El problema de la tierra en Colombia: del desplazamiento forzado a la ley del mercado

El Padre Javier Giraldo Moreno es reconocido por ser uno de los mayores defensores de los Derechos Humanos en Colombia. Su labor ha permitido que lleguen a tribunales internacionales hechos lamentables y reprochables como la masacre ocurrida en la comunidad de paz de San José de Apartadó (2005), en la que paramilitares al mando de alias ‘Don Berna’ (Diego Fernando Murillo), del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en complicidad con la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército, asesinaron a ocho campesinos, entre ellos tres menores y dos líderes de dicha comunidad, Luis Eduardo Guerra y Alfonso Bolívar Turbequia.

Si bien cree que la salida negociada al conflicto armado ha sido importante, especialmente por incluir a las víctimas, es crítico al afirmar que el Gobierno miente frente a la extinción de los grupos paramilitares, que no fue claro en la mesa de los diálogos de La Habana, Cuba, en temas como la distribución de la tierra y que éste se acrecentará porque los campesinos no tienen recursos para trabajarla. Además, critica el sistema electoral al que se enfrentarían las Farc, pues es “eminentemente económico” y corrupto.

Sobre éstos y otros temas dialogó con 15 durante su acostumbrada visita a la Universidad Industrial de Santander, donde imparte clases de filosofía e historia en la maestría en Derechos Humanos, desde hace varios años.

Los Derechos Humanos, tan necesarios y tan maltratados, pero al mismo tiempo tan respaldados. ¿Cómo han sido todos estos años de trabajo frente al tema?
Me metí en este campo estando fuera del país. A finales de los 70 estaba estudiando en Francia y empezaba el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Fue un gobierno violador de los Derechos Humanos, tal vez lo más característico de Turbay fue la masificación de la tortura. Antes el campesino era el objetivo del martirio, pero en esa época fueron profesionales, estudiantes, líderes políticos que podían quejarse, entonces las denuncias empezaron a llegar de forma muy alarmante a Europa. Una vez en los restaurantes universitarios de París donde uno se encontraba con mucha gente colombiana aparecieron letreros, “¡Alerta colombianos! La situación que se está viendo en Colombia es dramática”. Nos reunimos más de cien estudiantes y empezamos a compartir las informaciones que cada uno tenía. Se acordó crear un Comité de Solidaridad en Colombia y recién ordenado como sacerdote me metieron en ese Comité. Eso me obligó a entrar en contacto con muchas organizaciones de Derechos Humanos en Francia y en otros países de Europa, para empezar a denunciar lo que estaba pasando acá. No tenía experiencia en el tema. Estando en ese proceso llegó una visita del mismo Turbay, un famoso periplo que hizo por Europa a contrarrestar la imagen que ya se estaba gestando de su gobierno. Eso fue vergonzoso, era una persona poco lúcida intelectualmente, negaba todo, decía que en Colombia no existían los presos políticos y que el único preso político era él. Eso era como grotesco frente a los periodistas que tenían mucha documentación sobre el tema. Encontramos solidaridad en muchas organizaciones francesas y también se fueron creando comités en otros países como Inglaterra, Holanda y Bélgica. Cuando regreso a Colombia me destinan al Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular). Como el grupo de jesuitas sabía que venía de esta experiencia, me pidieron que abrieran una Oficina de Derechos Humanos en el Cinep. A pesar de que había estudiado una sociología más urbana, empecé a combinar las dos cosas, la coordinación urbana y la de Derechos Humanos.

¿Cómo era el papel de la Iglesia en esa época? ¿Se defendían los Derechos Humanos?
Se dio una preocupación porque la Iglesia estaba muy ausente ante todas las atrocidades que ocurrían. El mismo Cinep propuso la creación de una organización que en nombre de la Iglesia reivindicara el tema de los Derechos Humanos. Se habló con los obispos y éstos se opusieron, entonces vino la idea de convocar a congregaciones religiosas, y ahí sí funcionó la idea, porque había mayor sensibilidad por estos temas. Cuando empecé a visitar a los superiores de esas hermandades empecé por los que tenían más fama de progresistas y la respuesta que encontré fue: “Esto lo debimos hacer hace mucho tiempo”. Daban luz verde para que hiciéramos algo y de ahí surgió la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (Cijp). Eso me hizo retirarme un poco del Cinep y estuve diez años coordinándola. Ocurrió entre 1988 y 1998. Se crearon varios campos en la Comisión. Uno fue el de la denuncia, con la fundación del Banco de los Derechos Humanos y la Violencia Política. También el campo de la asistencia humanitaria a los desplazados y el campo de la educación en Derechos Humanos, pero sobretodo el campo de la denuncia y atención a los desplazados me trajo enfrentamientos con multitud de militares y toda una estigmatización. En 1998 se concretó en amenazas muy fuertes y prácticamente llegó el momento en el que ya tenían una fecha en la que debía estar desaparecido, en junio de ese año. Se supo que cuatro generales del Ejército estaban detrás de eso. Los jesuitas me obligaron a salir del país y estuve dos años fuera. Cuando regresé los militares ya estaban retirados.

