Desde el ingreso de sustancias psicoactivas hasta armas cortopunzantes generaron el aumento de violencia e inseguridad al interior de la Casa de Menores de Piedecuesta, Casam, en donde estos artefactos son utilizados por los adolescentes para causar agresiones físicas a sus compañeros. Según Fanny Inés Díaz, responsable y líder departamental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf (sede Cespa), esto se debe a que no se les hacen las requisas suficientes antes de ingresar al lugar.
Por esta razón, con el objetivo de disminuir las dificultades de convivencia presentes en este centro de rehabilitación, la Gobernación de Santander, las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, los organismos de control y el Icbf realizan comités del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Srpa, para trabajar los temas de seguridad, infraestructura, salud y educación relacionados con los jóvenes infractores.
En Bucaramanga, la fundación ‘Hogares Claret’ es la encargada de manejar el Srpa en sus dos medidas de atención: internamiento preventivo y prevención de libertad. Esta institución es el operador contratado por el Icbf para adelantar los procesos de los jóvenes que ingresan al sistema y ejecutar las medidas de aseguramiento respectivas.
La Secretaría del Interior de Santander, por su parte, es la que dirige y coordina los comités del Srpa y la responsable de tomar las decisiones, efectuar las acciones y sacar las conclusiones. Según Manuel Ricardo Sorzano Romero, secretario del Interior del departamento, el propósito final del Srpa es velar porque todos los derechos de los menores infractores sean respetados.
El funcionario dijo que la intención de este sistema es “garantizar, velar, procurar, controlar y hacerle seguimiento a la estadía de estos muchachos mientras están privados de la libertad, y estar pendientes de su resocialización para cuando se reinserten de nuevo en la sociedad”.
De acuerdo con el Icbf, la mayoría de jóvenes que se encuentran en Casam han ingresado por hurto, homicidio, porte de estupefacientes, violencia contra el servidor público y en un mayor grado, por violencia intrafamiliar.
También se observa que, aunque en 2015 disminuyó el número de jóvenes infractores con respecto a 2014 (de 1.771 se pasó a 1.217), este año la cifra va en aumento. A julio de 2016, han ingresado al Srpa un total de 879 menores.
Hasta la fecha hay 178 jóvenes infractores en Casam, de los cuales 15 son mujeres y el 48 % ha reincidido. Las edades van desde los 14 hasta los 17 años, pero dado que existen adolescentes que son detenidos a los 17, las condenas se pueden extender depende del delito y estas pueden durar de uno a ocho años.
La mayoría de estos jóvenes han sido aprehendidos en flagrancia. Según Fanny Díaz, “la mayoría de estos adolescentes son habitantes de la calle y de ellos el 94 % son consumidores”.
La funcionaria también explicó que las principales causas por las que estos jóvenes cometen delitos están relacionadas con la procedencia familiar, dado que los menores vienen de estratos bajos en los que no existen políticas públicas como el empleo o la educación; por los desplazamientos del campo a la ciudad, que muchas veces les impide tener la oportunidad de acceder a una buena situación económica y, finalmente, por el microtráfico de estupefacientes, que ha aumentado los problemas de drogadicción.
El secretario del Interior afirmó que estas situaciones de violencia en Casam tienen que ver con las disputas por el liderazgo. “No va más allá de eso. Estos muchachos vienen de delinquir y han asumido unos roles en sus grupos en la calle. De manera que ingresan a estos centros y por supuesto, el liderazgo lo tienen que manifestar de alguna manera. Entonces, ahí es cuando empiezan las disputas, los retos y los desafíos y suceden este tipo de encuentros adversos que dejan a estos muchachos mal parados”, concluyó Manuel Sorzano.
Por María Fernanda Acevedo Solano
macevedo473@unab.edu.co
