Para algunos un manual de comportamiento y civismo que debió promulgarse hace algún tiempo. Para otros, la reglamentación que desencadenará toda clase de vulneraciones a las libertades. Finalmente, como también se manifiesta, “un mal necesario”, ya que la ciudadanía debe tener más responsabilidad cívica.
Las críticas que provienen de distintos sectores de la sociedad colombiana con respecto al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia han dejado un mal sabor en el ambiente que, según la Policía Nacional, ha sido el resultado de la difusión de información falsa y tergiversada, teniendo en cuenta que la realidad del país no es la misma a la de hace 45 años, cuando se expidió el Código que hoy se reemplaza.
Como asegura el subteniente Dante Barragán Andrade, integrante apoyo de la oficina de asesoría jurídica en seguridad y convivencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la nueva normatividad (o Ley 1801 de 2016) es de “naturaleza preventiva”, y busca advertir y disuadir comportamientos contrarios a la convivencia y delitos.
Sin embargo, como expresan algunos conocedores del tema, ciertos artículos del Código son un retroceso para los derechos del ciudadano, que pueden llevar a la fuerza pública a un abuso del poder. Una de ellas, el ingreso de los uniformados a las viviendas sin orden judicial. “¿Cómo piensa controlar la Policía este tipo de situaciones? Según dice el Código, luego de ingresar al lugar, los uniformados deben presentar un informe de lo ocurrido. ¿Cuánto tiempo tardarán? ¿Qué debe hacer el ciudadano en caso de abuso de la autoridad?”.
Estos son algunos de los cuestionamientos que el abogado penalista Rodrigo Parada Rueda plantea sobre dicha normativa.
También pone la lupa sobre la recaudación del dinero de las multas, ya que comenta que la Policía debe contar con la infraestructura y el personal necesario para el manejo de estos recursos. “No se puede desconocer que se busca avanzar en materia de convivencia, pero será una labor significativa que incluso puede exponer a las autoridades a temas que no son de su competencia. Se requiere de articulación interinstitucional y de mucha pedagogía”, expresa Parada Rueda.
Tenga en cuenta que desde el 30 de enero entró en vigencia el Código Nacional de Policía y Convivencia de Colombia, y que algunas de las normas que allí se plasman se traducen en sanciones económicas. A continuación Periódico 15 presenta algunas de las sanciones que pueden evitarse.
Por Xiomara K. Montañez M.
xmontanez@unab.edu.co