¿Qué hizo durante esos años en el exilio?
Un tiempo estuve en California (EE.UU.) y otra parte en Holanda, en La Haya, para conocer el primer Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, abierto para enjuiciar a los implicados en las violaciones de este conflicto. La verdad fue un poco decepcionante. Era un edificio donde trabajaban más de 700 personas, pero los casos que se desarrollaron no fueron más de 30. Habían dos salas de audiencia, una para familiares y otra para periodistas, y no me encontré con más de un periodista. Tenía permiso de entrar a la biblioteca, fotocopiar los documentos y me llevaban café, pero fue una decepción. La Corte Penal Internacional es peor todavía. Allí he estado porque he llevado el caso de San José de Apartadó y desde 2006 este es el momento en que no han hecho nada.

¿Qué hizo a su regreso?
Me volvieron a destinar al Cinep y volví a retomar el Banco de datos de Derechos Humanos pero como había conocido tantas comunidades en el trabajo con la Cijp, la comunidad que me cercó inmediatamente cuando regresé fue la de San José de Apartadó. Habían quedado en manos de abogados que los estaban asesorando, pero ellos entraron en conflicto. Son muy radicales, y me pidieron que asumiera la vocería de
la comunidad no solo frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, sino ante los organismos nacionales. En ese momento se hacían denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría, pero cuando llega la masacre de 2005 se hace una ruptura con todo lo del Estado. Lo que queda es hacer derechos de petición y acudir a dichos tribunales.

Usted ha denunciado que los grupos paramilitares no se han acabado, pese a que el Gobierno repite que no, que ya no existen ¿Qué va pasar con esta agrupaciones ante la inminente firma de la paz?
En las discusiones de La Habana, el Gobierno siempre decía que eso ya no existe, que pasó ala historia, que en el gobierno de Uribe se desmovilizaron, a pesar de que las Farc llevaban las denuncias. Pero en los últimos años el tema tomó fuerza en la mesa de diálogos y se empezaron a conocer denuncias de grupos sociales que las hicieron llegar. Finalmente, el Gobierno no tuvo más remedio que crear una comisión que analizara el fenómeno paramilitar y que hiciera propuestas. Ese documento, a mi modo de ver, fue muy flojo. No se atreven a llamarlos ni siquiera paramilitares, tampoco ‘bacrim’. Fue una sigla muy criticada porque era un intento de remitir al campo de la delincuencia común el fenómeno paramilitar. Se les llama en el documento Grupos Sucesores de los Paramilitares, dando la impresión de que el verdadero paramilitarismo sí pasó a la historia, pero hay unos sucesores que en algo se parecen a ellos.

¿Cuáles fueron las soluciones que se plantearon?
Se tomaron medidas que no me convencen: hacer una gran convocatoria de los partidos políticos y las fuerzas de la sociedad civil para que se haga un repudio nacional al accionar de los paramilitares.
Eso me parece que es un saludo a la bandera y no tiene incidencia en la realidad. Porque a los partidos políticos les interesa distanciarse ante la opinión pública de estos fenómenos y muy fácil pueden hacer una declaración pública, pero en la práctica los pueden seguir respaldando. Otra medida que toman es crear una grupo especial de la Policía Nacional para la persecución de los paramilitares, pero tampoco me convence porque la Fuerza Pública ha sido la mayor aliada del paramilitarismo. Hay otra medida que es crear en el Código Penal un tipo penal que sería el paramilitarismo, pero tampoco ha servido para nada. Otra de las propuesta es crear una comisión de alto nivel conformada por el Presidente, los Ministros, el Procurador y el Fiscal General. Siempre que hay un fenómeno preocupante crean comisiones como esas, con la gente más ocupada que jamás puede estar en esa reunión. La única que me parece que puede tener una incidencia es crear una comisión donde participen las víctimas, las ongs, sectores del gobierno y de persecución y enjuiciamiento de los paramilitares.

Es decir, ¿pese a cualquier medida tomada, los paramilitares seguirán existiendo?
En el documento que sacan del fin del conflicto, una hoja de ruta para la desmovilización y otro donde hablan un poco del paramilitarismo y las medidas contra el mismo, no acogieron ir al corazón del paramilitarismo que es la relación con la Fuerza Pública.

