El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estima una cifra proyectada a la fecha (3 de septiembre de 2017) de 49.387.807 colombianos. De este censo, el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene inscritas a 8.186.896 personas afectadas por el conflicto armado (hasta 1 de agosto de 2017); es decir, el 16,57% de la población colombiana.
Ahora que el país está en un proceso de cambio, tras la firma del acuerdo final de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, el 24 de noviembre de 2016, un interés primordial es reparar el daño ocasionado a quienes fueron perjudicados por la guerra. Es aquí donde las organizaciones e instituciones toman un papel activo, ofreciendo oportunidades que les ayuden a progresar y curar las heridas.
Contribuciones a la región
Santander ha sido uno de los departamentos donde se han concentrado brotes de violencia. Según el RUV de 133.086 registrados, 130.912 son víctimas del conflicto armado, de las cuales actualmente 105.045 están siendo atendidas y reparadas.
Sobre este último número la Unidad para las Víctimas en colaboración con la Oficina de Atención Integral a Víctimas de la Gobernación de Santander, son partícipes en brindar atención a los afectados. El 29 de agosto ambas organizaciones suministraron 85 proyectos productivos entre familias provenientes de Betulia, Puerto Wilches, Rionegro y Sabana de Torres.
En el Magdalena Medio y Santander hay 69 personas y 16 familias que pertenecen, respectivamente, al plan integral de víctimas y al proceso de restitución de tierras. Con estas propuestas se favoreció a través de insumos destinados para la producción agrícola, de pescado y ganado, tecnificación de materiales necesarios para las labores rurales, y también se les proporcionó otros elementos para la creación de restaurantes y tiendas de barrio, salones de belleza, confecciones y talleres de mecánica.
José del Carmen Márquez Prada, desplazado campesino del municipio de Betulia es beneficiario de esta iniciativa. Se le proporcionó un auxilio de dos novillas, que para él representa “la oportunidad de ir empezando una nueva faceta económica en mi vida, después de haber vivido la problemática de la violencia”. También Miriam Durán León, víctima proveniente de Rionegro, expresó que con los insumos de riego y agricultura “en la parcela nos ayuda en los árboles, (porque) los abonamos para que den más producción” en las cosechas que tiene de cacao y cítricos como mandarina, limón y naranja, pero además según ella le contribuye “en la calidad de vida”.
La Agencia para la Reintegración y la Normalización (ARN) de igual forma está actuando al respecto. Esta entidad diseña, ejecuta y acompaña en el proceso de reincorporación y reintegración a los desmovilizados voluntarios de los grupos armados. A nivel regional la Agencia cuenta con dos sedes: en Barrancabermeja, que se encarga de siete municipios de la provincia de Mares – San Vicente, El Carmen, Puerto Parra, Puerto Wilches, Cimitarra, Landázuri y Barrancabermeja – y en Bucaramanga, la cual trabaja en los 80 municipios restantes del departamento.
Esta última sede está a cargo de Ronald García Vargas, coordinador regional, quien expresó que el objetivo central es “impulsar que la persona que se desmoviliza desarrolle sus capacidades y sus habilidades, y caminen autónomamente hacia su ciudadanía. También trabajamos en las comunidades en temas de prevención, reconciliación y convivencia pacífica”.
Para esto, la ARN inicia el proceso con los desmovilizados a través de un constante acompañamiento. Como fase final, y de acuerdo a los avances y resultados de cada quien, se le entrega un proyecto productivo que genere emprendimiento.
Actualmente están activas 195 unidades de negocio, tanto individuales como asociativas (más común entre familias), en donde se benefician alrededor de 170 personas de las cuales el 25% de estas tienen iniciativas en el campo enfocadas en lo agropecuario, que están distribuidas en la ganadería bovina (de 10 a 15), ganadería caprina (4) y agricultura (de 10 a 15), en donde se les brinda novillos, semillas, abonos, guadañas y demás materiales técnicos que se necesiten y faciliten sus labores diarias.
La ARN cuenta con los recursos que son proveídos por el Estado, y también las alcaldías y gobernaciones que están interesadas en contribuir. Para los proyectos se destinan entre 2 a 8 millones de pesos, luego se plantea y realiza el plan de negocios, a partir del cual se deciden qué insumos son pertinentes.
“Los recursos se entregan una sola vez, al inicio, cuando la persona solicita su plan de negocio, el cual se da al momento que ya ha adquirido capacidades y ha transcurrido durante el proceso de reintegración satisfactoriamente. Lo que entregamos son los bienes que equivalen a la inversión que se hace a la unidad productiva; nunca se les da dinero en efectivo”, dijo García Vargas sobre la repartición de los implementos.
