Claudia Inés Rojas Cruz y Nubia Patricia Carreño Barrera, víctimas de ataques con agentes químicos en Santander, fueron dos de las invitadas al conversatorio sobre violencia de género llamado: “La protección del Estado colombiano a la mujer como víctima del ataque con ácido”, realizado por la Universidad Industrial de Santander (UIS), el pasado 8 de marzo como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El evento tuvo además la presencia de abogados especialistas en derechos para las mujeres y equidad de género, representantes de la Secretarías de Salud Departamental y de Desarrollo Social, y una abogada especialista en derecho constitucional que estuvo en representación de Carlos Eduardo Guevara Villabón, actual representante a la Cámara de Bogotá por el Partido Político Mira, quien impulsó la conocidaley “Natalia Ponce de León”.
La ley fue aprobada por el Senado de la República en noviembre de 2015 y ratificada por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, a principios del presente año. La norma habla del castigo que deben recibir los atacantes con ácido y el aumento de la pena de los 12 hasta los 50 años de cárcel, según el tipo de lesión que cause el ataque. Con esto las víctimas esperan que disminuyan los casos, ya que los delitos con químicos y sustancias corrosivas llegan a los casi 1.000 en el país, según la Fiscalía General de la Nación.
Nubia Patricia Carreño Barrera, de 40 años, víctima de ataque con ácido en Girón el 6 de noviembre de 2010, asegura que los medios de comunicación le ayudaron en lo que pudieron, difundiendo su testimonio para poder llegar a las personas que le tendieron la mano, pero ratifica que su vida cambió por completo y que no pudo volver a trabajar como lo hacía antes. Carreño Barrera se dedicaba a vender limonada en El Poblado y además enviaba cargamentos de verdura a los municipios de Mogotes y San Gil. Ese día “por envidia”, Edison Díaz conocido como ‘Jugos-Jugos’ envió a David Mosquera a arrojarle el ácido, el cual entró por su cavidad bucal y le alcanzó los ojos, generándole la perdida de visión casi en su totalidad.
La pena que está afrontando Mosquera es de 27 años y el pago de 94 millones de pesos de indemnización a la víctima, mientras que Edison Díaz quien fue autor intelectual del atentado, fue sentenciado a 24 años de prisión y al pago de 118 millones 586 mil (172 salarios mínimos). “Dentro de mi corazón le digo a los seres que me quemaron, que los perdono, lo que me duele es que el Estado me tiene totalmente abandonada”, asegura Carreño Barrera y quien además cuenta que se ha sometido a 29 cirugías en el rostro y los especialistas esperan poder recuperar su vista o al menos parte.
Claudia Inés Rojas Cruz fue una de las primeras víctimas de ataque con ácido en Santander, en 2005. La agredieron en la puerta de su casa y lo único que le dijeron fue “mire lo que le mandaron”, asegura la afectada. Rojas Cruz afirma que “no solo somos las mujeres las que estamos siendo atacadas, son también los hombres y es ahora una modalidad que adoptaron inclusive las parejas del mismo sexo, es atemorizante. Gracias a Dios hoy me encuentro bien, fueron pocas las secuelas, quedan cicatrices poco visibles pero están ahí, además perdí un poco la visión. Lo que me molesta es la falta de justicia, me indigné mucho cuando en el año 2006, dejan libre al victimario de la señora atacada a las afueras del Sena y sigo molesta porque le acaban de dar libertad a una persona que destruyó el rostro y prácticamente la vida de una persona”.
El director de Salud Integral de la Secretaría de Salud Departamental, Javier Orejarena Pinilla, dijo que a 2015 no se habían presentado nuevos casos de ataques con ácido en el departamento, pero que aún así el Ministerio de Salud y Protección Social estableció un protocolo en octubre de 2014 para darle tratamiento a las víctimas de ataques con ácido. En Santander se implementará a partir de abril, después de aprobarse el Plan de Desarrollo. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social tiene un programa llamado “Mujer y género” y no solo se encargará de tocar temas relacionados con víctimas de ataque con ácido, sino que creará campañas para la igualdad de género en el departamento.
¿Qué está haciendo la justicia por las víctimas?
“Pese a que está en cabeza del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), el control de la venta de los ácidos es supremamente precario y deficiente, por eso se hizo público el llamado a la Secretaría del Interior a través de las inspecciones de Policía, quienes tienen contacto directo con los establecimientos de comercio, para que exista una articulación y ellas también sean veedoras de esta regulación”, expresó Leslie Patiño Acuña, directora del movimiento cívico “Humanizando, no discriminando” y representante de la mujer joven ante el Consejo Comunitario de Mujeres de Bucaramanga.
La nueva ley que protege a las víctimas de ataques con ácido es la 1773 del 6 de enero de 2016, y en su primer artículo dice: “Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de 150 meses a 240 meses y multa de 120 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Con la nueva legislación se quiere lograr el aumento en la penalidad para los victimarios, la regulación de ventas de sustancias corrosivas y el apoyo a las víctimas; además, disminuir los casos, brindar soluciones prontas y efectivas a las personas afectadas, no solo en cuestiones de salud, sino económicas y de calidad de vida.
Por Juan José Jaimes Chaparro
jjaimes840@unab.edu.co
