Periódico 15 dialogó con Todd Howland, director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.
Howland llegó al país en 2012 con una experiencia de más de 20 años en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) en conflictos armados como los de Angola y el Congo.
El jurista estadounidense se ha destacado por su acompañamiento a las comunidades víctimas del conflicto armado y los líderes sociales. Además, por mantener una postura crítica, calificada por muchos como independiente, al criticar los debates del Congreso durante la refrendación del Acuerdo y lo que puede llegar a ocurrir en materia de reparación y verdad si con Ley de Amnistía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se termina beneficiando a responsables de crímenes que no merecen beneficios.
El centro del Acuerdo de Paz son las víctimas. Sin embargo, organizaciones de Santander como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Atcc) y la de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), dicen sentirse aisladas porque no se les ha tenido en cuenta durante la implementación y en lo que tiene que ver con la conformación del equipo que integra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente. ¿En qué se ha fallado?
Colombia tiene muchos problemas al imponer problemas personales e institucionales frente a los derechos humamos y especialmente los derechos de las víctimas. Esta es una historia larga y triste. Había una esperanza en que tal vez el proceso de paz cambiara la realidad, pero en realidad no está cambiando. Persisten los intereses de los partidos políticos en razón de imponer su gente en las contrataciones, y eso más importante que las víctimas.
Usted ha expresado que la Ley de Amnistía está beneficiando a miembros de las Farc como de la Fuerza Pública que han sido sentenciados o que gozan de cierta protección, y que esto no ayuda en el proceso de reparación de víctimas y el conocimiento de la verdad. ¿Cuáles son los reparos que hace en este aspecto?
Algo está mal, porque la conceptualización del Acuerdo de Paz se basa en reconocer que ha habido violación de derechos humanos, en hacer interacciones con víctimas de conflicto armado y hacer trabajos de valor social de cara a la reparación. La Fuerza Pública no es amnistiable desde el punto de vista internacional. En las Farc lo son los que cometieron el delito de rebelión y los otros que tienen cargos de violación de derechos humanos, en razón de trabajos que van a hacer, un programa o algo específico. Creo que no es tan difícil cambiar la Ley de Amnistía para no hacer beneficios, pero ser consistentes con los derechos de las víctimas. No es demasiado tarde para ratificar que el Estado y las Farc acordaron que se va a tomar en serio a las víctimas y que se va a entrar en un sistema de justicia restaurativa.
¿Qué opinión tiene sobre el encuentro del 19 de julio entre miembros del secretariado de las Farc y jefes paramilitares, en el que ambos expresaron que su propósito es decir la verdad, y no volver a enfrentarse? ¿Es esto garantía para las víctimas?
Cuando estamos hablando de verdad también debemos hablar del Estado y de los empresarios. Hay un problema: Sí hay necesidad de crear reconciliación, pero debe hacerse con base en el respeto de los derechos de las víctimas. La gente de Bojayá estaba furiosa con esta reunión porque con las Farc había un proceso de dos años en el que se aceptó que ellos llegaran y pidiera perdón. Pero con los paramilitares no se ha hecho nada, y todavía están esperando acciones concretas. El Estado dejó pasar a estas víctimas. A pesar que existe la Unidad de Atención de Víctimas, todavía no cuentan con servicio médico, no hay atención sicosocial y no hay una acción de pedir perdón. Por favor: no es solamente las Farc. Con ellos hay un esfuerzo real.
En su visita a Bucaramanga, alias ‘Pastor Alape’, integrante del equipo negociador de las Farc, aseguró que la lista de los bienes de la guerrilla está en poder de la Fiscalía y que de ahora en adelanta la reparación de las víctimas es tarea del Estado. ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden afrontar en este proceso?
Creo que ese debate en razón de bienes de las Farc está mal trazado y conceptualizado. Primero, porque la extinción de dominio en este país no funciona bien. Si fuera así, con eso se podría pagar todo el proceso de paz, casi todo, pero no funciona. En la lista de Farc sí hay recursos, pero hay que mirar que el sistema de la Unidad de Víctimas gasta mucho dinero en operar. Se tiene que crear transparencia: cómo se van a utilizar, para facilitar que las víctimas vean que sí hay un esfuerzo. Tengo una sugerencia: Colombia debe utilizar este dinero para facilitar procesos entre esa guerrilla y las comunidades, para escuchar sus quejas, para entender qué tipo de reparación están esperando y si hay un dinero, después organizar encuentros. En Bojayá, por ejemplo, piden vías para sacar sus productos. La guerrilla tiene capacidad logística, entonces, ¿por qué nos los ayudan por un tiempo en este trabajo para crear inclusión económica? Las comunidades tienen ideas y tienen que ser escuchados. Más allá de si entregan los bienes o no hay que pensar cómo se van a usar. Creo que este debate es más político.
Sectores sociales rechazan la muerte de líderes sociales y denuncian que están desprotegidos, que incluso, se le brinda más seguridad a los guerrilleros. ¿Por qué se está presentando esta ola de violencia contra esta población?
Las Farc están implementando los Acuerdos en tiempo real y el Gobierno está haciendo planes en tiempo real. La guerrilla ha salido de zonas donde se da la economía ilegal y los líderes que están empujando los procesos sociales se enfrentan a grupos ilegales que quieren continuar con los cultivos de coca. La realidad es que el 70 % de los líderes han muerto en zonas que han sido abandonadas por la guerrilla, lo que indica que sí hay un vacío de poder. El Gobierno debe salir de la idea que la Fiscalía y la Fuerza Pública lo va a resolver. ¿Por qué no lo hicieron antes? Tiene que haber un esfuerzo integral del Estado, el reconocimiento de las autoridades locales, el fortalecimiento de la acción combinada de los resguardos y de consejos comunitarios. También están los pequeños y grandes empresarios y los consumidores, que pueden crear lazos específicos con esas comunidades para que salgan de la violencia.
Por Xiomara K. Montañez Monsalve
xmontanez@unab.edu.co
