Alrededor de 609 trabajadores de taxis y 87 buses de Floridablanca, Girón y Piedecuesta se han visto afectados por la tarjeta de operación municipal, que les prohíbe el acceso a otras áreas metropolitanas de Bucaramanga en las que no fue registrado el vehículo.
Aunque en 1981, a través de la ordenanza 028, los taxis matriculados en Girón, Floridablanca o Piedecuesta no podían acceder hasta el municipio de Bucaramanga, por no contar con un documento que les soportara la entrada a esta, desde 1998, un acuerdo establecido entre las autoridades locales habilitó el tránsito libre para estos vehículos en todos los municipios, con el fin de cumplir el desplazamiento de los usuarios sin ningún problema.
Sin embargo, en el 2001, el decreto 172 en el artículo 23, dejó en claro que todos los convenios o acuerdos realizados por los alcaldes antes de ese decreto eran abolidos; por lo tanto, el acuerdo que se había desarrollado en 1998 perdió su vigencia.
Entonces, si un taxista deseaba trasladarse a otro municipio diferente de donde estaba matriculado su vehículo, debía sacar una planilla de viaje ocasional que le permitiera salir de su radio de acción, ir hacer el viaje y volver. “Aquí estamos hablando de que cada vez que un vehículo por ejemplo de Floridablanca, necesitara pasar a Bucaramanga, debía solicitar esa planilla para poder hacerlo, pero eso nunca se controló hasta ahora”, afirmó el subdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Aldemar Díaz Sarmiento.
Aunque las autoridades metropolitanas no realizan controles, permitiendo que los taxistas siguieran desarrollando su actividad sin importar que este medio de transporte hubiera sido matriculado en Piedecuesta, Girón o Floridablanca, la orden del Ministerio de Tránsito y la Superintendencia de Puertos y Transportes es que los controles se deben implementar.
Por esto, el AMB ha adelantado los operativos e inmovilizando aquellos vehículos que no contaran con una tarjeta operacional metropolitana y estuvieran trabajando en Bucaramanga.
Origen del problema
Díaz Sarmiento aseguró que al ser las ciudades tan cercanas (conocido como conurbación) se le dejó de hacer control, pero al ver que los taxistas municipales empezaron a moverse y a comportarse como si fueran metropolitanos, se tuvo que ejercer control debido.
Además, esto se debe a la crisis de los usuarios, ya que cada vez menos personas utilizan el transporte público debido a la informalidad. “Todo el mundo está rebuscando usuarios y se empiezan a formar problemas, porque los taxistas metropolitanos dicen que los municipales se les están metiendo en el lugar de trabajo”, comentó el funcionario.
El problema radica en que la ley 769 en el artículo 6 expresa que son los alcaldes la máxima autoridad de tránsito y transporte.
“Los alcaldes no quieren perder su autoridad para manejar el tema, por eso no les quieren pasar al área metropolitana el manejo de estos cupos urbanos o municipales”, como lo expresó el presidente de la fundación colombiana de taxistas de Bucaramanga, Giovanni Rueda Corzo.
Como solución al problema, la junta que dirige el AMB, (conformada por los cuatro alcaldes de los municipios cercanos a Bucaramanga, representante del consejo y de la ONG de tránsito), pidió a los alcaldes entregaran el manejo del transporte a la entidad; sin embargo, “esta decisión no es tan fácil desde el punto de vista político. Se analizan otras alternativas diferentes para llegar a un acuerdo y solucionar cuanto antes este problema”, añadió Díaz Sarmiento.
Situación actual
El alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, se pronunció al respecto y dijo que “es absurdo que un taxi que esté matriculado en Floridablanca no pueda prestar servicios en otros municipios del área metropolitana, esto trae un problema muy grande en contra de los usuarios y taxistas”.
