Por: Juan Diego Cáceres (jcaceres206@unab.edu.co)
El asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años en el corregimiento de Villagorgona, Valle del Cauca, ha causado una ola de indignación en Colombia. Brayan Campo, vecino de la menor y confeso autor del crimen, ya tenía un proceso penal activo por presunto acceso carnal violento contra otra menor en 2018, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre la inacción de las autoridades para evitar que el agresor siguiera delinquiendo.
Sofía desapareció el pasado domingo 29 de septiembre después de salir de la casa de sus abuelos para comprar un champú y comida para su mascota. Tras días de angustia, su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre en un cañaduzal. Campo, vecino de la niña y quien participaba en su búsqueda, fue detenido poco después y confesó el asesinato.
Lo que ha generado aún más controversia es el hecho de que Campo ya estaba siendo investigado por otro delito de violencia sexual. En 2018 fue acusado de haber abusado sexualmente de otra menor, y pese a ello, no se tomaron las medidas necesarias para evitar que continuara representando un peligro para su comunidad. Además, resaltó en Noticias Caracol, que “el mismo domingo 29 de septiembre que se presentó el hecho, una hora antes de que a través de engaños ingresara a Sofía a este local, a otra niña también intentó secuestrarla a través de engaños, sino que la niña reacciona, se va y, a través de esa niña que huyó, fue lo que nos llevó a que descubriéramos a este victimario“.
Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, existen detalles alarmantes en torno a este caso. «Hay algo que me parece curioso, y es que su hija de seis años se llama Sofía, la niña que violó hace cuatro o cinco años se llama Sofía, y la niña que asesina horrendamente también se llama Sofía», expresó la mandataria regional, evidenciando una coincidencia perturbadora que debería haber activado alertas mucho antes.
La captura de Campo fue legalizada, pero su compañera sentimental, quien también fue detenida en un inicio, fue liberada, aunque sigue vinculada a la investigación. La comunidad, consternada por la noticia, reaccionó con furia, atacando la veterinaria que Campo regentaba y su vivienda. Las autoridades locales, en un intento por controlar el caos, declararon toque de queda en Villagorgona, el cual se extendió desde la noche del 17 de octubre hasta la madrugada del 19 de octubre.
A pesar de estos intentos por mantener el orden, las preguntas sobre la responsabilidad institucional persisten. ¿Por qué un hombre que había sido acusado de un delito sexual grave seguía en libertad y sin un control riguroso por parte de las autoridades? Este hecho no solo refleja una aparente desidia, sino también una falta de mecanismos efectivos para proteger a la ciudadanía, especialmente a los menores de edad. La falta de respuesta oportuna del sistema judicial permitió que Campo, un potencial agresor, se mantuviera en una comunidad vulnerable sin restricción alguna.
El sistema judicial colombiano enfrenta una creciente crisis de confianza, con numerosos casos de violencia sexual y homicidios sin resolver, en parte por los largos procesos judiciales y la falta de seguimiento adecuado. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la niñez han criticado durante años la falta de acción frente a denuncias de abuso sexual, argumentando que muchos de estos casos quedan en la impunidad o se dilatan en el tiempo, como ocurrió con Brayan Campo.
