Mauricio Martínez Corredor es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Educadores de Santander (SES). En lo que va del 2016, han llegado a su oficina 13 casos de matoneo de estudiantes hacia profesores y dos de los maestros han solicitado traslado a otros colegios en el área d Bucaramanga para evitar que el problema se agrave.

Tanto la Secretaría de Educación de Bucaramanga como la Policía Nacional, afirman que en lo que va del año no se han presentado denuncias formales por parte de algún profesor u otro actor implicado en el problema. “No quiere decir que no se estén presentando los casos de matoneo, sino que hasta el momento no ha llegado una denuncia formal”, manifestó Ana Leonor Rueda Vivas, secretaria de educación de Bucaramanga.

La mayoría de situaciones se presentan en La Calle de los Estudiantes. Según Martínez, los profesores experimentan amenazas con arma blanca, agresión verbal en los salones de clase y hasta seguimiento cuando terminan su labor escolar.

Las Bacrim controlan el sector Uno de los factores que alimenta el problema de matoneo es el microtráfico. Las bandas criminales, comandadas por antiguos paramilitares o los que van saliendo de la cárcel tienen una ruta de distribución de droga que involucra a los estudiantes. Los jóvenes se sumergen en el mundo de la delincuencia al convertirse en distribuidores y consumidores de estupefacientes.

Los casos se extienden a diferentes sectores de la ciudad, Martínez afirma que “en el norte también se presenta un problema fuerte de Bacrim que controla microtráfico, trata de personas, el pandillismo como un eje para poder ejercer control territorial, problema de fronteras invisibles y barrismo”.

Así mismo, el secretario de Derecho Humanos declara que “esto no se resuelve poniendo más agentes de policía en el sitio, o en el caso del matoneo interno con un conducto y sus faltas; expulsar al estudiante es solo trastear el problema y en el peor de los casos, cuando el muchacho viene recorriendo colegios, trastearlo a las calles no es la solución”.

Ante estas situaciones, el colegio activa lo que ellos llaman “ruta de convivencia escolar” por medio del sicorientador. Cuando la situación es reiterada, uniformados de la policía de infancia y adolescencia hacen presencia en los colegios. Sin embargo, Martínez explica que “las cosas puede que se calmen, pero después vuelve a pasar con el agravante de que empiezan las amenazas al profesor que denunció el hecho, con armas blancas; algunos profesores dejan parqueados sus vehículos y resultan dañados, pinchados o untados con ácido de batería que daña la pintura”.

Los estudiantes son víctimas de problemas familiares
La raíz de toda esta situación presentada en los colegios, indica Martínez, es la falta de diálogo, “estamos teniendo un problema muy complejo de comunicación, entre los chicos y los padres, los chicos y los maestros”.

Parte de los casos se generan porque los estudiantes no tienen con quién conversar acerca de sus problemas, “no se encuentran con los padres porque madrugan a salir y llegan muy tarde. Si es una madre cabeza de familia, terminan muchas veces los muchachos bajo la responsabilidad de tíos, abuelos, cuñados y ayudando a criar hermanos”, dice el secretario.

Al colegio los estudiantes llegan a “reventarse en sus problemas”, comenta uno de los docentes afectados y quien prefiere reservar su nombre, “no estamos identificándolo como un actor del matoneo de los docentes porque sí, a la larga es una víctima de todo un escenario que le complejiza la vida, que no tiene con quién hablar, con quién contar”.

No hay suficientes sicorientadores en los colegios
Una de las opciones para solucionar el problema de matoneo es la acción que pueden brindar los sicorientadores en los colegios.

“Nosotros tenemos la versión de que con quien se puede generar una mejor o facilitar una mejor comunicación es con el orientador porque ellos no tienen el condicionante de la nota, él no está calificando”, afirma el secretario.

Martínez indica que “el Ministerio de Educación es culpable de que se presenten este tipo de situaciones porque dice que a partir de 800 estudiantes debe haber orientadores, pero no dice hasta qué punto, hay que ampliar la red de orientadores”.

Según datos del SES, Bucaramanga tiene 45 instituciones educativas y solo 38 orientadores. El organismo manifiesta que “se presentan fenómenos como un orientador para 3 mil 200 estudiantes, pero a veces dos para ocho sedes y más de 5 mil estudiantes”.

A quien le toca resolver en algunos colegios es al coordinador, “pero lo hace desde el ejercicio de la disciplina, o sea, suspender al muchacho o hacer anotación, sancionarlo, citar al comité de convivencia para determinar la sanción, al consejo directivo, si la falta es muy grave de desescolariza para que presente unas actividades mientras cumple las sanciones”, expresa Martínez.

Cuando se trata de solucionar la situación formalmente los profesores no aceptan, transmiten el problema al sindicato, “por lo que he dicho me tienen jodido”, declaran algunos, “ayúdeme mejor con un traslado”, son las peticiones de la mayoría.

Amenazas con arma blanca, agresión verbal y seguimiento luego de las clases, son algunas de las intimidaciones a los profesores. /FOTO ALEJANDRO MENESES
Amenazas con arma blanca, agresión verbal y seguimiento luego de las clases, son algunas de las intimidaciones a los profesores. /FOTO ALEJANDRO
MENESES

La prevención es la clave

En palabras del secretario, “si hay prevención no se presentan estos casos, son ejercicios de mitigación porque no se quita de golpe el problema”.

Él confía en que los resultados ante una acción buena no se ven a corto plazo, no van a ser gratuitos y demanda tiempo, a la vez que voluntad de la administración pública.
Respecto a esto, manifiesta que “no hay procesos, sino eventos sin continuidad y sin relación el uno con el otro, vino un secretario de educación hizo una cosa, vino otro, hizo otra, sin continuidad, eventos que no funcionan, tenemos que sentarnos todos los actores del proceso con la participación de los jóvenes”.
En cuanto a la atención al problema de la droga, pide una política pública que garantice buenos resultados, “cuando encontramos esos casos los tenemos que remitir a la EPS, pero el campo de atención es muy limitado, hasta donde le permitan los recursos o hasta donde haya el campo, se nos presenta un episodio hoy y le pueden asignar la cita al muchacho en tres meses”. Concluyó Martínez

Por Carlos Wilfrido Neme M.
cneme@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga

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