Por Andrea Nocove Marín
anocove@unab.edu.co
Hacia finales de 2004, la avícola Avifonce compró alrededor de 415 hectáreas en predios pertenecientes a las veredas La Herrerita y La Laguna, jurisdicción del municipio de Charalá. Empresa que pretendía criar, según versiones iniciales, 35 mil gallinas reproductoras en este lugar.
Sin embargo, cuando Avifonce comenzó a talar árboles y a hacer exploraciones de suelo en cantidades considerables, la comunidad se alarmó. El veedor ambiental Adriano de Jesús Quintero Ruiz, afirma que tras no recibir información alguna de las actividades en aquellos predios por parte de las autoridades locales, decidieron organizarse.
Así fue como Quintero Ruiz junto con ambientalistas, biólogos, universitarios y algunos bumangueses, lucharon alrededor de 10 años contra esta avícola. La situación terminó a finales de 2014 logrando que Avifonce donara sus predios, según el alcalde, con el canje de certificación del municipio por $999 millones para presentarla en sus declaraciones y tener descuento en el impuesto. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Alcaldía Municipal de Charalá, compraron cerca de 123 hectáreas, predios que ahora son reserva de interés público.
En el 2015, como si fuese poco este ejemplo para los pobladores, autoridades municipales e industria; otro nuevo problema avícola aqueja a quienes viven en el corredor vial de la vereda Colacote, sector La Cantera, y sus alrededores, la cual promete atacar al río Pienta y la quebrada Los Chinivos.
En el EOT, según veedores ambientales del municipio, no se ha reglamentado que en los corredores viales se restrinja el uso de suelo a los sectores avícola y porcícola. Debido a lo anterior, se ha instaurado una acción de cumplimiento hacia la administración local.
Conflicto actual
A los habitantes de la vereda La Cantera y aledaños, les aqueja la presunta creación de una avícola por parte del empresario Jhon Arvy Quintero Marín, oriundo de Charalá, quien pretende criar en el predio Los Bancos, sector Los Chinivos, menos de 50 mil pollos para sacrificio.
El Periódico 15 contactó a Quintero Marín para sus declaraciones pero este no atendió, a cambio contestó una mujer identificada como Ana Mora quien recalcó que las declaraciones que hacían en contra del empresario eran falsas ya que tenían licencias desde hace mucho.
Este lugar, además de ser corredor vial, está cercano a la quebrada Los Chinivos y al río Pienta. Tan solo afectar a esta última fuente hídrica significaría un importante deterioro en el ecosistema local, regional, departamental e incluso nacional.
El río Pienta representa no solo el abastecimiento al acueducto local en verano. También, al juntarse con el río Táquiza forman el río Fonce, este al unirse con el río Chicamocha y Suárez originan el río Sogamoso, uno de los principales afluentes del río Magdalena que desemboca en el mar Caribe.
Por ello, al no tener aviso de las actividades que se estaban presentando en el predio, la ciudadanía se alarmó y avisó a los entes encargados sin recibir respuesta contundente alguna. Mientras tanto, la avícola ya había escavado aproximadamente 400 metros cúbicos, removiendo la capa vegetal como arbustos y rastrojo.
El médico veterinario y veedor ambiental, Wilson Rodríguez Reyes, expresa al respecto que la Secretaría de Planeación municipal, dio licencia de uso de suelos al propietario del predio en dos días, permiso que en procedimientos normales dura 15.
Asimismo, Adriano Quintero Ruiz, confirma que hay complicidad y falta de función de los entes al servicio y protección del ambiente, “el Estado departamental y local, no solo está permitiendo, sino favoreciendo y diciendo que eso es bueno y que por qué nos oponemos”.
Sin embargo, lo que diferencia este conflicto del anterior, es que al menos los predios de las veredas La Herrerita y La Laguna, estaban protegidas por el EOT, estos no. Y como asegura Rodríguez Reyes, “desde que se implementó el EOT en 2003 ninguna administración ha tenido la intención o la capacidad de reglamentarlo”.
El especialista en ingeniería ambiental y derecho del medio ambiente, Orlando Beltrán Quesada, argumenta que el EOT se hizo netamente con el propósito de protección ambiental; sin embargo “no hay políticas coherentes de desarrollo sostenible, por eso la participación ciudadana y la veeduría deben cerciorarse de que se cumplan estas medidas”.
Ante la falta de reglamentación que exija mayores requerimientos a las empresas avícolas en este municipio para la protección no solo de los pollos, sino también del ambiente, Rodríguez Reyes teme que “lo que uno presume que están buscando, es hacer granjas pequeñas, en diferentes sectores para no tener que cumplir con exigencias grandes”.
