Revive el debate público por el páramo de Santurbán

Dos años y ocho meses después de lograrse la primera delimitación de un páramo en Colombia, el de Santurbán (diciembre de 2014), en la que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frenó la minería a gran escala de empresas multinacionales y en la cual las marchas ciudadanas tuvieron un papel importante al llevar al debate público nacional la necesidad de proteger el agua, Bucaramanga y el área metropolitana se preparan una vez más para salir a marchar el próximo 6 de octubre y rechazar la megaminería.

Recuerde: Así fue la movilización en Bucaramanga hace tres años

Cien mil voces por el agua 

Santurbán no está desamparado 

Periódico 15 presenta un panorama sobre cómo se está reconfigurando el movimiento social alrededor del tema. Esto, teniendo en cuenta no solo la firma de la Gran Alianza por el Agua en contra de la minería, sino el rechazo de la comunidad estudiantil de la Universidad Industrial de Santander a los convenios que la institución firmó con la empresa Sociedad Minera de Santander, Minesa, como parte de su proyecto de minería sostenible, la crítica de algunas organizaciones sociales a la demarcación y la directriz nacional de continuar con la delimitación de este tipo de ecosistemas en todo el país.

La Gran Alianza por el Agua

El 16 de agosto de 2017, en el auditorio del Parque del Agua, se realizó el lanzamiento de la Gran Alianza por el Agua, a cargo del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán y el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana (MCC), donde se informó a la ciudadanía no solo sobre la importancia de conocer detalles de la nueva marcha del 6 de octubre, sino sobre los avances del proyecto que adelanta la empresa Sociedad Minera de Santander (Minesa) en Soto-Norte, que según Gonzalo Peña Ortiz, ingeniero civil especializado en Ingeniería Ambiental, es el más adelantado.

El encuentro trajo al presente las movilizaciones sociales que iniciaron en 2011 en contra del proyecto Angostura, de propiedad de la empresa canadiense Greystar y que ese año pasó a llamarse Eco Oro, que buscaba explotar el metal a cielo abierto en el páramo de Santurbán, y de la explotación de minerales adelantada por otras empresas como Ventana Gold, Galway, AngloGold Ashanti, CVS y AUX. Esta última, vendida en 2014 por 400 millones de dólares al fondo árabe Mubadala Investment Company, conocido como Mubadala, y que hoy es el propietario de Minesa.

El 25 de febrero de ese año, cerca de 40 mil manifestantes salieron a marchar, apoyados por el Comité y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Un año más tarde, el 16 de marzo de 2012, en lo que se llamó la Marcha Comunera, alusiva a la revolución de Los Comuneros, 20 mil ciudadanos también se tomaron las calles en contra de la megaminería y por la defensa del agua. Finalmente, el 15 de marzo de 2013, se convocó la marcha ‘Cien mil voces por el agua’, “la movilización más grande convocada por el Comité, uno de los grandes triunfos que ha tenido la movilización social en Santander y en Colombia”, afirmó Carlos Fernando Sotomonte Garavito, activista del Comité.

Se logró una “diversificación masiva de los argumentos ambientalistas y científicos”, aseguró Sotomonte. Fue un esfuerzo para unir a los sectores y a la ciudadanía por medio de la creación de un ‘Pliego Verde’ que la ciudadanía firmó contra el proyecto Angostura, algo similar a lo que se hizo con la Gran Alianza por el Agua.

Hoy, las voces contra la minería vuelven a escucharse. Además de ambientalistas, estudiantes universitarios y oenegés, durante el lanzamiento de la Alianza también aparecieron actores como la Alcaldía de Bucaramanga, a través del Jefe de Gobernanza, Manuel Francisco Azuero Figueroa, quien aseguró durante el evento que “se acompañará de manera decidida esa defensa del páramo y del agua”. Además, hizo un llamado para que gremios, universidades y entidades se unan y apoyen la marcha.

