Las 33 hectáreas de la finca ‘El Cristal’, se convirtieron en el hogar de los que se fueron asentando en el barrio que se denominó de la misma forma. Sin embargo, con el paso del tiempo, por diferencia de ubicación, intereses y por gestión de Óscar Omar Orozco que fue concejal por el Movimiento Cívico Independiente en 2003, se dividió en Cristal Alto y Cristal Bajo. El primer sector tuvo más suerte que el segundo, pues a pesar de ser estrato uno, cuenta con todos los servicios públicos y con vías pavimentadas, pero la parte baja, también del mismo estrato, aún espera poder cubrir urgencias básicas.
Servicios públicos, educación, sistema de alcantarillado, vías por pavimentar, puestos de salud y viviendas con reglamentación de seguridad básica son algunas de las necesidades que poseen las más de cinco mil personas que habitan Cristal Bajo, ubicado a seis minutos, aproximadamente en carro, desde Provenza.
El agua y luz han llegado poco a poco a las viviendas, sin embargo, el sistema de gas es precario. María Ofelia Lozano, residente del predio desde hace 27 años, tiene como principal fuente de ingresos la venta de almuerzos a 6 mil pesos. Mantiene alrededor de cuatro clientes diarios, y lo peculiar de sus comidas es que es preparada con leña, porque la compra de cilindros a gas no es rentable, ya que cada semana debe invertir en uno de 40 libras 65 mil pesos.
Educación
El barrio cuenta con la sede B de la Institución Educativa Provenza, donde 160 niños cursan desde transición hasta quinto primaria. La escuela comenzó a funcionar en 1995, pero a pesar de su trayectoria ha ido tomando forma lentamente, solo hasta este año lograron cercarla para que los estudiantes no salieran del establecimiento en horario escolar. Los que continúan el bachillerato tienen que hacerlo en la sede A ubicada en Provenza.
En materia de contenidos se busca a través de las nuevas tecnologías reforzar el inglés, sin embargo, los materiales que utilizan son un costo que los padres no pueden asumir. El hermano de Tatiana González está cursando séptimo grado y no puede tener la misma oportunidad de aprendizaje que sus compañeros. “Fui a hablar con el coordinador porque mi hermano me dijo que no lo habían dejado entrar a la sala de informática por no tener el libro que usan. Lo fotocopié para mayor economía, pero tiene unas barras electrónicas que lee la plataforma con la que trabajan y esto le impide adelantar las actividades. Lo sientan a un lado para que haga otras”, comentó mostrando la lista de libros solicitados para este año escolar. En promedio cada material alcanza los 40 mil pesos, sin contar los 30 mil anuales que exige la institución para fotocopias.
Mal estado de viviendas y vías
Los adultos mayores ven con importancia solucionar el estado de las viviendas y de las vías del barrio. Adelaida Paipa vive hace 20 años en una casa de madera y comenta que “nunca he tenido como construir, tengo el lote y tengo mi ‘ranchito’, pero nunca he podido remodelar o hacerlo en material como ladrillos y cemento. Me gustaría algún día tener a mi familia en una casa decente”.
Las vías no cuentan con un sistema de desagüe para la lluvia, lo que expone a los habitantes a enfermedades y a la pérdida de sus pertenencias. La pavimentación tiene una capa delgada de asfalto que con el tiempo generó huecos, lo cual hace que niños, ancianos y personas en sillas de ruedas se vean afectadas. “Nos dicen que todos los años nos legalizan, dicen que el alcalde Rodolfo Hernández lo hizo. Ahora toca esperar el desenglobe y otro poco de ‘vainas’. Ya no sé qué creer, eso nos lo dicen en temporada de elecciones para ver cuántos votos pueden tener”, afirma Publio Cárdenas, quien hace parte de la comunidad hace 25 años.
Así actúa la alcaldía de Bucaramanga
La curaduría cero fue activada en noviembre de 2017, con el propósito de que entre 2018 y 2019, alrededor de cuatro mil barrios fueran legalizados cumpliendo la Ley 1848 de julio 17 de 2017, la cual expide normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de edificaciones en asentamientos de los municipios que cuenten con la figura del curador urbano.
La alcaldía estableció pasos para la legalización de estas zonas entre los cuales se encuentra que el barrio debe estar situado en un territorio óptimo, ya sea urbano o rural, donde sea viable la instalación de servicios públicos. Conformarse una junta de acción comunal que tramite una carta firmada por la comunidad con su deseo y voluntad de legalización, junto con la escritura matriz del predio y planos topográficos, así como también un estudio de suelos y riesgos. Después de la revisión de estos documentos y del caso en general del predio, se da paso a la expedición de la resolución final y a la titulación.
Según el decreto 0640 de 2017, el barrio Cristal Bajo fue legalizado en este año, sin embargo, Érica Boa, topógrafa y funcionaria de la administración municipal en la curaduría encargada, aseguró que legalizarlo es solo el primer paso para que como institución se pueda intervenir en los servicios públicos y demás.
“Las viviendas en especial deben cumplir con ciertos requisitos y la comunidad debe ayudar. En Cristal Bajo muchos de los predios tienen demandas jurídicas y muchos otros no cumplen con los mínimos de seguridad para no verse afectados por un derrumbe que es lo más común en la zona, tenemos que solucionar esto para por ejemplo, establecer el sistema de gas y esto es indefinido, demorará hasta que la comunidad también colabore con estas trabas”, concluyó la funcionaria.
Por Gabriela Jaimes Galindo
gjaimes326@unab.edu.co
