El regreso de Jesús Arnobio Vásquez Vázquez a la Parcela Número 3 El Brillante, en Sabana de Torres, Santander, puso fin a 22 años de desplazamiento forzado. Desde el 17 de octubre de 1992, día en que un amigo lo sacó escondido entre bultos de maíz en un tractor y lo llevó hasta San Alberto, Cesar, se convirtió en una víctima de la “guerra sucia”, un tipo de violencia proveniente de los grupos de autodefensa usada contra dirigentes políticos, sindicales y campesinos, que tuvo lugar en el Magdalena Medio santandereano.
Esta región fue un territorio disputado por el Ejército de Liberación Nacional, Eln, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, porque su geografía era ideal para la acción guerrillera y porque su ubicación les permitía, por un lado, tener el dominio del río Magdalena, de la Troncal del Magdalena, y del ferrocarril de Puerto Wilches, que funcionó hasta 1990, y por otro, el control de los límites de los departamentos de Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia.
También aparecieron grupos de autodefensa o paramilitares, quienes se encargaban de “limpiar” la zona de auxiliadores de la guerrilla, dirigentes populares y partidos de izquierda. Eran financiados por terratenientes, ganaderos o narcotraficantes y apoyados por miembros de las fuerzas militares.
En 1990 se reunieron aproximadamente tres mil campesinos en el parque central de Sabana de Torres, y realizaron una movilización que duró 15 días. De esa protesta se originó el Movimiento Político Campesino, Obrero y Popular, Mpcop, del cual Jesús Arnobio Vásquez fue cofundador. Además, participó en la creación de la Asociación de Pequeños Agricultores y Productores de Leche, Aprisa.
Dos años después denunció públicamente, junto a una comisión del municipio, la detención de 11 personas que estuvo a cargo de la Compañía Móvil No. 2 del Ejército Nacional, el 11 de octubre de 1992, y las órdenes de captura contra 32 más, entre las que se encontraba el alcalde, Jorge Centeno Parra.
Luego de seis días, era él quien aparecía en una de las lista, motivo por el que se desplazó a San Alberto. Un comandante del Ejército, que horas más tarde llegó hasta su parcela, lo acusó ante su esposa, Ana del Carmen Zafra, de ser auxiliador de la guerrilla. Con el tiempo regresó a su finca en donde vivió escondido seis meses en unas cacaoteras por temor a que lo asesinaran los paramilitares.
A mediados de 1993 se fue definitivamente de Sabana de Torres y dejó a su familia. Se dirigió al Valle del Cauca, lugar en el que permaneció durante el tiempo que fue desplazado interno forzado. Mientras estuvo solo trabajó en una finca hasta que tuvo el dinero suficiente para comprar un carro que le permitió ganarse la vida transportando leche que compraba y vendía. En ese mismo vehículo sufrió un accidente cuando conducía por la autopista que conecta a Palmira con Buga y perdió la movilidad de sus piernas.
Su esposa se quedó por dos años más en el municipio santandereano y en ese periodo tuvo que pagar 40 mil pesos mensuales por cada una de las 46 hectáreas a las autodefensas. En una ocasión en la que fue a cancelar la cuota, Guillermo Cristancho alias ‘Camilo Morantes’, responsable del abandono de tierras masivo en Sabana de Torres y jefe de las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar (Ausac) en 1999, le dijo que era mejor que vendiera la parcela por lo que le ofrecieran porque si no la podía perder toda (…) “y dígale a su esposo que él no se nos escapa, lo tenemos ubicado en el Valle’’. Así lo señaló en una declaración ante el juez primero civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali, que aparece como testimonio en la sentencia emitida por la Sala Civil Fija de Decisión Especializada en Restitución de Tierras.
El cansancio y el miedo por las amenazas de muerte provocaron que Ana del Carmen Zafra se desplazara a Guacarí, Valle del Cauca, en diciembre de 1995 y se reuniera con su esposo. Tuvo que dejar a tres de sus hijos y marcharse con cuatro, de los cuales dos eran los menores y los únicos hijos biológicos del matrimonio.
Como recuerda Misael Zafra, antes de que desterraran forzosamente a su padrastro, adquirió una parcela por medio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en la vereda Magará, de Sabana de Torres. Pese al desplazamiento forzado de su familia, él continuó viviendo en el mismo lugar, mientras que una de sus hermanas se fue a Bucaramanga y otra, Ascensión Rodríguez Aponte, quedó encargada de la parcela. La desintegración de la familia no detuvo las amenazas y acciones violentas y ella también tuvo que marcharse. En 1996 la finca fue arrendada a Pablo Neira, quien no pudo seguir supervisándola y, como consecuencia, se deterioró. Debido a la necesidad que Vásquez tenía de establecerse en otro lugar y ante la imposibilidad de regresar, tuvo que vender el terreno por 67 millones de pesos, un valor inferior al precio real. Antes de que la violencia se adueñara de la región, “a él (Jesús Arnobio Vásquez Vásquez) le ofrecían 350 millones por esta finca”, aseguró su hijastro Misael Zafra.