Esto recuerda que no es la primera vez que la administración municipal se vincula en acciones a favor de Santurbán, pues en 2011 también lo hizo el exalcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza (Partido Liberal). Como lo registró en su momento Periódico 15, Bohórquez expresó desde España: “acompaño de corazón a los ciudadanos de Bucaramanga y del área metropolitana, que compartimos la agenda ambiental por la ciudad, y que hoy estamos al lado de la defensa de la sostenibilidad ambiental de Bucaramanga”.

Asimismo, funcionarios como la gerente del Acueducto de Bucaramanga, Laura Isabel Rodríguez Cardozo; la secretaria de Infraestructura municipal, Zoraida Ortiz Gómez; el secretario del Interior de la Gobernación de Santander, Manuel Ricardo Sorzano Romero; el diputado del Partido Liberal, Carlos Alberto Morales Delgado; el concejal de Bucaramanga Jorge Édgar Flórez Herrera (Polo Democrático), y el vicerrector Académico de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Gonzalo Alberto Patiño Benavides, también expresaron su respaldo a la movilización de octubre.

Dayana Corzo Joya, activista del Comité, resaltó que “esto lo hacemos por las comunidades directamente afectadas, en este caso la población de California, esto no lo hacemos en contra de ellos, sino por ellos”.

La Gran Alianza rechaza la minería en el páramo de Santurbán y en especial el proyecto de la empresa Minesa, que pretende explotar 9 millones de onzas de oro durante 23 años en una zona que no está dentro de la delimitación hecha en 2014 por el Ministerio de Ambiente.

La empresa ha declarado en medios de comunicación locales y en espacios como el foro “Retos de la Economía, Minería e Hidrocarburos en Colombia”, que se realizó en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, el 3 de agosto, y que contó con la presencia del senador Álvaro Uribe Vélez, que es un proyecto de minería sostenible ambientalmente.

No obstante, Peña Ortiz afirma que es imposible porque se va a romper, “cuando nosotros le metemos la mano a la montaña, le cambiamos de forma irreversible sus condiciones de trabajo, es como cuando le sacan a una persona el riñón, su cuerpo no va a quedar igual”.

Luis Álvaro Pardo Becerra, miembro de Colombia Punto Medio, precisa que el mayor crecimiento económico del país se da por el sector de servicios sociales, comunales y personales, no por el sector minero que aporta solo el 2,1% es decir, que el país podría vivir sin minería.

Piden cancelación de convenios entre UIS y Minesa

La comunidad estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, UIS, es una de las más activas en la movilización a favor del páramo de Santurbán. Es por esto que desde hace dos meses ha hecho críticas a los convenios que la institución firmó a partir del 2 de mayo de 2016 (por $2.607 millones) con la minera Minesa y han exigido la cancelación de estos acuerdos, bajo el argumento de que “los recursos de la universidad pública no deben invertirse en empresas privadas y más cuando se trata de explotar el medio ambiente. Minesa hace uso de la imagen de la universidad para generar aceptación del proyecto”, aseveró la estudiante de derecho Dayana Corzo Joya.

Por medio de asambleas, la comunidad estudiantil le ha pedido al rector Hernán Porras Díaz acabar con los convenios, que según han expresado las partes, promueven la gestión de conocimiento y la transferencia de tecnología, y que fueron pactados a través de la Escuela de Biología e Ingeniería Química, con los profesores Nelson Rodríguez López y Dionisio Laverde Cataño.

Además de la cancelación, los estudiantes le han solicitado a la UIS un informe en el que detalle cómo han sido invertidos los recursos (alrededor de 1.400 millones de pesos) y el seguimiento a la investigación para explicar lo que califican como un engaño. Según Corzo Joya, “en mayo estuve en una sesión del Concejo Municipal de Suratá y dos mujeres dijeron que eran profesoras de Finanzas y Gobernanza de la UIS. Realizaron su presentación sobre minería bien hecha, pero no eran profesoras de cátedra ni de planta. Frente a esto la universidad abrió investigación en contra de los profesores encargados del convenio, para explicar lo acontecido”.

