Juan Diego Cáceres Acevedo – Gabriela Páez Pinto
Más de 2.000 residentes del barrio Luz de Salvación, en Bucaramanga, llevan más de un mes sin acceso regular al agua potable. La única fuente de suministro del sector son dos pilas públicas que no tienen capacidad para abastecer a toda la población. La escasez ha obligado a los habitantes a almacenar agua en recipientes improvisados, generando un riesgo sanitario latente. El Concejo de Bucaramanga exigió una solución inmediata, pero a la fecha ninguna institución ha dado una respuesta concreta.
El único sistema de abastecimiento con que cuenta el barrio son dos pilas públicas, una infraestructura insuficiente para atender las necesidades básicas de más de 2.000 personas. La presión es mínima, el caudal irregular y la cobertura parcial, hay sectores del barrio donde el agua sencillamente no llega. Las familias que viven en los extremos o en las zonas más altas son las más afectadas, y muchas han tenido que buscar soluciones por cuenta propia para acceder a un recurso que debería garantizarles el Estado.
La crisis hídrica trae consigo una amenaza sanitaria adicional. Ante la irregularidad del suministro, muchos residentes acumulan agua en baldes, canecas y recipientes domésticos cada vez que llega el carrotanque de emergencia, sin posibilidad de mantenerlos debidamente tapados ni de limpiarlos con la frecuencia que exige la prevención. Esos depósitos se convierten en criaderos del mosquito, principal transmisor del dengue, una enfermedad que en Colombia registró más de 320.000 casos en 2024 y cuya propagación está directamente asociada al almacenamiento inadecuado de agua en hogares sin suministro regular. A ese riesgo se suma otro: ante la ausencia prolongada del líquido, algunos habitantes han optado por consumir agua de fuentes no tratadas, exponiéndose a enfermedades gastrointestinales e infecciones que agravan aún más la situación de una comunidad que ya opera sin red de salud cercana.
Cuando el sector cumplió trece días consecutivos sin suministro, los líderes comunitarios llevaron la denuncia al Concejo de Bucaramanga. El concejal Henry Gamboa Vargas acompañó a los residentes en la sesión, varios cabildantes respaldaron la solicitud y la corporación emitió una petición formal al alcalde y al Acueducto Metropolitano para estudiar la instalación de una tercera pila pública. Sin embargo, a la fecha de publicación de este reportaje, la comunidad no ha recibido una respuesta clara.
La solicitud de la comunidad es concreta: la instalación de una tercera pila pública que divida el barrio en tres zonas de abastecimiento, distribuyendo la carga sobre las dos fuentes actuales. Los propios residentes reconocen que no sería la solución estructural definitiva, pero constituiría un avance inmediato. La respuesta del Acueducto Metropolitano ha sido la negativa por razones de viabilidad técnica, posición que resulta difícil de sostener frente al marco normativo vigente. El Decreto 1077 de 2015 define la pila pública como un mecanismo provisional para el abastecimiento colectivo en zonas que no cuenten con red de acueducto. El Decreto 302 de 2000, por su parte establece que las empresas prestadoras deberán instalar pilas públicas a solicitud de la Junta de Acción Comunal en asentamientos sin red local. La Corte Constitucional ha sido reiterada en sus fallos: nadie puede ser privado del agua suficiente para satisfacer sus necesidades fundamentales.
Los residentes llevan años agotando los canales institucionales disponibles. Han solicitado audiencias con alcaldes, concejales y directivos del acueducto. Han recurrido a medios de comunicación y han participado en todos los escenarios de interlocución que el sistema les ha ofrecido. Tras el debate en el Concejo, el alcalde visitó el sector en horas de la noche y recorrió un vecindario con vías deterioradas e infraestructura precaria. La comunidad aguarda su respuesta oficial.
El agua potable es, según la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional colombiana, un derecho fundamental. No una concesión administrativa ni un servicio sujeto a criterios discrecionales de viabilidad. Los residentes de Luz de Salvación no eligieron ese sector por indiferencia ante sus condiciones: muchos adquirieron sus lotes o arrendaron vivienda allí porque era lo que sus ingresos les permitían. Lo que no estaba en su cálculo es que años después seguirían reclamando ante una empresa de servicios públicos lo que la ley ya les reconoce.
Reportaje elaborado a partir de testimonios recogidos en el barrio Luz de Salvación sector E, de la sesión del Concejo de Bucaramanga y de fuentes normativas oficiales.