La esperanza de una nueva vida en paz
Los primeros en retornar al predio, ubicado en la vereda El Caribe, a 20 minutos en carro de la zona urbana de Sabana de Torres, fueron Misael Zafra y su hermana Ascensión Rodríguez Aponte, en septiembre de 2014, fecha en la que la Unidad de Restitución de Tierras les entregó las 46 hectáreas y 1.300 metros cuadrados que lo conforman. Antes la propiedad estaba a nombre de Iván Ricardo Pinzón Villamil y María Edilia Villamil.
Esta entidad, además de garantizar que las personas en situación de desplazamiento regresen a sus lugares de origen, les entrega 25 millones de pesos para que desarrollen un proyecto productivo.
De acuerdo con el director de la Unidad de Restitución de Tierras en Santander y el Magdalena Medio, Fabio Andrés Camargo Gualdrón, “Sabana de Torres y San Alberto son los municipios del Magdalena Medio que más solicitudes de restitución tienen, y con más demandas ante los jueces de restitución”.
Hasta el momento, se han restituido 2.050 hectáreas. De los 91 predios que tienen orden de restitución, 31 están ubicados en San Alberto y 24 en Sabana de Torres.
Según Camargo Gualdrón, así como una de las dificultades fue la rapidez de los desplazamientos y la ausencia de los responsables en las tierras cuando las familias regresaron, algunas después de dos décadas, el trabajo también ha consistido en “buscar que entendamos que en el territorio nacional cabemos todos. No es fácil que a una persona que hoy está en la tierra le digan que tiene que irse, a pesar de que se hace un proceso legal, con todas las garantías”.
Los demás integrantes de la familia llegaron a la finca el 24 de diciembre. Zafra evocó ese instante con su voz entrecortada y relató con melancolía el momento en el que trajeron a su padrastro, “lo trajimos acá, nos reunimos todos y, mejor dicho, la alegría de él de llegar nuevamente a su tierrita, que la había perdido desde hace 20 años. Y recordar esto es… es muy doloroso. Lo que hemos sufrido nosotros es mucho, desde que empezó la violencia. Hemos sufrido tanto, uno por la familia porque se alejó y llegar aquí a recordar, nuevamente a recibir esto pues fue una alegría muy inmensa, después de tener perdida la finca por muchos años”.
En ella se producían 150 litros de leche diarios, 15 mil kilos de carne anuales, y se sembraba arroz, maíz, sorgo, cacao, plátano, yuca y maderables.
Con la ayuda del plan de vida productivo, su familia pudo volver a sembrar plátano y maíz. “Cuando llegamos no había nada, solo la finca bien empastada porque no había ganado (…) A nosotros nos dieron un ganado a pastaje, con eso hicimos capital y la Unidad de Restitución nos dio una plata para hacer un proyecto productivo. Nos hicieron tres desembolsos por un total de 25 millones de pesos. Con eso compramos ocho vacas y un toro, y con el arriendo del ganado se mantuvo la finca”, dijo Zafra.
Pero seis meses después de reiniciar su vida y de recuperar su tierra, Jesús Arnobio Vásquez Vásquez falleció.
Ahora, luego de casi un año y medio de la muerte de su “padre”, Zafra vive en la zona urbana de Sabana y se encarga de la propiedad y de su administración, junto a su hermana Ascensión, radicada en Bucaramanga. Además, hay un trabajador que les ayuda y que cuida la finca con su esposa e hijo.
Su mamá decidió quedarse en el Valle del Cauca. “Vive con los dos hermanos menores, pero ellos ya salieron de la casa, ella está solita. La acompañan son las nietas, a veces”, comentó Zafra.
Ley 1448 de 2011
También conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras creó un procedimiento legal, para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y del abandono forzoso ocurridos desde el 1 de enero de 1991 como consecuencia del conflicto armado interno. El proceso de restitución tiene dos momentos, una fase administrativa en la que se estudian las solicitudes presentadas por los ciudadanos y se hace un análisis probatorio, y una judicial, en la que la unidad debe documentar los casos y llevarlos a manos del juez de restitución.
Por Silvia Esperanza Serrano P.
sserrano503@unab.edu.co