El 21 de junio se levantó una comisión con seis estudiantes y cuatro encargados de la institución para ejercer la veeduría sobre las decisiones de la Asamblea Universitaria. Al docente Dionisio Laverde se le dio un plazo de seis semanas, a partir de 17 julio, para terminar las actividades académicas del convenio, y Nelson Rodríguez dijo que podía terminar las actividades inmediatamente.

En una reunión adelantada el 25 de agosto, Laverde anunció que se tomaría nueve semanas para acabar su proceso, y Rodríguez aún continuaba con las actividades. Esto generó que la Comisión Estudiantil se levantara de la mesa y convocaran una nueva reunión el 31 de agosto que terminó con el cierre de la universidad como mecanismo de presión.

Según informó la Rectoría de la UIS, el 17 de septiembre se acaban las actividades acordadas dentro de los convenios con la minera. El plazo jurídico era hasta el 14 de octubre pero la Asamblea Estudiantil lo adelantó al 29 de septiembre. Finalmente, no se conoce una fecha exacta. Lo que sí se espera es que sea antes de la marcha del 6 de octubre.

Corzo Joya subraya la financiación del acuerdo donde la UIS aporta $1.222 millones, entre infraestructura y recurso humano, y Minesa $1.385 millones.

Minesa responde

Periódico 15 habló con Juan Camilo Montoya Bozzi, director de sostenibilidad de Minesa, a cerca de las críticas al proyecto, la sostenibilidad del mismo y la marcha del 6 de octubre.

Montoya Bozzi expresó que todos los proyectos mineros presentan ante la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental (Anla) un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y que “todos tienen impactos positivos o negativos”.

Al respecto comentó que “estamos realizando un EIA muy completo para que se le otorgue a Minesa una licencia ambiental, esa licencia incluye la obligación y compromiso de ejecutar una cantidad de acciones para mitigar, compensar y gestionar una serie de riesgos que se han identificado en todos los aspectos del proyecto para un área de influencia que se delimita concretamente, esa área es el municipio de California y Suratá, y ni siquiera toda la extensión de esos municipios, sino un perímetro concreto que se determina”.

Al preguntársele sobre la fecha de entrega del mencionado EIA a la Anla, Montoya Bozzi respondió que “el Estudio de Impacto Social (EIA) se corrió porque se dilató el trabajo de campo y se profundizaron en algunos temas. Entonces, el proceso se estiró en el tiempo y lo estamos finiquitando. No tenemos una fecha exacta para presentar el EIA. No se ha iniciado la solicitud de licencia”.

No obstante, Periódico 15 aclara que al cierre de la edición 344 (miércoles 6 de septiembre), la empresa no había confirmado la entrega del EIA a la Anla. Fue hasta el jueves 7 de septiembre que públicamente Montoya Bozzi dio a conocer la información en Debates Unab.

Sobre el agua que se utilizaría durante el proceso de extracción del mineral, dijo que se tomará de fuentes subterráneas. “El permiso máximo para utilizar agua que Minesa quiere solicitar es de 47 litros por segundo. En parte, las aguas subterráneas terminan emergiendo a las aguas superficiales (las utilizadas en el proceso de flotación) por eso, se quiere tratar esas aguas y devolverlas al río Suratá mediante cinco plantas de tratamiento. Todo tipo de aguas que pase por el proyecto se vuelven y se tratan para entregarse al río Suratá”.

Sobre la posible contaminación de fuentes hídricas que abastecen especialmente al Acueducto de Bucaramanga, el directivo dijo que la tecnología que se utilizaría para la extracción del mineral no contempla el uso de cianuro y mercurio, y que cuenta con información científica para demostrar que al río Suratá no le pasará nada en su caudal.

“Tenemos estudios que dicen que el agua de la quebrada La Baja es independiente del agua del río Charta o de la que viene de la parte alta del páramo. La identificación del agua por quebrada y por sector va a estar disponible. En el EIA hicimos un balance de cuánta agua le llega al Suratá, la quebrada La Baja y Vetas antes del proyecto (…) Entonces, en ningún momento estamos perdiendo agua, esta es recorriendo un camino distinto; por eso, aseguramos con toda certeza que no se va a afectar la cantidad de agua disponible del río Suratá”, explicó Montoya Bozzi.

