Por Laura Ximena Correa S.
lcorrea288@unab.edu.co
El informe realizado por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, presentado por cinco universidades del país (Nacional de Colombia, del Norte, Sergio Arboleda, del Rosario y del Sinú) reveló que existen retos que superar para avanzar en el proceso de las solicitudes existentes, el cual deberá estar resuelto antes del 10 de junio de 2021, fecha límite que estableció el Gobierno Nacional para la entrega de tierras.
Por tanto, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) deberá tener en cuenta que las personas que fueron víctimas del conflicto armado en Colombia temen ser revictimizadas. Según el informe, solo el 30% de los campesinos, que equivalen a 149 de los 498 encuestados, retornan a sus predios. “Involucrarse en el programa de restitución puede implicar altos riesgos para personas que, precisamente por haber sufrido traumas extraordinarios, pueden ser bastante adversas al riesgo”, afirmó el Observatorio.
A lo anterior se le atribuye que, así como los beneficiarios no conocen con exactitud los derechos que les brinda la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los pasos a seguir para conseguir la entrega de sus terrenos, tampoco tienen conocimiento de cómo va a ser la seguridad de los mismos al retornar a sus propiedades.
Por esta razón aumenta el temor de recibir amenazas por parte de los grupos ilegales y al margen de la ley. Además, el estudio demuestra que la eficacia del proceso pierde credibilidad. Dentro de la falta de planeación del Gobierno se incluye que no solo las personas que tuvieron que abandonar o fueron despojadas de sus tierras han sido víctimas del conflicto. También lo son, aunque no directamente, los campesinos que compraron legalmente los predios a terceros y que ahora sus tierras son expropiadas por el Gobierno Nacional.
Este hecho se dio a conocer cuando los actuales propietarios de los terrenos denunciaron y salieron a protestar en los municipios de San Alberto y Sabana de Torres en 2014. Pese a los vacíos que asume a Ley de Víctimas que se promulgó en 2011, seguido un largo proceso.
El temor a ser revictimizados, uno de los impedimentos para retornar a sus tierras administrativo y judicial, 43 campesinos de Santander tendrán de nuevo las tierras de las que fueron despojados a causa del conflicto armado. No obstante, hay 1.400 solicitudes de predios pendientes por revisar y 322 demandas que equivalen, estas últimas, a 9.025 hectáreas. El director de la URT en Santander, Fabio Andrés Camargo Gualdrón, entregó a 15 un balance sobre los municipios con mayor número de demandas en el Departamento.
La lista es encabezada por Sabana de Torres, aún azotada por grupos armados ilegales, así como Rionegro y El Carmen de Chucurí. La primera de estas poblaciones cuenta con mayor número de fallos a favor de las personas despojadas por el conflicto. Además, agregó que a la fecha van 1.205 hectáreas restituidas.
“Fui víctima”
“Luego de que mi hermano prestara servicio militar, siguió como informante del Ejército, ahí fue cuando lo ficharon e inició nuestro calvario”, expresó *Rosa Patricia Calderón Ochoa, de 45 años. Ella y su familia tuvieron que vender las tierras a causa del asesinato de su hermano y frecuentes amenazas que recibían por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Esto sucedió en una vereda de Santander, luego de celebrar el cumpleaños de su madre.
En 1992 eran frecuentes los enfrentamientos entre el Ejército y las Farc, en la zona en que Calderón Ochoa tenía sus tierras. Para esa fecha ya habían asesinado a dos de sus vecinos por dar información del paradero del grupo ilegal. Al cabo de unos meses, en el cumpleaños de *Concepción Ochoa Roa, su mamá, integrantes de las Farc llegaron a su casa como acompañantes de algunos de los asistentes a la celebración. Para la familia era normal recibir invitados que no conocieran y brindarles comida, así que esa no fue la excepción.
Sin embargo, los guerrilleros infiltrados no duraron mucho tiempo en el lugar. “A estas personas no les importó que fuese el cumpleaños de mi madre. Esa fue la última noche que lo vi”, relató la víctima. Encontraron el cadáver una semana después, con signos de tortura, quemaduras con aceite, y su cabeza en un lugar diferente a su cuerpo. La única manera de reconocerlo fue por la cicatriz que llevaba en su mano derecha.
Sin importar este hecho, siguieron las amenazas, hasta el punto de tener que vender sus tierras a un precio que no se justificaba al valor real de la finca. Hace dos años ingresaron al programa de restitución de tierras, el cual no ha sido favorable para ellos, puesto que los actuales propietarios, que mandan en la mitad de la finca, dieron un testimonio errado que les impide seguir con el proceso.
Así como Rosa Calderón Ochoa y su familia, Fabio Orozco Real, empresario de Barrancabermeja, tuvo que dejar sus predios e irse a buscar refugio en la ciudad. Fue víctima de la guerrilla y el paramilitarismo que, en 2001, azotaba al Magdalena Medio. Mientras Orozco Real evadía las amenazas, algunos pescadores, que tenían vínculos con los grupos armados, invadían sus propiedades en el corregimiento Campo Gala, vereda El Llanito.
Luego de un año, cuando su hija hacía la primera comunión, fue el primer atentado. Al momento de bajarse de la camioneta observó que dos hombres armados venían tras él, Orozco Real alistó su arma, y esperó el primer disparo, “por defensa propia activé la pistola y le disparé en la pierna de uno de los hombres, el otro huyó, puesto que en ese momento llegaba la Policía de Barrancabermeja”, relató.
Según las investigaciones realizadas por el comando policial, los hombres que intentaron matar a Fabio Orozco eran enviados por los invasores de sus predios. Entonces le brindaron seguridad por unos días, mientras adelantaban el proceso en contra de los agresores, sin embargo, las amenazas e intentos de secuestro no pararon. Hace cinco años Orozco Real ingresó al proyecto de Restitución de Tierras.
Actualmente el proceso se encuentra estancado y trasladado a la sede de la Unidad en Bucaramanga. Además, asegura que el papeleo ha sido tedioso y largo, puesto que son muchas pruebas las que hay que aportar.
¿A qué le temen las víctimas?
Para Rosa Patricia Calderón es inevitable pensar que los actuales propietarios de la mitad de sus tierras hayan tenido que ver con el asesinato de su hermano; por esta razón, teme no solo por su vida sino por la de su hijo de 14 años. Además, no descarta que estas personas tomen represalias en contra de ambos por estar en el proceso de Restitución de Tierras, sumado a que no cuenta con protección por parte del Estado.
Fabio Orozco Real también teme por la seguridad de su familia, quienes actualmente viven fuera de Barrancabermeja. Asegura que su situación es incierta, ya que el proceso se encuentra suspendido y los invasores aún siguen habitando el terreno.
*Nombre cambiado a petición de la fuente.
