hacer frente a una captura de un compañero como comunidad?, y ¿qué hacer en la cárcel como preso político?

Las conclusiones fueron socializadas por medio de expresiones artísticas, lo cual fue un factor fundamental en todo el evento, ya que, a lo largo de este, se reflexionó y se participó con dramatizaciones, presentaciones de circo, baile, poesía y diferentes expresiones culturales preparadas por la comunidad y movimientos participantes.

Leonardo Jaimes dirigió el evento y presentó a organizaciones como a La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, RedHer, representada por el aleman Andreas Hetzer. / FOTO JOSE GABRIEL MORENO

Derechos humanos en el Cesar

Leonardo Jaimes Marín, abogado, defensor de DD.HH e integrante de EJP, expuso que a pesar de la situación de los cerca de 22 mil  personas encarceladas en situaciónde hacinamiento, los presos políticos sufren mayor vulneración de sus derechos por ser considerados como “enemigos del Estado”.

A ellos se les prohíbe, como afirma el abogado, “su derecho a la expresión, de asociación, son perseguidos por su pensamiento, se les niega la salud y son estigmatizados. Hemos reportado muchos casos de presos que han muerto por no recibir el tratamiento debido”. Jaimes relata también la importancia de Pelaya y el trasfondo histórico que conlleva realizar el evento en ese lugar, puesto que fue famoso en los años 80 por la organización de campesinos para retomar sus tierras, sin embargo, el ascenso del paramilitarismo “asesinó, desplazó, desapareció y torturó muchísima población”.

Rommel Durán Castellanos, quien también es defensor de DD.HH e integrante de EJP, esta encargado de llevar los casos en ese departamento. El abogado afirmó que los seguimientos han arrojado que en lo último de los tres años van alrededor de 40 campesinos judicializados, todos señalados de pertenecer a la insurgencia del Eln. Buscando, como afirma Durán, “llenar un vacío legal en la fiscalía debido al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc”.

Estos casos son de personas que “defienden la vida, el agua, la tierra” y son objeto de estigmatización y judicialización haciéndolos pasar por guerrilleros, los cuales según Durán eran miembros activos y líderes de sus comunidades.

Rommel Durán relata que él también ha sido víctima de persecución por parte de los organismos de inteligencia debido al seguimiento que le han hecho a los montajes y como han logrado desmontarlos. Sacar a luz las irregularidades que afectan a organizaciones y movimientos campesinos le ha causado recibir amenazas y ser estigmatizado. Por lo cual se le hace complicado estar en la región y comenta “he sido víctima dos veces de judicialización, soy preso político, he sido detenido por 36 horas dos veces en detenciones arbitrarias y es difícil. Aquí la calidad de ser defensor de DD.HH no vale”.

Huelga de hambre

Una de las protestas que han considerado necesaria a ejercer algunos de los presos políticos del país ha sido la huelga de hambre, la cual consiste, en entregarse por voluntad del manifestante a no ingerir alimentos para someter el cuerpo a la hambruna y con la esperanza de llamar la atención contra una injusticia.

David Chinchilla del corregimiento de Curumaní, Cesar, fue un preso politico detenido el 22 de noviembre de 2014 a las seis de la mañana. A pesar de asumir su rebelión con orgullo, su historia no trata sobre esta, Chinchilla fue enviado a la cárcel La Tramacúa, de máxima y mediana seguridad en Valledupar.

Durante su captura, no tuvo la suerte de tener un abogado que lo defendiera con reales intereses en su beneficio, sino que fue persuadido a aceptar todos los cargos (rebelión, concierto para delinquir con fines de narcotráfico), los cuales le daban para 30 años. Al final, con acuerdos y buen comportamiento logró disminuir su pena a cuatro años.

En la cárcel, Chinchilla fue victima de malos tratos en áreas como salud, por la mala atención medica que recibía, una alimentación desbalanceada y tratos abusivos por guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Tantos abusos lo llevaron a tomar la decisión de entrar en huelga de hambre por 11 días, debido a la muerte de un compañero quien, por negligencia, como afirma el hombre, nunca recibió la atención necesaria. Las injusticias por las que pasa un preso político como relata Chinchilla son el ‘tratamiento’ que es aislamiento del preso en una celda sin servicio de agua o sanitarios, también les negaban la entrada a las parejas sentimentales y les quitaban lo que los familiares les mandaban.

Actualmente se encuentra tramitando los documentos para poder salir a libertad. Afirma que este proceso también ha sido entorpecido por las autoridades.

Por Jose Gabriel Moreno

jmoreno319@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga