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Senador Jorge E. Robledo no cree en el ‘espejismo’ de la gran minería

El proyecto de extracción a cielo abierto de oro y plata en el Páramo de Santurbán (municipios de California y Vetas) ha generado un ‘choque de trenes’ entre la multinacional canadiense Greystar y el periódico El Frente, por un lado, y defensores del medio ambiente, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos por el otro. 15 le ha seguido el rastro al debate con los diferentes protagonistas y en esta ocasión presenta el punto de vista de un crítico. (Texto publicado en la edición 197, que circuló del 6 al 19 de diciembre de 2010).

El senador por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, sostiene que nadie puede tener la certeza de que un accidente grave en el Proyecto Angostura no vaya a suceder. /FOTO MELISSA ORTIZ

¿Qué concepto tiene del Proyecto Angostura? Esta fue la pregunta que 15 le alcanzó a formular al senador Jorge Enrique Robledo Castillo, en el momento de su ingreso al Foro ‘Afectación hídrica y ambiental en minería a cielo abierto’ realizado el pasado 22 de noviembre por la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga y la Sociedad Santandereana de Ingenieros en el Hotel Chicamocha.

Y esta fue la respuesta del congresista del Polo Democrático Alternativo y miembro de la Comisión Quinta de Senado: “Ese es un proyecto que significa una amenaza inmensa sobre el acueducto de Bucaramanga y su área metropolitana, porque allá donde van a hacer ese hueco descomunal y van a echar cianuro y explosivos en cantidades inmensas, es de donde viene el agua para esta ciudad. Nadie tiene la certeza absoluta de qué podrá pasar más adelante, pero precisamente porque no se tiene entonces la pregunta clave es: ¿se justifica correr ese riesgo para que unos ‘místeres’ se ganen una plata?, ¿y si el día de mañana se confirman los riesgos y hay una catástrofe y Bucaramanga y su área metropolitana se quedan sin agua eso sí es sensato? Soy de los que creo, como entiendo que cada vez más bumangueses creen, que es un riesgo que no vale la pena ni se debe correr. Los santandereanos no tienen por qué aceptar esa idea solo porque unos ‘místeres’ se van a ganar una plata”.

¿Pertenece usted, senador Robledo, al grupo de quienes han sido tildados de ciegos ante los enormes beneficios que traería el Proyecto Angostura, de envidiosos que no quieren que otros progresen, de títeres de los grupos subversivos o de ‘falsos apóstoles del ambientalismo’, como dice el editorial de El Frente?

“Aquí hay unos que están moviéndose solo por la plata. Los de Greystar no vinieron a hacerle un favor  nadie, sino a hacer negocios y a ganar plata, y seguramente están involucrando en los negocios y en la plata a unas cuantas personas de aquí. Que no me vengan los negociantes a disfrazarme de altruistas sus negocios, y sabemos que se está moviendo mucho dinero en este proyecto. Entonces que se modere el lenguaje y hagamos un debate civilizado y tranquilo como debe hacerse”, manifestó este congresista que en las pasadas elecciones parlamentarias obtuvo 152.936 votos.

Estos son los planteamientos del senador Robledo Castillo, quien también ha liderado sonados debates como el de las irregularidades en Agro Ingreso Seguro:

“Aquí lo hay finalmente es un debate ciudadano de qué es lo mejor para Bucaramanga y su área metropolitana y también para el país, si hacer el proyecto de Angostura o no hacerlo.

Hay gente que se opone a la minería por principios e inclusive hay quienes también plantean que no debe haber inversión extranjera en Colombia. Yo en los dos casos tengo una posición diferente. Pienso que puede haber minería en un país como Colombia y también puede haber inversión extranjera, pero el problema son los detalles. Puede haberla pero dónde y cómo, así que dependiendo de los análisis de detalle puede haber o no un proyecto minero. Lo mismo sucede con la inversión extranjera, donde hay que mirar qué gana y qué pierde el país, se hace un análisis de costo-beneficio y se toma una determinación.

Estos debates sobre la minería han alcanzado un nuevo nivel cuando aparece la minería de cielo abierto. Una cosa es un proyecto minero por más grande que sea, que va detrás de una veta y en determinadas circunstancias -como un escalpelo- en un área específica saca una cantidad de mineral que esté depositada en ese subsuelo. Otra cosa es la minería abierta que consiste en el arrasamiento de un área inmensa, en movilizar una cantidad descomunal de roca, para encontrar unas fracciones pequeñísimas en el caso del oro, con unos esfuerzos en la cantidad de explosivos, en la roca movilizada y en el procesamiento de ese material, que incluso uno llega a pensar que es algo absurdo. Es tal la escala de las cosas que parece mentira, pero lo que pasa es que en la medida del desarrollo de la tecnología, la potencia de los explosivos y de la maquinaria, y en este caso de los altísimos precios del oro, pueden suceder cosas que en una lógica más sensata casi por definición son absurdas.

En cuanto a la minería que usa cianuro y a la minería de cielo abierto, y apoyado en lo dicho por el ex ministro del Medio Ambiente (1994), Manuel Rodríguez Becerra, en el Parlamento Europeo ya hubo una votación con la que se le pidió a la Comisión Europea que se prohibiera el uso de cianuro en toda la UE. En Europa hay un sector muy grande de la representación política que dice que ese elemento químico se debe prohibir, como ya está prohibido en Alemania, República Checa y Hungría. Por la naturaleza de la sustancia, puede tener un impacto catastrófico. Además, la contaminación sobre las cuencas hidrográficas y las aguas subterráneas hace que este se convierta en un riesgo indeseable. Por norma esas empresas no pagan los daños ambientales. Se ha dicho que quien contamina paga, pero a la hora de la verdad cada vez más estudios dicen que realmente estas empresas no asumen el costo de su actuación. Se habla de 30 accidentes de la mayor gravedad en el mundo en los últimos 25 años. Quiero llamar la atención sobre este asunto de los accidentes porque buena parte de la discusión es si puede suceder una catástrofe o no. Hay quienes dicen que no puede suceder; otros decimos puede que no pero puede que sí.

A esto se le suma una cosa que ya también es conocida, y si pasa en Estados Unidos y Europa qué decir en Colombia: la debilidad de las autoridades, que es proverbial. De un lado son funcionarios muchos de ellos hasta muy queridas personas pero con una gran debilidad de toda índole, y lo que tienen al frente son verdaderos monstruos económicos con poderes políticos descomunales, luego la intención de controlarlos eficazmente ya es una idea más o menos sospechosa.

También hay que llamar la atención sobre la enorme fragilidad de nuestros ecosistemas, a diferencia de lo que puede suceder en otros sitios. Estas zonas de páramo son por definición bastante frágiles y cordilleras muchas de ellas relativamente jóvenes cuya inestabilidad es también conocida, factor que aumenta los riesgos.

En la revista Ciencia de este año aparece una publicación firmada por un número importante de científicos norteamericanos, en la que hablando de los proyectos de cielo abierto de la minería del carbón en Estados Unidos -que yo sé que no es la misma del oro pero da pistas- pide la declaración de una moratoria en el uso de esa tecnología, poniendo en duda si ese es un tipo de minería tolerable o si definitivamente no lo es. Plantean que mientras avanzan los estudios y se acaban de medir una serie de impactos, lo sensato es hacer una moratoria. Estamos hablando de un fenómeno de unas proporciones tan grandes cuyos impactos pueden no presentarse a dos o cinco años, sino a 15 ó 30 años porque no hay experiencia suficiente al respecto. Si esto se da en Estados Unidos, aquí en Colombia ni se diga y más si se trata en minas de cielo abierto en topografías de montañas como las nuestras y particularmente las del Páramo de Santurbán. A uno le cuesta entender esta especie de soberbia científica y tecnológica que indica que todo se puede hacer, y que somos tan sabios los ingenieros y tan poderosas las máquinas, que estamos seguros de que no se produce nada. Pues bien, la catástrofe que acabamos de vivir en el Golfo de México en el caso de la British Petroleum, es un buen ejemplo de cómo esta soberbia científica y tecnológica a veces se queda en eso y les pasa como al aprendiz de brujo que termina perdiendo el control sobre las fuerzas que en algún momento se desaten.

Cuando uno plantea estas cosas, entonces lo que le venden del otro lado es que no son enemigos del medio ambiente, y publican libros bonitos y les regalan pesitos a algunos ambientalistas, y hablan algo de los riesgos pero -esto también lo dice el Gobierno- sobre todo la plata, el empleo, el desarrollo y el progreso. ‘No se le atraviesen al progreso’, que es una idea que por estos días se está vendiendo bastante en Bucaramanga. Suelen montar un discurso de ‘¡ahora sí!’. En La Guajira y Cesar lo echaron mucho con los proyectos mineros. ‘Ahora sí vamos a salir de la pobreza’… y ahora sí es que el país y el mundo siguen como van y no pasa nada distinto de los desastres que esos sí suelen ser permanentes.

Vale la pena mirar los impactos económicos y poner en su justo sitio hasta dónde llegan las supuestas ganancias que supuestamente nos compensan los daños ambientales. Estos proyectos mineros por definición suelen generar una serie de impacto sociales y ambientales prácticamente inmanejables. Por ejemplo, suelen generar un espejismo de bonanza y de riqueza que mueve cantidades importantes de población hacia esos enclaves mineros. Aquí los santandereanos lo han visto con Barrancabermeja, donde por cada empleo aparecen no sé cuántos pobres más que llegan detrás del espejismo de ese empleo y que terminan generando unos impactos complicados en las poblaciones. Por ejemplo, pueblos como La Loma, en el Cesar, pasaron su población de 3.000 a 16.000 habitantes en un par de años. Eso además genera un problema de inflación interna, desempleo, prostitución y de otra serie de lacras sociales que son inevitables en esas zonas de descomposición. Suele haber impactos sobre deterioro de vías supremamente grave. En Casanare el gobernador tuvo que ordenar en estos días la suspensión del movimiento de los camiones de las petroleras porque su tonelaje superaba cinco y seis veces la capacidad de las vías que se habían destruido y había un paro cívico de campesinos protestando porque no podían salir con sus cosechas. Entonces termina sucediendo algo que es como un absurdo y es que las regalías, que se supone que es la gran ganancia de estos proyectos, más que ser netas, se empiezan a convertir en los recursos con los que se pagan los daños ambientales.

Este es un asunto de mucho cuidado, sobre el cual por supuesto a los vecinos de California y Vetas ya nadie les dice nada porque ellos piensan que van a seguir viviendo tan tranquilos como están, con el poco estrés que hoy viven, pero además con un montón de plata dentro el bolsillo; pero esas dos cosas en estos casos no se dan juntas.

En cuanto a las condiciones laborales estos son proyectos que no generan tantos empleos como se dice. En su etapa de construcción de pronto generan un poco más, pero como es una cosa de gran tecnología porque de otra manera no sería rentable, de inmensas maquinarias y descomunales explosivos, a la postre suelen generar pocos empleos. Luego no es cierto que se diga o se insinúe que los problemas de desempleo de Bucaramanga o de Santander van a desaparecer.

Pero además hay que hablar de la calidad de estos empleos, que ya lo hemos visto en la minería del carbón porque esta gran minería del oro apenas está empezando a aparecer en Colombia con el otro caso del río Nechí, donde la pobreza de El Bagre y Zaragoza supera el promedio de Antioquia en proporciones descomunales, lo cual es otro ejemplo del espejismo que tienen estos proyectos mineros. Este es un problema grave porque lo que han logrado imponer estas trasnacionales en la minería del carbón son jornadas laborales de doce horas, no de ocho. Esto contiene un truco, porque cuando le mencionan a uno el monto del salario suena como alto pero se olvida que hay un 50 por ciento más de trabajo. Y ocultan otra parte: que la mitad de los trabajadores son contratados directamente por la mina, y la otra mitad por contratistas y a ésos ni siquiera les pagan el salario supuestamente bueno de los primeros. Estos proyectos generan males laborales, enfermedades profesionales delicadas que tienen que ver con el polvillo del carbón, pero también es que eso de trabajar 12 horas al día en una volqueta o en lo que sea,  produce unos impactos graves en la estructura ósea. Eso se ha ido convirtiendo en un problema en esas zonas de un número de enfermos superior a lo que debería ser en condiciones normales.

Otra característica son los encadenamientos industriales escasos, propios de los proyectos de enclave. Exceptuando el sudor de los trabajadores y el tamaño del hueco, todo lo demás es importado, ya sea traído de Canadá, Estados Unidos o Europa; y se exportan los bienes, no procesados sino como materia prima, luego la parte interesante del negocio no está aquí sino de una u otra manera está en el exterior. Y este es uno de los dramas económicos de países como el nuestro, especializados cada vez más en la producción de materias primas agrícolas y mineras que son bienes que por definición se exportan con muy poca o ninguna transformación, lo que quiere decir que la parte grande del negocio se hace allá con la elaboración de joyas o en fines industriales para el caso del oro. Esto hay que tenerlo en cuenta porque lo que termina pasando con el cuento minero es que ‘el tigre no es como lo pintan’.

Pero el tema crucial en el análisis económico es el monto de las regalías. ¿Cuánto es lo que le pagan al país por el recurso extraído? La regalía estrictamente hablando es el valor que una empresa le reconoce a la Nación colombiana, que es la propietaria del subsuelo, por lo que hay ahí enterrado. Pues bien, en general en Colombia las regalías son muy bajas y malas. El carbón entre el 6 y el 10 por ciento; el petróleo el 8% en promedio, pero lo del oro ya es la vergüenza: apenas el 4% y nominal, porque dice que es el 80% del precio de ese momento en el mercado internacional, o sea que realmente es el 3,2%. Así que la conclusión es elemental: cualquier cosa en el negocio del oro es mejor que ser el dueño del oro. Es mejor negocio sacar el oro, transportar el oro, echarle dinamita al oro, hacer un anillo con el oro, robarse el oro… cualquier cosa es mejor negocio que ser su dueño. Este es un debate clave porque se supone que con eso es que vamos a compensar todos los otros desastres. Teóricamente las regalías deberían ser netas, pero ya dije que no lo son, entonces la pregunta es si con ese 3,2% vamos a pagar todos los impactos y si hay un desastre de proporciones mayores cuánto de ese desastre va a ser cubierto con regalías. Con un problema nuevo que es el derivado del cambio de la ley de regalías, porque en la ley de hoy ese 3,2% es básicamente para el municipio donde se encuentra el recurso y el departamento, pero con la nueva ley -que es probable que logren imponerla a pesar de la resistencia que estamos haciendo-, ese 3,2% irá a una bolsa común que va a controlar el Gobierno nacional y que va hacer en últimas con ella lo que se le dé la gana. O sea que puede suceder que a Bucaramanga y a Santander, incluso que a las propias California y Vetas, de ese 3,2% les toque el ‘0,00000 nada por ciento’.

Cuando uno dice esto de las regalías, entonces ellos -porque no se les acaban los argumentos- dicen que hay que tener en cuenta los impuestos que pagan esas empresas. Entonces suman 3,2% de regalías, más 33% de impuesto de renta, más otro poco de impuestos, como si uno se hubiera ganado la lotería. Pero hay que decir que cualquier empresa que se ponga en Colombia paga impuesto de renta, o sea que eso no nos lo pueden presentar como un aporte de la minería, sino como un factor propio de la actividad económica en el país. Pero cuidado porque si algo caracteriza a Colombia es la inmensa cantidad de exenciones tributarias en general a toda la gran empresa, pero particularmente a la empresa minera. Por norma no pagan impuesto predial ni industria y complementarios porque está establecido en leyes centenarias. Hay otra exención por reinversión de utilidades, gracias a la cual si uno reinvierte lo que se ganó en su propia empresa entonces le descuentan en el impuesto de renta que pasa del 33% al 15%. La mitad de esas exenciones se las lleva la minería. El propio ministro de Minas reconoció hace unos días que las exenciones tributarias por IVA, sobretasa y global a los combustibles en el caso de ciertos proyectos mineros como el de la Drummond en el Cesar, le significa a esa empresa un descuento tributario de 400.000 millones de pesos.

Pero eso no es lo único, porque después de muchos esfuerzos logramos que la Contraloría les hiciera una auditoría especial a ciertas empresas de éstas. Y en el caso también de la Drummond, en el contrato 07888 descubrieron que por rebaja de IVA de exportaciones, que no pagan, y que por una rebaja en compensaciones que tampoco pagan, a ese contrato los descuentos entre los años 1995 y 2007 equivalen a 919.900 millones de pesos, que significan el 76% de la plata recaudada en regalías. Es bien probable que si a este caso de Drummond se le suman todos los descuentos tributarios frente a las regalías que pagan, les salimos debiendo plata.

En esa misma investigación la Contraloría confirmó que los sistemas de auditoría de estas empresas dan vergüenza. Son unos contratos complejísimos, redactados por unos abogados que ‘vuelan con los motores apagados’, que entender lo que dicen es una hazaña, redactados de mala fe para que un ciudadano común no los pueda entender, para que se presten a todo tipo de demandas. Yo llevaba años diciéndoles que no auditaban, que reciben plata de regalías y ni siquiera saben si esa es o no es. Y aparecen asuntos técnicos. Por ejemplo en el caso del carbón la calidad del mineral cambia el precio; en el caso del ferrocarril que tienen en la Costa Atlántica, el costo del flete cambia la regalía. No es posible que Ingeominas, que es una institución donde trabaja un número ridículamente de personas, sea capaz de auscultar esos contratos en el sentido de mirarlos para saber si es verdad o no lo que dicen. La Contraloría, por esa investigación que yo les pedí, terminó diciendo sobre el conjunto de los contratos de la gran minería que ‘la información proveniente de los titulares mineros -las trasnacionales- en el tema de regalías es en alto porcentaje de buena fe’. Entonces les creemos por buena fe, y fe es lo que no se puede demostrar. No se consigue una trasnacional que se gaste en auditoría menos del 8 o del 10% cuidando a sus gerentes, porque si no lo hacen fácilmente se embolsillan la plata de la empresa. ‘Míster’ Drummond no le cree a sus gerentes, pero el Gobierno de Colombia sí les cree a los gerentes de ‘Míster’ Drummond, lo cual ya es algo por lo menos inaudito.

Ciudadanos se manifestaron el pasado jueves 18 de noviembre contra la explotación minera a cielo abierto en los municipios santandereanos de Vetas y California, que afectaría la reserva del Páramo de Santurbán y el suministro de agua Bucaramanga-Cúcuta y otras 21 poblaciones. /FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
Ciudadanos se manifestaron el pasado jueves 18 de noviembre contra la explotación minera a cielo abierto en los municipios santandereanos de Vetas y California, que afectaría la reserva del Páramo de Santurbán y el suministro de agua Bucaramanga-Cúcuta y otras 21 poblaciones. /FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

El otro problema de estos proyectos es que los riesgos de corrupción son muy altos, y lo son porque las ganancias son muy grandes. Ser honrado al 10% es más o menos fácil, pero al 300% la cosa es más complicada. En este sentido hay que mirar con detenimiento las autorizaciones y los permisos que haya dado Ingeominas porque hay demasiadas historias sobre ese instituto. El Gobierno nacional no se atreve ni a defenderlo y están pensando en cambiar eso por otra cosa porque está pasando como con el DAS, que hay que cambiarle aun cuando sea el nombre.

En el fondo de esto, en los países desarrollados la sociedad es más organizada e ilustrada, por lo que los procesos de resistencia democrática son mayores. Aquí les ‘clavan’ a nuestros mineros del carbón jornadas de doce horas, pero en Estados Unidos son de seis porque allá sí hay que cuidarle el esqueleto al trabajador. Es lo común que estas empresas quieran hacer aquí lo que no pueden hacer allá. Si en Colombia va haber minería extranjera, parte de la discusión es cómo lograr que esos negocios sean por lo menos sensatos en lo que tiene que ver con las regalías, con los impuestos, con las relaciones laborales, con el respeto a las normas ambientales y la juridicidad del país, y no permitirle que vengan a hacer aquí lo que no pueden allá. Le planteo esta pregunta a la Embajada de Canadá: si este proyecto idéntico fuera en Canadá, pero en vez de Bucaramanga estuviera Montreal o Quebec, ¿se podría hacer?, ¿alguien se atrevería a proponer la posibilidad de hacerlo? Nos convirtieron las carboneras del Cesar a la bahía de Santa Marta, que se dice que es la más bella de América, en un cargadero de buques carboneros. ¿Será que uno podría meterle un ferrocarril por las playas de Miami cargando carbón para una trasnacional colombiana? No me opongo a que Colombia se relacione con el mundo. Claro que hay que hacerlo, pero no en negocios de mula y jinete. Aquí no nos van a volver a sacar los espejitos de hace 500 años para repetir unas especies de forma de colonialismo que son por completo inaceptables.

Hay dos grandes pleitos ambientales: en primer término que el Proyecto Angostura está a caballo sobre un páramo, y tenemos que cuidar lo que tenemos para ahora y para los siglos de los siglos. Yo le dije a la ministra Beatriz Uribe de Botero que con todo y lo grave que es hacerle un daño al Páramo de Santurbán -un daño que a mi juicio sería irreparable porque eso de que se va a reparar ahí sí que nos respeten, porque no pueden tratarnos como bobos-, pienso que ese no es el principal problema. Es sin duda parte del pleito y de la lucha, pero hay una cosa que me preocupa más: el acueducto de Bucaramanga, el acueducto de Cúcuta y el acueducto de un poco de pueblos más de Santander y Norte de Santander. Ese es el punto crucial de este debate, porque el daño al páramo sería irreparable, pero es más grave perder el acueducto de Bucaramanga. Si ese acueducto colapsara por cualquier razón o hubiera que cerrarlo por un tiempo largo, ¿en qué calibre de ratonera se convertirían Bucaramanga, su zona metropolitana y Cúcuta? Yo no doy la certeza de que se va a perder, pero ese es el riesgo. Entonces la pregunta del millón es: ¿se corre el riesgo o no se corre? Ellos nos dicen: ‘corran el riesgo que eso no pasa nada’, porque están en lo de ellos y ese es su negocio. Y en todas estas millonadas que se anda gastando la Greystar en Bucaramanga echando cuentos, han dicho varias cosas que son, para decir lo menos, poco serias. Que ‘cero contaminación’. ¿Cero contaminación en un proyecto que ya hemos visto cuáles son sus características? Que va haber el restablecimiento de las condiciones naturales del páramo, que cuenta con el conocimiento y la experiencia, que ‘ni por accidente’ será contaminada el agua que llega a estas ciudades.

Precisamente la gracia de los accidentes es que nadie sabe que van a ocurrir, o sino no son accidentes, ¿pero que a uno le digan que no va a ocurrir? Sí, se supone que lo que pasó en el Golfo de México con la British Petroleum no podía pasar, y cuando esos perros furiosos que tienen algunos colombianos salen y se comen a un niño, sus dueños dicen: ‘es la primera vez que lo hace’. ¿Quién nos puede dar la certeza de que no puede haber un accidente grave? Para no mencionar los otros riesgos que ya se han mencionado.

En la Comisión Quinta nos tocó tratar hace unos años el caso de un oleoducto de Ecopetrol que se reventó en la vertiente del río Pamplonita que abastece a Cúcuta. De ese oleoducto, que no se debía haber reventado, el petróleo cayó a las aguas del río, se fue río abajo y afortunadamente faltando minutos para que ese crudo se metiera por los tubos del acueducto alguien cerró una válvula. ¿Pero qué hubiera pasado en Cúcuta si su acueducto se llena de petróleo? Afortunadamente no pasó. La licencia ambiental estaba definida para que eso no pasara, pero pasó. Ese día le preguntamos a Juan Lozano -que era el ministro del Medio Ambiente-, si ese petróleo se hubiera metido y el acueducto de Cúcuta se pierde, ¿quién responde: la empresa dueña del oleoducto? Y nos dijo que no, porque en el ordenamiento jurídico colombiano cuando el Estado da una licencia ambiental cualquier caso fortuito ya es responsabilidad del Estado. Hay un escándalo en Barranquilla porque alguien que ahora es alcalde -Alejandro Char-, un buen día se compró unos terrenos de zona de deslizamiento pero logró que el municipio le aprobara hacer un barrio. Ahora, como tenía que suceder, se está cayendo el barrio y el problema ya es del municipio, no del urbanizador porque éste dice que cumplió con todas las normas luego le ha transferido la responsabilidad al Municipio de Barranquilla. Y ese es el problema con este acueducto, porque si aquí pasa algo… estamos en zona sísmica y de pendientes feroces, ¿entonces quién responde? Si es que se puede responder, porque hay daños que son irreparables, que pueden convertirse en procesos irreversibles. La gran pregunta que tienen que hacerse los habitantes de Cúcuta, Bucaramanga y de estos municipios, porque finalmente es un problema de ustedes, ¿qué van a esgrimir? Greystar dice que puede haber riesgos pero son poquitos y que además tiene el derecho de hacer ese proyecto minero; la ciudadanía tiene el derecho a establecer si quiere correr ese riesgo o no.

Un asunto que está en la ley 99 de 1993 es el Principio de Precaución, un fundamento del ambientalismo que dice que ‘cuando exista peligro de un daño grave e irreversible la falta de certeza de científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente’. Esto quiere decir que aunque no tengamos la certeza del desastre, podemos aducir el Principio de Precaución para señalar que esa obra no se debe hacer porque en el análisis costo-beneficio los riesgos son demasiado altos.

No tengo confianza en el Gobierno nacional en este caso, y no la tengo porque el modelo económico de desarrollo -o de subdesarrollo-, es un modelo que dice que el país debe convertirse en un importador de bienes agrarios e industriales. No vamos a tener un agro y una industria desarrollados de verdad, sino que vamos a importar. De dónde va a salir la plata para importar todas esas cosas, que además nos destruyen la economía porque cuando la importación es de un bien que nos desarrolla yo no me opongo, pero aquí estamos hablando de importaciones de bienes que podríamos producir internamente. El modelo económico de la globalización se paraliza si estos países no son capaces de conseguir en el mercado mundial un número suficiente de dólares para pagar sus importaciones y su deuda externa. Es  claro que en Colombia la decisión que se ha tomado es que esa plata salga de la gran minería. El Gobierno de Juan Manuel Santos está impelido a desarrollar proyectos mineros como un problema de la estabilidad del modelo económico, y dentro de eso no valen detalles así que esa plata aparece o el modelo económico se les colapsa. Lo están diciendo en todos los tonos y hablan de las ‘locomotoras’. He dicho que aquí la única ‘locomotora’ es la minería, porque las demás están tan mal que parecen carros de balineras. ¿Qué el agro, la infraestructura o la educación son ‘locomotoras’? ¡Paja! Aquí lo único que va a empezar en serio es la minería porque lo demás va seguir igual de mediocre a como está. Ahora, esa no es una escogencia de Santos sino una determinación del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, de Washington.