Heriberto Duarte Estrada, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, está en el proceso de reintegración. “Es un cambio muy extremo, salir del infierno a la gloria, un cambio que no se puede explicar, bueno para uno y para la familia”. Él cuenta con acompañamiento de profesionales que lo guían, y de quienes ha aprendido a ser mejor persona porque “ellos le abren la visión a futuro, le sirve a uno para trazarse metas y cumplirlas”. En 2015 la Gobernación de Santander le brindó apoyo a su unidad productiva, con herramientas agrícolas e insumos para sus cultivos de cítricos, como mandarina, naranja y limón, además de plátano, yuca y pasto, el cual fue gestionado por la ARN.
Israel Molina Torres, también desmovilizado de las AUC, ya terminó su proceso de reintegración gracias al apoyo que recibió de la Agencia. Según él, “me ayudó mucho, seguí adelante del trauma porque cuando uno sale de allá sale asustado, después de victimario uno se vuelve víctima porque la sociedad lo mira a uno mal”. Su proyecto productivo se centró en insumos para el cultivo en su terreno, en donde cosecha café, cacao, naranjas, limones y mandarinas para vender, y aparte plátano y yuca que son solo para consumir en el hogar. Para Molina Torres, “lo que más me ayudó fue a reconocer que de todas maneras la vida era diferente. Fue un aliento porque pude reunirme con mi familia, fue una experiencia muy buena”.
Una perspectiva científica
Una forma diferente de contribuir al desarrollo rural es a través de la ciencia. Aparte de lo productivo, por medio de la educación también se puede apoyar para generar conocimiento y abrir espacios para el perdón y la paz.
Para Juan Sebastián Osorio Valencia, ingeniero bioquímico e integrante de la iniciativa social “HumaneX”, que beneficia de forma científica y tecnológica a comunidades vulnerables, “la realización de proyectos es importante para el país porque estamos viviendo en un momento en el cual la ciencia y la tecnología deberían ser ese motor de cambio, ya que ayudan en la transición”, dando espacio al intercambio de experiencias.
Sobre esto, “Del Laboratorio al Campo” ya está haciendo su gestión. La organización sin ánimo de lucro, situada en Bogotá, está compuesta por científicos, ingenieros, químicos e investigadores que trabajan de forma voluntaria para generar proyectos para resolver problemas y empoderar a las comunidades vulnerables en zonas rurales, mediante la ciencia y la tecnología, de acuerdo a las necesidades y culturas de cada una.
Una de las líneas de trabajo de la organización es la iniciativa Ciencia, Innovación, Tecnología y Arte Sostenible (Citas) que se centra en la educación científica en instituciones académicas de zonas rurales. De esta se desprende el Proyecto Rural de Estimulación Universitaria (Preu), el cual consiste en la enseñanza de conocimientos a jóvenes y exmilitantes entre los 20 y los 40 años, que están a punto de graduarse de bachillerato, y prepararlos para quienes están interesados en ingresar a estudios superiores, mediante la creación de un currículo de Pre-Icfes de acuerdo a sus falencias.
Carolina Salguero Bermúdez, quien hace parte de la organización, contó que el Preu se centra en “cómo el conocimiento se adapta a nuestra realidad y hacemos una transferencia de estos. La idea es que vamos a darle unas clases, no solo básicas sino también actividades lúdicas como yoga, música, teatro, para poder hacer un compartir de experiencias”. El proyecto se está llevando a cabo en una zona veredal de Arauca, sobre la cual Salguero Bermúdez prefirió no decir el nombre, con el fin de proteger a su equipo y evitar que los vean erróneamente como un grupo políticamente activo.
Para ella, la importancia de este proyecto está en que se quiere dignificar al campo. “Nosotros estamos tratando de incentivar a los chicos a que continúen en estas carreras, a que se vuelvan transformadores estudiando, pero al mismo tiempo que regresen a sus comunidades. Hacer esa alianza es muy importante y es la única manera como vemos nosotros que podemos crear paz desde el campo y la ruralidad, porque allá es el conflicto”.
Sebastián Borges, un estudiante de la zona veredal que se hace llamar así para no utilizar su nombre real, ha sido un participante del Preu. De su experiencia, dijo que “lo que más me llamó la atención de este proyecto es la propuesta, precisa, de moldear ese conocimiento y adaptarlo a cada una de las formas de comprensión que tenemos las personas”. Expresó que “fue una motivación interesante para ingresar nuevamente a las aulas”, en donde además aprende sobre el trabajo en equipo, tomando como referencia a sus tutores.
La realización del Preu se hace mediante la financiación con recursos de la corporación y donaciones voluntarias de miembros que integran el equipo. Se cuentan con aliados como Universidad de Los Andes, la Fundación Corona, la Fundación Compartir, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao); también está el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), al Centro de Estudios de Orinoquía de Los Andes, la Fundación Ceiba, entre otros.
Por Lucía Jeaneth Gualdrón C.
lgualdron195@unab.edu.co