Respecto a la firma de la Gran Alianza por el Agua y la movilización que se tiene planeada para el 6 de octubre, el directivo prefirió no referirse al tema. Frente a la posibilidad de la negación de la licencia por parte de la Anla, el representante de la minera afirmó que “Minesa no está pensando en algo distinto a presentar el mejor proyecto y sacarlo adelante. Si se prohíbe el proyecto, pues no hay problema”.

Críticas a la delimitación

Luis Gilberto Murillo Urrutia, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aseguró en una entrevista en el programa radial Planeta Caracol, que a partir de lo que se aprendió de la delimitación del páramo de Santurbán, en año y medio se han delimitado 24 páramos en el territorio nacional y que la meta es tener todos los páramos del país delimitados el año entrante. Cabe informar que el páramo de Sumapaz es el más grande del mundo con una extensión de 223.179 hectáreas, y fue delimitado el 14 de julio de este año. El páramo de Santurbán fue delimitado en diciembre de 2014 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: un total de 98.954 hectáreas de las 135.253 referidas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, quedaron bajo protección.

Murillo Urrutia señala que la delimitación se hace para evitar que se realicen actividades que no son compatibles para el mantenimiento de estos ecosistemas y que frente a un periodo de postconflicto el Gobierno pretende que los batallones de alta montaña se conviertan en batallones de protección de páramos y ecosistemas de alta montaña.

De otra parte, la Corporación Colectivo de Abogados ‘Luis Carlos Pérez’ (en cabeza de su directora Julia Adriana Figueroa Cortés), junto al Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, interpusieron un acción de tutela en contra de la Resolución 2090 de 2014, expedida por el Ministerio de Ambiente, por medio de la cual se “delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín”.

En ella se pidió al Tribunal Administrativo de Santander, entre otras argumentos, suspender los efectos del acto administrativo hasta tanto el Ministerio, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) “adopten y garanticen las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales y humanos a la participación, a la igualdad, al debido proceso, que fueron objeto de vulneración durante el trámite de delimitación, al agua, la salud y al ambiente sano”.

Sin embargo, en la primera instancia se falló como improcedente. En una segunda instancia, el Consejo de Estado hizo lo mismo, y los demandantes pidieron una nueva revisión a la Corte Constitucional, en donde se encuentra en etapa probatoria, vinculación de más actores al proceso y recolección de pruebas.

“Esta resolución es adversa a las pretensiones de protección de páramos y la preocupación es que con este se abrió la delimitación de los demás páramos. Además, dicha resolución no impide que los títulos mineros, otorgados años antes, sigan vigentes”, explicó Figueroa Cortés.

La abogada añadió que el Ministerio de Ambiente excluyó del debate los modelos de participación ciudadana, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los ambientalistas. “Nunca quiso abrir ese debate, y en su momento la Gobernación de Santander tampoco lo hizo. Se construye una delimitación negándonos la posibilidad como ciudadanos afectados de participar en este proceso con argumentos técnicos, sociales y económicos”, dijo la directora del Colectivo.

Sobre los trámites que adelanta la Sociedad Minera de Santander, Figueroa añadió que esta no es la única que está en la zona, que en la revisión que adelanta la Corte Constitucional vinculó otras empresas. Según el auto proferido por el alto tribunal el 13 de septiembre de 2016, son la Sociedad Minera Potosí Ltda., La Elsy Ltda, Carbones de Colombia Exportación, Galway Resources Holdco Ltda, sucursal Colombia (Sociedad Minera Calvista Colombia SAS, Leyhat Colombia Sucursal y Sociedad Minera Trompetero Ltda.

“El Gobierno no reguló el tema antes de la llegada del boom de la minería. Ni Minesa ni nadie puede suplantar las acciones del Estado. No se debe ir en contra de los modelos de vida definidos por las comunidades desde hace décadas”, concluyó Figueroa Cortés.

Por Angélica María Gómez Reyes
agomez360@unab.edu.co