Miremos tres hechos de estos primeros cien días de este Gobierno que me confirman para dónde van las cosas: el presidente Santos temprano anunció que pondría de cabeza del Ministerio de Medio Ambiente, cuando se escindiera del de Vivienda, a Sandra Bessudo, quien en una entrevista con El Tiempo dijo que la solución al problema ambiental de la minería es la gran minería. Lo cual es increíble, porque nos van a salvar los mismos que nos hacen la emboscada. Aquí el Gobierno se inventó que el único problema de la minería es lo que ellos llaman la minería ilegal, que es la minería informal de los pequeños y medianos mineros, porque parte del problema es que el país todo se lo han entregado a las trasnacionales. A manera de referencia, el proyecto hidroeléctrico del Quimbo (Huila), que tiene que ver con represar el río Magdalena e inundar varios miles de hectáreas de tierras cultivables, el Gobierno de Álvaro Uribe le dio a Emgesa la licencia ambiental, con unas cuantas condiciones de sembrar unos árboles por razón de la presión de la gente. Como consecuencia la empresa apeló para que le disminuyeran las poquitas cargas que le pusieron. Eso se volvió un litigio en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dijo al Ministerio que no modificara la licencia ambiental. Pues este nuevo Gobierno modificó la licencia ambiental en beneficio de esa trasnacional. Y un caso más reciente son las declaraciones de León Teicher, presidente del Cerrejón, a quien El Espectador le preguntó si le seguirá yendo bien al sector minero en la ‘era Santos’, y éste respondió: ‘Así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también nosotros de tener al presidente Santos como gobernante’, y concluye: ‘Yo creo que se nos volvió a aparecer la virgen’. Yo que soy algo incrédulo, no tengo por qué creer que aquí no haya demasiado peso y presión para que ese Ministerio acepte el proyecto de la Greystar en el Páramo de Santurbán.

¿Qué hacer? Hay dos posiciones: los que por intereses particulares o por su propia manera de ser desde antes de empezar la lucha advierten que no hay que darla porque ya estamos derrotados, o levantan la teoría de que este es el precio del progreso, muchos de los cuales se refieren es a su progreso personal; yo, por el contrario, soy de quienes creen que lo poco o lo mucho bueno que hay en el mundo es producto de la lucha y de la resistencia democrática. Si yo viviera en Bucaramanga desde hoy mismo me resistiría a eso y que nos derroten si son capaces. Lo segundo es tener claro en qué consiste resistir. No me hago ilusiones con el Ministerio del Medio Ambiente y no me gustó el énfasis de la ministra Beatriz Uribe en lo del páramo y en su insistencia en que no se violará la norma, porque le dije que el problema no es el páramo sino el acueducto, y ella intenta echarme el cuento de que dijo lo mismo que yo dije. Tampoco soy optimista porque las presiones que están recibiendo son descomunales.

Entonces la única posibilidad que se tiene en este caso: meterle gente al asunto, movilizaciones, resistencia democrática y civilizada. Movilización y resistencia que tiene que cumplir con un propósito mínimo que es el de compensar las presiones que están viniendo del otro lado, de forma tal que la decisión que se termine abriendo camino sea ajustada a los intereses de la región, a los avances de la técnica y la ciencia y al Principio de Precaución. Si esto se reduce a una pelea de la Sociedad de Ingenieros de Santander, la Sociedad de Mejoras Públicas, universidades, ambientalistas y centros de estudio, estamos derrotados. Esta es una batalla compleja porque estamos desafiando superpoderes. No es sorprendente que parte de la dirigencia política de Santander vacile al respecto. Tenemos que hacer un esfuerzo por unir a todo el mundo en torno a esto. Bienvenidos todos, así con los otros sectores tengamos diferencias sobre otros muchos temas. Intentemos un acuerdo en este tema, que si el movimiento es lo suficientemente grande se produce otro efecto entre la dirigencia política, y es que tienen que oír a sus electores porque ellos se eligen es con los votos de los santandereanos. En la medida en que esta lucha social, cívica y democrática se dé, estoy convencido de que se puede ganar y habrá esperanzas para que este departamento siga progresando como debe progresar.

Por Pastor Virviescas Gómez
[email protected]

Universidad Autónoma de Bucaramanga

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