El mandatario local agregó que, si un usuario de Floridablanca, Girón o Piedecuesta se quiere desplazar a Bucaramanga y toma un taxi que tiene tarjeta municipal, este se debe bajar en Provenza, donde empieza el límite con Bucaramanga y tomar otro taxi para llegar a su destino.
Según Yezid Matuk, vicepresidente de la misma fundación de taxistas, son conscientes que en el Código Nacional de Tránsito expresa que la máxima autoridad en el transporte son los alcaldes, el problema que han visto es que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, “es el único del área metropolitana que está ejerciendo esta clase de control en el servicio público, pues las autoridades de los demás municipios nos permiten el acceso”.
Matuk afirmó que “el alcalde Hernández está tomando una decisión que afecta a miles de conductores de taxis, pues no tiene en cuenta que uno como taxista debe cumplir una tarifa establecida para las empresas, estas tarifas son alrededor de 80 mil pesos diarios, más los 35 mil que se le debe echar por el combustible y la lavada que por mínimo vale cinco mil, a uno no le quedan muchos ingresos para llevar a la casa, por eso la gente se ve obligada a arriesgarse para sobrevivir”.
Consecuencias
Si se les exige a los 609 taxistas de los municipios cercanos a Bucaramanga trabajar donde fue matriculado su vehículo, “no podrían hacerlo en un área tan pequeña y por consiguiente no serían capaces ni de hacer lo de la gasolina del carro, lo que hace que sea una afectación bastante grave, porque de qué van a vivir esas familias”, expresó Rueda Corzo.
Por su parte, Matuk acotó que se debe tener en cuenta que Uber, los carros particulares y el servicio de motos ofrecen un servicio ilegal, sin ningún tipo de garantía para los usuarios. Contrario a los taxistas, que además de prestar el servicio, debe tener un seguro y unos documentos en regla; entonces, con el poco control por parte de la Dirección de Tránsito a este trabajo ilegal, “también han hecho que el servicio público tanto de taxis como de buses, disminuya en la cantidad de pasajeros, bajando mucho el transporte individual. Estas medidas que se están tomando, están perjudicando mucho más al taxista”, expresó el representante del gremio.
Según información suministrada del AMB a Periódico 15, en este tipo de operativos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, se han encontrado vehículos municipales por fuera de su radio de acción, lo cuales han sido inmobilizados.
Estas inmovilizaciones van por cinco días hábiles si es la primera vez, y por 20 si es reincidente y así sucesivamente, va subiendo los días que se inmoviliza. “Con estas medidas hemos logrado la inmovilización de 31 vehículos municipales tipo taxi y 12 buses en lo que va del año”, comentó Díaz Sarmiento, quien además agregó que “esto es una afectación bastante alta para un vehículo de servicio que debe cumplir con una tarifa diaria y haría casi inoperable un taxi en esta situación, pero es lo que la norma establece en el código de transporte en la infracción 590 de la resolución 10800 del 2013”.
Matuk concluyó que son muchos los compañeros de su empresa que se han quedado sin trabajo, pues al disminuir el producido y no poder pagar la cuota que les corresponde, ni con el valor de su trabajo les han quitado el carro. “Esto los lleva a perder su trabajo y no pueden llevar el sustento para su familia, lo cual va contra de la dignidad del núcleo familiar, pues la familia es lo más importante, entonces es complicado tomar las medidas sin tener en cuenta los futuros impactos ni lo que llega a generar”.
Por la misma razón, las empresas también están tomando cartas en el asunto ya que Celina Matager, tesorera de la empresa Villa de San Carlos, dijo que se necesita solucionar pronto la situación, ya que los taxistas y los usuarios son los que se ven afectados.
Aunque las empresas han hecho gestiones, pasando tutelas pidiendo el ingreso del parque automotor y esperando a que se arregle la situación lo más pronto posible, hasta la fecha estas han sido rechazadas.
Por Jessica Tatiana Hernández Estrada
Jhernandez392@unab.edu.co
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