Usted ha sido crítico con los diálogos de La Habana, especialmente en el punto del desarrollo rural por la intensión económica que le subyace. ¿Cuáles son sus argumentos?
Sí hay una raíz muy clara del problema en Colombia es la concentración de la tierra y de ahí se
derivan multitud del dificultades. Muchas de las propuestas llevadas a La Habana iban a tocar la raíz del problema, a ponerle freno a extranjerización de la tierra y de los recursos naturales que ya son fenómenos generalizados, y muchas otras tocaban el modelo económico, pero el Gobierno se opuso a discutirlas. Después de ocho meses de discusión, terminó proponiendo un fondo de tierras para repartir a los campesinos que no tenían tierra, pero nunca ha querido decir el volumen de tierras que manejaría este fondo. Luego complementa el tema con un catastro rural – he consultado y me dicen que un catastro rural mínimo se demoraría 20 años para ser adelantado-, con una jurisdicción agraria, con promesas de asistencia técnica, de construir escuelas, centros de salud, pero todo ese acuerdo está redactado en un lenguaje tan abstracto que no toca la tierra. Nunca dice dónde, cómo y cuándo se va a hacer. No dice nada. Un fondo de tierras en manos del Gobierno para repartir tiene el grave problema de que el efecto vaya a ser el incremento de la corrupción y el clientelismo, y probablemente lo van a repartir en vísperas de elecciones.
En todos los discursos de Juan Manuel Santos e incluso Álvaro Uribe, porque entre ambos no hay diferencia, ellos buscaban que todo milímetro de tierra sea mercancía. Uribe lo dijo así explícitamente muchas veces, incluso quiso acabar con los resguardos indígenas, que se pudieran comprar y vender, pero se le dio mucha oposición. Lo que se ve es que el eje de la concentración de la tierra en los últimos, desde los años 80 para acá, era el desplazamiento forzado de poblaciones y las masacres. Ahora, se quiere cambiar eso por el mercado, y el objetivo es legalizar los títulos y al legalizarlos y puestos en el mercado, puede haber una concentración mayor de la propiedad de la tierra. Imagínese a un campesino que fue desplazado, le dan el título y para poner a producir su finca que está abandonada necesita un fondo. Cuando sale del tribunal con el título se encuentra con el empresario que dice que se lo compra. O como está previsto, asociémonos. Es un problema del modelo neoliberal. Éste no se tocó en los acuerdos de La Habana.

En el informe que usted presentó en la Comisión Histórica del Conflicto toca el derecho a la rebelión. ¿Considera que ese derecho está legitimado en la sociedad colombiana?
Me apoyé en un estudio muy profundo y completo según la opinión de un jurista inglés (Anthony Maurice Honoré, profesor de la Universidad de Oxford). El considerar que un Estado es una empresa común entre el gobierno y los ciudadanos, pero esa empresa común le impone unas obligaciones al gobierno y a los ciudadanos, y si esas obligaciones no se cumplen, se desmorona la empresa común. Ahora, el derecho a la rebelión no es solo el uso de las armas, es buscar otro modelo de Estado porque el primero no funcionó y hay todo el derecho de buscar otra alternativa y eso se pude comenzar con medios jurídicos y políticos, de propugnar por cambios estructurales. Pero si todas esas vías se cierran, se legitima el uso de las armas. Y eso es lo que analiza el jurista inglés. Lo que hago en el resto del documento es mostrar que las obligaciones del Estado son dos paquetes de necesidades que se deben satisfacer en un nivel mínimo: las necesidades biológicas (alimentación, vivienda, trabajo, educación y la salud) y las necesidades de convivencia (información, participación y protección). El análisis de cada uno de esos capítulos es dramático, por eso muestro que con toda razón se activa el derecho a la rebelión, porque esas obligaciones de esa empresa común están en cero.

Una pregunta obligada por su experiencia, y teniendo en cuenta la rebelión de que acaba de hablar. ¿Tienen las Farc opciones de llegar a la vida política y a cargos de elección popular?
Hay dos obstáculos fundamentales. Uno es el aparato electoral, que es terriblemente corrupto, y el otro que el sistema electoral es eminentemente económico: a una campaña electoral la maneja el dinero, el que no tenga centenares de millones no puede conseguir una curul.

Sobre usted han recaído considerables amenazas y en este momento, cuando el país está tan polarizado, líderes de su talante pueden ser objeto de intimidaciones. ¿Teme por su vida?
Después de mi regreso vinieron campañas de grafitis, procesos penales y he salido bien librado en eso. Desde 1992 tomé la decisión de que si yo quería continuar trabajando en este campo no me iba a preocupar más por eso; iba a seguir trabajando sin angustiarme, o si no, pedía que me trasladaran a otro campo de trabajo.

¿Cómo se prepara el Padre Javier Giraldo para no vivir angustiado?
Cuando estuve como secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos contra la impunidad delos crímenes de lesa humanidad en la sesión del Perú, recuerdo que las víctimas al minuto de estar hablando ya estaban llorando. Eso fue deprimente. El único que no lloró fue un sindicalista que había sido terriblemente torturado, con una serenidad impresionante contó todo lo que le había pasado. Analicé su discurso y era de una motivación política impecable. Y saqué la conclusión: lo que hace resistir a la gente y la hace reconstruir después de momentos tan difíciles son sus motivaciones, que pueden ser políticas, religiosas, en fin.

Por Xiomara K. Montañez M.
xmontanez@unab.edu.co