Impacto ambiental y social
Charalá ha incursionado en el sector del turismo histórico y ecológico, pero estas iniciativas llevadas a cabo fuera de las normativas ambientales, podrían afectar su reconocimiento dentro del mercado.
El líder de uno de los operadores turísticos de Charalá, “Así es Charalá”, Guillermo Carreño Reyes, manifiesta que no está en contra de ningún proyecto de desarrollo económico siempre y cuando cumpla con las normas de explotación, por ello añade que “nuestra política de turismo, es un turismo sostenible que genere el menor impacto a la naturaleza”. Pero rectifica que toda intervención del hombre genera un impacto negativo.
¿Qué responden las autoridades?
El secretario de Planeación de Charalá, Javier Humberto Palomino Gamboa, explica que esta entidad solo tiene la solicitud de Jhon Quintero Marín donde se presume va a construir la avícola, pero ratifica que no hay un comunicado oficial. Además, dice que “él (Quintero Marín) hasta el momento ha hecho unos trabajos en su predio, ha solicitado un uso de suelo pero no hay nada más, el resto son especulaciones de la calle”.
Por otra parte, el coordinador de la Oficina de Apoyo Regional Guanentina de la CAS, Edgar Hernán Patiño León, ratifica que en la entidad está la solicitud de concesión de aguas para uso avícola hecha por los dueños del predio Jhon Quintero Marín y Ana Yolima Flórez, los dos charaleños, para el predio lote 3, Los Bancos, vereda Colacote.
Asimismo, Patiño León agrega que charaleños se acercaron el 19 de mayo del presente año a las oficinas de la CAS para hacer la queja, argumentando la afectación de fuentes hídricas. La corporación envió a una ingeniera ambiental que evidenció que tales afectaciones no existían.
El coordinador asevera que “en el momento no se la ha dado la concesión a los dueños del predio por falta de documentos, pero creo que ya están completos y se le dará en cualquier momento. Permiso al que también pueden oponerse”.
Sin embargo, la ciudadanía sigue inconforme. El veedor ambiental, Quintero Ruiz ratifica que la CAS envió un inspector y en compañía del comité de veeduría y habitantes, midió, hizo el informe y no les dio copia de lo que entregó en la corporación, “al otro día vinieron y midieron pero esta vez para darle el permiso a ellos”.
Lucha jurídica entre Avifonce y Charalá
En 2005, la Veeduría Ambiental de Charalá, al organizarse, empezó a presentar quejas ante la Personería y la Secretaría de Planeación, seguidamente a la CAS, buscando parar el proyecto ante el impacto al entorno.
El veedor ambiental, Quintero Ruiz alega que durante el proceso de denuncia, “las autoridades encubrieron la empresa, negando la información y desacreditando la labor de la veeduría y el comité ambiental”. A lo que el veedor se refiere con ‘desacreditación’ es porque la comunidad había divulgado estar en contra de una iniciativa que prometía, según la avícola y autoridades municipales, progreso para el pueblo.
La veeduría ambiental, ante la falta de respuestas y acciones rápidas por parte de los entes locales y regionales, el 16 de junio de 2006 instauró una Acción Popular contra Sanmarino, el municipio y la CAS. La razón del proceso jurídico se basó en la amenaza ecológica que representaría los desperdicios de la avícola en los predios de las veredas La Herrerita y La Laguna, en los cuales nacen las quebradas La Potrera y La Sanguina, y que abastecen al acueducto de Charalá.
Lo que Sanmarino presumía no saber era que en el EOT de 2003, los predios en donde se encontraba la empresa se declararon protegidos por el municipio y se prohibía el uso agropecuario, industrial, de loteo, tala, pesca, cacería y quema.
Por ello, el 7 de diciembre de 2007 el juzgado único administrativo de San Gil emitió medidas cautelares exigiendo a Sanmarino suspender el proyecto. En el mismo año, la CAS emite la resolución 0383 contra esta industria, por violar el EOT de Charalá y causar graves daños al ecosistema.
Durante seis años se propiciaron espacios en busca de soluciones entre la avícola y el municipio sin resultado alguno hasta el 2013, en la cual Sanmarino donó parte de sus predios y vendió aproximadamente 60 hectáreas a la CAS y otras 60 al municipio; esto para completar lo que el Concejo declaró en el acuerdo 0035 del 8 de septiembre de 2009, como predios de reserva hídrica y de interés público.
Por otra parte, el actual alcalde de Charalá, Fabio León Ardila, el 31 de enero de 2013, le afirmó al medio de televisión, Telesangil, que “los recursos que tenemos que sacar son para hacer el encerramiento y la respectiva reforestación”. Sobre el tema, el ambientalista Quintero Ruiz sostiene que “el compromiso de cercar, reforestar y cuidar, aún está sin cumplirse”.
